DOCUMENTADO EL ASESINATO POLITICO EN OAXACA.

Graves violaciones de derechos en Oaxaca, concluye la CCIODH
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 16 de enero. Las autoridades federales y estatales han incurrido en "graves violaciones" a las garantías individuales de los integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), concluyó la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) al terminar su gira de trabajo por esta entidad.
Explicó que se documentaron las violaciones, especialmente a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y del uso del espacio público, así como detenciones ilegales y arbitrarias, trato inhumano y degradante, y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, la vulneración de los principios de presunción de la inocencia y de defensa, así como del debido proceso de los detenidos y enjuiciados.
Estos atropellos "no se justifican porque el movimiento popular no tiene una estructura subversiva o de confrontación, sino pacífica, que reivindica demandas legítimas", afirmó el coordinador de la misión, el español Iñaki García, al difundir un informe de su trabajo.
Subrayó que, por obedecer a rezagos y reclamos históricos de la población, el conflicto no se solucionará "en la medida que no se atiendan sus causas con justicia".
Dijo que en una mesa de investigación en Oaxaca, la CCIODH hizo unas 350 entrevistas con partidarios de la APPO, organizaciones no gubernamentales, pueblos y comunidades indígenas, medios de comunicación, así como miembros del magisterio, autoridades estatales y federales, y directores de hospitales, entre otros.
Mencionó que unas 20 ejecuciones extrajudiciales de seguidores de la APPO, según testimonios y denuncias documentadas, las cometieron grupos paramilitares o escuadrones de la muerte presuntamente ligados al gobierno estatal. Esta cifra, añadió, la reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Subrayó que la muerte de los appistas "ocurrió en agresiones directas, y no en enfrentamientos, porque no hay ni la más mínima prueba ni constatación de ello".
Destacó que no se puede culpar a la APPO de la violencia y de los enfrentamientos, independientemente de haber denuncias y casos individuales contra sus miembros por estos hechos, porque su movilización es civil y pacífica.
El secretario de Gobierno, Manuel García Corpus, dijo que la administración estatal no ha recibido ningún informe oficial sobre violaciones de derechos durante el conflicto y, en consecuencia, rechazó hacer comentarios.


"Pinche greñudo, te vamos a tirar al mar"
Arrestan a miembro de la APPO; desconocen su paradero
Fotorreportero narra cómo fue detenido y torturado
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 16 de enero. "Me detuvieron junto con otras dos personas supuestamente por haber agredido verbalmente y lanzar piedras a los parabrisas de las patrullas de los policías, que según dicen hacían un rondín, pero eso no es cierto, porque nos agarraron cuando levantaron violentamente el plantón de los familiares y de eso existen muchos testigos", señaló José de Jesús Villaseca Pérez.
En conferencia de prensa, acusó además que fue hostigado y torturado sicológicamente por los elementos de la Policía Preventiva del Estado (PPE), y aun amenazado con ser violado sexualmente, durante su traslado a la capital oaxaqueña.
Villaseca Pérez, fotógrafo de la agencia Latitudes Press, y los demás encarcelados salieron libres bajo caución por una fianza en conjunto de 67 mil 280 pesos que depositó el Comité de Liberación 25 de Noviembre, que dirige el pintor Francisco Toledo.
En la rueda de prensa estuvo acompañado por el pintor y por las abogadas del comité, Mayén Arellanes y Beatriz Casas, así como de su padre, Jesús Villaseca Chávez, fotógrafo de La Jornada.
Dijo que viajó a Miahuatlán de Porfirio Díaz para realizar un trabajo periodístico durante la marcha de los familiares de los encarcelados y para acompañar a su novia Brenda Gutiérrez, prima de Christian Cebolledo Gutiérrez, uno de los "presos políticos y de conciencia".
Sin embargo, poco después de terminar el mitin "llegaron unos 100 policías con lujo de violencia a desalojar el plantón, golpeando a quienes se encontraban a su paso e intimidando a personas de la tercera edad.
"A mí me agarran, me golpean, me arrastran del cabello y me suben a una camioneta. Me avientan al piso, me echan gas lacrimógeno cuando ya estaba sometido y todavía me ponen una navaja en la espalda. Me decían 'pinche greñudo, te vamos a tirar al mar; pinche chilango, te vamos a violar, cuando te metamos al tambo te van a dar violín todos los días; a tu vieja, a la güerita, ya se le están cogiendo ahorita'. Fue una tortura sicológica muy severa", narró.
Señaló que los policías le robaron su equipo de trabajo: una cámara fotográfica digital Cannon con diversas lentes, valuado en unos 40 mil pesos.
En los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tras ser puestos a disposición del Ministerio Público por la PPE, mencionó que unos agentes de la Policía Ministerial platicaron con ellos, los trataron bien e incluso admitieron la injusticia de su detención.
"Nos dijeron que entendían cómo estaba funcionando el gobierno y que así como nosotros éramos inocentes así eran todos los demás que habían sido detenidos", contó.
El fotógrafo de La Jornada Jesús Villaseca Chávez lamentó que su hijo viniera a Oaxaca a hacer un trabajo periodístico "y regresa a la ciudad de México como un delincuente sin cometer delito".
Anunció que el gremio realizará "acciones pacíficas pero drásticas" para protestar por esta agresión y por los abusos sufridos por otros fotógrafos de los diarios Milenio y El Universal y la agencia fotográfica Cuarto Oscuro, además del homicidio del camarógrafo estadunidense Brad Will. "No solamente es un abuso sino un atentado a la libertad de prensa", señaló.
Cuestionó que el Ministerio Público fijara una fianza a su hijo sin existir algún peritaje de "los daños causados", ni haberse presentado físicamente las patrullas supuestamente afectadas.
Por otra parte, el vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Florentino López Martínez denunció la detención de un simpatizante, Juan Carlos García Cruz, por cinco policías vestidos de civil.
Señaló que la captura ocurrió alrededor de las 12 horas de este martes en las inmediaciones del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, conurbado a la capital oaxaqueña.
Sobre el paradero del detenido, quien participaba en la barricada en la autopista internacional de Oaxaca, cerca de Brenamiel, dijo que se desconoce y, por tanto, "se teme por su vida". Este arresto, subrayó, "muestra el doble lenguaje del tirano (el gobernador Ulises Ruiz), pues por un lado ofrece diálogo y dice que hay paz, tranquilidad y gobernabilidad, pero por otro agudiza la represión contra los compañeros".
Anunció que este miércoles a las 3 de la tarde se realizará una manifestación del Monumento a la Madre a la Plaza de la Danza.

Urge la APPO al Congreso de la Unión a atender el caso Oaxaca y destituir a Ulises Ruiz
pedro matías
Oaxaca, Oax., 16 de enero (apro).- La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) pidió al Congreso de la Unión atender urgentemente el conflicto que persiste en la entidad y destituya al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien ha decretado un “estado de sitio” de facto, viola los derechos humanos y continúa con las detenciones arbitrarias, con lo que sigue abonando el descontento social.

Así lo afirmaron los voceros de la APPO, Cástulo López y Florentino López Martínez, quienes informaron que Juan Carlos García Cruz fue detenido este mediodía en Santa Cruz Xoxocotlàn, por cinco policías vestidos de civil.

Dijeron que “todas estas detenciones no responden a criterios legales, sino a una consigna política diseñada por el sistema de justicia de Oaxaca”, y condenaron el desalojo violento del campamento de familiares de los “presos políticos” en Miahuatlán y la “descarada violencia” que ejercieron los grupos priístas de Huautla de Jiménez contra maestros e integrantes del Frente Único Huautleco.

Resaltaron que estas acciones confirman que el conflicto en Oaxaca no ha terminado y que la permanencia de Ulises Ruiz va a profundizar la represión y la violencia institucional para tratar de aplastar un movimiento legítimo de la APPO.

Por lo pronto, condenaron la agresión en Huautla de Jiménez y responsabilizaron al edil Apolonio Terán y a Ulises Ruiz de la integridad de los maestros Nikita Nava Martínez, Raúl García y Ramón Carrera

Hernández, así como de los integrantes del Frente Único Huautleco.

También condenaron la violación a los derechos humanos de los familiares que fueron detenidos por exigir la libertad de los “presos políticos” en los desalojos registrados en los campamentos de Miahuatlán y Tlacolula.

Además, exigieron la libertad de los “presos políticos” y de

“conciencia” de la APPO, recluidos en penales del estado y del país, y garantía para los maestros de las diferentes regiones del estado, para que puedan desempeñar su labor y rechazar a los “maestros piratas”.

Respecto de la reunión en la Secretaría de Gobernación, afirmaron que aún no hay fecha para sentarse a dialogar, porque están centrados en la libertad de los “presos políticos” y aportar elementos para que el Congreso de la Unión destituya a Ulises Ruiz Ortiz.

Exigen a PGJE
retirar cargos de
presos inocentes
CÉSAR MORALES NIÑO
El presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LIX Legislatura Local, Guillermo Zavaleta Rojas, informó que esa representación legislativa está dispuesta a revisar los expedientes de los detenidos en los disturbios del 25 de noviembre, ya que la mayoría se trata de personas inocentes, por lo que también exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado a retirar los cargos en contra de quienes nada tuvieron que ver en ese asunto para que recuperen su libertad inmediatamente.
Expuso que es alarmante que los presos liberados declaren públicamente que fueron torturados por las policías para declarase responsables de delitos que no cometieron, sobre todo porque ni siquiera estuvieron durante el enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva con civiles, sino que muchos de ellos fueron detenidos horas después de los lamentables acontecimientos.
"La Procuraduría General de Justicia puede ejercer su facultad para no consignar las averiguaciones al juez y evitar que se sigan liberando más órdenes de aprehensión; pero además el ministerio público puede desistirse de los cargos para que los indiciados obtengan inmediatamente su libertad", manifestó el legislador del Partido Acción Nacional.
Y es que, dijo que urgente que la PGJE revise los expedientes de los detenidos por los destrozos a edificios y vehículos, públicos y privados, ocurrido el 25 de noviembre, entre ellos la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que aún cuando puede haber culpables de esos acontecimiento y que fueron detenidos en el momento de los hechos, también es cierto que la mayoría se trata de ciudadanos inocentes, que circunstancialmente pasaron por ese lugar horas después de los hechos o fueron detenidos en redadas policíacas cuando salieron de sus trabajos.