EN OAXACA IMPUNIDAD GALOPANTE

“A unos un jalón, a otros un corte de orejas”: Toledo

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El pintor Francisco Toledo se dijo ayer “triste y desesperado” por la situación política social existente en la entidad y aseguró que la disculpa ofrecida por el gobierno estatal por la represión ejercida el año pasado “no es suficiente”.
Lo que se necesita, señaló, es que se castiguen a los responsables de la represión.
“A lo mejor a unos sólo (les deben dar) un jalón de orejas, pero a otros un corte de orejas”, ironizó.
El artista, polémico, controvertido y de muy pocas palabras, creador del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, que se ha dedicado a asistir jurídicamente a los “presos políticos y de conciencia” del movimiento magisterial y popular, expuso las autoridades federales son quienes deben enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de la represión.
¿Qué autoridades deben de ser?, preguntó un reportero, durante la conferencia de prensa que compartió con el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Pues las autoridades que llaman competentes.
¿(El presidente) Felipe Calderón?
Si, Calderón
¿Tendría que haber cárcel para ellos?
Lo que la ley marque
¿Un jalón de orejas?
A lo mejor a unos sólo un jalón de orejas, pero a otros un corte de orejas.
Toledo, dijo que en la entidad si bien existe una “calma tensa” por el conflicto político social, “también hay tensión y depresión general”.
¿Una paz porfiriana?
No sé si llamarla porfiriana o con el nombre de otro personaje.
El también escultor, ha creado instituciones de reconocimiento cultural a nivel internacional como la Biblioteca para Invidentes “Jorge Luis Borges”, el Centro Fotográfico “Manuel Álvarez Bravo”, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Cine Club “El Pochote”, el Jardín Etnobotánico, la Fonoteca “Eduardo Mata”, la Biblioteca “Francisco de Burgoa” de la UABJO y recientemente el Centro de las Artes de San Agustín Etla, además de participar en el rescate del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán.



Niegan acceso al obispo Raúl Vera en el Consejo Tutelar
“Es signo tremendo de la represión”

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
La Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci) negó ayer el acceso al obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, al Consejo de Tutela de Menores, cuando pretendía visitar a un adolescente indígena chatino de Santiago Cuixtla, perteneciente al municipio de Santos Reyes Nopala, detenido y acusado de intento de homicidio.
“Esto es un signo tremendo de la represión que sigue habiendo en este estado”, afirmó el religioso en una conferencia ofrecida por los organizadores de la Segunda Jornada Ecuménica por la Paz “Solidaridad: Vida y Oración de los Pueblos”, para dar a conocer sus conclusiones, así como con el pintor Francisco Toledo.
El pastor de la Iglesia Católica dijo que la determinación de las autoridades de ese centro para no permitir su ingreso “es impresionante” porque “no iba a visitar a un criminal de altos vuelos, o a los narcos o a los capos de los cárteles, sino solamente un adolescente”, de nombre Jaciel Cruz Cruz, de 17 años de edad.
Esta, subrayó, “es la primera ocasión en que no me dan permiso a entrar a un centro penitenciario a dar un aliento espiritual y eso que he visitado en tres ocasiones las Islas Marías, los centros penitenciarios del Distrito Federal y de los estados de Guerrero y Coahuila, así como en Chiapas, en una situación durísima de conflicto”.
Además de que según “me han dicho su familia, el joven fue aprehendido ilegalmente en represalia porque su padre defiende los recursos naturales de su pueblo”, Santos Reyes Nopala, distrito de Juquila.
La hermana del menor, Blanca Cruz Cruz, presente también en la conferencia de prensa, dijo que Jaciel fue sacado ilegalmente de su domicilio por el presidente municipal, para posteriormente ser trasladado a la cabecera municipal y ser acusado de un intento de homicidio de una persona no identificada.
“Lo detuvieron en venganza porque mi papá se opone al saqueo de los recursos naturales del río, incluso el presidente municipal le dijo a mi hermano que si entregaba a mi papá lo dejaban libre”, señaló.
Vera López dijo que la detención ilegal del menor y la negativa para permitir su acceso al Consejo Tutelar de Menores, así como los testimonios de los familiares de los “presos políticos y de conciencia” del movimiento magisterial y popular, y la represión documentada por el Comité de Liberación “25 de Noviembre”, son “signos de gran preocupación” porque “se siguen usando los métodos de la guerra sucia de los años 70”.
“Son cosas que me dan escalofrío y que muestran que sigue habiendo represión”, asentó.
Y subrayó que todo esto pone evidentemente en tela de juicio la existencia de una ingobernabilidad en la entidad “por la falta de capacidad de las autoridades”.
E hizo un llamado a las autoridades federales “a que pongan los ojos aquí” en Oaxaca porque “la gente no puede seguir viviendo en esta situación” y un gobierno “no puede seguir cayendo en un alto grado de ilegalidad y de violación del estado de Derecho”.
“Si se l permite a un jefe político de un estado hacer las cosas que está haciendo, es el un anuncio de lo que nos espera en otros estados”, advirtió.


El sol y el dedo

Gustavo Esteva
Tiene razón Genaro Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Oaxaca está ardiendo internamente... La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido".
La Corte no se planteó una comisión investigadora para averiguar lo que había pasado en Oaxaca. Los ministros se dieron por enterados. Afirmaron sin titubeos, reservas o matices que las autoridades federales, estatales y municipales habían violado gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños. Las corporaciones policiacas "afectaron físicamente a gran número de personas en forma cruel e inhumana", lo que se tradujo en lesionados, torturados y muertos. Ocurrió en Oaxaca, dijeron los ministros de la Corte, una suspensión de hecho de las garantías constitucionales.
Se reconoció así, en la instancia más alta del sistema judicial de México, lo que reportaron por un año todas las organizaciones de derechos humanos de Oaxaca; lo que informó la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, descalificada por la Secretaría de Gobernación, que esta semana presentó su informe al Parlamento Europeo; lo que señaló tibia y parcamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En vez de indagar otra vez lo que ya se sabe, la Corte se planteó cómo contribuir a restablecer el orden constitucional. "No podemos permitir", señaló, "que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país..." Resulta evidente, advirtió, que los oaxaqueños "vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica". Insistió: "Resulta lógico que la gente viva en zozobra ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico".
La Corte, sin embargo, no menciona entre las causas de la delicada situación actual la impunidad y el cinismo que prevalecen. Los oaxaqueños viven aún en zozobra porque los autores materiales e intelectuales de esos hechos horrendos se pasean impunemente por las calles. Algunos ocupan posiciones de primer nivel en el gobierno estatal y en el federal y otros son candidatos a diputados. Es una ofensa cotidiana y constante a los oaxaqueños que se mantenga esa impunidad y se pretenda ocultar con cambios cosméticos la realidad oprobiosa de un régimen político enfermo de arrogancia, autoritarismo y corrupción, cuyo inaudito cinismo desbordó hace tiempo todos los límites de la decencia.
Como se demostró ampliamente en esta semana, los oaxaqueños no olvidan lo ocurrido y se mantienen en pie de lucha. Es útil que la más alta instancia del sistema de justicia mexicano reconozca la gravedad de lo ocurrido y, por tanto, la validez de ese empeño por remediarlo. Necesita reconocer también que en Oaxaca, con impunidad y cinismo, se sigue echando leña al fuego. La caldera hierve. El vapor, el impulso popular, puede hacer volar de nuevo la tapa policiaca que trata de contenerlo.
Al quedar enteramente al desnudo los crímenes que se cometieron y se siguen perpetrando en Oaxaca, falta por investigar su motivo, la razón de cometerlos. Es lo que se pregunta la Corte. Y la respuesta que empieza a perfilarse resulta espeluznante.
La estrategia de intimidación empleada busca obviamente doblegar a los rebeldes insumisos y que otros aprendan la lección. Es una estrategia para la represión de los movimientos sociales. Pero no es sólo eso. Busca también atemorizar a otro sector de la sociedad y atizar su encono, con el fin de crear la base social del ejercicio autoritario. El reino del mercado sólo puede establecerse y mantenerse en operación mediante el uso de la fuerza, pero ésta necesita sustento social y cobertura de legitimidad. Ni siquiera los Pinochet pueden descansar solamente en la policía; sólo es efectiva como instrumento de gobierno y control cuando un sector suficiente de la sociedad exige y respalda su intervención.
De eso se trata hoy. Se ensaya en Oaxaca lo que se intenta a escala del país... y del planeta. Se cierran una tras otra todas las vías institucionales y políticas, para que la gente se doblegue o bien caiga en la provocación y recurra a la violencia, lo que legitimaría el ejercicio autoritario y extendería su base social.
La escritora Arundhati Roy observa con preocupación los signos en India, que empiezan a resultar típicos. Sintetiza bien, con su genio habitual, lo que parece estar pasando en todas partes: "No es difícil leer lo que está escrito en el firmamento. Lo que dice allá arriba, en grandes letras, es lo siguiente: 'Compas, la mierda ya llegó al ventilador'".


Oaxaca: El riesgo de la violencia
pedro matías
Oaxaca, D.F., 18 de junio (apro).- La impunidad que otorga el poder caciquil tomó carta de naturalización en el estado de Oaxaca, con Ulises Ruiz al frente, quien no ha tenido empacho en reprimir a quien ose disentir de su gobierno; sin embargo, a un año de la insurgencia social que puso en jaque a la estructura política, los principales actores advierten: “esta lucha no ha terminado”, pese a los muertos, heridos y desaparecidos que dejó el conflicto.

Las heridas siguen abiertas y será difícil que cicatricen en el corto y mediano plazos, porque no habrá “ni perdón ni olvido” por los 21 muertos, 575 detenidos y torturados, más de 300 heridos que ameritaron hospitalización y los tres desaparecidos que dejó la “represión ordenada por Ulises Ruiz Ortiz con la complicidad de Vicente Fox y Felipe Calderón”, afirma el analista político Gustavo Esteva.

Con excepción del gobernador Ulises Ruiz, quien sostiene, a través de una millonaria publicidad en los medios electrónicos, que “Oaxaca está mejor que nunca”, el magisterio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organizaciones civiles, académicos y artistas, sostienen que el movimiento social continúa vivo, lo que hay ahora es una “tensa calma”.

Para Gustavo Esteva los “años de corrupción feroz y autoritarismo desbordado” fueron el detonante de la crispación social que se vive en el estado y que convirtió a Oaxaca en “una olla de presión sobre fuego lento” que en cualquier momento puede estallar.

“Ulises Ruiz echó leña al fuego hasta que la presión botó la tapa el 14 de junio; la APPO aglutinó el descontento que se cocinaba dentro de la olla y lo convirtió en acción transformadora”, agrega el especialista.

Sin embargo, “la ferocidad de las fuerzas federales puso una pesada tapa sobre Oaxaca el 25 de noviembre, pero el fuego continúa. Alivian la presión pequeños agujeros abiertos por iniciativas de la gente, pero son insuficientes”, advierte.

Esteva afirma que la presión continúa acumulándose y en cualquier momento podría estallar la violencia. Sin embargo, considera que la “experiencia permitirá, quizás, dar cauce más ordenado a la presión, pero nadie puede prever lo que ocurrirá. Hay demasiadas fuerzas enfrentadas”.

Por su parte, el vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Rosas Romero, sostiene que a un año del fallido intento de desalojo del 14 de junio, “quedó una herida profunda, no sólo para el magisterio, sino para el pueblo de México, por la actitud inhumana de los gobernantes; y sembró la semilla de la rebeldía”.

Agrega que aunque “en algunos casos se sembró el miedo, en la mayoría se sembró el odio, la reflexión, la crítica, la autocrítica y hoy en día, Oaxaca es otro porque no ha hecho mella el objetivo del Estado, por el contrario, despertó a un pueblo dormido, despertó a una sociedad que por décadas había sido manipulada desde el poder del Estado y desató la crisis política que se vive actualmente”.

“Lo único claro que dejó este movimiento son las componendas políticas que hacen los partidos políticos como el PRI, PAN y los arrastrados del Verde Ecologista que hicieron alianzas para mantener a un señor en la gubernatura, no deseable para su entidad, como Ulises Ruiz”, añade.

En alusión a la metáfora del académico Gustavo Esteva, el portavoz del magisterio manifiesta que, pese a que el gobierno pretendió “tapar la olla express” con la PFP no se terminó el conflicto.

Muestra de ello es el grupo de taxistas que sitió la capital, los burócratas que paralizaron el Tribunal Superior de Justicia; los policías preventivos de Oaxaca, brazo ejecutor del estado, que se amotinaron en demanda de mejoras salariales, al igual que los agentes de tránsito municipal o los empleados el gobierno que le gritaron al gobernador “Ulises, ratero, te robas mi dinero”.

Aclara que el magisterio no está muy activo porque está en una etapa de reorganización, “pero el espíritu de lucha se mantiene”.

En cuanto a su demanda central que durante un año ratificaron: la renuncia de Ulises Ruiz, sostiene que “tarde o temprano se le tiene que hacer justicia al pueblo”, pero advierte que no esperarán a que el Congreso de la Unión lo haga. “Hay muchas formas de hacerlo” renunciar, sentencia.

Hace un año, el magisterio oaxaqueño exigía al gobierno estatal 150 millones de pesos para levantar el plantón indefinido instalado en el Centró Histórico de Oaxaca y como respuesta fueron reprimidos por dos mil policías; ahora, en el 2007, el gobierno federal y estatal ofrecen a la Sección 22 del SNTE 600 millones de pesos, entregar las 188 escuelas tomadas, acelerar el proceso de ocho “presos políticos”, cancelar 8 de las 20 órdenes de aprehensión que quedan pendientes para evitar la radicalización de su plan de acciones, pero no ha sido aceptada esa propuesta.

La propuesta será sometida a una consulta a las bases este viernes 15 de junio para determinar si son “satisfactorias, mínimas, insuficientes o nulas”; y de eso dependerá si suspenden clases e inician un plantón indefinido.

El investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Víctor Raúl Martínez Vásquez, por su parte, coincide en que el conflicto no ha terminado, porque “el ejercicio despótico del poder público ha venido a deteriorar la convivencia social y armonía de la ciudad, y ha generado un clima de crispación y deterioro que permite abusos contra los ciudadanos y atentados a su patrimonio arquitectónico, monumental y ecológico”.

Pago de factura

A su vez, el sociólogo investigador del Instituto de Humanidades de la UABJO, Porfirio Santibáñez Orozco, reconoce que en Oaxaca hay un “régimen herido de muerte, que está prácticamente de salida y sólo depende de la ciudadanía para empezar a echarle las últimas paletadas de tierra en las próximas elecciones a diputados locales y presidentes municipales”.

Esto significa, agrega, que el gobierno del estado le apostará a la corrupción y la división para mantenerse en el poder. “Es decir, va a corromper a algunos dirigentes para que hagan labor de división dentro de las filas de la oposición y eso implica un riesgo bastante fuerte.”

Afirma que las elecciones del 5 de agosto y 7 de octubre serán “un juicio ciudadano, un referéndum y un avalúo” sobre los resultados que ha obtenido la administración de Ulises Ruiz Ortiz en estos años de “desgobierno”.

En ese sentido, el Espacio de Organismos Civiles integrado por 43 agrupaciones hace un llamado a la ciudadanía a participar en el próximo proceso electoral como una vía pacífica para el cambio que requiere el estado de Oaxaca y a ejercer un “voto de castigo” al PRI y al PAN por su “complicidad” en la represión contra el movimiento social.

La coordinadora de Iniciativa de Desarrollo para la Mujer Oaxaqueña (IDEMO), María Eugenia Mata, destaca que pese a que el Instituto Estatal Electoral ha demostrado su “total sometimiento” al Poder Ejecutivo y con ello el descrédito ciudadano, aunado a la crisis de los partidos políticos; la escasez de la democracia representativa; la pobre oferta política y nula credibilidad de los candidatos, es determinante que el proceso electoral se convierta en una posibilidad para reiterar que “no deseamos más tener este tipo de gobiernos autoritarios”.



Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXICrónica de un chantaje (Proceso 1597/ 10 de junio de 2007)

En el marco del conflicto que incendió a Oaxaca el año pasado, los intentos del gobierno foxista para disuadir al gobernador Ulises Ruiz a fin de que dejara el cargo fueron numerosos, involucraron a distintos interlocutores y se basaron en variadas estrategias. Sin embargo, todo falló. El mandatario estatal logró finalmente salirse con la suya, con métodos muy fieles a su estilo... Una versión de sus tácticas, que doblegaron a varios frentes políticos, incluido al poder presidencial, es narrada en el libro Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, de Diego Enrique Osorno, que Grijalbo que pondrá en circulación esta semana, A continuación, Proceso ofrece algunos fragmentos del capítulo 7.

Chantaje con el Paseo de la Reforma de fondo.

“Gobernador, ¿no has pensado pedir una licencia de 30 días, en lo que se distiende el problema? Tendrías todo nuestro apoyo.” Estas palabras se las dijo el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, a Ulises Ruiz, a bordo de un automóvil que los conducía por la Ciudad de México.

Ulises Ruiz esperaba esta pregunta. La esperaba desde que, un par de días antes, había sido citado para sostener una reunión en la que estarían, además del mandatario nuevoleonés, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Oficialmente, se trataba de un cónclave de “análisis sobre la situación general en el país”. Lo cierto es que el encuentro buscaría negociar la salida del mandatario priista y tanto Peña Nieto como González

Parás tenían la encomienda del presidente Vicente Fox de plantear el escenario a Ulises Ruiz.

La reunión tuvo lugar en septiembre, cuando el mandatario oaxaqueño enfrentaba una situación crítica: además de estar tomada la capital del estado, Ulises hacía frente a serios cuestionamientos en los principales medios de comunicación nacional. La existencia de caravanas armadas, que fueron denunciadas una y otra vez por el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio Fórmula y en su columna “La historia en breve”, del periódico Milenio, generaban críticas duras y constantes contra él. Además, las protestas en el extranjero crecían semana tras semana, según informes entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores por diferentes embajadas.

La pregunta del gobernante nuevoleonés –que en los viejos protocolos priistas significaba una sola cosa: concertacesión– fue hecha en el interior de la camioneta que trasladaba a los gobernadores a la reunión.

–Mire gobernador... yo puedo resolver esto en 15 minutos –respondió Ulises Ruiz, soltando una breve risotada. Invocaba la frase con la que Vicente Fox se refirió al alzamiento zapatista durante su campaña por la presidencia.

González Parás devolvió la sonrisa, manteniéndose a la expectativa.

–¿Cómo...? Imagine que le hablo a Andrés Manuel (López Obrador) y le digo... lo reconozco como presidente legítimo de México, (le digo también) sé que le hicieron fraude –porque vaya si yo sé de elecciones– y que quizá Madrazo también tiene dudas sobre la elección. ¿Sabe usted en cuánto tiempo me desocupa la APPO el zócalo?

–No es para que se moleste, gobernador –replicó González Parás.

–No es que me enoje... pero me defiendo, yo no quiero el camino fácil. Con una llamada que le haga yo a Andrés Manuel, reconociéndolo como presidente, y diciéndole que ahí está el Palacio de Gobierno de Oaxaca, a sus órdenes, con sólo eso él me levanta el plantón de la APPO. Pero yo no quiero esto, yo quiero el camino de respeto a las instituciones, de respeto a la legalidad, el camino que queremos todos. Por eso es que empezó este problema, porque yo empecé a defender las instituciones en Oaxaca y al PRD no le gustó. Eso fue todo, usted lo sabe.

Así acabó el intento por conseguir la renuncia negociada de Ulises Ruiz. Minutos después, al llegar a la cita en Los Pinos, Peña Nieto y González Parás explicarían a Vicente Fox que la salida de su compañero no sería producto de una mesa de negociaciones. Le recomendaron aplicar la ley, enviando inmediatamente a la Policía Federal Preventiva a la ciudad en conflicto.

Según Héctor Pablo Ramírez, el colaborador cercano de Ulises

Ruiz que me confirmó estos sucesos, ésta fue la única ocasión en que el gobierno de Vicente Fox pidió a Ulises Ruiz que dejara el gobierno de Oaxaca. Bulmaro Rito Salinas diría que, además de este hecho, hubo otros proyectos de pactos con Abascal. El caso es que gracias a este chantaje, que funcionaba por la complicada coyuntura en que el país se encontraba sumido, el hábil operador electoral priista, devenido en cuestionado e impopular gobernante, salvaría su pellejo. Tiempo después, cuando arreció la tormenta, cuando aumentó la cifra de muertos y cuando la crisis alcanzó su punto más crítico, el mandatario –en entrevistas con los medios de comunicación del Distrito Federal– mandaría mensajes al PAN y al gobierno federal, recordándoles el mismo chantaje: “Si permites que por este plantón caiga un gobernador, al rato no sólo va a caer el gobernador Ulises Ruiz, va a caer un presidente municipal y va a caer el presidente de la República, Felipe Calderón”. De lo que no hablaban era de la serie de desatinos de su administración.

* * *

Es uno de los tres emisarios del Senado de la República que acudieron a verificar si desaparecían o no los poderes en Oaxaca, tal y como lo demandaba la APPO. Poco antes de las 4 de la mañana, después de visitar una cocina callejera perteneciente a los rebeldes, el senador del PAN

Alejandro González Alcocer, exgobernador de Baja California Norte, confiesa su asombro: “La situación actual viene de antes de Ulises, viene desde los gobernadores que han sido muy caciques, por ejemplo, Murat, que no me digan, era muy cacique y los otros también”.

A bordo de una camioneta pintarrajeada por los rebeldes (se puede leer la leyenda “Muera URO”), el legislador asegura que “el problema actual viene del arraigo de la pobreza, de las carencias en Oaxaca, de

gobernantes que no hacen lo que tienen que hacer por la población”. El

exmandatario panista se asoma por la ventana del vehículo en marcha, a la distancia ve una larga hilera de barricadas, y dice: “Ahí están los resultados”. González Alcocer reprende al gobernador Ulises Ruiz porque

“trató de movilizar políticamente ciertas cosas para darle en la torre a algunos que él consideraba más radicales y le salió mal el tiro, y luego en tono autoritario dice ‘no manifestaciones’ y además es represor... ¡Así claro que iba a reventar! Eso no se puede hacer”.

Como quiera, a pesar de la opinión del exgobernador panista, los senadores de este partido, junto con los del PRI y el Partido Verde, rechazaron la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca. Con ello dieron a Ulises Ruiz el oxígeno que necesitaba para seguir maniobrando.

El chantaje, con el Paseo de la Reforma de fondo, seguía siendo efectivo.

* * *

Un mes antes de terminar el sexenio de Vicente Fox, el Frente Amplio

Progresista (FAP), es decir, los tres partidos que lo integran: PRD,

PT y Convergencia, pactó con Carlos Abascal, entonces secretario de

Gobernación, trabajar en aras de conseguir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. Fue el 31 de octubre de 2006 cuando los líderes y

coordinadores parlamentarios del FAP desayunaron con el funcionario federal en sus oficinas del Palacio de Covián. Fue el primer encuentro sostenido entre los dirigentes de los partidos, que habían postulado a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y un representante del gobierno foxista al que acusaban de operar el fraude electoral. Dos días antes, el 29 de octubre, la PFP había retirado las barricadas de la APPO, tomado el zócalo y sentado las condiciones necesarias para que Ulises

Ruiz volviera a despachar en la Casa de Gobierno.

La relación entre gobierno federal y FAP se encontraba en crisis. El

Frente se proponía impedir la toma de protesta de Felipe Calderón, el 1º de diciembre. Los canales de comunicación entre gobierno y oposición permanecieron cerrados hasta la tarde del viernes 27 de octubre, cuando un cuerpo parapoliciaco disparó contra las barricadas, provocando la muerte de tres personas, entre las que estaba el periodista estadunidense Brad Will. Fue en estas circunstancias que el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, llamó por teléfono a Carlos Abascal. “Secretario, no resuelves nada, te vas mucho a chingar a tu madre, la gente se está muriendo y tú con tus pendejadas”, habría dicho González Garza, en su estilo desenfadado para luego colgar. Minutos después, Carlos Abascal devolvería la llamada. “¿Qué quieres que hagamos?”, dijo, tratando de conciliar. “Si dicen que defienden la vida, que tus diputados y senadores defiendan la vida, pero no la de los espermatozoides, sino la de la gente de carne y hueso, ¡defiéndala!”, espetó el coordinador perredista, oriundo de Monterrey, Nuevo León.

Según diversos líderes del PRD, la presión de este partido facilitó que el lunes 30 de octubre, las cámaras de Diputados y de Senadores emitieran un exhorto llamando a la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. Fue el martes siguiente a las llamadas cuando los opositores

acudieron a desayunar con Abascal. A la cita se presentaron el presidente y el secretario general del PRD, Leonel Cota Montaño y Guadalupe Acosta Naranjo; los coordinadores parlamentarios de ese partido, Carlos Navarrete y Javier González Garza; por Convergencia estuvieron Dante Delgado Ranauro y Alejandro Chanona, mientras que por el PT acudió Ricardo Cantú Garza. Representando a Gobernación, además de Abascal, estuvo presente el subsecretario de Enlace Legislativo, Dionisio Meade. Los asistentes hicieron “un pacto de caballeros” para que el contenido de la reunión no se filtrara a los medios de comunicación. “No se podía filtrar nada porque había vidas de por medio”, afirmó uno de los asistentes, quien aceptó contar al periodista Emiliano Ruiz Parra, del diario Reforma, los aspectos relevantes del encuentro.

Según dijo este asistente, en la reunión Carlos Abascal reconoció que estaba de acuerdo con la salida de Ulises Ruiz. Explicó, sin embargo, que le quedaba un mes en el cargo y que contaba con facultades limitadas; aseguró que había hecho todo lo posible porque Ulises pidiera licencia “pero el señor no entiende nada”. Abascal explicó que el conflicto en Oaxaca había provocado una crisis al interior del PAN, pues un sector del partido deseaba asegurar la gobernabilidad con miras al 1º de diciembre, es decir, con miras a la toma de protesta de Felipe Calderón. Abascal ofreció, sin embargo, promover que el Senado declarara la desaparición de poderes en el estado y que la Cámara de Diputados propugnara por el juicio político contra el gobernador. Se comprometía a propugnar por estos acuerdos con los coordinadores parlamentarios panistas Santiago Creel y Héctor Larios.

Cuando tocó el turno a los líderes opositores, estos exigieron “apretar” a Ulises Ruiz por medio de auditorías de la Secretaría de la Función Pública y de las averiguaciones que habría de realizar la PGR. “Que la PGR cite a medio gabinete de Ulises a declarar por los asesinatos, y que perfilen a Ulises Ruiz como el autor intelectual, sujetándolo a un juicio de desafuero y a un proceso penal”, demandó uno de los líderes del FAP.

Abascal respondió que la Secretaría de la Función Pública ya estaba

investigando a Ulises Ruiz por presuntas desviaciones de fondos federales

–en particular, por los créditos otorgados por Banobras para la

reconstrucción de la infraestructura dañada por el paso de los huracanes recientes. Entonces pidió que el PRD interviniera también, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (el perredista Antonio Ortega Martínez fungía como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados). Sobre las averiguaciones penales, Abascal dijo que no había ninguna denuncia en contra del gobernador. “Presenten una denuncia penal, hasta ahora nadie la ha presentado, y nosotros le damos curso”, concluyó el titular de Gobernación.

Leonel Cota dijo que el eventual juicio político debería avanzar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y no en la legislatura estatal; explicó que los diputados locales estaban expuestos a las presiones de Ulises Ruiz. Tanto Abascal como los miembros del FAP advirtieron que el riesgo del posible juicio político era facilitar la llegada de un incondicional de José Murat. “Cuidado con eso”, sentenció el funcionario federal.

La única discusión que hubo durante este encuentro fue motivada por el respaldo de Andrés Manuel López Obrador a la APPO. Durante la cita, Abascal reclamó a los dirigentes del FAP este pronunciamiento. Acosta Naranjo, secretario general del PRD, defendió al excandidato que había ganado las elecciones presidenciales en Oaxaca, entidad en la que el FAP venció en nueve de los 11 distritos electorales. “Andrés Manuel se debe a sus electores, quienes estaban pidiendo que se pronunciara en contra de Ulises”, justificó para luego reclamar que el PAN hubiera dado al gobernador “carta blanca” en el Senado, al rechazar la desaparición de poderes.

Al término de la charla, el FAP declaró que sus interlocutores eran

Navarrete y González Garza, acordándose un nuevo acercamiento tres días después. Ya no hubo tal.

El chantaje, con el Paseo de la Reforma de fondo, seguía valiendo más en la balanza del PAN.