DENUNCIA EL EPR

EPR: Calderón reactivó el Campo Militar número Uno
verónica espinosa
* Aseguran tener pruebas de que los dos eperristas desaparecidos, están en manos de militares

Guanajuato, Gto., 18 de julio (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que el gobierno de Felipe Calderón reactivó el Campo Militar número Uno “para la tortura y encierro de presos políticos”; aseguró que cuenta con pruebas para confirmar que dos de sus compañeros detenidos-desaparecidos están “en manos de militares”; negó ser un grupo terrorista, y confirmó que tiene presencia en territorio guanajuatense.

Por medio de un comunicado, el tercero desde los ataques contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, el EPR exige nuevamente la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos el pasado 25 de mayo.

El grupo armado ratifica su responsabilidad en los ataques contra Pemex los días 5 y 10 de julio, pero aclara que no es un grupo de delincuentes, mucho menos de terroristas: “La amenaza de muerte latente contra nuestros compañeros y la ofensiva fascista de este gobierno contra el conjunto del movimiento popular, nos obligan a recurrir al legítimo derecho de la autodefensa como una forma más de lucha. Respuesta lógica ante la violencia institucional.”

Agrega que dicha violencia institucional no sólo fue característica de los gobiernos priistas, sino que estuvo presente durante el sexenio de Vicente Fox y “ahora lo hace Calderón”.

El comunicado está fechado en Guanajuato. Y en el contenido del mismo, el grupo armado rechaza las versiones oficiales sobre su inexistencia en esta región, vertidas principalmente por funcionarios estatales. Unas horas antes, los secretarios de Seguridad, Baltasar Vilches, y de Gobierno, Gerardo Mosqueda, insistieron ante la prensa que en la entidad no existe una sola célula o base del movimiento armado.

“Pensar que Guanajuato como territorio es propiedad exclusiva del Yunque y que la población, por extensión, somos súbditos de ellos, eso sí constituyen juicios y razonamientos anacrónicos, medievales, coloniales. Así como hay reaccionarios, también hay guanajuatenses con dignidad y memoria histórica de lucha”, señala en respuesta al gobierno del estado.

“Pensar que nuestra existencia es irreal en Guanajuato por ser hegemonizado (sic) por la ultraderecha, es lo mismo que negar las desigualdades sociales… Ahora resulta que son éstos los que designan dónde el pueblo debe organizarse…”

Además, considera insultante para la inteligencia del pueblo que los gobiernos de Ulises Ruiz, en Oaxaca –al que tachan de cínico--, y de Felipe Calderón, eludan su responsabilidad en la desaparición de sus compañeros.

“Aquí es donde cobra dimensión el terror del Estado al reactivar nuevamente al Campo Militar número Uno como la principal mazmorra de este gobierno para desaparecer, torturar y asesinar impunemente a los luchadores sociales. Por eso resultan hipócritas y cínicas las declaraciones del gobierno de Ulises y de Calderón que pretenden no presentarlos a pesar de las evidencias de su detención… A estas alturas, por datos recabados recientemente, tenemos la certeza que nuestros compañeros están en manos de militares y cuerpos policíacos federales, aquí es donde se deben de buscar a todos los detenidos-desaparecidos del país de este gobierno”, denuncia.

Estos presos políticos y de conciencia a que se refiere el EPR estarían recibiendo “un trato inhumano en las cárceles de exterminio, como es la del Altiplano, antes La Palma, semejante al maltrato que reciben los prisioneros de Guantánamo”.

Ni “cortinas de humo”, ni “choros mareadores”.

El grupo armado también rechazó que los ataques contra Pemex sean “cortinas de humo” para distraer la atención de las acusaciones de Zhenli Ye Gon en contra de prominentes panistas y del gobierno de Felipe Calderón, como se ha sugerido.

“Ni ‘cortinas de humo’ para tapar los cuentos chinos de corrupción panista--priista, ni ‘choros mareadores’, ni ‘discursos lastimeros de la pobreza y la lucha social’, y menos aún la duda de nuestra existencia y capacidades político-militares: somos una realidad política como también lo son las condiciones materiales injustas de nuestro pueblo…”, insiste.

También se deslinda de los dos profesores del Frente Popular Revolucionario (FPR) queretano que fueron detenidos la semana pasada, a raíz de las primeras investigaciones efectuadas por la PGR con motivo de los atentados en Guanajuato y Querétaro.

Se trata de justificar, dice el EPR, “una cacería de brujas y una persecución política, así como rasgarse las vestiduras por los atentados contra Pemex, cuya privatización se viene dando y avanza ininterrumpidamente en los hechos, con las políticas neoliberales de este gobierno y hasta con la complicidad de algunos que se dicen ser de izquierda”.

Al calificar las acciones de militarización implementadas por el gobierno de Felipe Calderón en el país como “una nueva faceta de la guerra sucia”, el EPR sostiene que tales medidas son un pretexto para “la criminalización de la lucha social” que ha derivado en la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, así como de Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en Guerrero, y Roberto Paredes Nieto, en el Estado de México, “todos luchadores sociales que hoy sin distinción de filiación política son blanco de los grupos policíaco--militares legales y clandestinos que el gobierno calderonista ha estructurado…”.

En su recuento, confirma que desde fines de mayo denunciaron la desaparición de sus compañeros y recibieron la adhesión de otras organizaciones y personalidades al reclamo de conocer su paradero. A cambio, hubo indiferencia de parte del Estado, y luego amenazas “de nuevas desapariciones y asesinatos, no sólo contra nuestros militantes activos, sino contra sus familiares y amigos cercanos”.

Al final de este pronunciamiento, el EPR advierte a Calderón, a los secretarios de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa, Francisco Galván Galván, así como al procurador Eduardo Medina Mora, que únicamente de ellos depende la presenta con vida de sus compañeros detenidos y “la evolución de los acontecimientos” en el país.
La nueva guerra sucia
josé gil olmos
México, D.F., 18 de julio (apro).- Nadie sabe de ellos no obstante que ya tienen un mes y medio desparecidos. Nadie sabe el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y ninguna autoridad se hace responsable.

La gravedad del asunto es que, con este hecho, se hace evidente el inicio de una nueva guerra sucia, pero con las mismas tácticas de entonces: persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos, una práctica ilegal que el PAN vienen a repetir como gobierno, al igual que lo hizo el PRI durante 40 años.

Felipe Calderón ha comenzado a dar muestras de ser un político intolerante, de oídos cerrados a la oposición política. Su voluntarismo es más que evidente cuando se presentan hechos como la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de la detención y tortura de dos de sus más importantes militantes.

El problema de esta actitud es lo que ha provocado; esto es, que por primera vez, quizá desde hace una década, los grupos guerrilleros se han unido para defender a sus dos compañeros y han anunciado que harán actos de hostigamiento en demanda de que sean presentados con vida.

La Brigada Mixta Guillermo Prieto; las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón; el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio; el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ya anunciaron, en comunicados, que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en demanda de la aparición con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Dichas agrupaciones ya dieron muestras de su capacidad militar. El año pasado, algunas de ellas fueron las responsables de los bombazos en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y antes en contra de las sedes de Banamex.

Por la respuesta del EPR y de las otras organizaciones guerrilleras, los dos detenidos, principalmente Alberto Cruz, son dos dirigentes históricos de importancia, por el tiempo de militancia –más de 30 años--, como por la información que pueden poseer.

La Secretaría de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos eperristas. Sólo falta que el Ejército hable y, al parecer, ellos fueron los autores de la detención y retención de los guerrilleros.

Según la información que se filtró hace dos semanas, Alberto y Edmundo fueron detenidos en Oaxaca y fueron torturados en las instalaciones de la PGR en la capital del estado. Pero de ahí habrían salido gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos y transportados a las instalaciones del Campo Militar Número Uno en la ciudad de México.

Esta información no ha sido desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace presumir que los datos proporcionados por el EPR y organizaciones civiles, no están tan alejados de la realidad.

En la década de los 70, la desaparición era práctica común que el Ejército ejecutaba en contra de los guerrilleros que detenía. Se tiene un registro no oficial de más de 500 desaparecidos en esa época, así como de mil 200 muertos.

La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedhh) presentó recientemente un informe de 26 desaparecidos en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El número no se compara pero, aunque fuera un solo caso, la práctica de la desaparición forzosa por causas políticas va en contra de todo desarrollo democrático.

Felipe Calderón está incurriendo en un grave error en el trato que les está dando a los guerrilleros. Primero los califica irresponsablemente como “terroristas” cuando es evidente que existe una diferencia enorme entre un guerrillero que usa la violencia para generar un cambio de gobierno, pero sin lastimar a la población civil, que un terrorista que precisamente busca provocar terror entre la población.

Ahora manifiesta que desconoce el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos desde el 25 de mayo pasado. Como jefe de las Fuerzas Armadas éste argumento resulta irrisorio y hasta insultante, porque toda acción que realizan los militares se le reporta y, sobre todo, cuando se tratan de hechos como la detención de dos guerrilleros importantes.

Es por eso que si alguien sabe donde están los dos guerrilleros del EPR, es el Presidente de la República. De eso no hay duda.