EL PODER DEL EJERCITO

Soberanes no esperó a que concluyera la indagatoria
Calderón se supeditó al Ejército en el caso Ernestina Ascencio: ONG
Emir Olivares Alonso
Las autoridades federal, estatal y militar, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han creado un estado de duda en torno a las causas de la muerte de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario (presuntamente violada por militares), al emitir juicios a priori sin que las investigaciones judiciales y periciales hayan concluido, coincidieron defensores de derechos humanos.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, advirtió que la actitud mostrada por el ombudsman nacional para "seguirle el juego a (Felipe) Calderón", indican que José Luis Soberanes "tiene una actitud de proteger y solapar el papel del Ejército", con lo que demuestra que "ha claudicado" en su tarea de defender los derechos humanos.
Soberanes "debería tener un parámetro de mayor exigencia, pareciera que se ha sumado a toda esa posición presidencial de darle un enorme peso a la figura del Ejército y evitar a toda costa su cuestionamiento", indicó el activista.
Agregó que en el caso de la anciana indígena de Zongolica, municipio de Soledad Atzompa, es imposible dar el beneficio de la duda a las afirmaciones hechas por el presidente Calderón y por el titular de la CNDH, debido a que en lugar de contribuir a la certeza y esclarecimiento de los hechos, "actuaron de manera irresponsable al adelantar hipótesis sin que hubiese una investigación terminada y en medio de una situación polémica; en lugar de contribuir a la certeza", con lo cual las instancias a su cargo pierden prestigio y credibilidad.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró "una imprudencia total" que todas las instituciones hayan emitido sus propias conclusiones sin llegar a conocer los resultados finales de la investigación.
"Nos parece una imprudencia total y una falta de respeto a la familia, a la víctima, a la comunidad y a la ciudadanía, el manejo tan grave que el gobierno federal y estatal, la CNDH y la autoridad castrense hicieron al exonerar a los militares señalados del presunto delito, sin esperar el proceso de investigación técnico-pericial. Es una falta de sensibilidad política ante el hecho, y una supeditación del Poder Ejecutivo al militar, significa que Calderón sigue con la casaca militar puesta, sin querer actuar de manera objetiva como comandante supremo", señaló Ramírez.
A su parecer, todas las instancias señaladas debieron solicitar una investigación a fondo de lo ocurrido, y de haber militares implicados sancionarlos conforme a derecho, "esa era la declaración que los organismos civiles esperábamos"; y al no ser así, dijo, el caso se enrareció, por lo que ante las dudas, solicitó a la CNDH "nos permita una copia del expediente para dar nuestras observaciones técnico-periciales".
Ambos defensores de derechos humanos coincidieron en que a diferencia de su acostumbrada forma de actuar, en este caso Soberanes Fernández emitió una conclusión "demasiado pronto", con lo que dejó espacio para un sinnúmero de dudas.
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Laura Reyes
El Universal
Domingo 08 de abril de 2007
ACAPULCO, Gro.- La Procuraduría de Justicia de Guerrero logró elaborar un retrato hablado del hombre que asesinó al corresponsal de Grupo Televisa en Acapulco, Amado Ramírez, con datos proporcionados por testigos del ataque.
El secretario general de Gobierno del estado, Armando Chavarría, dijo que existe la hipótesis de que el asesino material, de unos 30 años de edad y 1.80 metros de estatura, no actuó solo, sino con uno o dos cómplices.
En este marco, organizaciones políticas, civiles y defensoras de los periodistas expresaron su preocupación por la violencia que se vive en México, y sobre todo por el acecho que enfrentan la prensa y los comunicadores en distintos puntos del país.
Criticaron la impunidad con la que grupos, incluso del crimen organizado, actúan para amedrentar y acallar a los periodistas, y demandaron el pronto esclarecimiento del asesinato del corresponsal de Televisa.
El Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, la Asociación Estatal de Periodistas y el Sindicato Único de Trabajadores de los Medios de Comunicación de Guerrero pidieron al Presidente de la República, al gobernador del estado y a las autoridades militares y policiacas, garantías para el desempeño de su trabajo ante el temor que existe entre el gremio por el clima de violencia en la entidad.
Amado Ramírez, casado y con dos hijas, fue asesinado a tiros el viernes cuando salía de una estación de radio.
De acuerdo con un compañero de trabajo, Misael Habana de los Santos, Ramírez Dillanes recibió amenazas de muerte hace poco más de un mes.
"La pedí que las denunciáramos pero me dijo que no, porque cuando te quieren matar aunque lleves a 20 guardaespaldas te matan", comentó.
El director ejecutivo del Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, Joel Simon, aseguró que el índice de ataques y asesinatos de periodistas en México demuestra que "estamos ante un problema nacional de gravedad".
Dijo que al menos seis reporteros fueron asesinados a consecuencia de su trabajo, y que en 11 casos más se desconoce si sus muertes fueron producto de la información que manejaban.
"Si el ataque se debió a su trabajo, es muy serio, porque constitucionalmente la libertad de expresión está garantizada en México, y si los periodistas no pueden ejercerla, es todavía más lamentable su deceso", argumentó.
En tanto, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades federales mexicanas tomar las riendas de la investigación de este asesinato. "Las autoridades tienen que tomarse en serio la muerte de este periodista", señaló la organización.
El descrédito
A poco más de un mes de ocurrida, la muerte de Ernestina Ascencio Rosario se ha convertido en un conflicto que pone en juego la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del presidente de la República Felipe Calderón, y del gobierno de Veracruz, expone Proceso en su edición 1588.

En medio de graves contradicciones en la investigación del caso, el organismo a cargo del doctor José Luis Soberanes descarta la presunta violación cometida por soldados, pues afirma que no hay ninguna prueba de violencia, ni siquiera rastros de semen que apunten a que la anciana indígena sufrió una agresión sexual.

A su vez, la Sedena, luego de conocer la postura de la CNDH, modificó el reporte que había hecho en tres comunicados distintos fechados el 6, 7 y 8 de marzo, donde decía hallarse comparando el “líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa” con las pruebas obtenidas de los soldados acusados, pertenecientes a la Base de Operaciones “García”.

Ahora la Sedena sostiene que “no cuenta con muestra alguna de líquido seminal”, y señala que si antes se había referido a ese “líquido seminal” en sus comunicados, “es porque partía de la premisa de que estarían dichas pruebas en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz” (PGJE).

Así, mientras la CNDH y la Sedena coinciden actualmente en que no tienen registro del líquido seminal que confirmaría que la anciana nahua Ernestina Ascencio fue violada, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedrosa, afirma en entrevista con Proceso que la PGJE de Veracruz ya admitió que “se le perdió” el líquido seminal que supuestamente había recogido del cuerpo de Ernestina, como lo informó en la necropsia realizada el 26 de febrero, dice el reportaje que aparece este domingo 8 de abril en el número 1588 de Proceso.