UN DIALOGO CON EL SORDO

24/06/2011

El monólogo

LUIS JAVIER GARRIDO

El fracaso del movimiento de Javier Sicilia para hacer valer la exigencia nacional de poner fin a la guerra criminal que Felipe Calderón ha impuesto a los mexicanos no significa que la maquinaria criminal del régimen no se pueda detener a corto plazo.

1. La lógica de violencia militar contra el pueblo de México, que no es contra el crimen organizado, llamada mentirosamente “guerra contra el narco”, acordada en 2006 por el grupo de Felipe Calderón y el gobierno republicano de George W. Bush, entre otras cosas para tener en la silla presidencial de México a quien no había ganado las elecciones, tiene como objetivo someter a los mexicanos a fin de poder imponer a fondo el modelo neoliberal y los intereses de Washington y del capital trasnacional, y no combatir el narcotráfico, que es un negocio de Estado, de ahí que uno de sus objetivos colaterales sea precisamente la muerte de miles de inocentes, y esto al parecer no lo quisieron entender los integrantes del movimiento fundado por Sicilia.

2. El encuentro llevado a cabo ayer 23 de junio en el Castillo de Chapultepec entre el novelista y poeta Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, por un lado, y Felipe Calderón y algunos de sus colaboradores en el gobierno ilegítimo, por el otro, podría ser visto por algunos dirigentes de dicho movimiento como un pírrico triunfo porque lograron que se pudiera escuchar a través de un canal de la televisión por cable, durante poco más de tres horas, la voz de la inconformidad social o porque exhibieron a Calderón repitiendo hasta la saciedad sus tonterías, pero en realidad constituyó en los hechos un rotundo fracaso para Sicilia y sus compañeros, que aparecieron al terminar el mismo como plenamente subordinados al gobierno criminal que pretendían impugnar, relegados al papel de colaboradores de éste en comisiones de seguimiento de sus demandas en el marco de la lógica militarista a la que decían oponerse, y sobre todo, como incapaces para hacer valer lo mínimo que se habían propuesto, que era exigir con fuerza y dignidad un alto a la guerra.

3. La incapacidad hasta ahora de quienes desde ese movimiento anunciaron que se proponían terminar con la guerra de Calderón, a la que ahí mismo en Chapultepec varios de ellos calificaron como atroz y sin sentido, irracional e injusta, está en la caracterización equivocada de lo que es el gobierno ultraderechista y entreguista de Calderón, pero también y sobre todo en la injerencia que han tenido al interior de dicho movimiento políticos de la derecha dirigentes de varias ONG católicas y vinculados al régimen panista.

4. El encuentro estaba destinado al fracaso de antemano, ya que la dirigencia del movimiento pretendía absurdamente, por la vía del diálogo, convencer al gobierno panista de facto de terminar con la guerra que lleva a cabo, cuando ésta responde a los intereses económicos y políticos del grupo en el poder, y la única posibilidad de supervivencia política de Calderón y de poder imponer a su sucesor en el 2012 es precisamente el extremar la violencia y el clima de terror en el país, como lo está haciendo en Michoacán con el sueño de imponer a su hermana en la gubernatura, olvidándose además los inconformes que esta guerra impuesta al gobierno panista desde el exterior, la dirigen ya las agencias de Washington, y que Calderón y su grupo no tienen capacidad de decisión sobre su futuro. No obstante lo cual, haciendo prevalecer un supuesto espíritu cristiano, persistieron en este escenario del diálogo que les resultó fatal.

5. La exigencia más fuerte de Javier Sicilia, que fue la de demandarle a Felipe Calderón le pidiera perdón a la nación por su guerra, fue así retomada por éste, que no dejó en ningún momento el tono de chacota que le caracteriza, ni ante el dolor expresado por varios integrantes del movimiento, señalando que en todo caso podría pedir perdón por no haber sido suficientemente eficaz en su guerra.

6. Calderón logró capotear a lo largo de esas más de tres horas a las voces del movimiento fundado por Sicilia y transformarlo al final en su discurso demagógico en un grupo que está de acuerdo con él en lo fundamental, sin que nadie le contradijera, y que en lo sucesivo va a trabajar con él; es decir, que los criminales son los otros, que los responsables de todo son los gobiernos del PRI en el pasado y los gobiernos locales y municipales, y desde luego los jueces, pero nunca su gobierno, por más que se haya hablado de las vinculaciones del régimen panista con el narco. Del diálogo se pasó al monólogo, no en balde Sicilia y sus amigos están apoyando la contrarreforma electoral calderonista, incluyendo la relección inmediata de diputados y senadores, que con el pretexto de crear instituciones democráticas lo que busca es hacerlas inexistentes, y en relación con la guerra le piden a Calderón que cree un organismo ciudadano para vigilarlo: una vez más, la confusión de lo público y lo privado.

7. De lo acontecido en Chapultepec, muchas cosas se recordarán: las voces dolientes de Araceli Rodríguez Nava, Norma Ledesma y María Elena Herrera hablando de la irresponsabilidad del gobierno y de su complicidad con la injusticia, o la del indígena Salvador reclamando el fin de la represión y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Pero sobre todo la de Julián LeBaron, de Chihuahua, reclamándole a Calderón sus mentiras en torno a la justicia que dice se ha hecho sobre los crímenes de sus familiares, pues ahí aparece un punto crucial de todo: buena parte de los crímenes contra el pueblo han sido cometidos por lo que Calderón llama bandas criminales, que no son otra cosa que los grupos paramilitares organizados por su gobierno: de ahí la impunidad.

8. Diversas plumas han sostenido que tras la caravana del consuelo de Cuernavaca a Ciudad Juárez (4-10 de junio) se escuchó la voz de los dolientes, pero lo cierto es que en los medios la única voz que se escucha sigue siendo la del poder, y tras lo acontecido en Chapultepec aparece la responsabilidad de Sicilia y de sus compañeros. ¿Cómo puede un movimiento que entre otras cosas pretende democratizar al país oponerse a la democracia al interior del mismo, como lo hicieron sus dirigentes, tras las mesas de Ciudad Juárez, que iban a servir para definir sus objetivos, y ellos se negaron a acatar los acuerdos que ahí democráticamente se tomaron para poner fin a la guerra?

9. Los acuerdos de exigir un juicio político a Calderón, de demandar el fin inmediato de la Iniciativa Mérida y de cancelar toda injerencia de las agencias de seguridad de Washington en los asuntos de México fueron suprimidos de un plumazo por la cúpula del movimiento, y uno de sus dirigentes, Emilio Álvarez Icaza, se dedicó en una campaña en los medios a descalificar a quienes los sostuvieron como extremistas y ultras.

Del consuelo a la resistencia

JOHN M. ACKERMAN

MÉXICO, D.F., (Proceso).- El pasado 10 de junio algo mágico ocurrió en Ciudad Juárez. Inspirados por la visita de Javier Sicilia a esta dolida y atormentada ciudad, una amplia diversidad de víctimas, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres, intelectuales y activistas tomaron la decisión de sentar las bases para una refundación de la República. Todos ellos lograron traducir su dolor y coraje en propuestas y acciones concretas encaminadas a transformar de raíz el sistema de opresión, corrupción y marginación que es la causa originaria de los 40 mil muertos de la “guerra” de Felipe Calderón. En lugar de quedarse únicamente con la valiosa e imprescindible demanda de justicia ante los muertos, cuya búsqueda diariamente les quema el pecho, mostraron la generosidad de también promover cambios en la estructura social, económica y política que ha hecho posible la injusticia que hoy todos padecemos.

No han faltado las voces que en los últimos días hayan querido descalificar este acontecimiento, y llaman a Sicilia a controlar y encauzar el emergente movimiento para que se enfoque exclusivamente en el tema de la seguridad pública y la resolución judicial de casos concretos. Ricardo Alemán escribe que “un grupo de vividores de la política” “chamaquearon” a Sicilia al “secuestrar” las mesas de discusión en Juárez. Federico Reyes Heroles lamenta que “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” fuera corrompido cuando “los ultras –siempre al acecho– colaron sus provocaciones”.

De acuerdo con este punto de vista, las víctimas son “puros” cuando nos conmueven con sus lágrimas y los podemos “apoyar” de manera paternalista. Pero cuando estas víctimas levantan la voz para convertirse en actores de la arena pública y exigir un cambio en la política nacional, súbitamente se transforman en “peligros” para la estabilidad política y el desarrollo social. En lugar de asustarse por este empoderamiento de los de abajo, habría que celebrarlo y hacer todo lo posible para facilitar su florecimiento. Al parecer, el mismo Sicilia tiene esto claro y seguramente no se dejará llevar por el canto de las sirenas que lo quiere ver frenando el movimiento que él mismo ha auspiciado.

Algunos de los puntos más importantes que fueron acordados en las mesas de discusión de Juárez (ver documento en: http://www.cencos.org/node/27032), y que generan mayor escozor a los críticos, incluyen, por ejemplo, la exigencia de cancelar la Iniciativa Mérida y toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; la demanda del regreso inmediato del Ejército a los cuarteles; la petición de someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; la exigencia de esclarecer los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la posición a favor de las candidaturas ciudadanas y la revocación de mandato; la exigencia de democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos; el rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables.

Más que “distraer” el emergente movimiento en temas que supuestamente no le competen, este amplio menú de propuestas y exigencias demuestra que se empieza a aglutinar un esfuerzo sumamente poderoso con gran potencial de acción. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no pedía menos que “tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación y cultura”. En su Tercera Declaración de la Selva Lacandona explicaba su postura: “Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos”.

Hoy, 40 mil personas ya han ofrendado sus vidas en la “guerra” de Calderón, y la lucha social actual es precisamente para parar este baño de sangre. Detener, encarcelar o ejecutar a unos cuantos de los responsables materiales de estos muertos no resolverá el problema. Ya hemos visto que cuando cae un sicario o capo brotan docenas más para tomar su lugar. La estrategia efectiva es más bien atacar directamente las causas profundas de la crisis actual. También habría que dar una lección de civilidad a nuestros gobernantes para que se utilice la ley, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales, como la vía privilegiada para alcanzar la justicia y la rendición de cuentas.

Por estas razones es tan importante no sólo apoyar la demanda de juicio político contra García Luna y Calderón por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, sino también denunciar a estos funcionarios ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Tal y como lo ha expuesto con elocuencia el destacado experto en derecho internacional Netzaí Sandoval (ver: http://bit.ly/iQyhlW), el Estatuto de Roma que crea la CPI fue ideado precisamente para atender casos como el mexicano, donde la impunidad estructural y endémica del sistema de justicia nacional no permite llamar a cuentas a los altos funcionarios que violan las reglas básicas que deben regir en cualquier conflicto armado.

No es gratuito que Calderón haya sustituido recientemente el término “guerra”, con el que él mismo bautizó su acción desde el principio, por su nueva formulación de “lucha por la seguridad pública”. Sabe muy bien que al reconocer que el país se encuentra inmerso en un conflicto bélico, los responsables por la comisión de delitos contra la población se colocan inmediatamente bajo la competencia de la CPI. Pero no nos dejemos engañar por su estratagema para negar la realidad que se encuentra frente a los ojos de todo el país: El presidente de la República encabeza una guerra no solamente en contra de los delincuentes, sino también en contra del pueblo mexicano.

Por ello, Calderón debe rendir cuentas ante las instancias internacionales correspondientes. No hay mejor forma de romper la cadena de impunidad que ha generado la tragedia nacional que someter a la ley al más poderoso servidor público del país. Ello dejaría completamente claro a todos que la ley no se aplica solamente para unos cuantos, sino para absolutamente todos.

Cherán, los pueblos indígenas y la desmilitarización

SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ *

Soy Salvador Campanur Sánchez, pertenezco al pueblo indigena purépecha de Cherán, Michoacán, no tomo la palabra para hablar sólo por mi pueblo, sino por todos mis herman@s. Somos una voz de los pueblos, naciones y tribus indígenas de nuestro país que nos hemos encontrado en el camino de este Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad.

Tenemos diferentes lenguas e identidades, compartimos los agravios: el despojo, el saqueo y la destrucción de nuestro territorio; la negación de nuestra identidad y la violencia sistemática de gobernantes, empresas rapaces y criminales. A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. La agresión del Estado y sus cuerpos represivos se suma a la violencia impune de grupos paramilitares y de una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

Nosotros reafirmamos los acuerdos de San Andrés como el punto de partida para el desarrollo digno de los pueblos originarios de méxico; ustedes, quienes dicen gobernar, además de faltar a la palabra empeñada, se han propuesto legislar en nuestra contra y han reformado la Constitución con el único interés de negarnos como sujetos de derecho público, para que nuestras riquezas pasen a las empresas privadas y trasnacionales.

Nosotros cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos.

Los efectos de la devastación ecológica y el cambio climático son resposabilidad de ustedes, el resultado de estas políticas que han impulsado se traduce en el exterminio de pueblos y abre el camino a la migración, a la destrucción del tejido social; las instituciones y sus programas de dominacion generan el enfrentamiento entre pueblos, naciones y tribus.

En esta guerra injusta, nosotros, como pueblos indígenas, no sólo somos víctimas de la delincuencia organizada sino también de la violencia institucional del Estado mexicano, quien no reconoce nuestros derechos ancestrales y nuestras formas de organización. Por ello exigimos el reconocimiento constitucional de todos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Cuando una comunidad indígena se enfrenta al crimen organizado nos topamos con la complicidad del gobierno y no encontramos protección para nuestros herman@s que valientemente han decidido denunciar ante las autoridades a estos criminales, pues no existe en el sistema de justicia un mecanismo concreto para proteger a las personas que denunciamos.

El gobierno también ejerce una forma de violencia cuando criminaliza nuestros sistemas de autodefensa y persigue a nuestros herman@s como si fueran delincuentes, sin considerar que esa forma de organización es una costumbre ancestral que hoy más que nunca toma vigencia ante la ausencia de protección y seguridad por parte del Estado mexicano. Por ello exigimos el reconocimiento de nuestros sistemas de autodefensa y de nuestras guaradias comunitarias.

Una violencia específica que sufrimos los pueblos indígenas es la que ejercen los grupos paramilitares que, a diferencia de la delincuencia organizada, son financiados, fomentados y protegidos por las autoridades. Por ello exigimos la desarticulación, el desarme y la desmovilización de todos los grupos paramilitares que existen en nuestro país y particularmente en nuestros territorios.

Ante todo esto exigimos como una muestra mínima de que ha escuchado nuestra voz:

1. Cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las autoridades federales y la comunidad indígena de Cherán en materia de protección y justicia para desmantelar a los grupos criminales que la acechan.

2. Cumplimiento del Pacto Haurra Manaka, firmado en el año 2008 para la preservación de los lugares sagrados del pueblo wirrárika, y cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera Ferst Majestic Silver en Wirikuta.

3. Garantizar el derecho al agua de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y el respeto absoluto del territorio y los recursos naturales de los 13 pueblos que se surten de los manantiales Chihuahuita, El Salto, El Zapote y Santa Rosa, y esclarecimiento de los asesinatos de los indígenas morelenses Miguel Ángel Pérez Cazales y Rubén Flores, de las comunidades de Santa Catarina y Coajomulco.

4. Esclarecimiento del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y nuestro hermano Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos asesinados en la caravana humanitaria del 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, y desmantelamiento y castigo del grupo paramilitar Ubisort.

5. Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, hermanas indígenas violadas por militares.

6. Basta de agresiones y hostigamientos a la comunidad de Ostula, Michoacan, y a las comunidades zapatistas.

* Testimonio presentado este 23 de junio en el encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad y el gobierno federal.