EL ROSTRO DEL PODER REPRESIVO

De “Proceso”:
Detiene la PFP al líder de la APPO, Flavio Sosajosé gil olmos
México, D.F., 4 de diciembre (apro).- Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue detenido alrededor de las 19:30 horas de hoy por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), al término de la conferencia que ofreció esta tarde en el Centro de Comunicación Social (Cencos) de la colonia Roma. Además, fueron detenidos Horacio Sosa (hermano de Flavio), Ignacio García y Marcelino Coache, miembros de la comisión política de la APPO, en la avenida Insurgentes Sur. Contra Flavio Sosa había una orden de aprehensión girada por un juzgado federal por los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia. Además, había otra orden judicial para aprehenderlo por delitos del fuero común, relacionados con las movilizaciones que encabezó en la ciudad de Oaxaca durante el movimiento de la APPO y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Flavio Sosa fue puesto a disposición de la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR), en Plaza de la República. La semana pasada fue detenido también el hermano de Flavio Sosa, Erick, en Oaxaca, y trasladado al penal de máxima seguridad en Matamoros, Tamaulipas.En entrevista vía telefónica esta tarde con esta agencia, Flavio Sosa manifestó que la dirigencia de la APPO estaba en espera de confirmar una reunión, mañana, con la Secretaría de Gobernación, en la que confiaban llegar a un acuerdo para detener la ola de detenciones en Oaxaca.Flavio Sosa confió en ese momento que el gobierno del presidente Felipe Calderón tendría una actitud distinta a la “mano dura” que el Vicente Fox tuvo con la APPO.El miércoles pasado, Flavio Sosa salió de manera urgente de Oaxaca una vez que se confirmó que había una orden de aprehensión en su contra y dirigentes del movimiento popular oaxaqueño.

La represión también alcanza a la Iglesia de Oaxacapedro matías
Oaxaca, Oax., 4 de diciembre (apro).- El Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño (Barca) y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz denunciaron la campaña de acoso que se ha desatado en contra del presbiterio de la Iglesia católica local por su supuesto apoyo a dirigentes de la APPO.En su oportunidad, el dirigente Marcelino Coache confirmó que este martes todo está listo para reanudar la mesa de diálogo entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación. La primera en la era de Felipe Calderón.Mientras, las ONG censuraron las presiones que encaran el apoderado de la arquidiócesis de Antequera, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez; el párroco de los Siete Príncipes, Carlos Franco Pérez Méndez (el Padre Uvi), y los sacerdotes que apoyaron humanitariamente a los participantes del movimiento magisterial y popular.La coordinadora de Barca, Minerva Nora Martínez Lázaro, consideró que desde diversos medios oficialistas se ha promovido una campaña de descalificaciones a la Iglesia católica local, misma que pone en riesgo la vida de los sacerdotes.Destacó el atentado que sufrió, apenas el 26 de noviembre, el párroco de la iglesia de los Siete Príncipes, quien fue tiroteado por apoyar la instalación de una brigada médica y a la fecha persistía el acoso.Por ello, la Comisión Diocesana y el Barca solicitaron la intervención de organizaciones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, a fin de que exijan al gobierno federal garantice la vida, seguridad e integridad física y psicológica del padre Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el Padre Uvi y demás sacerdotes.Además, prevenga y elimine las posibilidades de otro atentado a los sacerdotes católicos, y vigile se castigue a los responsables de las difamaciones, calumnias, acoso, hostigamiento y amenazas al aPadre Uvi; se garantice la libertad religiosa, de credo y culto, como parte de los derechos humanos de la ciudadanía de Oaxaca.De igual forma, exigieron al gobierno que encabeza Felipe Calderón ubique y decomise la autodenominada “Radio Ciudadana”, ejerciendo acción penal en contra de quienes resulten responsables pues, además de que viola flagrantemente la ley en la materia, la emisora oficialista incita a la violencia y a la comisión de delitos.Así mismo, demandarle al gobierno que encabeza el priista Ulises Ruiz ponga un alto a su campaña de acoso, hostigamiento, descalificación, ataques y linchamiento a la Iglesia católica.Mencionó que a través de un correo electrónico se llama a que los oaxaqueños “no vayan a misa ni den limosnas, para no mantener a sacerdotes ‘guerrilleros’… (y) no descansaremos hasta que estos falsos redentores, dos caras, sean sacados de Oaxaca”. Por su parte, el pintor Francisco Toledo anunció la conformación de un patronato integrado por intelectuales, abogados y universidades para apoyar a los detenidos que se encuentran injustamente presos por los hechos violentos del 25 de noviembre.Además, anunció la realización en enero de una subasta con la obra del artista plástico, a fin de apoyar económicamente a los detenidos en su defensa legal.Consideró necesario conformar esta agrupación para “ver cómo podemos ayudar a los presos en que no está probada su participación en los hechos violentos y, sin embargo, están presos y lejos de sus familiares, ya que fueron trasladados a diferentes penales del país”.Cabe mencionar que entre los detenidos se encuentran artistas plásticos, alcaldes, albañiles, defensores de derechos humanos e indígenas, quienes son acusados de diferentes delitos, como daño en propiedad ajena por incendio a edificios públicos y vehículos, robo y demás que se configuren.

“Chivos expiatorios”, los oaxaqueños presos en Nayarit, afirman sus familiaresde la redacción
Oaxaca, Oax., 4 de diciembre (apro-cimac).- “Nuestros familiares no son terroristas, ni guerrilleros ni los responsables de los actos vandálicos ocurridos el pasado 25 de noviembre en esta ciudad, como se les acusa. Por ello, exigimos su liberación”, dicen, en un comunicado, los familiares de las y los encarcelados en el Cefereso de Nayarit.“Las autoridades judiciales no tienen la capacidad suficiente para aprehender y llevar a comparecer a los responsables de los delitos que les imputan a nuestros familiares”, dice el comunicado, distribuido por la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) filial Oaxaca. Sostiene que la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvo a esas personas para compensar su falta de capacidad de aprehender a los verdaderos responsables de ataques a las vías de comunicación, robo de vehículos, robo calificado con violencia, asociación delictuosa, sedición, daños en propiedad ajena, lesiones y otros delitos de los que se les acusa.“Todos los que están encarcelados en Nayarit constituyen (chivos) expiatorios, a los que se quiere hacer pagar los delitos cometidos por otros. Las autoridades no tienen la capacidad suficiente para aprehenderlos y llevarlos a comparecer ante la verdadera justicia institucional”, añaden.Explican que, entre los 140 detenidos, hay 38 mujeres, que “son madres de familia”, así como “jóvenes estudiantes, hombres de trabajo, hermanos y miembros de familia oaxaqueña, gente de tradiciones, de gusto por la vida y no por la muerte; es gente que busca la superación no la destrucción”.Subrayan que las y los detenidos no pertenecen a ningún comando guerrillero, cartel del narcotráfico o grupo terrorista “islámico”, como se les quiere presentar.Por ello, exigen la libertad inmediata, el resarcimiento de este “indignante atropello” y la presentación con vida de todos las y los desaparecidos.Piden también cesen todos los actos de persecución, hostilidad e intimidación de los que han sido objeto, “por vivir equivocadamente en Oaxaca en estos días, donde el ser mujeres, indígenas, estudiantes o desvalidos, es la garantía mas rápida hacia la desdicha”. Señalan que muchas de las detenciones no se realizaron durante el enfrentamiento entre elementos de la PFP y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). “La mayoría se realizó durante la noche”, dicen, y acusan al gobierno de la ciudad, que encabeza el priista Jesús Ángel Díaz Ortega, de no haber encendido nunca el alumbrado público, la noche del 25 de noviembre, “por lo que la cacería” se realizó en la total penumbra.En el documento, dirigido también a organismos e instituciones defensoras de los derechos humanos, afirman que no existen documentales que relacionen a sus familias con los hechos que se les atribuyen. “Muchos de ellos fueron curiosos o transeúntes que supusieron que no serían detenidos al no estar involucrados en actos que implicaran conductas delictivas”.Consideran que las detenciones “fueron indiscriminadas. Los deshonestos elementos policíacos sólo detuvieron a quien no se puso fuera de su alcance. Acumularon detenidos para hacerlos responsables de lo que otros hicieron, pues los verdaderos delincuentes no esperaron a que llegaran a detenerlos”.Afirman que la PFP, “en complicidad con la Policía Ministerial del estado”, trasladaron a los detenidos la noche del 25 de noviembre a mazmorras clandestinas, donde los torturaron. A las prisioneras las “pudieron manosear y golpear” y sometieron a golpes a los hombres durante varias horas. “A todas y todos les infligieron humillantes vejaciones de lesa humanidad”.Por separado, algunos familiares han señalado que no hubo información sobre el paradero de sus parientes y que algunos lograron ser ubicados hasta una semana después en el penal de Nayarit, donde “no ha sido fácil” la comunicación.

Desde el poder se ‘criminaliza’ a los pobres: Serapaz
México, D.F., 4 de diciembre (apro-cimac).- “El Estado está legitimando el uso de la fuerza contra los sectores pobres, a los que está criminalizando”, advirtió Miguel Álvarez, representante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), durante la presentación del documental “La militarización en Guerrero. Mirando hacia dentro”, del realizador mexicano Carlos Efraín Pérez Rojas, efectuada en el Centro Cultural España, dentro de la muestra internacional “Cine y derechos humanos”. El cortometraje, en el que se documenta el hostigamiento del Ejército contra los habitantes de la comunidad de Ayutla de los Libres, en Guerrero, se realizó con el apoyo del Centro de los Derechos Humanos de La Montaña, y fue uno de los trabajos más apreciados por el público asistente a la sexta jornada, dedicada a grupos vulnerables, dentro de la muestra, informan los organizadores en un boletín. La permanente rebeldía de los guerrerenses y el creciente fenómeno del narcotráfico, son los pretextos del Ejecutivo para militarizar la zona. Pero en lugar de apoyar a la población, “los soldados abusan de ella, y violan todos los derechos humanos especialmente de los más vulnerables, indígenas y mujeres”. “Violaciones, destrozos de cosechas y abusos de todo tipo a la población por parte de soldados mexicanos”, denunció Carlos Efraín Pérez Rojas, en la mesa debate posterior a la presentación del documental. “Exclusión, marginación y violencia caracterizan a la población, que es diferente de los gobernantes, como son los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores de bajos recursos”, señaló la consultora en derechos humanos Carmen Herrera. Por su parte, el profesor colombiano Eduardo Correa, quien moderó el debate, advirtió que vienen “momentos muy duros para el país”, y comparó la situación que se vive en México con la de Colombia.Los “vulnerables”Herrera precisó que el concepto de “grupos vulnerables” no refleja la magnitud del problema, ya que los pueblos indígenas en México son más de 10 millones; y el de las mujeres, 50 millones, una cifra similar al número de pobres, “todos ellos grupos excluidos y carentes de oportunidades”, explicó. Para combatir la exclusión, propuso lograr que los gobernantes reconozcan los derechos de los que reclaman una diferencia; conseguir justicia para las mujeres y que cada uno, desde su ámbito privado o público, contribuya a denunciar la marginación y combatir la marginalidad.Serapaz advirtió de los riesgos de “un escenario de alta conflictividad como el actual, pues es caldo de cultivo para una revuelta”. Criticó la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a las demandas de los movimientos sociales pues, en lugar de eso, el Estado está legitimando el uso de la fuerza contra los sectores pobres, a los que está criminalizando