OAXACA HOY

Activistas de derechos humanos son intimidados y perseguidos en Oaxaca: LIMEDDH.
pedro matías
Oaxaca, Oax., 3 de enero (apro).- La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Yésica Sánchez Maya, llamó a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a centrar su atención en el estado de Oaxaca, donde los activistas en la materia, dijo, son objeto de intimidaciones, persecución, ordenes de aprehensión, obstáculos para acceder a penales y ahora difamaciones, “valiéndose del dolor y la desesperación de los familiares y presos políticos”. Además, exigió al gobierno federal una investigación para sancionar a los responsables de presionar a los “presos políticos” de Oaxaca a firmar cartas contra la LIMEDDH, donde se les acusa de “protagonizar actos violentos y obligarlos a respaldar a la APPO”.También conminó al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos de la LIMEDDH.“Lamentablemente, en el contexto de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el estado, donde las autoridades no tienen claro cuál es papel de los activistas, se hace evidente el autoritarismo”, señaló.Añadió que hace unos días apareció publicada una carta dirigida al gobernador Ulises Ruiz, donde cinco “presos políticos” manifestaron supuestamente que “acudimos para solicitarle su intervención y ayuda para que se cheque nuestra situación jurídica y obtengamos nuestra libertad. Le informamos que hemos sido engañados por organizaciones que se dicen defensoras de los derechos, como la LIMEDDH, (para) protagonizar actos violentos y obligarnos a respaldar a la APPO”.El pasado 31 de diciembre, familiares y “expresos políticos” se deslindaron de la carta. Sánchez Maya dijo que esta campaña de desprestigio es una estrategia de gobierno del estado, que “se vale de personas carentes de toda ética profesional y juega con los sentimientos, aprovechándose de la desesperación de los presos por obtener su libertad, lo que hace evidente que están siendo utilizados por las autoridades para golpear a una organización seria defensora de derechos humanos”.Afirmó que esa organización “ha contribuido a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, reducir las tensiones sociales y políticas, crear un entorno pacifico, tanto en el plano nacional como internacional por los derechos humanos”.En tanto, más de 40 organizaciones civiles rechazaron la campaña de desprestigio y guerra sucia desatada contra los defensores de derechos humanos en el estado, especialmente contra la presidenta de la LIMEDDH, Yésica Sánchez Maya.Afirmaron que la campaña es alentada desde las esferas del gobierno estatal, y exhortaron al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos, particularmente de los integrantes de la LIMEDDH, filial Oaxaca. Organizaciones como Alternativas para la Equidad y la Diversidad; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Centro para los Derechos de la Mujer Ñääxuiin; Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl; Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales; Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, y el Centro de Derechos Humanos Ñu'uji Kandí, condenaron esta “guerra sucia” contra los activistas. Señalaron que, en una carta firmada por cinco internos del Penal de Tlacolula de Matamoros y dirigida al gobernador Ulises Ruiz, los procesados se dicen “engañados por organizaciones defensoras de derechos humanos”, y acusan a Sánchez Maya, de “protagonizar actos violentos y obligarlos a respaldar a la APPO”. Consideraron importante señalar que los internos declararon, en conferencia de prensa el pasado 31 de diciembre, que firmaron dicha carta obligados por un grupo de abogados, encabezado por José Juárez, a cambio de facilitar su excarcelación.Añadieron que esto es un agravio al trabajo impulsado por organizaciones de derechos humanos en el conflicto oaxaqueño, en especial contra la LIMEDDH, filial Oaxaca, y su presidenta Yésica Sánchez Maya, ya que las acusaciones que se vierten en la misiva son “falsas y dolosas”.

Ofrece Segob actuar contrafuncionarios abusivos en Oaxaca
Se compromete a investigar violaciones a derechos humanos ante observadores internacionales
BERNARDO HERRERA MAQUEDA/CORRESPONSAL
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) manifestó su disposición a para actuar contra los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Oaxaca, al reunirse con la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (Cciodh).Los observadores internacionales -quienes se encuentran en el país desde hace más de dos semanas para constatar la situación que ha vivido Oaxaca en más de medio año de conflicto social-- se reunieron por primera vez con el Subsecretario de Gobernación, Abraham González, para intercambiar información y opiniones respecto al avance de las investigaciones que realizaron en ese estado hasta el día de ayer.Iñaki García, vocero de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, acompañado de Rubén Méndez e Íñigo Prieto, se reunió con el funcionario de Gobernación, quien les confirmó que aún quedan 36 personas en prisión, cuyos casos siguen su curso ante las instancias judiciales, por lo que no ofreció fecha para su liberación.Agregó que el subsecretario manifestó la disposición de Gobernación para su labor, además de que les ofreció concertarles una visita a los penales y cárceles donde aún permanecen los activistas magisteriales y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).El vocero dijo que hay una "actitud abierta" del gobierno federal de cooperar con ellos, sin ninguna limitación, y "nos han invitado a actuar con libertad y rigor" informativo"."Estamos satisfechos con nuestro trabajo, pues no hemos sido limitados a ningún tipo de contacto con los protagonistas del conflicto, algo que pudo haber ocurrido en el transcurso de los días, como andan las cosas en Oaxaca", señaló. Un primer grupo de 15 miembros de la Cciodh que llegó a México el pasado 16 de diciembre, inició el 20 sus labores de investigación y observación en aquel estado, y culminarán el 20 próximo, una vez que se hayan entrevistado con todas las partes involucradas."Nuestro papel fundamental es que se haga justicia, se sepa lo ocurrido y se deslinden responsabilidades conforme la ley mexicana", señaló García García, quien aclaró que, de su lado, no esconderán ninguna información y harán públicas todos los informes a su disposición.En este sentido, señaló que la Segob les prometió que intervendrá en caso de que funcionarios públicos hayan incumplido la ley, ya que, indudablemente, "el gobierno es corresponsable del conflicto y hay evidentes situaciones que involucran a todos los niveles del gobierno estatal y federal". Refirió que el funcionario federal les dijo que son nadamás 36 personas las que siguen recluidas en las cárceles de Oaxaca y de otras entidades, debido a que se les sigue el proceso judicial correspondiente, aunque no les dio fecha de cuándo serían liberadas.El documento preliminar de la Cciodh sobre su misión en Oaxaca será hecho público en dos semanas, pero los comisionados manifestaron que "en Oaxaca hay un clima de polarización social" y se vive una situación "dura, difícil y complicada". "Hay una preocupante impunidad, violencia política y rezagos en derechos humanos" en la entidad, "y la gente tiene miedo a dar su testimonio, su declaración", y "está muy espantada por los acontecimientos", explicó Ignacio García.El vocero informó que en una semana han realizado alrededor de 200 entrevistas con los actores del conflicto, entre integrantes de la APPO, maestros, detenidos en los penales, deudos de las víctimas, indígenas, organizaciones sociales opuestas al movimiento social, organismos de derechos humanos, la iglesia y personalidades como el pintor Francisco Toledo.Dijo que el objetivo es recabar los testimonios y puntos de vista de todas las partes, incluyendo, desde luego, a funcionarios del gobierno estatal -empezando por el gobernador, Ulises Ruiz- con quienes piensan encontrarse la siguiente semana. Explicó que por el momento todo el trabajo que han hecho ha sido en la zona de Valles Centrales, pero que tienen planeado visitar el resto de las regiones oaxaqueñas entre el ocho y 17 de enero.Agregó que en los siguientes días visitarán el resto de los penales de Oaxaca, incluidos los tutelares de menores, así como el penal de El Rincón, Nayarit, y el del Altiplano, antes La Palma, en el estado de México. Además, acudirán a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública federal y al Senado de la República.El defensor de derechos humanos subrayó que el saldo del conflicto oaxaqueño es "grave", pero dijo que "todos están conscientes" de la oportunidad histórica para resolverlo, de que es un problema que no se puede postergar."No atender estas demandas y darles un cauce, es frustrar las aspiraciones que ahora son manifiestas y que podrían postergar una solución a largo plazo", advirtió.El reto de Oaxaca es resolver los problemas estructurales y avanzar en las reformas que ayuden a mejorar las condiciones de vida y convivencia de todos los sectores sociales, abundó. Un segundo grupo de 35 personas de la Cciodh llegará a México el 7 de enero -procedentes de países como España, Francia, Estados Unidos y Dinamarca- entre los cuales vendrá gente de la organización Global Exchange, quienes documentarán el caso del fallecido periodista norteamericano Brad Hill.Los comisionados sostendrán una segunda reunión, en fecha por confirmar, con el Subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, para "profundizar" el intercambio de información con la dependencia federal. La Cciodh culminará sus trabajos en México el 20 de enero.
El observador internacional sostuvo que "la Secretaría de Gobernación ha afirmado que si hay casos de funcionarios públicos que hayan incumplido la ley, la Secretaría está en la obligación de considerarlos. Así nos lo dijo".Iñaki García aclaró que "no venimos a intervenir ni a dar lecciones (.) pero sí hemos visto la gravedad (de los hechos), muertes que hay que aclarar, además de violaciones y denuncias a los derechos fundamentales".Las responsabilidades en cada caso serán dictaminadas por la autoridad judicial, aclaró el portavoz de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos. En cuanto a funcionarios públicos implicados, Iñaki García respondió que "no estoy en condiciones de decirles. En cada caso hay cuestiones que se refieren a un abuso por parte de una persona individual, si es funcionario le atañe a él, y si las denuncias son más generales, es decir, que obedezcan a órdenes en un operativo, pues en su caso a los responsables. Pero en este momento no les puedo decir".
La visita de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos a Oaxaca empieza a dar resultados en sus gestiones ante el gobierno federal




Condena LIMEDDH lasdeclaraciones bajo tortura
PEDRO MATIAS
La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Yésica Sánchez Maya, condenó que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, a través de sus personeros, haya obligado a firmar papeles en blanco a algunos presos políticos o a suscribir documentos donde la acusan a la LIMEDDH y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Así mismo, lamentó que el gobierno estatal utilice el dolor y la desesperación de los presos para desprestigiar a una organización seria que lo único que ha hecho es denunciar los atropellos, los excesos del poder y la permanente violación a los derechos humanos.
Recordó que el pasado 31 de diciembre, el gobierno del estado liberó “bajo presión” a 18 presos políticos, 11 del penal de Miahuatlán y siete del reclusorio de Tlacolula, para que se deslindaran de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y acusaran a la presidenta de la LIMEDDH de condicionarlos a que los iban a defender con la condición de que participaran en el movimiento popular.
Al enterarse, agregó, “inicialmente me enojo y decepciono que se aprovechen del dolor de esta gente y que esta no reconozca el esfuerzo que han hecho por liberarlos, sin embargo, una vez que habló con algunos ex presos y le han mostrado que están apenados, los entiende porque son sometidos a fuertes presiones.
Consideró que lo único que busca el gobierno estatal es desprestigiar a una organización seria y acallarla para que no le siga dando tantos dolores de cabeza porque ha logrado documentar más de 40 casos de tortura, ha intervenido en la liberación de más de 100 detenidos y en denunciar la permanente violación a los derechos humanos en Oaxaca ante instancias internacionales.
Ahora mismo, dijo, “ya estamos recabando las firmas para solicitar los amparos contra el auto de formal prisión de los presos políticos del 25 de noviembre”.
Mientras tanto continúan apoyando los campamentos instalados por el Comité de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo) a las afueras de los penales de Miahuatlán y Tlacolula, aunque en este último fueron corridos y hoy nuevamente se levantó el campamento.
Mencionó que aunque la secretaría de Gobernación se comprometió a liberar a todos los presos políticos del 25 de noviembre antes del 31 de diciembre, todavía quedan recluidos 19 en el penal de Miahuatlán y 16 en el de Tlacolula, así como cinco en el consejo de tutela.