LA LEGALIDAD MILITAR

En duda, la constitucionalidad de retenes militares: ministros
Desechada, por seis votos contra tres, demanda de amparo
JESUS ARANDA


Por primera vez en una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se puso en duda la constitucionalidad de los retenes militares ubicados en distintos puntos del país.
Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero plantearon ayer infructuosamente a sus compañeros la necesidad de que el máximo tribunal estableciera ''si las pruebas obtenidas por el Ejército Mexicano, en retenes con ciertas características, tienen o no eficacia probatoria en un juicio penal''.
Al considerar que era improcedente un juicio de amparo en revisión -por seis votos contra tres-, presentado por un chofer detenido en un retén castrense, y quien fue acusado de transportar droga, los ministros decidieron no entrar al fondo de una disposición adoptada por el gobierno federal para combatir al crimen organizado, aun cuando la demanda planteaba concretamente la inconstitucionalidad de la medida.
En esta ocasión, Cossío Díaz fue el que llevó el peso de la argumentación de la minoría. De entrada relató que personal militar del puesto de control ubicado sobre la carretera federal 54, tramo Guadalajara-Zacatecas, revisó un camión que circulaba por esa vía, y como resultado de ello los soldados encontraron 270 paquetes de mariguana.
Dijo que desde que intervinieron dos militares en la detención y revisión del vehículo, comenzó la averiguación previa, y que además, el detenido fue llevado inicialmente a una zona militar y de ahí al Ministerio Público Federal, por lo que era sumamente importante analizar si hubo violación a derechos fundamentales.
Insistió en que la consignación se basó únicamente en los testimonios de los soldados, quienes aseguraron que encontraron presumiblemente droga, sin que se aportaran en la causa mayores elementos.
Ante esta situación, aseveró, es que el pleno tenía que analizar si ''las pruebas obtenidas por el Ejército Mexicano, en retenes con ciertas características, tienen o no eficacia probatoria''.
Aseveró que su proyecto de resolución no pretendía acabar de tajo con los retenes, sino que buscaba ''construir una especie de política pública con sustento constitucional'' que establezca cómo debieran instalarse estos retenes para que su actuación derivara en una eficacia jurídica plena.
Góngora Pimentel refutó a la mayoría, la cual sostenía que la instalación del retén es un acto administrativo que genera molestia, pero nada más, al señalar que las principales pruebas que dieron lugar a la sentencia fueron obtenidas precisamente en el puesto castrense y que por ser ilícitas carecían de legitimidad para ser utilizadas en el juicio.
Respecto de la flagrancia, añadió que ésta no opera en el sentido de autorizar la eficacia de las pruebas obtenidas de manera inconstitucional.
''La flagrancia justifica la detención de una persona sin orden judicial, a fin de evitar la consumación de los delitos descubiertos, mientras éstos se están cometiendo; sin embargo, sostener que el descubrimiento de un delito flagrante convalida la inconstitucionalidad de los actos que permitieron tal descubrimiento, y autoriza a que surtan efectos en un proceso penal, es un criterio peligroso, porque supedita el respeto de las garantías individuales al resultado de la actuación constitucional de la autoridad''.
Cabe preguntarse, dijo, hasta qué grado podemos hablar de flagrancia, cuando de no ser por la realización de un acto de autoridad, violatorio de las garantías individuales, la comisión de un delito no se hubiese percibido, y más aún que la prueba tenga efectos jurídicos en un proceso penal. A su vez, el ministro Juan N. Silva Meza reconoció la importancia del tema de los retenes, ya que ''su constitucionalidad está en entredicho y sería conveniente resolverlo''.
Sostuvo finalmente que la forma como el amparo, que había sido planteado, no era el indicado para encontrar la ''llave'' que diera lugar a la procedencia y análisis del caso.


ASPAN y TLCAN, pretextos para el militarismo de Estados Unidos: Ceceña
JESUS ARANDA

Las académicas Ana Esther Ceceña y Clemencia Correa, en el foro organizado por La Jornada y Casa Lamm Foto: Guillermo Sologuren
En el nuevo mapa estratégico del Pentágono, en el que se establecen las áreas prioritarias y los intereses nacionales de Estados Unidos, juega un papel fundamental el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), suscrito por ese país, Canadá y México.
Sostuvo lo anterior Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien añadió que el liderazgo de Washington se traduce actualmente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), a los que se ha acompañado de convenios en materia de seguridad, lo que implica la creación de un ''solo territorio'' que abarca a las tres naciones.
Al participar el pasado lunes en el foro Modalidades de militarización y bases militares en Estados Unidos: el caso latinoamericano, que organizan La Jornada y Casa Lamm, Ceceña señaló que la hegemonía estadunidense tiene un impacto también en la militarización de otros países.
En el caso concreto de México, la investigadora de la UNAM explicó que ésta tiene características propias, comola inclusión de nuestro país en la esfera de seguridad estadunidense; la creación de cuerpos policiacos (como la Agencia Federal de Investigación) a semejanza de la Oficina Federal de Investigación (FBI); formación de cuerpos especiales del Ejército y un involucramiento mayor de éste en el combate al narcotráfico.
En este contexto, la especialista dijo que es grave el hecho de que elementos de las fuerzas armadas cumplan con funciones que no les corresponden -seguridad pública, por ejemplo-, y que eso tenga consecuencias lamentables, como el caso de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente asesinada en Zongolica, Veracruz. ''Me asusta que los soldados anden sueltos'', comentó.
Recordó que un ejemplo de la aplicación del ASPAN en México, ocurrió poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, cuando agentes de la FBI en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encargaron de revisar los pasaportes de quienes viajaban a su país.
Ceceña indicó que el eje militarista de Estados Unidos en relación con América Latina se mueve bajo tres premisas fundamentales: por el control de recursos estratégicos, como el petróleo, gas, minerales, etcétera; la lucha contrainsurgente o contraria a sus intereses económicos y políticos, y la apropiación de recursos naturales, fundamentalmente del agua. Para lograr estos objetivos en nuestro continente, explicó ante un abarrotado auditorio, Washington desarrolla tres modelos: el ASPAN con México y Canadá, donde las fronteras de seguridad prácticamente desaparecieron; el Plan Colombia, que con el pretexto de combatir el narcotráfico le ha permitido al país vecino desarrollar una política proestadunidense, inclusive con la participación directa de militares de esa nación; y en Paraguay, donde se llevan a cabo maniobras militares conjuntas en un país que es clave por su posición geopolítica dada su colindancia con Argentina y Brasil.
Por su parte, la también investigadora Clemencia Correa, se refirió al caso Colombia en donde, dijo, la militarización ha tenido un impacto negativo en la cultura política y social de esa nación. Comentó que con la asesoría estadunidense el Plan Colombia ha servido para someter a la oposición y también como un aliado en contra del activismo creciente de Venezuela en el continente.
Correa comparó al gobierno de Alvaro Uribe con el de Felipe Calderón Hinojosa, al afirmar que el primero inició su mandato con medidas espectaculares en materia de seguridad pública, pero que con el paso del tiempo se ha demostrado su fracaso y el uso faccioso de los cuerpos policiacos en contra de la oposición interna.
Por su parte, la académica uruguaya Ana Juanche se refirió al caso de Haití, y a la importancia geopolítica que tiene para Estados Unidos este país que vive actualmente bajo la ocupación de las llamadas ''misiones de paz'' comandadas por Brasil.