EN LA CONMEMORACION DE DERECHOS HUMANOS.
11 dic 2007
Emite Amnistía Internacional acción urgente por "levantón" de dirigente de la COMO.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en favor de Nancy Mota Figueroa, integrante de la dirección de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) "Primero de Agosto" y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien recientemente fue "levantada" por presuntos policías locales para interrogarla sobre miembros del movimiento magisterial y popular, además de amenazarla con matarla y violarla. En su comunicación AU 327/07, la organización internacional expuso que según su propio relato, Nancy Mota, caminaba por una calle de Oaxaca cuando un vehículo todoterreno con cristales tintados y sin placas de matrícula se detuvo junto a ella. De el salieron dos hombres con el rostro cubierto que la obligaron a entrar en el vehículo y le vendaron los ojos. El trapo que utilizaron estaba impregnado de un líquido que le irritó los ojos.Expuso que de acuerdo a su testimonio, mientras el vehículo circulaba por las calles de Oaxaca, los dos hombres la interrogaron sobre otros activistas de la APPO, algunos de los cuales están detenidos. La obligaron a poner la cabeza entre las rodillas y luego le tiraron del pelo y la apuntaron con dos armas a la cabeza. Ella les oyó apretar el gatillo y decir que iban a disparar. Le dijeron que cesara en su activismo o que de lo contrario, la secuestrarían de nuevo y la violarían, señaló. Además, la golpearon en el estómago. La tuvieron retenida durante una hora, y luego la dejaron en libertad en una parcela vacía cerca del centro de la ciudad, con la advertencia de que podía volver a ser secuestrada. Según los informes, los secuestradores se descargaron además todos los números de teléfono que tenía guardados en su teléfono móvil.Ante esto, convocó a organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos a hacer llamamientos al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al procurador general de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, para expresar su preocupación por la seguridad de Mota Figueroa y pedir una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el secuestro, los malos tratos y las amenazas, y que se lleva a los responsables ante la justicia.
Acuerda APPO respaldar a presidentes por usos y costumbres en problemas
PEDRO MATIAS
La asamblea estatal de "reorganización y refuncionalización de las estructuras" de la APPO acordó respaldar los nombramientos de presidentes municipales electos democráticamente bajo el régimen de usos y costumbres, desafiando, de esta manera, los cacicazgos existentes en sus comunidades, informó el secretario de Relaciones Exteriores de la Sección 22 del SNTE, Bernabé Jiménez Ríos.Además, determinaron instalar una mesa para aportar las pruebas y evidencias necesarias de la represión sufrida en Oaxaca "para dar la lucha en contra de la impunidad por el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".En una conferencia donde estuvo casi toda la comisión ampliada de prensa y propaganda de la APPO, la cual tuvo como finalidad demostrar que la crisis interna entre grupos antagónicos ha sido superada, se hizo un llamado "a la unidad para luchar en un marco unitario y enfrentar al enemigo".De igual forma reconocieron que es necesario reorganizar en lo inmediato las diferentes estructuras de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que no han funcionado.Además, consideraron que se hace necesario programar a mediano plazo otro congreso consultivo de la APPO para revisar la estructura y la plataforma de lucha.Mientras tanto, entre los consensos a los que llegaron en la asamblea estatal celebrada el pasado sábado, ratificaron que la demanda irrenunciable es la salida de Ulises Ruiz Ortiz.De igual forma, exigieron en el castigo a los asesinos materiales e intelectuales de los caídos en la lucha y emplazaron al gobierno estatal y federal para que liberen en lo inmediato a todos los presos políticos, asimismo, como concedan la libertad absolutoria a todos los procesados.También se pronunciaron por la entrega de las escuelas tomadas a la Sección 22 del SNTE sin condiciones y el castigo a los responsables del secuestro de la consejera de la APPO, Nancy Mota Figueroa, así como poner un alto al hostigamiento y violencia en contra de las mujeres y de todos los luchadores sociales.La asamblea estatal también convocó a los presidentes municipales electos a tener un acercamiento con la Sección 22 y la APPO para fortalecer la lucha unitaria en el aspecto social.Finalmente, anunciaron que participaran en la tercera audiencia del "juicio popular nacional" que se realizará en Guadalajara, Jalisco durante el 15 y 15 de diciembre; asimismo, trabajaran sobre un encuentro en el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y en que se "operativice la entrega del fideicomiso a los familiares en la jornada de lucha del 2006".
Niegan amparo a policías represores
Octavio Vélez, corresponsal
Oaxaca, Oax., 10 de diciembre. El juzgado tercero de distrito negó el amparo y protección de la justicia federal a los cinco policías municipales y estatales que participaron en la golpiza a Emeterio Merino Cruz, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el 16 de julio pasado, en las inmediaciones del Cerro del Fortín.
El primer comandante municipal de Oaxaca, Alfredo Santos; el suboficial Alejandro Franklin y el agente Nemesio Vásquez, así como el preventivo estatal Javier Díaz y el policía auxiliar Eugenio Silva, interpusieron dicho recurso en contra del auto de formal prisión dictado el 5 de septiembre por el juez segundo de lo penal, Jesús Hermes Ángel Maldonado.
Sin embargo, el juzgado tercero de distrito en el estado desestimó las pruebas de descargo presentadas por sus abogados, y así quedó firme el auto de formal prisión por los delitos de lesiones calificadas con ventaja y abuso de autoridad.
De acuerdo con el dictamen médico, Merino Cruz, presenta parálisis de la mitad derecha del cuerpo, con pérdida de la movilidad del mismo lado (hemiplejia) y caída del párpado superior izquierdo que cubre el ojo del mismo lado, por la golpiza que recibió.
Preocupa al FNCR que ministros actúen en favor de la impunidad
Exigen que no pase lo mismo en casos Atenco y Oaxaca
Blanche Petrich
El Frente Nacional contra la Represión (FNCR), donde confluye un amplio abanico de organizaciones que van desde adherentes a la otra campaña hasta seguidores de la Convención Nacional Democrática, expresó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su preocupación por la indolencia que demostraron frente al caso de la red de protección a los pederastas que denunció Lydia Cacho, misma que considera “ominosa” en vísperas de la sesión donde abordarán los casos de los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco.
Las organizaciones del FNCR –que aglutina a docenas de grupos de derechos humanos, sindicalistas del Consejo del Diálogo Nacional y de la Comisión Nacional de Huelga, ex presos políticos y delegaciones de varios estados– desmienten también al secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien negó la existencia de “perseguidos y perseguimientos contra líderes sociales”.
María del Carmen López, maestra y líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que tiene en su contra nueve órdenes de aprehensión, y Damián Camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y adherente de la otra campaña, explicaron a este diario que en su más reciente foro deliberativo el FNCR resolvió desarrollar estrategias coordinadas para hacer visible a la población “el enorme problema del castigo a la protesta social”, que el gobierno panista niega, incluida la permanencia de cerca de 170 “presos políticos” en diversas cárceles.
Los casos de Atenco y de la APPO, que forman parte de la agenda de pendientes de la SCJN, son “dos ejemplos dolorosos y tangibles de que esta persecución sí es real”, afirmaron. La Corte deberá fallar en torno a Atenco en febrero del próximo año.
Los dos dirigentes populares señalaron que en los meses pasados entregaron a los ministros pruebas contundentes y abundantes sobre las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron el gobierno federal y las autoridades del estado de México y de Oaxaca al perseguir a dos de las formaciones opositoras más destacadas de los años recientes, el FPDT y la APPO.
“Es mucho lo que está en juego en estos dos procesos. La Corte tiene en sus manos dos casos emblemáticos de la resistencia popular y la forma en que es aplastada por las autoridades. Nos preocupa mucho que los ministros pudieran dictaminar una vez más en favor de la impunidad y en contra de nuestros pueblos”, manifestó Camacho.
En el caso de Atenco, quedan aún 27 presos políticos, tres de ellos sentenciados a 69 años de cárcel en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, y tres dirigentes –América del Valle, Adán Espinosa y Bernardino Cruz– con órdenes de aprehensión. En Oaxaca, además de los 26 asesinatos que siguen impunes, hay siete presos y toda la dirigencia de la APPO tiene diversas órdenes de aprehensión que pueden activarse en cualquier momento.
En sus sucesivas asambleas, el FNCR definió una propuesta para la articulación de “estrategias jurídicas, políticas, mediáticas y de movilización” para lograr la liberación de todos los presos políticos. También se propone la convocatoria de una “comisión amplia” que elabore una propuesta de amnistía que se presente ante el Poder Legislativo en febrero.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en favor de Nancy Mota Figueroa, integrante de la dirección de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) "Primero de Agosto" y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien recientemente fue "levantada" por presuntos policías locales para interrogarla sobre miembros del movimiento magisterial y popular, además de amenazarla con matarla y violarla. En su comunicación AU 327/07, la organización internacional expuso que según su propio relato, Nancy Mota, caminaba por una calle de Oaxaca cuando un vehículo todoterreno con cristales tintados y sin placas de matrícula se detuvo junto a ella. De el salieron dos hombres con el rostro cubierto que la obligaron a entrar en el vehículo y le vendaron los ojos. El trapo que utilizaron estaba impregnado de un líquido que le irritó los ojos.Expuso que de acuerdo a su testimonio, mientras el vehículo circulaba por las calles de Oaxaca, los dos hombres la interrogaron sobre otros activistas de la APPO, algunos de los cuales están detenidos. La obligaron a poner la cabeza entre las rodillas y luego le tiraron del pelo y la apuntaron con dos armas a la cabeza. Ella les oyó apretar el gatillo y decir que iban a disparar. Le dijeron que cesara en su activismo o que de lo contrario, la secuestrarían de nuevo y la violarían, señaló. Además, la golpearon en el estómago. La tuvieron retenida durante una hora, y luego la dejaron en libertad en una parcela vacía cerca del centro de la ciudad, con la advertencia de que podía volver a ser secuestrada. Según los informes, los secuestradores se descargaron además todos los números de teléfono que tenía guardados en su teléfono móvil.Ante esto, convocó a organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos a hacer llamamientos al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al procurador general de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, para expresar su preocupación por la seguridad de Mota Figueroa y pedir una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el secuestro, los malos tratos y las amenazas, y que se lleva a los responsables ante la justicia.
Acuerda APPO respaldar a presidentes por usos y costumbres en problemas
PEDRO MATIAS
La asamblea estatal de "reorganización y refuncionalización de las estructuras" de la APPO acordó respaldar los nombramientos de presidentes municipales electos democráticamente bajo el régimen de usos y costumbres, desafiando, de esta manera, los cacicazgos existentes en sus comunidades, informó el secretario de Relaciones Exteriores de la Sección 22 del SNTE, Bernabé Jiménez Ríos.Además, determinaron instalar una mesa para aportar las pruebas y evidencias necesarias de la represión sufrida en Oaxaca "para dar la lucha en contra de la impunidad por el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".En una conferencia donde estuvo casi toda la comisión ampliada de prensa y propaganda de la APPO, la cual tuvo como finalidad demostrar que la crisis interna entre grupos antagónicos ha sido superada, se hizo un llamado "a la unidad para luchar en un marco unitario y enfrentar al enemigo".De igual forma reconocieron que es necesario reorganizar en lo inmediato las diferentes estructuras de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que no han funcionado.Además, consideraron que se hace necesario programar a mediano plazo otro congreso consultivo de la APPO para revisar la estructura y la plataforma de lucha.Mientras tanto, entre los consensos a los que llegaron en la asamblea estatal celebrada el pasado sábado, ratificaron que la demanda irrenunciable es la salida de Ulises Ruiz Ortiz.De igual forma, exigieron en el castigo a los asesinos materiales e intelectuales de los caídos en la lucha y emplazaron al gobierno estatal y federal para que liberen en lo inmediato a todos los presos políticos, asimismo, como concedan la libertad absolutoria a todos los procesados.También se pronunciaron por la entrega de las escuelas tomadas a la Sección 22 del SNTE sin condiciones y el castigo a los responsables del secuestro de la consejera de la APPO, Nancy Mota Figueroa, así como poner un alto al hostigamiento y violencia en contra de las mujeres y de todos los luchadores sociales.La asamblea estatal también convocó a los presidentes municipales electos a tener un acercamiento con la Sección 22 y la APPO para fortalecer la lucha unitaria en el aspecto social.Finalmente, anunciaron que participaran en la tercera audiencia del "juicio popular nacional" que se realizará en Guadalajara, Jalisco durante el 15 y 15 de diciembre; asimismo, trabajaran sobre un encuentro en el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y en que se "operativice la entrega del fideicomiso a los familiares en la jornada de lucha del 2006".
Niegan amparo a policías represores
Octavio Vélez, corresponsal
Oaxaca, Oax., 10 de diciembre. El juzgado tercero de distrito negó el amparo y protección de la justicia federal a los cinco policías municipales y estatales que participaron en la golpiza a Emeterio Merino Cruz, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el 16 de julio pasado, en las inmediaciones del Cerro del Fortín.
El primer comandante municipal de Oaxaca, Alfredo Santos; el suboficial Alejandro Franklin y el agente Nemesio Vásquez, así como el preventivo estatal Javier Díaz y el policía auxiliar Eugenio Silva, interpusieron dicho recurso en contra del auto de formal prisión dictado el 5 de septiembre por el juez segundo de lo penal, Jesús Hermes Ángel Maldonado.
Sin embargo, el juzgado tercero de distrito en el estado desestimó las pruebas de descargo presentadas por sus abogados, y así quedó firme el auto de formal prisión por los delitos de lesiones calificadas con ventaja y abuso de autoridad.
De acuerdo con el dictamen médico, Merino Cruz, presenta parálisis de la mitad derecha del cuerpo, con pérdida de la movilidad del mismo lado (hemiplejia) y caída del párpado superior izquierdo que cubre el ojo del mismo lado, por la golpiza que recibió.
Preocupa al FNCR que ministros actúen en favor de la impunidad
Exigen que no pase lo mismo en casos Atenco y Oaxaca
Blanche Petrich
El Frente Nacional contra la Represión (FNCR), donde confluye un amplio abanico de organizaciones que van desde adherentes a la otra campaña hasta seguidores de la Convención Nacional Democrática, expresó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su preocupación por la indolencia que demostraron frente al caso de la red de protección a los pederastas que denunció Lydia Cacho, misma que considera “ominosa” en vísperas de la sesión donde abordarán los casos de los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco.
Las organizaciones del FNCR –que aglutina a docenas de grupos de derechos humanos, sindicalistas del Consejo del Diálogo Nacional y de la Comisión Nacional de Huelga, ex presos políticos y delegaciones de varios estados– desmienten también al secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien negó la existencia de “perseguidos y perseguimientos contra líderes sociales”.
María del Carmen López, maestra y líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que tiene en su contra nueve órdenes de aprehensión, y Damián Camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y adherente de la otra campaña, explicaron a este diario que en su más reciente foro deliberativo el FNCR resolvió desarrollar estrategias coordinadas para hacer visible a la población “el enorme problema del castigo a la protesta social”, que el gobierno panista niega, incluida la permanencia de cerca de 170 “presos políticos” en diversas cárceles.
Los casos de Atenco y de la APPO, que forman parte de la agenda de pendientes de la SCJN, son “dos ejemplos dolorosos y tangibles de que esta persecución sí es real”, afirmaron. La Corte deberá fallar en torno a Atenco en febrero del próximo año.
Los dos dirigentes populares señalaron que en los meses pasados entregaron a los ministros pruebas contundentes y abundantes sobre las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron el gobierno federal y las autoridades del estado de México y de Oaxaca al perseguir a dos de las formaciones opositoras más destacadas de los años recientes, el FPDT y la APPO.
“Es mucho lo que está en juego en estos dos procesos. La Corte tiene en sus manos dos casos emblemáticos de la resistencia popular y la forma en que es aplastada por las autoridades. Nos preocupa mucho que los ministros pudieran dictaminar una vez más en favor de la impunidad y en contra de nuestros pueblos”, manifestó Camacho.
En el caso de Atenco, quedan aún 27 presos políticos, tres de ellos sentenciados a 69 años de cárcel en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, y tres dirigentes –América del Valle, Adán Espinosa y Bernardino Cruz– con órdenes de aprehensión. En Oaxaca, además de los 26 asesinatos que siguen impunes, hay siete presos y toda la dirigencia de la APPO tiene diversas órdenes de aprehensión que pueden activarse en cualquier momento.
En sus sucesivas asambleas, el FNCR definió una propuesta para la articulación de “estrategias jurídicas, políticas, mediáticas y de movilización” para lograr la liberación de todos los presos políticos. También se propone la convocatoria de una “comisión amplia” que elabore una propuesta de amnistía que se presente ante el Poder Legislativo en febrero.
