LO QUE NUNCA HABLÓ MOREIRA

Aquí las desapariciones son en grupo, escucha la caravana por la paz a su paso por Coahuila

Entre la muerte y las amenazas no hay garantías para ejercer el periodismo en la región. Calderón tiene quien le proteja a sus hijos, pero nosotros, los jodidos, sólo tenemos a Dios.

ALONSO URRUTIA Y LEOPOLDO RAMOS

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de junio de 2011, p. 13

Saltillo, Coah., 7 de junio. La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó su incursión en el norte, y la violencia se asoma con mayor crudeza conforme se adentra en este teatro de guerra en que se ha transformado la región. Aquí domina el crimen organizado, pese a la guerra oficial emprendida en su contra con su saldo sangriento. Se percibe rabia, pero también temor, dolor y, sobre todo, desesperanza.

Mil y una historias se cuentan, propias de la más imaginativa mente de un escritor de literatura negra. Pero no, es una realidad más perversa que la ficción que avasalla al norte de la República. Es la historia de terror que se va escribiendo día a día, cuyos protagonistas no encuentran ya dónde gritar. Narcofosas, desapariciones, ejecuciones, secuestros, violaciones o la simple equivocación oficial que acribilla inocentes, todo ello con tal saña que el llanto o los dramáticos testimonios que se hacen públicos apenas permiten imaginar.

La llegada de la caravana a Saltillo, la tierra de los Moreira, es recibida con una denuncia del obispo Raúl Vera: 11 jóvenes ejecutados en un centro de recuperación de las drogas. Es el más reciente reporte de la entidad. El jerarca católico deplora la impunidad y la violencia, mientras el señor secretario de Hacienda nos habla de otro país, de uno que no existe.

En Saltillo, las desapariciones forzadas son el tema que más golpea a la sociedad. Son 180, según la denuncia de Diana García, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, cuyo tono sereno va quebrándose conforme describe la realidad y raya en la ira cuando describe la indiferencia de la autoridad.

Aquí en Coahuila las desapariciones son en grupo, dice, y reniega del paso del tiempo cuando cada minuto que pasa es una esperanza menos de encontrarlos vivos.

En esta región la desaparición de un familiar parece ser más dolorosa quizá que el asesinato, por la interminable incertidumbre de saber si está vivo o muerto, si sufre una muerte lenta.

En nombre de los grafiteros de Saltillo, Alberto Ortiz denuncia el levantamiento de jóvenes y mujeres o su inserción forzada en el crimen organizado con el espejismo de tener dinero, armas, poder fácilmente, antes de terminar a pedazos en las calles.

El drama de la prensa local lo expone Leticia Espinoza, quien da cuenta de los tres periodistas asesinados de 2009 a la fecha, y las amenazas al gremio para obligar a los medios a que se difunda determinada información, mediante llamadas anónimas. Entre la muerte y las amenazas no hay garantías, dice, para ejercer el periodismo, que es otra víctima de esta guerra.

Posteriormente la caravana se dirige a Nuevo León, y la concentración en Monterrey tiene el mismo tono de un drama colectivo en una ciudad que, a decir por las denuncias, vive cercada entre el crimen organizado, las corporaciones policiacas y el Ejército. Todas las partes desaparecen y matan, se desprende de los numerosos testimonios, uno de los cuales ironiza con las declaraciones presidenciales de los “shots de tequila” y el drama de las familias neolonesas.

Las denuncias se reproducen. Gloria Aguilar dice hablar a nombre de su esposo y sus dos hijos, que no están en el mítin porque fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008. Las autoridades no le dicen nada claro, pero yo sigo buscándolos, porque sé que lo peor que se puede hacer es no hacer nada.

Otilio Cantú da cuenta de la ejecución de un joven por el Ejército, presuntamente en fuego cruzado, pero el padre de familia sabe que su hijo fue deliberadamente asesinado por los militares y cuestiona que el uniforme no les da derecho a matar. Luego se refiere al secretario técnico del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, y sus 10 mitos sobre el crimen organizado: le propongo otro: cómo sacar el Ejército a las calles sin saber realmente cómo está el enemigo, sin conocer la realidad.

Una mujer rompe en llanto tras describir otra desaparición en Nuevo León le implora a la multitud: por piedad, si alguien sabe de mi hijo dígame, ayúdeme a buscarlo. Poco a poco el mitin se va convirtiendo en un lamento interminable de madres, esposas o hijos que suplican que les devuelvan a sus parientes.

Historias encontradas se narran en esta coexistencia del dolor. Quienes denuncian a los policías por desaparecer, torturar y hasta matar a sus hijos, y otros, esposas o madres de policías que cuentan la otra parte de esta violencia en Nuevo León: los levantones de agentes.

Una mujer da cuenta del levantón de su esposo José René, policía de Santa Catarina, en aquel aciago 2007 para la corporación del municipio, cuando se llevaron al menos seis integrantres y desde entonces nadie ha sabido más de ellos, ni las corporaciones para las que trabajaron, que ahora se deslindan totalmente.

En Durango, la noche del domingo, la caravana se encuentra con una primera expresión de quienes residen en el norte; percibe mayor desesperación, hartazgo e impotencia porque la violencia no cede, se incrementa, por más policías y soldados que mande el gobierno federal.

¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está Dios?, clama una mujer desesperada por la muerte de su hijo, sin respuesta en esta entidad, donde las narcofosas han sembrado miedo y zozobra de terminar así, enterrados sin que nadie sepa su destino hasta que la casualidad permita descubrirlos con terror y se inicie un largo y tortuoso laberinto legal para identificar el cadáver.

También aquí aparecen los familiares de otras víctimas, esposos o hijos que eran policías y fueron levantados, desaparecidos o asesinados. Tampoco ellos tienen justicia, como denuncia Flor Susana Gómez, esposa de un agente asesinado, que ha tocado puertas para esclarecer el caso, sin respuesta.

Hoy sobrevivo con 6 mil pesos de pensión para sostener a tres hijos y no me alcanza, lamenta luego de buscar infructuosamente respaldo en el gobierno estatal. Maldice a los gobernantes para quienes trabajaba su marido, que ahora no le dan apoyo a ella como a otras 80 viudas: no, ya no hay que pedirle dinero al gobernador ni a nadie, porque no hay respuesta. Ahora hay que ir con los Guzmán o los Zambada para ver si ellos son más sensibles y nos dan el dinero para sobrevivir.

Aunque la violencia ha golpeado sin tregua a Durango, la gente tiene claro que la militarización no es la ruta y cuestionan una y otra vez al presidente Felipe Calderón. Una mujer a la que una confusión oficial le mató a sus tres hijos reprocha con furia la actuación presidencial: él tiene quien le proteja a sus hijos, pero nosotros, los jodidos, sólo tenemos a Dios. A mí una confusión me arrancó a mis hijos, me arrancó mi vida. Me dicen que ya deje de buscarlos, porque me van a matar; quizá sea mejor, porque me voy con ellos.

A nombre de los organizadores de la caravana habla Julián Lebarón, quien cuestiona: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a actuar, hasta que en esas mantas, en esas fotos aparezcan nuestros familiares o quizá nosotros mismos?” Es una convocatoria a sumarse al movimiento en su camino a Ciudad Juárez.

Es la medianoche y el poeta Javier Sicilia evoca a otro poeta, Miguel Hernández: Andamos entre rastrojos de difuntos. Su muerte nos duele más que nuestra propia vida.

Atacan centro de adicciones en Torreón; hay 11 muertos

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, DF, 7 de junio (apro).- Un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos fue escenario de una masacre esta tarde en la ciudad de Torreón: al menos 11 personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos Victoria AC, ubicado en el número 658 de la calle Juan Pablo, esquina con Guerrero, en pleno centro de Torreón.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al lugar llegaron dos hombres armados, quienes incursionaron en el local y lanzaron varias ráfagas de metralla. Tras el ataque, el Código Rojo de coordinación interpolicial se activó infructuosamente, pues hasta el momento no se reportan detenidos.

Personal de la FGE comentó a Apro que los pistoleros ingresaron abriendo fuego primero contra quienes se encontraban en la sala de juntas, prosiguiendo los disparos en la cocina, dormitorios y el almacén del centro de rehabilitación, donde se encontraban unas 15 personas. Dos de los internos se protegieron debajo de camas, por lo que lograron salvar la vida y en estos momentos se encuentran bajo custodia de la FGE.

Los centros de rehabilitación para adicciones se han extendido por la comarca lagunera desde hace años, principalmente, en el municipio de San Pedro de las Colonias, donde se registró un alto índice de adicción a la heroína desde finales de los años ochenta. Dichos espacios, comúnmente instalados y administrados por asociaciones civiles, han sido objetivo de ataques de comandos, aunque con mayor frecuencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

No obstante, hace un año, el 26 de junio de 2010, el Centro de Rehabilitación “Fuerza Para Vivir”, ubicado en Gómez Palacio, Durango, municipio conurbado a Torreón, un comando ingresó poco después del mediodía, ejecutando a nueve adictos en recuperación y dejando heridos a otros nueve.

Detienen en Cancún al exgobernador Pablo Salazar

Isaín Mandujano y Rosa Santana

CANCUN, Q. Roo, 7 de junio (apro).- El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar, fue detenido esta tarde en el aeropuerto internacional de Cancún y trasladado a la entidad que gobernó, donde se le acusa de enriquecimiento ilícito y peculado.

El procurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, confirmó que Salazar Mendiguchía fue detenido a las 18:30 horas por agentes de la Policía Federal (PF) en la Terminal 2 del aeropuerto, justo cuando se disponía a abordar un vuelo con destino al Distrito Federal.

Explicó a Apro que la Procuraduría Fiscal Especializada de Chiapas había solicitado la colaboración de su par quintanarroense para la búsqueda, localización y presentación de Salazar Mendiguchía ante las autoridades chiapanecas. No obstante, aclaró que las autoridades quintanarroenses no participaron en la detención del exgobernador, quien fue identificado y detenido en la terminal aérea por agentes de la PF, quienes de inmediato lo pusieron a disposición del personal de la Policía Ministerial de Chiapas.

Indicó que Salazar Mendiguchía esperó aproximadamente una hora en la terminal FBO, de vuelos privados, para ser trasladado a Chiapas. A las 19:30 partió el avión del gobierno chiapaneco que lo trasladó a aquella entidad.

García Torres informó que al momento de su detención Pablo Salazar se encontraba solo, y agregó que al parecer estaba en Cancún por estancia, ya que no estaba radicando en este destino turístico.

Luego de varios años de disputas políticas con su sucesor, el gobernador Juan Sabines, Salazar Mendiguchía fue trasladado en un aeronave propiedad del gobierno de Chiapas directamente desde Cancún hasta Tuxtla Gutiérrez, para ser llevado al penal de El Amate, el mismo que construyó en 2005.

Más tarde, la Procuraduría de Chiapas precisó que la captura de Pablo Salazar derivó de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal dentro de la causa 96/2011, tras las investigaciones iniciadas en febrero de 2009 por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

En un comunicado, resalta que “el Ministerio Público presentó pruebas fehacientes que acreditan que Pablo Salazar, conjuntamente con diversos servidores públicos de sus administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos”.

La dependencia chiapaneca detalló que a través de una aseguradora, los indiciados “contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia ‘Total’ y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su gestión al frente del gobierno” de Chiapas.

En el boletín se añade que los exfuncionarios involucrados “le dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y poder cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir sus periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos”. En el expediente, puntualiza, destacan peritajes y testimoniales por los que se corrobora que Pablo Salazar argumentó que ese dinero era un “bono sexenal” ante el fin de su administración.

Por último, destaca que por esos delitos el exgobernador podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

Minimiza García Luna papel del Ejército en lucha antinarco: EU

Reacias al riesgo, autoridades de inteligencia mexicanas prefieren no hacer nada, se reportó luego de encuentro del funcionario con Kirk

El titular de la SSP fue desmentido por personal de la cancillería, que según Feeley le dijo que eso es evidentemente falso

ARTURO CANO

Periódico La Jornada

¿De cuánta credibilidad goza Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública (SSP)– ante sus interlocutores estadunidenses? Una medida puede ser la visita del legislador republicano Mark Kirk, ocurrida entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2009.

El legislador se reúne con el funcionario federal el primero de julio y la reseña corre a cargo del diplomático John Feeley: García Luna restó importancia al papel de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada, afirmando que había menos tropas desplegadas ahora que cuando el gobierno de Calderón asumió el cargo (cable 09MEXICO1971, dado a conocer por Wikileaks).

Enseguida, una nota de Feeley: Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que eso es evidentemente falso.

No es el único punto en el que desmiente al titular de la SSP: García Luna afirmó que, como regla, los crímenes cometidos por los militares fueron juzgados en tribunales civiles, cuando en realidad eso sólo ha ocurrido en un caso.

Lamentos frente al ICE

En julio de 2009, el titular de la SSP se reúne con John Morton, jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y hace para él un resumen del michoacanazo, así como “una visión general de la sique e ideología de la organización de narcotraficantes La Familia” (cable 09MEXICO2134).

Además, le ofrece informes de los distintos frentes de la guerra contra el narco: “En Michoacán ha establecido una fuerte operación de inteligencia. En Ciudad Juárez, la rotación de patrullas y un aumento de la continua presencia física en las calles. La SSP también planea aumentar sus operaciones en la zona comprendida entre Matamoros y Nuevo Laredo para enfrentar mejor a Los Zetas”.

García Luna se sincera con el encargado de la deportación de migrantes: Lamentó que a pesar de que ha habido muchos éxitos en seguridad pública, la percepción del mexicano promedio es que la situación de seguridad se está deteriorando.

Y el funcionario mexicano no se explica por qué. Contrariamente a la creencia popular, dice a Morton, los crímenes violentos relacionados con drogas son sólo 6 por ciento de los delitos registrados en total.

Es muy posible que siga sin explicarse la percepción pública, pese a sus muchos éxitos, como indica la muy reciente encuesta de Consulta Mitofsky, según la cual la cifra de mexicanos que creen que la guerra la va ganando el crimen organizado creció de 30 a 58 por ciento en un año.

En respuesta a la preocupación de García Luna, John Feeley, encargado de negocios de la embajada y firmante del despacho confidencial, le ofrece trabajar juntos para mejorar la percepción de la población mexicana y del Congreso de EU sobre la situación de la seguridad en México.

Actor principal en la descoordinación

Siempre que EU critica la falta de coordinación y la desconfianza mutua que caracterizan a las instituciones de seguridad mexicanas, García Luna es un actor principal.

La descoordinación, que en múltiples foros el gobierno federal ha prometido enmendar, es causada –según EU– por el miedo a la corrupción y la negativa a que otro (funcionario) se lleve el crédito (cable 09MEXICO3195, ya dado a conocer con anterioridad).

Además, de acuerdo con los estadunidenses, pesa la cultura burocrática nacional, que por lo general hace a los funcionarios reacios al riesgo, por lo que las entidades de inteligencia prefieren no hacer nada antes que hacer algo mal.

En el cable citado se insiste en que, en los hechos, el liderazgo y los conflictos de personalidad son los impulsores más importantes de si las agencias se constituyen en rivales o aliados en el intercambio de información importante.

Fechado en noviembre de 2009, el despacho informa que tras la aprobación de una nueva legislación para la Policía Federal y las reformas a la PGR, es poco probable que se resuelva la competencia de suma cero, y es demasiado pronto para saber si el nombramiento de (Arturo) Chávez mitigará el problema específico entre la PGR y la SSP.

Un tema adicional es que la Sedena tiende a trabajar mejor con la PGR que con la SSP. Está por verse cómo mejores prácticas de investigación de antecedentes y el fortalecimiento de la SSP afectarán las relaciones con el Ejército, dice el despacho, donde no se muestran muchas esperanzas al respecto: El secretario de Defensa, Galván Galván, en una reciente reunión con funcionarios de EU, expresó su poco interés en fortalecer la cooperación con otros organismos. Esas luchas internas y la desconfianza prevaleciente entre las instituciones del gobierno mexicano han obligado a los elementos del gobierno de Estados Unidos a trabajar con sus homólogos del gobierno mexicano por separado, lo que puede terminar contribuyendo indirectamente a tener inteligencia descontextualizada y no verificada (en esta parte del cable se usa la expresión stovepiping que, en inteligencia, se refiere a informaciones fragmentadas y sin contexto enviadas a los mandos superiores, que pueden llevar a conclusiones equivocadas. Un ejemplo lo constituyen las dispares conclusiones de la presidencia de EU y de los organismos de inteligencia de ese país respecto de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak).

Cuando me vaya

El 13 de marzo de 2008 García Luna se reúne con representantes de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y les presume que la Policía Federal está añadiendo 10 mil agentes para patrullar las fronteras norte y sur. Los cambios en la Policía Federal –asegura– serán duraderos: Cuando yo me haya ido, la policía debe seguir trabajando como si estuviera todavía aquí... y eso es de cajón (cable 08MEXICO1063).

Acción penal contra Hank Rhon, por acopio de armas y crimen organizado

La medida se tomó ocho horas antes de que venciera el plazo contra el ex edil de Tijuana

Se pidió a la DEA la información que posea sobre el empresario, revelan fuentes de la PGR

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Periódico La Jornada

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ejerció acción penal por acopio de armas de fuego de uso reservado para las fuerzas armadas y delincuencia organizada contra Jorge Hank Rhon y diez personas más, quienes fueron detenidos el pasado sábado en Tijuana por efectivos del Ejército en presunta posesión de 88 armas de fuego y más de nueve mil cartuchos, entre otros artefactos.

Funcionarios de la PGR confirmaron que a las 22 horas (ocho horas antes de que venciera el plazo legal) se determinó poner a disposición de un juez a Hank Rhon, sus escoltas y empleados del Hipódromo de Agua Caliente, sin que se precisara el juzgado ni el penal al que serían consignados.

Al filo de la medianoche Hank y el resto de los detenidos fueron trasladados a Baja California para ser ingresados al centro de readaptación social de mínima seguridad de El Hongo, en la serranía del municipio de Tecate, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, había dicho más temprano que la SIEDO resolvería la situación jurídica de Hank Rhon antes de las seis de la mañana de este miércoles, para evitar especulaciones, como las que se han estado manejando de que es un asunto político.

La funcionaria declaró que en caso de que no se encontraran pruebas suficientes para consignar al empresario se le otorgaría libertad con las reservas de ley y que continuaría la investigación.

Durante una reunión con reporteros, Morales Ibáñez había declarado que una de las líneas de investigación contra el propietario del Hipódromo Agua Caliente es si tiene vinculación con grupos criminales, como el cártel de los hermanos Arellano Félix.

Funcionarios de alto nivel de la PGR revelaron que el Ministerio Público Federal ha solicitado a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) la información que posea sobre Jorge Hank Rhon.

La procuradora sostuvo que la captura de Hank Rhon no obedece a cuestiones políticas, sino a la aplicación estricta de la ley y que no existe cacería de brujas.

De acuerdo con información de la PGR, de las 88 armas que presuntamente fueron decomisadas el pasado sábado en casa de Hank Rhon, en Tijuana, Baja California, hasta el momento sólo se han mostrado los permisos correspondientes a 10, y todo el armamento es sometido a pruebas periciales para determinar si fueron utilizadas en algún acto ilícito.

Luego que se difundieron versiones de que la PGR ya había solicitado un arraigo contra el hijo del fallecido Carlos Hank González, indicó que no se solicitó la medida cautelar, “precisamente para evitar cualquier tipo de especulaciones de que se trata de un asunto político. Por ello lo que se va a hacer es resolver dentro del término constitucional.

Hank González fue detenido con empleados del Hipódromo Agua Caliente y de su grupo de escoltas, identificados como Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos.

Presuntamente a los 11 indiciados se les encontró en posesión de 88 armas de fuego, más de nueve mil cartuchos útiles, una granada y otros objetos.

La defensa

Las fuentes consultadas revelaron que los abogados del detenido confiaban en que con los elementos que tiene la PGR se ejercitara acción penal contra Hank Rhon ante un juez de distrito. El equipo de defensores considera que puede demostrar la inocencia del político priísta durante el plazo constitucional de 72 horas, que podría extenderse a 144, con el propósito de que salga en libertad sin que se le inicie proceso penal.