GOBIERNO Y PODER, NO SON LO MISMO.

30/05/2011

Gabino Cué y los incendios oaxaqueños

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 30 de mayo.- Nadie dijo que gobernar en Oaxaca con sentido y propósitos democráticos fuera tarea fácil, sobre todo por la conflictividad social que dejaron José Murat y Ulises Ruiz –tan semejantes siempre, y ahora tan distantes– y que a veces estimularon para su conveniencia o daño de sus antagonistas. Nadie dijo tampoco que instaurar un gobierno surgido de una alianza electoral implicaría el abandono a las fuerzas que participaron en ella o la simple sujeción del gobernador a las exigencias de sus aliados.

Nadie dijo tampoco que el vasto programa democrático propuesto por Gabino Cué a los oaxaqueños se realizaría de la noche a la mañana, como por ensalmo. En una célebre entrevista que no ha perdido su vigencia, pese a las varias décadas corridas desde su realización, Chou en Lai dijo a Julio Scherer que una cosa era tomar el gobierno y otra tomar el poder. Si asumir las funciones gubernamentales resulta una ardua tarea, debido al deterioro administrativo y a las trampas sembradas por el círculo cercano al exgobernador Ruiz, mucho más empinada será la cuesta que conduzca a la toma del poder, al control completo de los resortes políticos que permiten la gobernabilidad.

Como ha ocurrido desde tiempo inmemorial, pero con intensidad reciente, bullen los conflictos sociales en Oaxaca. Son atendidos por la administración de Cué, pero no siempre es posible resolverlos en el sentido deseado por los participantes en el conflicto porque no es infrecuente que sus intereses –los intereses encontrados de unos y otros– tengan representación o por lo menos eco en las esferas gubernamentales. Esas diferencias de opinión y perspectiva, comprensibles cuando la maquinaria oficial se ha integrado no sólo por políticos profesionales, sino también por activistas o ciudadanos sin anterior militancia, son allanables, y es seguro que se atenuarán al paso del tiempo o el gobernador les pondrá fin. También disminuirá la virulencia de algunos de esos conflictos cuando la Procuraduría de Justicia del Estado active algunos de los muchos procedimientos varados por la abulia de los anteriores titulares del Ministerio Público, que más parecían abogados defensores del interés del gobernador y de su camarilla.

Es más difícil, en cambio, sofocar algunos de los incendios que amenazan a Oaxaca. No me refiero a los fuegos propiamente dichos que destrozan dilatadas extensiones de tierra en esa entidad –hasta mayo se habían registrado este año 217 incendios, que atacaron una superficie de 12 mil hectáreas–. Con todo y su gravedad, se trata de fenómenos que pueden ser contenidos, aunque no sin daños, casi siempre remediables también. Me refiero a los incendios en sentido metafórico, a los que nacen de intereses creados que pelearán con todas las armas para impedir su desaparición. A riesgo de ser esquemático, y más a título de ejemplos que con ánimo de integrarlos a todos en el análisis, cito algunos.

Por un lado están los remanentes del viejo régimen, que no han sido desplazados. Su reacción comenzó a manifestarse antes de que Ulises Ruiz concluyera su sexenio en noviembre pasado. El secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, según la acusación ya preparada por la Procuraduría General de la República, dispuso en su provecho (en el de familiares y amigos, entre los cuales podemos conjeturar que se halla su antiguo jefe) de 800 millones de pesos. Ahora el caso ha sido turnado al Ministerio Público local, que enfrentará dificultades legales para iniciar acción penal, pues el gobernador saliente buscó hace algunos meses blindar a este y otros colaboradores. Hizo que se les fincaran denuncias, se simularon las averiguaciones previas y se resolvió que no se iniciaría acción penal. Por supuesto, no se trata de una exoneración universal y será posible no sólo procesar por peculado a Ortega Habib y a otros servidores. Las auditorías realizadas hasta ahora indican problemas hasta por 2 mil millones de pesos, y si bien no es verdad enteramente que toda cifra fue distraída, sí hay faltantes de gran monto que ameritarán la acción de la justicia. Y, previamente, la reacción de los eventuales inculpados, sus cómplices y asociados.

Por otro lado, el tradicional campamento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido instalado una vez más en el Centro Histórico de la Vieja Antequera. Se creería que no hay razón para montarlo y entorpecer con él las actividades productivas de la zona. El plantón era un instrumento de lucha del magisterio frente a gobernadores que oscilaban entre reprimirlos y manipularlos. Y sin embargo, como si no hubiera un nuevo talante en el trato a las agrupaciones sociales desde hace ya seis meses, se han suspendido clases en todo el estado, y una porción del personal que por eso deja de laborar se congrega en la capital oaxaqueña.

La actitud de algunos de sus dirigentes, o de militantes de base, se antoja más enconada que antaño, especialmente frente a terceros. La interrupción en las actividades comerciales y turísticas en el Centro Histórico es acompañada por una actitud hosca frente a los pequeños establecimientos, cuya economía queda maltrecha por la disminución de sus ventas. Parece que se quisiera provocar una reacción hostil directamente de los afectados o que ellos presionen al gobierno para un acto de represión semejante al que en mayo de 2006 perpetró la policía estatal a las órdenes del secretario de Gobierno.

La “respuesta histórica al magisterio oaxaqueño” ofrecida por el gobernador Cué, es decir, el conjunto de incrementos a los salarios y prestaciones a los miembros de la Sección 22, asciende a más de mil 500 millones de pesos. Pero la dirección sindical la ha considerado insuficiente. Se queja también de que no todos los rubros comprendidos en la suma difundida por el gobierno tienen el carácter de prestaciones al magisterio. Tienen razón, pero les falta razón. Por ejemplo, el gobierno destinará 36.5 millones de pesos a dotar de uniformes y útiles escolares a los educandos al comenzar el próximo ciclo. No es dinero que administre el sindicato (aunque tal vez quisiera hacerlo), pero repercute en el desempeño de las niñas y niños a su cuidado, lo cual imagino que también es de su interés. Lo mismo ocurre con los desayunos escolares y las cocinas comunitarias. Además de las 50 cocinas que se sumarán a las 620 que ya operan, el programa de gasto en educación del gobierno estatal incluye la apertura de mil 800 cocinas comunitarias en los 176 municipios de mayor marginalidad.

Este y otros rubros pueden ser discutidos y acaso sean retirados por el gobierno del estado de la respuesta a los educadores, que quieren sólo respuesta directa a su pliego petitorio y no que parezca sumarse a ello el total del gasto educativo o en materia social. El gobernador Cué se mostró a media semana esperanzado de que el diálogo que su gobierno mantiene con la representación sindical, no obstante las tensiones que derivan del plantón en el centro oaxaqueño, produzca prontos frutos. Llegó hasta suponer posible que antes del fin de la semana los maestros hubieran vuelto a clases.

Una conciliación de intereses de ese género daría la respuesta pertinente a la insolente pregunta, nacida del despecho, de un diputado federal que fue colaborador cercanísimo de Ruiz. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva gastó una suma considerable en desplegados donde se mofa de que, como en tiempos de su jefe, el magisterio ponga en jaque al gobierno: “Gabino: ¿puedes, o no puedes?”.

De que anda, anda

GUSTAVO ESTEVA

El movimiento se demuestra andando, nos decían profesores de ánimo filosófico desde la primaria. Este movimiento no deja de andar. Circula por ahí, contagiosamente, la sensación de que esto es lo que estábamos esperando: algo que pudiera articularnos y convertir en iniciativa política de gran alcance las fuerzas que se venían acumulando desde abajo. Y llegó.

Es cierto que al movimiento podría ocurrirle lo mismo que a otros que se frustraron. Podría terminar en un diálogo de sordos, como el que ya está teniendo lugar. Se hundiría si el gobierno llevara a Juárez otra vaga promesa armada, algunos la aceptaran, y se produjera una gran desbandada rencorosa. Podría ser capturado por algún grupo político en busca de votos y prosélitos.

Todo esto es posible pero no probable.

La idea de un diálogo con las autoridades causó inmediata irritación en muchos grupos. No hay interlocución válida. Las autoridades han dejado de serlo. No cumplen su palabra ni honran su firma. ¿Para qué seguirles buscando la cara? Parece sensato que el movimiento no reproduzca la actitud de los de arriba, negándose a escuchar. Pero eso no implica bajar la guardia y caer en la trampa de las discusiones sin salida. Los grupos de Juárez fueron muy firmes al respecto; ya probaron todos los diálogos y saben de su esterilidad.

Han causado preocupación divisiones reales o aparentes entre los organizadores. La inquietud viene quizás de las manías de quienes imitan en sus organizaciones, sindicatos o partidos la estructura del Estado que acosan para obtener algo de él o para conquistarlo. Quienes piensan así quieren dominar y controlar, quieren pensamiento único, quieren disciplina y seguidores. Un movimiento como éste, en contraste, se define por la diversidad: ideas, iniciativas, declaraciones de intención, propuestas…todas brotan de múltiples puntos. Unas mueren recién nacidas: nadie les hace caso. Otras duran y prosperan, porque muchos encuentran en ellas fuentes de esperanza. Las movilizaciones están colgadas de la instrucción y convocatoria del líder, la cúpula, la dirigencia. Los movimientos, en cambio, no dependen de nadie, o más bien, dependen de todas y todos, como ahora, que dependen de cuantos estamos hasta la madre, decididos a tomar el asunto en nuestras manos.

No deben preocupar mayormente los buitres carroñeros, que no dejan de sobrevolar en torno al movimiento. No hay ahí mucha carroña que los alimente; si algo se llevan servirá para limpiarlo.

Algunos se preguntan por qué seguir con marchas y concentraciones multitudinarias, que parecen agotadas como mecanismo de presión y negociación. Las autoridades aprendieron a lidiar con ellas, corrompiéndolas, agotándolas, llevándolas al vacío. Mucha gente también está hasta la madre de ellas, por los trastornos que causan en la vida cotidiana. Pero hay de marchas a marchas. Algunas, como las que ahora se organizan, son sólo maneras de encontrarnos, reconocernos en los otros, apreciar nuestra fuerza, preparar el siguiente paso. No vamos a pedir. No se trata de ir a pactar con las autoridades. Vamos a hacer públicas nuestras decisiones y a imponer plazos y condiciones a quienes todavía detentan los aparatos formales del poder político y económico. Y lo hacemos respetando a los demás.

Debemos estar conscientes de que no hay sabiduría en las muchedumbres. En ocasiones producen un desastre, por impulsos propios que se vuelven histeria colectiva, o por provocadores expertos que los funcionarios acostumbrar infiltrar. Conviene tener a mano personas capaces de encauzar su energía. Así lo hizo Javier Sicilia, ante la muchedumbre excitada que pedía la muerte de Calderón. Su serena reflexión: ¡No queremos más muerte! calmó de inmediato los ánimos… sin desmovilizar ni controlar. Javier no quiere, ni puede, ni debe, convertirse en líder supremo. No es jefe, mando, guía. Es y seguirá siendo fuente de inspiración, dignidad caminante, dolor de esperanza, faro de referencia, vela en la oscuridad... Su integridad moral pasa todas las pruebas. Ningún ataque rastrero contra él, como los que ya proliferan, puede desgastarlo en la función que tiene.

Todo esto tiene un precio. Sin dirigentes identificables, sin procedimientos establecidos, sin núcleo central de articulación, padecemos dispersión, des-concierto, tentaciones de verticalismos nuevos o viejos… No debe preocuparnos demasiado. Están despertando las imaginaciones reprimidas y se inventan ya mecanismos apropiados a la naturaleza de este movimiento, como ocurrió en Túnez y Egipto o ahora mismo en España, Grecia y otras partes.

Hay que ir a la caravana. Cuantos podamos. Necesitamos llegar el 10 de junio a Ciudad Juárez confiados en que haremos entre nosotros pactos sólidos que sólo serán el principio, el primer paso tentativo. Después vendrá lo bueno: la lucha histórica para la reconstitución del tejido social.

La legalidad en tiempos de Calderón

JOHN M. ACKERMAN

El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio. En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.

No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.

El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente. El texto no indica de manera potestativa que recibir una medalla de un gobierno extranjero podría ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción. Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna sumisión a un gobierno extranjero.

Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia.

Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su nacionalidad mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos, requisitos que ya no cumpliría el galardonado.

Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington?

La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales: El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo...

Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal. Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y prohíbe la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público.

De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero.

Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal. Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial. La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.