LEGISLANDO HACIA EL AUTORITARISMO

Sorprende a la ONU fallo de la corte en el caso Lydia Cacho
De la redacción. Proceso.

México, D.F., 10 de diciembre (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la periodista Lydia Cacho dejó insatisfecho al representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Amerigo Incalcaterra.“Era un momento importante en la vida de este país para pronunciarse sobre principios fundamentales universales recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos”, dijo.Durante la presentación de un informe sobre la situación de las mujeres indígenas en México, Incalcaterra sostuvo que los ministros pudieron haber dado “un mensaje claro en materia de condenar o solicitar investigar las redes de pornografía, condenar toda forma de tortura y expresar la importancia de la libertad de expresión”. Añadió que, aunque a la Suprema Corte no le correspondía investigar a fondo el caso, siempre podía haber recomendado que se realizaran las pesquisas necesarias. El Alto Comisionado de la ONU mencionó, no obstante, que el fallo de la SCJN “no impide que otros órganos del Estado mexicano, en especial de las procuradurías de Quintana Roo, Puebla y General de la República (PGR) investiguen realmente las situaciones que se han vertido en este caso”. Apuntó que, sobre todo, hay que ahondar en la relación entre posibles redes de pornografía y de explotación sexual de menores.

Antimotines desalojan y detienen a desempleados en Tabascoarmando guzmán
* Demandaban el apoyo que ofreció el gobierno federalVillahermosa, Tab., 10 de diciembre (apro).- Policías antimotines desalojaron por la fuerza y detuvieron a media docena de desempleados, incluida una mujer y su hijo, que bloqueaban una avenida de esta capital, en demanda de los dos mil 200 pesos que ofreció el gobierno federal como apoyo a quienes perdieron sus trabajados por la reciente inundación.La detención de los desempleados inconformes se generó porque, denunciaron, desde el pasado viernes el Servicio Estatal de Empleos (SEE) los hizo formarse para entregarles fichas y así poder cobrar los dos mil 200 pesos ofrecidos por el presidente Felipe Calderón como apoyo, en tanto que sus respectivas empresas, donde laboraban, se reactivan y se ponen en marcha.Sin embargo, la dependencia los engañó y hasta hoy no había entregado ninguna ficha.El hecho de haber estado el viernes, sábado y domingo formados en la cola, mal dormidos y mal comidos, provocó la ira de los desempleados que, como medida de presión, bloquearon la avenida Colegio Militar y exigieron la presencia de Granier Melo para resolver el problema.El coordinador del SEE, César Roja Rabelo, y empleados de la dependencia, acudieron para informar a los inconformes que, por razones “técnicas”, no se les pudo atender el fin de semana y que, a partir de mañana, se entregarían las fichas, lo que provocó abucheos e insultos en su contra, optando los funcionarios por salir huyendo.Minutos después aparecieron camiones con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que, de inmediato, a empujones, rompieron el bloqueo y detuvieron a media docena de inconformes que oponían resistencia, entre ellos, una señora con su hijo de unos 12 años de edad, según los manifestantes. Al lugar también llegaron dos tanquetas del Ejército, elementos de la Marina y policías preventivos, que formaron una valla a la entrada de la Ciudad Deportiva, donde desemboca la avenida Colegio Militar, prestos para entrar en acción si fuese necesario, lo que no ocurrió. Luego, alrededor del mediodía, los trabajadores desempleados –en su mayoría de empresas que se inundaron en el Centro Histórico de Villahermosa--, aceptaron ser registrados en una lista y recoger, a partir de mañana, las fichas para el cobro de los dos mil 200 pesos. Esta es la segunda vez en 10 días que el gobierno estatal recurre a la fuerza pública para controlar la inconformidad social por la lentitud con que “bajan” los apoyos ofrecidos por el gobierno federal para resarcir, en parte, las pérdidas millonarias que sufrieron por las inundaciones más de un millón de tabasqueños. La madruga del pasado 1 de diciembre, policías federales y estatales detuvieron a siete personas cuando bloqueaban, con cientos de damnificados más, una carretera federal, en demanda de vales de 10 mil pesos para reponer enseres domésticos.Por su parte, la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Marcela González García, informó que, hasta el corte del 7 de diciembre, el gobierno estatal ha recibido donativos por 32 millones de pesos, depositados en la cuenta a cargo de la SAF.Precisó que ese monto fue aportado por ciudadanos, al cual se suma un donativo por 5.5 millones de pesos entregado por al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con lo que la suma se eleva a 37.5 millones de pesos, que se utilizarán, explicó, en acciones prioritarias que establezca el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco.


Aprueban en comisiones las reformas para combatir la delincuencia organizada
Se autoriza el allanamiento de domicilios particulares sin orden judicial

Los juicios orales son reconocidos en la iniciativa que hoy se votará en el pleno
Enrique Méndez

Las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron anoche el dictamen de reforma constitucional en materia de justicia penal, que pretende instaurar mecanismos más severos contra la delincuencia organizada, al permitir las solicitudes orales de órdenes de aprehensión y de cateo, legalizar el arraigo, el acceso a información reservada o confidencial por parte del Ministerio Público Federal, allanamientos a domicilios particulares sin orden judicial y la figura de extinción de dominio para afectar las ganancias que se obtienen de delitos como el narcotráfico y el secuestro, así como admitir como pruebas, en casos de privación ilegal de la libertad, grabaciones telefónicas de las víctimas y sus familiares.
El dictamen, que fue votado por mayoría de los diputados de ambas comisiones, también crear la figura de los jueces de control, que podrán resolver las solicitudes del Ministerio Público de órdenes de aprehensión, cateos y conocer de impugnaciones de desistimientos y suspensiones de la acción penal.
Los legisladores dictaminaron iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios, aunque acotan que no resuelven sobre la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón al Senado en marzo de este año, pero “analiza y recoge su espíritu, pues versa sobre la materia y abona a la propuesta de reforma constitucional”.
Las comisiones determinaron reconocer la figura de juicios orales, debido a que en la mayoría de los casos los procesos penales se resuelven a partir de lo que dictamina el Ministerio Público en las averiguaciones previas, que se convierten en una “especie de minijuicios”, lo que ha propiciado que se reproduzcan casi de manera íntegra los elementos probatorios, así como opacidad, “toda vez que los jueces no están presentes en la mayoría de las audiencias, pues delegan frecuentemente sus funciones en auxiliares”, y los procesados generalmente no conocen a los impartidores de justicia.
La reforma también establece en la Constitución la definición de presunción de inocencia, pues se considera que el actual sistema penal “es preponderantemente inquisitivo, pues considera al indiciado culpable hasta que se demuestre lo contrario y se le ve como un objeto de investigación, más que como sujeto de derechos”.
En este sentido, los legisladores consideraron necesario realizar un cambio en el sistema de imposición de la pena corporal y de prisión preventiva, al definir que ésta sólo procederá “cuando exista la necesidad de cautela o de protección de las víctimas; en el caso de que los indiciados hayan cometido un delito de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Al respecto, en las consideraciones del dictamen se define que la prisión preventiva suele ser usada como regla y ello ha derivado en que 82 por ciento de los procesados están por delitos patrimoniales y por montos menores a 5 mil pesos.
Entre los cambios aprobados por los legisladores se incluye una modificación a la definición de la flagrancia, para considerarla únicamente desde el momento de la comisión del delito hasta el periodo inmediato posterior en que haya persecución física del involucrado, lo cual elimina el denominada concepto de flagrancia equiparada, debido a que ha propiciado “detenciones arbitrarias por parte de la policía”.
Respecto de la reforma en materia de delincuencia organizada, se aprobó incluir en la Constitución la medida de arraigo exclusivamente para actos relacionados con el crimen organizado; también se incluyó la definición expresa de delincuencia organizada.
Asimismo se permitirá al Ministerio Público Federal, autorizado por el procurador de la República, cuando se investiguen delitos de delincuencia organizada, a acceder a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil e inclusive electoral de carácter reservada o confidencial, bastando para ello un requerimiento.
Se modifica el párrafo 10 del artículo 16 constitucional para eliminar que las órdenes de cateo sean por escrito, debido a que el denominado juez de control podrá recibirlas y otorgarlas de forma oral. La modificación incluye la autorización a la policía para que pueda allanar domicilios sin la orden judicial necesaria.
Otro de los aspectos fundamentales de la reforma suprime la definición de que los detenidos puedan ser auxiliados por una persona de su confianza, pues se busca fortalecer la figura del defensor de oficio, al incluir un servicio profesional de carrera para estos abogados, así como concederles un salario fijo y digno. El dictamen define que actualmente los funcionarios públicos y las personas de altos ingresos poseen privilegios de defensoría privada, al poder pagar sus honorarios, lo cual “deja en minusvalía” al resto de los ciudadanos. El dictamen será presentado este martes en primera lectura en el pleno y aprobado mañana, para ser turnado como minuta a la Cámara de Senadores.

Dos explosiones en termoeléctrica dejan sin luz a millones en el estado de México y DF
Javier Salinas y Raúl Llanos (Corresponsal y reportero)

Ecatepec, Mex. 11 de diciembre. Dos fuertes explosiones se registraron en la subestación termoeléctrica del Valle de México, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizada en Ecatepec, lo que ocasionó que millones de habitantes del estado de México se quedaran sin luz en gran parte de diez municipios.
El director de Gobierno municipal, Gerardo Mendoza, informó que poco antes de la medianoche del lunes 90 por ciento de los tres millones de habitantes de Ecatepec se quedaron sin energía eléctrica. Mientras tanto, en la paraestatal se negaron a proporcionar información.
De acuerdo con versiones de vecinos de colonias localizadas frente a la estación, como Ampliación Los Ángeles y La Laguna, al filo de las 23:30 horas escucharon una fuerte explosión “que iluminó el cielo y bajó la intensidad del suministro de luz; inmediatamente ocurrió otra explosión”, dejándolos totalmente a oscuras.
Relataron que en la termoeléctrica, que surte de energía a toda la zona norte del Valle de México, se observó una nube de vapor y se escuchó un ruido “similar a cuando se poncha una llanta”.
El jefe de turno de Protección Civil de Ecatepec, José Alberto Salomón Rodríguez, informó que al ser notificados de las explosiones decenas de vehículos y elementos de rescate se trasladaron a la zona; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el personal de auxilio no había podido entrar a la subestación dado que personal de la paraestatal les impidió el paso.
Desde el exterior de las instalaciones que se localizan sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, justo en los límites de Acolman y Ecatepec, sólo se observaba movilización del personal en su interior, pero ninguna conflagración; inclusive, dentro de la planta sí había luz.
Cientos de colonos y familiares de los trabajadores se encuentran apostados en el exterior de la planta en espera de mayor información sobre el hecho.
Desde que ocurrieron las explosiones, casi la totalidad del municipio de Ecatepec se quedó sin suministro de energía eléctrica. A su vez, la policía estatal reportó que también se vieron afectados los municipios de Acolman, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Coacalco, entre otros.
Las puertas principales de la estación se abrieron en dos ocasiones: una para el acceso de un vehículo y otra para que saliera un jeep del Ejército tripulado por dos elementos.
Daños en la ciudad
La ciudad de México también resultó afectada. Por lo menos cuatro delegaciones políticas del norte, centro y oriente de la capital sufrieron un apagón, que se prolongó más alla de la 1 de la mañana de este martes, tras las explosiones registradas en la termoeléctrica.
De acuerdo con reportes de las autoridades de Protección Civil y de Seguridad Pública del Distrito Federal, el impacto llegó hasta la subestación eléctrica de Nonoalco Tlatelolco, donde se reportó un estruendo a las 23:28 horas, sin que provocara llamas ni daños estructurales, aunque hubo un fuerte olor a cable quemado.
Dicha explosión ocasionó el corte de energía eléctrica en amplias zonas de las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
De igual manera, se vieron afectadas algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la zona norte.

Puntualizan diputados que el Cofipe no limita en nada la libertad de expresión
Enrique Méndez
Al aprobar el dictamen a la minuta de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados respondió a las críticas vertidas por las televisoras y el Consejo Coordinador Empresarial que en las modificaciones “no existe una sola norma, una sola disposición que pueda ser tachada de contraria a la libertad de expresión”. El pleno de la comisión cuestionó en el dictamen que existan “voces que persisten en confundir a la sociedad con falacias, que en nada corresponden al sentido y alcance de las normas constitucionales aprobadas, ni de la reglamentación que se propone del Cofipe”.
Señaló que de la revisión detallada y exhaustiva de cada uno de los artículos que integran el Cofipe, en especial de los contenidos en el libro segundo, relativo al acceso a radio y televisión, se “puede afirmar con plena certeza jurídica, con absoluta responsabilidad ante la sociedad”, que ninguno viola ninguna garantía, en especial la de libertad de expresión.
El dictamen, aprobado anoche con algunos votos en contra de PRD y PT, será presentado en la sesión de este martes, y se le dispensarán los trámites legislativos para que sea votado de inmediato, pues la comisión no efectuó ningún cambio a la minuta, aunque ello fue cuestionado por la diputada Valentina Batres y el coordinador del PT en San Lázaro, Ricardo Cantú Garza.
Batres criticó que ni siquiera su grupo parlamentario permitiera modificar lo relativo a la paridad en las candidaturas para mujeres, aun cuando existía un acuerdo previo de los partidos. “Ganó un pacto vertical de que no se le cambiara ni una coma para no alterar un acuerdo en el que no sé qué gane el PRD”, lamentó. Cantú presentó una propuesta de modificación al artículo 229, numeral 2, inciso A, fracción 1 y una adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 344, numeral 1, inciso G para prohibir a los candidatos la entrega de propaganda utilitaria que rebase el tope de un salario mínimo, así como la entrega de despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo u otros que pretendan favorecer a candidatos o partidos en la intención del voto.
“Nos retiramos porque esto es una farsa y no quisieron aceptar nuestras propuestas, principalmente ésta, debido a que los recursos de los partidos ya no se enfocarán a la propaganda, sino a la compra del voto, y éste es un aspecto del que Andrés Manuel López Obrador le pidió al Frente Amplio Progresista estar alerta”, expresó Cantú.
Ambos legisladores anunciaron que presentarán sus reservas al dictamen en la sesión ordinaria de este martes.
Por lo que hace al contenido del dictamen, los diputados ratificaron las consideraciones del Senado respecto del control del dinero en las campañas que, aseguran, se han convertido en competencias propagandísticas dominadas por patrones de comunicación que les son ajenos, y en las cuales dominan los mensajes donde los candidatos son presentados como mercancía y los ciudadanos reducidos a consumidores.
Esta tendencia, señala en las consideraciones, banaliza la política, deteriora la democracia y desalienta la participación ciudadana. Sostiene que terminar con el sistema de competencia electoral basado en el poder del dinero y en su uso para pagar costosas e inútiles campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba, el ataque al adversario, es no sólo una necesidad sino una verdadera urgencia democrática.
Se argumenta que prohibir a particulares la compra de tiempos en radio y televisión no pretende limitar o restringir la libertad de expresión. “Nadie que haga uso de su libertad de expresión con respeto a la verdad, a la objetividad, puede sostener que la prohibición a los partidos de contratar propaganda en radio y televisión es violatoria de la libertad de expresión de los ciudadanos (…) sino impedir que la mercantilización de la política prosiga bajo el ilegal e ilegítimo aliento del poder del dinero”.
Los diputados expresaron en el dictamen su firme y permanente compromiso con la libertad de expresión y con su ejercicio pleno e irrestricto por parte de los comunicadores de todos los medios de información y de los ciudadanos, pero acotaron que dicha libertad no es sinónimo de denigración o calumnia.
Precisaron que las limitaciones expresadas en el artículo 41 constitucional, respecto de no permitir la contratación de propaganda en medios electrónicos, no está dirigida a los comunicadores o periodistas, sino a los institutos políticos, para impedirles “utilizar expresiones que denigren a las instituciones o calumnien a las personas”.
Tampoco, establecieron, atenta contra los concesionarios, “a quienes no se les impone una sola obligación más que no esté contemplada ya en las leyes.