LOS SOSA ¿AHORA SÍ?

Las autoridades no pudieron comprobar la alta peligrosidad de los hermanos Sosa

ALFREDO MENDEZ

Los gobiernos federal y de Oaxaca no acreditaron que los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fueran presos de "alta peligrosidad", por lo que la juez federal María de Lourdes Lozano Mendoza les concedió ayer un amparo y ordenó a diversas autoridades administrativas que después de recibir la notificación judicial trasladen a los dos procesados a un centro de reclusión de mediana seguridad ubicado en Oaxaca.
Fuentes judiciales consultadas explicaron a La Jornada que si la Procuraduría General de la República (PGR) no impugna el fallo de la juez en los próximos 10 días hábiles, entonces sí las autoridades penitenciarias federales estarían obligadas a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en el amparo.
Sin embargo, el abogado Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y defensor de los hermanos Sosa Villavicencio, aseguró en entrevista que por tratarse de un amparo "de plano", lo que jurídicamente corresponde es "que se les restituya en el goce de sus derechos humanos y procesales 24 horas después de que las autoridades responsables sean notificadas.
"Esto significa que en el transcurso de esta semana deberán ser trasladados del penal de máxima seguridad del Altiplano (ubicado en el estado de México) a un centro carcelario de Oaxaca", indicó.
Elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva detuvieron a Flavio y Horacio Sosa en la ciudad de México el pasado 5 de diciembre, un día antes de la reunión que tenían planeada con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, lo que habría significado el primer contacto entre la APPO y el gobierno de Felipe Calderón.
Ese mismo día, por la noche, los dos fueron traslados al penal del Altiplano, antes La Palma, mediante un fuerte dispositivo de seguridad que aplican las autoridades policiacas cuando se lleva a prisión a importantes capos del narcotráfico.
El argumento de la juez
Según consta en el expediente de amparo 108/2007-V, la juez Lozano Mendoza concedió el amparo a los hermanos Sosa Villavicencio porque autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de Gobernación, de la PGR y de la dirección del penal del Altiplano, así como funcionarios del gobierno de Oaxaca, "no acreditaron constitucionalmente el traslado y reclusión de los quejosos en ese Centro Federal de Readaptación Social".
El resolutivo indica que Flavio y Horacio Sosa tienen calidad jurídica de procesados en delitos del orden común, no federales; además, agrega la juez en su fallo, no existen constancias ni estudios previos de autoridades jurisdiccionales y/o administrativas que justifiquen que los quejosos tengan un perfil criminológico de "alta peligrosidad".
El día en que fueron detenidos en el Distrito Federal, la SSP federal y la PGR emitieron un comunicado conjunto para explicar que los hermanos Sosa Villavicencio fueron trasladados al penal del Altiplano y no a uno de mediana seguridad en Oaxaca porque así lo solicitó el gobierno de esa entidad -que encabeza Ulises Ruiz Ortiz-, el cual los considera presos de "alta peligrosidad".
Después de conocer que sus defendidos obtuvieron este reciente amparo, el abogado Miranda Esquivel indicó que la resolución de la juez Lozano "demuestra que el encarcelamiento (de los miembros de la APPO) en un penal de máxima seguridad, y la campaña mediática que se realizó el día de su detención, fue un castigo político y no una medida gubernamental apegada a derecho, pues se les dio trato de secuestradores o narcotraficantes".
Dijo confiar en que el gobierno calderonista opte por permitir el traslado de Flavio y Horacio Sosa a un penal oaxaqueño, para que se reabran las puertas del diálogo entre la APPO y las autoridades.

Refrendan APPO y maestros boicot a la Guelaguetza oficialpedro matías
Oaxaca, Oax., 10 de julio (apro).- El vocero del magisterio, Daniel Rosas Romero, retó hoy al gobierno de Ulises Ruiz al advertirle que ni con la presencia del Ejército ni de la policía, impedirá que los maestros de la sección 22, al lado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), boicoteen las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza.

“Ya está definida y no hay marcha atrás”, dijo al tiempo que la secretaria de Turismo, Beatriz Rodríguez Casasnovas, reiteró que la tradicional fiesta se llevará a cabo.

En tanto, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, informó que para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y de los turistas, se efectuará un operativo de seguridad durante las festividades, en el que participarán militares y efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia Federal de Investigaciones, (AFI), así como uniformados estatales.

En respuesta, el portavoz del magisterio declaró que van a impedir se militarice el estado. Nada de eso, dijo, “va a impedir el boicot a la Guelaguetza oficial”.

Dijo que la “Guelaguetza popular” arrancará el próximo 16 de julio, con un costo de un millón 300 mil pesos, cuyos recursos, aclaró, serán aportados por los propios maestros.

El responsable de la secretaría de cultura y recreación de la sección 22 del SNTE, Juan Everardo Martínez García, detalló que la Guelaguezta magisterial y popular iniciará con un convite que partirá --el próximo sábado a las tres de la tarde-- de la plazuela del Carmen Alto para recorrer los barrios y arribar finalmente al zócalo, donde se desarrollará un programa cultural.

Posteriormente, el domingo 15 saldrá una calenda del magisterio --en el mismo horario del día anterior-- del Carmen Alto, en la que se difundirá el contexto político, social y educativo de lo que sucede en cada una de las Siete Regiones de la entidad; luego realizarán un recorrido y la quema de juegos artificiales.

Y el lunes 16 de julio se desarrollará un desfile de delegaciones de las Siete Regiones, que partirá a las ocho de la mañana rumbo al Cerro del Fortín, para luego dar paso a los bailes y festejos, que incluye las “chinas oaxaqueñas”; más tarde continuarán la exhibición representantes de la región de la Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tutepec y Valles Centrales.

Finalmente, dijo que en el magisterio “no vendemos la cultura como lo hace la Guelaguetza oficial y donde sólo 40 o 50 personas, entre hoteleros y restauranteros, son los que hacen negocio”.

Por otro lado, Rosas Romero condenó la actitud de los charros de la directiva nacional del sindicato, que avalaron la perpetuidad de Elba Esther Gordillo “Velásquez” en el SNTE.

Y aclaró que le cambiaron el apellido a la maestra porque ya se convirtió en la “segunda edición” de Fidel Velásquez, con lo que prácticamente eliminó la democracia en el sindicato.

Finalmente, advirtió que “si en 1989 pudimos derrocar a Carlos Jonguitud Barrios, que se declaró vitalicio desde 1972, ahora ya estamos planteando la expulsión” de la chiapaneca.

En Oaxaca no hay eperristas presos, dicen autoridades
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Oax., 10 de julio. Ninguna corporación policiaca del gobierno de Oaxaca tiene detenidos a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Bravo), presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como asegura esta organización en sus comunicados, informó hoy Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana.
No obstante, el funcionario dijo que las policías federales y locales se declararon en alerta ante un eventual atentado, luego de que el grupo armado se adjudicó las explosiones ocurridas la semana pasada en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y este martes en Querétaro.
Con apoyo del Ejército Mexicano, agregó, se instalaron retenes en los accesos carreteros a la capital del estado, además de realizar operativos en el centro histórico, centros comerciales, mercados, terminales de autobuses, así como barrios, colonias, fraccionamientos y municipios conurbados a la ciudad, ''ante cualquier eventualidad''.
Adicionalmente, las policías y el Ejército han establecido retenes y realizan recorridos en las carreteras federales y estatales que comunican la entidad con los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Las policías oaxaqueñas tienen ''el suficiente estado de fuerza'' para hacer frente a este tipo de circunstancias. Estamos preparados'', reiteró.
Yésica Sánchez Maya, presidenta en Oaxaca de Limeddh, exigió al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para ubicar el paradero o para informar sobre el lugar donde se encuentren los eperristas, así como garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica, tanto de ellos como la de todos los miembros de sus familias.
En caso de que no haya cargos legales válidos en su contra, agregó, debe ordenarse su libertad inmediata o de lo contrario llevarlos ante un tribunal competente que sea independiente, justo e imparcial, y garantizarles sus derechos procesales.