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12/07/2011

Deberán resarcir daño patrimonial.

LUIS PARRA MEIXUEIRO

Oaxaca, Oax.- Diputados priístas de la pasada legislatura se cubrieron las espaldas al cambiar la Ley de Responsabilidad y para colmo, la evasión de reos, el abuso de autoridad, los desfalcos, desvíos de recursos, peculados y quebrantos patrimoniales, no son considerados como delitos graves por dicha ley.

Por lo anterior, todos los exfuncionarios priístas a quienes se les inició el procedimiento de responsabilidad por los 3 mil 687 millones de pesos de irregularidades detectados en las 16 primeras auditorías que practicó la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) podrán librar la prisión bajo fianza.

No obstante esto, deberán de resarcir los daños al patrimonio, y en caso de no hacerlo, o de no cubrir la fianza, que será equivale a tres veces el monto de los recursos desviados, deberán permanecer en prisión hasta lo que paguen, señaló Perla Woolrich Fernández, titular de la SCTG.

Durante la conferencia de prensa, en la cual informó el desfalco en el que incurrieron funcionarios del gobierno ulisista, tan sólo en el último año de la pasada administración, la contralora explicó que los ex legisladores reformaron la ley con mala fe para que no se pueda proceder penalmente contra los funcionarios señalados por las auditorías.

Explicó que enturbiaron el proceso para que la declaración de quebranto no se pueda llevar a cabo hasta una vez concluidas las auditorías, a consciencia de que éstas se tomarían un largo, con la intención de perder tiempo para que prescriban los delitos por los desvíos encontrados.

Señaló que de igual forma cambiaron el artículo 271 bis e del código penal, según el cual se debe agregar como requisito para el proceso de quebranto patrimonial los resultados de las auditorías, y refirió que debido a esto no se podía comenzar el proceso, hasta una vez concluidas las primeras 16 auditorías.

Reiteró que no se puede cambiar la legislación, pues según el artículo 14 constitucional, la ley no puede ser retroactiva, por lo cual los funcionarios priístas deberán ser procesados bajo la legislación que sus copartidarios ex diputados fabricaron a modo.

No obstante todo lo anterior, indicó que los funcionarios señalados deberán resarcir los daños según los cuales hayan sido procesados, además de que se les fijará una fianza, la cual, si no es liquidada, los mantendrá en prisión hasta el momento en que terminen de pagar el desfalco a los recursos públicos.

Otra de las sanciones administrativas, dependiendo cada caso, consistirá en inhabilitarlos de la función pública, hasta por 10 años, además de las penas que imponga la Secretaría de la Función Pública a nivel federal.

Inicia Contraloría fase de preparación de responsabilidades

Con información de Olivia Hernández

La contralora del estado, Perla Woolrich Fernández, informó que la dependencia inició la fase de preparación de responsabilidades administrativas, con lo que notificarán a los ex funcionarios implicados en irregularidades.

Entrevistada al término de la inauguración del curso-taller “Guía de integración de expedientes técnicos para obra pública con recurso federal”, indicó que el primer corte realizado ayer sobre los resultados de 16 de las 45 auditorías fue parcial y se otorgó debido a que concluyó el plazo de 15 días para que las dependencias solventaran las observaciones.

Sin embargo, dijo, las instancias gubernamentales no aclararon las inconsistencias y al no haber efectuado este procedimiento, inició la fase de “preparación de responsabilidades administrativas”.

Por lo anterior, apuntó, los ex funcionarios directamente involucrados con el manejo de recursos, recibirán una notificación para responder imputaciones, ofrecer pruebas y formular alegatos.

Posteriormente, dijo, la Contraloría estará en la condición de dictar la resolución que puede ser absolutoria o condenatoria, cuyo castigo podrá ser una multa, resarcimiento del daño o inhabilitación hasta por 10 años.

En caso de que la responsabilidad “sea muy grande”, sostuvo que instruyó al director del departamento jurídico para que prepare las querellas que serán presentadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado.