LA RESPUESTA, ¿GUERRILLERA? ...

Se adjudica el EPR ocho explosiones contra ductos de Pemex en dos estados
En un comunicado asegura haber realizado atentados en tres municipios de Guanajuato y uno de Querétaro
El Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) se responsabilizó ayer al mediodía de las ocho cargas explosivas detonadas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de la casa de válvulas de los ductos de la paraestatal en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro, entre 5 y 10 de julio, acciones que, informó en un comunicado, forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón.
La madrugada del pasado 5 de julio, entre la 1:15 y las 2:20 de la mañana, estallaron válvulas del gasoducto Guanajuato-Guadalajara, en Salamanca y Celaya, por lo cual debió desalojarse a 5 mil personas de 20 comunidades de Celaya, Cortazar, Salamanca, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo. Ese mismo día hubo una fuga de gas natural en Valle de Santiago, aunque sin consecuencias.
Ayer, alrededor de la una de la mañana, se registró una explosión en un gasoducto cercano a la carretera Querétaro-Coroneo, donde las llamas alcanzaron hasta 300 metros de altura. Las autoridades locales reportaron que el incidente estaba controlado, aunque varias familias salieron de sus casas y se refugiaron por unas horas lejos del lugar de la explosión.
Formado el primero de mayo de 1996, una vez que las 14 organizaciones armadas que lo integran llegaron a un acuerdo -entre ellas el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (Procup) y el Partido de los Pobres (Pdlp)-, el EPR apareció públicamente el 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero, al conmemorarse el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
Una de sus primeras acciones se llevó a cabo ese mismo día en Zumpango de Neri, municipio ubicado a ocho kilómetros de Chilpancingo, donde sus integrantes bloquearon la carretera federal. En este hecho tres policías resultaron heridos. El 16 de julio, en la comunidad de El Ahuejote, municipio de Tuxtla, atacó al Ejército Mexicano. Como resultado de ese enfrentamiento murió un civil.
Tres días después, en un comunicado, la guerrilla informó haber matado a seis soldados en una emboscada. El primero de agosto, en la comunidad El Guayabo, municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, el EPR hirió a un teniente del Ejército Mexicano. El 7 de agosto atacó un campamento militar ubicado cerca de la comunidad Los Encinos, municipio de Coyuca de Benítez, en el que resultaron muertos al menos 30 soldados. El 10 de agosto atacó un convoy militar en Zumpango de Neri, donde murieron dos soldados.
El 28 de agosto del mismo año, el EPR apareció en Oaxaca, como parte de su campaña político-militar. En esa ocasión difundió que actuaba ''por los desaparecidos políticos y en memoria de los asesinados, de los masacrados y caídos en combate en la nueva revolución popular'', y como respuesta ''a la escalada represiva y a la militarización desplegada por el gobierno antipopular'' de Ernesto Zedillo ''contra el pueblo y el movimiento armado revolucionario''.
De acuerdo con el parte militar, un destacamento del EPR tomó alrededor de las 21:15 el municipio oaxaqueño de Tlaxiaco. En los primeros minutos del siguiente día, dos destacamentos del grupo armado tomaron durante 45 minutos La Crucecita, en Santa María Huatulco, donde se enfrentaron a efectivos de la Marina, de la Policía Judicial Federal, y agentes judiciales y preventivos de Oaxaca. Murieron 11 marinos y policías, así como un civil. El grupo armado reportó dos heridos e igual número de bajas.
El 31 de agosto, durante su retirada de Santa María Huatulco, el grupo armado se enfrentó con el Ejército Mexicano en La Perdiz, San Mateo Piñas. Fallecieron dos soldados y un guerrillero.
Un año después de su aparición pública, sus integrantes habían irrumpido ya en seis estados realizando más de 200 ''acciones de propaganda revolucionaria'' y una decena de ataques. El resultado, según la dirigencia rebelde, era entonces de cien muertos -policías, soldados y marinos- y ''ninguna pérdida estratégica'' para ellos.
En abril de 1997 fueron muertos cinco policías motorizados en el paraje Ojo de Agua; la acción fue reivindicada por el EPR en una conferencia de prensa en Guerrero. Un mes después, el 5 mayo, el grupo aseguró en un comunicado dirigido al pueblo de Guerrero y dado a conocer en Tepozonalco, que ''tuvo lugar un combate de encuentro'' entre sus milicianos y unidades militares, ''con un resultado de 30 bajas para el Ejército federal''. Se afirmó que dicho combate se entabló luego de que los eperristas ''se disponían a iniciar una acción de propaganda armada consistente en un retén'' en la carretera Chilapa-Tlapa.
A continuación, el texto íntegro que distribuyó ayer el EPR:
A quien corresponda:
Por medio de la presente hacemos llegar a los medios de comunicación y a nuestro pueblo el primer comunicado de nuestro partido en el estado de Guanajuato, en donde se expone nuestra posición política sobre las explosiones en los ductos de Pemex.
De antemano agradecemos la atención prestada para con nosotros y nos despedimos cordialmente.
Al pueblo de México.
Al pueblo de Guanajuato.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos. ¡Hermanas, hermanos, camaradas!
En el norte del país la naturaleza ha sido muy benevolente con nosotros; en Cadereyta un rayo incendió un depósito de combustible propiedad de Pemex; aquí en Guanajuato los viejos ductos, su falta de mantenimiento, la ordeña múltiple de éstos y un ''pinchazo'' para extraer gas generaron una pérdida de presión en la red, lo que ocasionó varias explosiones; podría quedarse así, quedarnos callados, guardar silencio y seguir escuchando los absurdos de las autoridades, pero el pueblo merece conocer la verdad. Y esta es nuestra verdad y nuestros motivos.
En cumplimiento de la orden del comité central de nuestro partido y de la comandancia general de nuestro ejército rendimos el siguiente parte militar:
-La orden de iniciar la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ha sido puesta en marcha.
-Tres pelotones mixtos conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento Francisco Javier Mina, y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado, han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento poniendo ocho cargas explosivas en los ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de Coroneo (Querétaro), activadas simultáneamente a la una de la mañanas de los días 5 y 10 de julio.
A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca.
A nuestro comité central y a la comandancia general informamos que todas las unidades que dependen de esta jefatura siguen concentradas en su puesto de combate y están en máxima alerta dispuestas a esperar órdenes. ¡Esperamos órdenes!
¡Por la presentación inmediata de nuestros compañeros!
¡Por la presentación de todos los detenidos-desaparecidos!
¡Por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país! ¡Por nuestros camaradas proletarios!
¡Resueltos a vencer!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Con la guerra popular!
¡El EPR triunfará!
Comité estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)
Comandancia militar de zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Año 43 Estado de Guanajuato, 10 de julio de 2007.

Atentados y equívocos

Tras la difusión de un comunicado firmado por la "Comandancia Militar de zona del Ejército Popular Revolucionario" (EPR) y el "Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario" (PDRP) de Guanajuato, en el que esa organización político-militar se adjudica las explosiones registradas el 5 de julio y ayer en gasoductos y oleoductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, en lo que denomina una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", el Ejecutivo federal, por medio de sendos boletines de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación (SG), reconoció de manera implícita que las afectaciones a la infraestructura de la paraestatal tuvieron un origen intencional e informó que se había ordenado el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones estratégicas del país.
Más allá de sus efectos inmediatos, estos sabotajes violentos resultan inadmisibles por cuanto impactan de manera negativa en las condiciones de vida de los más desfavorecidos y porque abonan el terreno a las cada vez más desembozadas tendencias autoritarias y represivas presentes en el poder público; en este sentido, el accionar del EPR puede ser fácilmente capitalizable como una coartada y un pretexto para ataques adicionales a las libertades individuales, a los derechos políticos y a las garantías constitucionales, que de por sí se encuentran ya sometidas al acoso de un estilo de gobierno basado en el recurso a la fuerza del Estado.
Por lo que respecta a las reacciones oficiales a partir de los primeros ataques, el pasado 5 de julio, el balance no puede ser más desastroso. Resulta imposible de creer que la propia dirección de Pemex y los organismos de seguridad pública y de inteligencia del gobierno fueran capaces de confundir atentados perpetrados al parecer con explosivos con "bajas de presión" o "pinchazos" u "ordeñas" efectuados en las líneas como intentos de apropiación ilegal de los combustibles que corren por ellas. El empeño puesto por funcionarios de Pemex y por la coordinadora de Protección Civil de la SG, Laura Gurza, en sostener las versiones de que se había tratado de "accidentes", sólo puede explicarse por una escandalosa y angustiante incapacidad de las autoridades para detectar ataques intencionales, o bien por un inadmisible intento de simulación y ocultamiento de la verdad a la ciudadanía.
El comunicado eperrista representa, en este estricto sentido, un golpe demoledor a la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la seguridad su tema casi único, y hasta obsesivo, pero que no es capaz de distinguir entre accidentes y ataques intencionales, o bien que no está dispuesto a informar con veracidad y transparencia a la población.

La acción del EPR, réplica a otra etapa de guerra sucia
MONICA MATEOS VEGA
No debe sorprender que una fuerza como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ejerza presión política, "seguramente menos espectacular y menos efectiva que la que ejerce la elite financiera", al hacer estallar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se trata de las consecuencias del resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano, afirma el escritor Carlos Montemayor.
El especialista en movimientos guerrilleros y autor del libro Guerra en el Paraíso dice en entrevista con La Jornada que la guerra sucia viene ocurriendo desde la administración anterior y ahora se ha reavivado. "Está el caso Atenco, y los excesos en la aplicación de sentencias contra líderes de ese movimiento, así como la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. A esto le añadimos la represión y la ilegalidad ejercida desde el gobierno federal en casos como la protección a elites en Pasta de Conchos y el apoyo a las acciones ilegales en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí.
"En un país donde todos presionan (presiona Provida, los sistemas bancarios y financieros, los grandes capitales, las empresas trasnacionales, el Ejército, los gobiernos estadunidense y español, el FMI, etcétera), sería ilógico pensar que no presionaran también otras organizaciones nacionales."
Montemayor puntualiza: "no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas.
"El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.
"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés."
Explica que el comunicado donde dice el porqué de las explosiones en los ductos de Pemex "lo firman el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la comandancia militar de zona del Ejercito Popular Revolucionario; se trata de elementos o segmentos del propio EPR que han tenido presencia en comunicados anteriores y han reivindicado hechos de armas en varias regiones, generalmente en Guerrero.
"Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la guerra sucia."
La represión del Estado "se aplica en México contra activistas sociales, no contra los grandes delincuentes empresariales, financieros", considera Montemayor.
Reitera que en la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años.
"Es habitual en los gobiernos mexicanos, desde hace por lo menos 50 años, creer que los conflictos guerrilleros se resuelven con represión militar o policial, con segmentos reducidos de elites armadas.
"No se toman esas variables de inestabilidad política como señales de necesidades de cambios políticos en México. Por tanto, la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal.
"Ante este panorama, esta es la cuestión: ¿los gobiernos actuales del país (federal, estatales y municipales) están analizando y considerando los brotes de inconformidad social, desde los más pacíficos hasta los más complejos y armados, como una señal de cambios y medidas políticas? ¿O sólo desde el punto de vista de eliminación militar?
"Si el gobierno mexicano sigue en el carril de la represión militar estaremos agravando el proceso de inconformidad y deterioro social", concluye.

Gobernación, imprudente por reconocer "ataques" sin pruebas fehacientes: FAP
de la redacción
México, D.F., 10 de julio (apro).- El Frente Amplio Progresista (FAP) lamentó este día los atentados contra gasoductos de Pemex, y se deslindó de la vía violenta como método para el cambio en el país.

“El FAP lamenta profundamente los estallidos de los gasoductos en distintos puntos del país. Condena categóricamente cualquier acto de violencia como vía para el cambio de las instituciones y la satisfacción de las demandas populares”, se deslindó.

En un comunicado, el frente que aglutina a PRD, PT y Convergencia exigió al gobierno de Felipe Calderón una investigación exhaustiva y el deslinde de responsabilidades por los estallidos, así como por un presunto abandono de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Nos preocupa la precipitación imprudente de la Secretaría de Gobernación, que ha reconocido de manera oficial, y sin pruebas fehacientes, la existencia de ataques en México, en olvido de las consecuencias que ello pudiera entrañar en el ámbito internacional y en la política interna del país, reprochó.

ONG afirma que han desaparecido al menos 26 presuntos guerrilleros.

pedro matías
Oaxaca, Oax., 10 de julio (apro).- Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y en lo que va de la administración de Felipe Calderón, han desaparecido al menos 26 presuntos guerrilleros, informó hoy la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Según el dirigente de ésta organización, Adrián Ramírez López, entre ellos se encuentran los indígenas zapotecos de la región Loxicha, Marcelino y Anselmo Santiago Pacheco, quien desaparecieron en 2003 durante la administración de José Murat Casab. Los hermanos fueron vinculados en su momento con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Señaló que los casos más recientes son el de los presuntos miembros del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ambos fueron detenidos y el pasado 25 de mayo y se desconoce su paradero.

Dijo que en la misma situación se encuentra Gabino Flores Cruz, de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Adherente de “La otra Campaña” del EZLN, Flores Cruz fue reportado como desaparecido en junio pasado.

Ramírez López precisó que todos los desaparecidos fueron señalados por las autoridades como miembros de grupos subversivos. Sin embargo, aclaró que el EPR solo reconoce, como parte de su estructura, a Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El defensor de derechos humanos consideró que en México “hay un contexto grave de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que entra en una nueva fase tanto en Oaxaca como en el resto del país”.

Luego de condenar la violencia “venga de donde venga”, Ramírez López exigió a las autoridades federales la presentación con vida de todos los desaparecidos. Dijo que si éstos tienen cuentas pendientes que se les juzgue y se les castigue conforme a derecho.