HACIA EL ESTADO FASCISTA

Critica García Ramírez la reforma porque “escindirá el sistema penal”
Víctor Ballinas
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, sostuvo ayer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que la reforma judicial, que está pendiente de aprobarse en el Congreso, “contiene elementos extraordinariamente preocupantes e inquietantes”. La reforma ha escindido o “escindirá al sistema penal mexicano”, sostuvo.
Al asistir a la presentación del libro Los derechos humanos de los reclusos en México, guía y diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, elaborado por todas las comisiones estatales de derechos humanos y editado por la CNDH, García Ramírez expresó su honda preocupación por el artículo 18 constitucional, porque las medidas especiales que no se explican ahí, “y quedarán a la legislación secundaria, o quizá a la discreción de las autoridades”.
Advirtió que no se debe entronizar en la Constitución el combate a la delincuencia organizada “y otras formas graves de delincuencia, abriendo la puerta a un tema de justicia penal que no es el humanista al que estamos acostumbrados y que puede ser enérgico, tan enérgico como sea necesario, y prever sistemas con sanciones rigurosas, pero no al amparo de fórmulas constitucionales que desatan las manos del Estado y que permiten seguir marchando por un camino oscuro que pudiera conducirnos a caminos impredecibles”.
El jurista sostuvo ante José Luis Soberanes Fernández, titular de la CNDH, que la reforma que quedó pendiente en el Congreso contiene preocupantes e inquietantes elementos: “parece que el constituyente quiere abandonar ahora el paradigma de la readaptación social, y sustituirlo con otro concepto, el de reinserción social y procuración de que no vuelva a delinquir el acusado”.
Explicó que reinserción social “denota una preocupación puramente mecánica, colocar a alguien de nueva cuenta en el seno de la sociedad; es obvio, porque en caso de pena de muerte o cadena perpetua va a ser reinsertado con el propósito de que no vuelva a delinquir, es plausible lo que persigue el constituyente, pero la reinserción para que no vuelva a delinquir es justamente lo que llamamos readaptación social”.
Insistió: “quienes nos hemos ocupado en el análisis de readaptación social sabemos que ésta no es conversión, cambio de personalidad, lavado de cerebro, sino reinserción en condiciones de no volver a delinquir, pero la expresión de readaptación social entraña un proyecto ético jurídico de detener en todo caso una garantía en torno al autoritarismo demoledor que podría devastar al ser humano en las prisiones y fuera de ellas”.
Continuó en su exposición: “ya veremos cómo se interpretan éstas en caso de que adquieran vigencia, pero a quienes nos hemos ocupado durante varios años de esta materia no dejan de preocuparnos los giros, insuficientemente trabajados y explicados, porque podrían anunciar cambios de rumbo, político, ético y jurídico del Estado mexicano”.

El EZLN anuncia repliegue ante la ola de agresiones

El Ejército y paramilitares gestan un nuevo Acteal, denuncian intelectuales
Blanche Petrich y Hermann Bellinghausen (Enviados)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de diciembre. Los participantes en el Coloquio Internacional en memoria de Andrés Aubry, entre ellos los escritores John Berger, Naomi Klein, el sacerdote belga Francois Houtart, decenas de activistas y académicos, denunciaron ayer, en un documento que suscribieron, que 56 campamentos militares, unidades de fuerza especiales y la reactivación de grupos paramilitares, como el de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), agreden y amenazan desde los meses recientes a los pueblos zapatistas. Y advirtieron: “no se puede permitir un nuevo Acteal en tierras mexicanas. No se puede orillar a los pueblos a defenderse de la violencia con la violencia”.
En respuesta a la declaración que hizo la noche del domingo el subcomandante Marcos, que alertó sobre las agresiones que están sufriendo las comunidades zapatistas y “nuestras compañeras y compañeros”, los abajofirmantes, entre quienes se encuentran además Pablo González Casanova, Sylvia Marcos, Enrique Dussel, Jorge Alonso, Carlos Rojas Aguirre y Jean Robert, exigieron al gobierno federal y al estatal “que detengan esa agresión que rompe todo respeto a los derechos humanos”.
A pocos días de que se cumpla el décimo aniversario de la masacre en los Altos de Chiapas, esta declaración señala: “Con las comunidades zapatistas, nos comprometemos a estar vigilantes del desarrollo de los acontecimientos y llamamos a todos los hombres y mujeres de buen corazón, de México y del mundo, a estar atentos de lo que aquí suceda y a manifestar abiertamente su solidaridad con estas y estos indígenas que han renovado la esperanza de que otro mundo es posible”.
Anoche, el subcomandante Marcos pronunció su última intervención del coloquio, al que tituló “Sentir el rojo; el calendario y la geografía de la guerra”. Subrayando su carácter de jefe militar del EZLN, “que es un ejército, muy otro por cierto pero es un ejército”, anunció: “Es ésta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo; me refiero al coloquio, encuentros, mesas redondas, conferencias, además de, por supuesto, entrevistas.”
Explicó por qué: “como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros, están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto. Pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional.”
También previó: “quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”.
El comunicado de los participantes al coloquio, dirigido al pueblo de México y a los pueblos del mundo, recuerda lo siguiente: “Desde el 10 de enero de 1994, el EZLN se comprometió con la sociedad civil mexicana a que, de manera unilateral, frenaría cualquier actividad bélica. A 14 años de esa decisión, el EZLN, a pesar de la presencia hostigadora del ejército federal mexicano, que tanto daño ha hecho a la vida de las comunidades indígenas chiapanecas; a pesar de la formación de grupos paramilitares; a pesar de la masacre de Acteal; a pesar de todo, ha hecho honor a su palabra. En este tiempo, poniendo en práctica el mandar obedeciendo, ha construido una de las experiencias más esperanzadoras del mundo: las juntas de buen gobierno, las cuales han logrado mejorar el nivel de vida de las bases de apoyo zapatistas y realizar el ejercicio de gobierno que ya es un faro en la lucha por la emancipación humana, su ejemplo de lucha pacífica es universal”.


Pemex buscó dar a trasnacionales proyectos de explotación petrolera
Evidencias de que en una reunión de trabajo se revisaron plazos para que esas firmas participaran además en exploración y mantenimiento
Elizabeth Velasco C.

Existen evidencias de que Pemex Exploración y Producción (PEP) efectuó en diciembre de 2006 una reunión de trabajo para revisar los plazos en que entregaría a compañías petroleras trasnacionales cinco proyectos de exploración y explotación de campos marinos y terrestres, así como el mantenimiento y la operación de los ductos.
Lo anterior se desprende de la resolución 3909/07 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), emitida por el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, y en la cual PEP admite que, efectivamente, en esa fecha se realizó la reunión denominada Áreas de oportunidades y metas 2007, en la que participaron “diversas personas”, pero alega que nada quedó por escrito.
Así se consigna en el recurso, tras el informe entregado al comisionado Guerrero: “La unidad administrativa correspondiente (la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución) indica que no existe ningún documento que se haya generado con el título que señala en su solicitud, el cual coincide con el nombre que se dio a una reunión de trabajo celebrada a fines de 2006, la cual se desarrolló bajo la mecánica de exposición verbal y limitada a cuatro minutos de participación de diversas personas (cuyos nombres y actividad se omiten), y que además no se generó tampoco versión estenográfica”.
Ante la evidencia, el comisionado ordena a PEP realizar una búsqueda “exhaustiva” en todas y cada una de sus unidades administrativas de cualquier documento que se haya generado en dicha reunión.
Y no sólo ello, también ordena a la paraestatal que entregue al solicitante cualquier información o documento relacionado con el tema en cuestión.
Por documentos –precisa el IFAI– se entienden, según la Ley Federal de Transparencia, “expedientes, notas, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, co-rrespondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o actividades de los sujetos obligados (dependencias federales) y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Incluso, los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Guerrero advierte que si de la reunión surgió “versión estenográfica”, PEP tendrá que entregar el registro correspondiente.
El comisionado del IFAI destacó que por “ser dicha mesa de trabajo parte del ejercicio de las facultades o actividades de la entidad, y al haber quedado demostrado que efectivamente se llevó a cabo (esa reunión), de acuerdo con lo que el mismo sujeto obligado (PEP) declaró tanto en su respuesta como en el escrito de alegatos que remitió a este instituto”, se “procede a revocar la respuesta” y “procede a instruir a la entidad a que realice una búsqueda exhaustiva de cualquier acta, registro, reporte y demás documentos” para su entrega y difusión.
Cabe destacar que las entidades del gobierno federal cada día recurren con mayor frecuencia al expediente de declarar “la inexistencia de la información” para evadir su difusión, como sucedió con la valoración que hizo el presidente Felipe Calderón, “sin documento alguno”, según la Presidencia, sobre la supuesta muerte “por gastritis crónica no atendida” de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario.

Este año las prisiones del país pasaron de panzazo, según reporte de la CNDH

Anuncia Soberanes que en 2008 la ONU supervisará la situación de la tortura y tratos crueles
Víctor Ballinas

En el libro Los derechos humanos de los reclusos en México, diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2007, el tercer visitador general de la CNDH, Andrés Calero Aguilar, subrayó que este año “las prisiones pasaron de panzazo al promediar 6.22 por ciento, cuando el año pasado estaban reprobadas con 5.92”.
Este diagnóstico presentado ayer por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, y el tercer visitador Calero Aguilar contiene información de 247 centros de readaptación social, 30 por ciento más que los evaluados en 2006.
Soberanes Fernández destacó que de las 28 entidades estudiadas la calificación de este año, comparada con la de 2006, mejoró en 19 casos y disminuyó en nueve. Los incrementos más relevantes de mejoría fueron para los estados de Durango, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí y el empeoramiento de las condiciones de reclusión ocurrió en Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa.
El ombudsman nacional subrayó que en 124 de los 188 centros evaluados la calificación fue mejor este año que el anterior; en dos centros se mantuvo y en 62 cárceles empeoró la situación. Entre estos últimos se encuentran los centros guerrerenses de Ayutla de los Libres, Tlapa de Comonfort, Argelia y Acapulco.
El presidente de la CNDH resaltó que las comisiones de derechos humanos de todas las entidades participaron en la elaboración de este diagnóstico; “cada comisión hizo su investigación y envió los resultados a la CNDH para que recopilara y evaluara la información”.
El diagnóstico señala que la situación jurídica de los internos en los penales del país tuvo una calificación de 5.16 por ciento; en este rubro se considera la división entre internos del fuero común y federal, con una calificación de 4.01 por ciento; separación de reclusos, en procesados y sentenciados, 5.51 por ciento; clasificación criminológica, 4.98; libertad anticipada, 6.14.
En derechos humanos que garantizan estancia digna y segura en la prisión este año el promedio nacional fue de 6.38 por ciento. Incluye atención integral, social, médica y sicológica (6.21 por ciento), condiciones materiales (6.08), higiene en los módulos (6.47), condiciones de la cocina (6.66), mantenimiento de la cocina (6.80), utensilios de cocina (6.54), condiciones del comedor (5.95), higiene del comedor (5.88), confianza de los internos para pedir audiencia a las autoridades, (6.82).
En el rubro 3, derechos humanos que garantizan la integridad física y moral de los reclusos, se tiene un promedio nacional de 5.72. Aquí se incluye el espacio para los internos, cuya calificación fue de 6.10, y ello se debe a que desde hace cinco años el sistema penitenciario mexicano presenta una sobrepoblación de casi 30 por ciento. Existen más de 200 centros penales sobrepoblados. Este fenómeno genera, se señala en el diagnóstico general, entre otros aspectos negativos extorsión, corrupción y violencia, debido a que los recursos disponibles no alcanzan para todos, no hay suficientes dormitorios, medicinas, alimentos ni opciones para trabajar y estudiar.
El hacinamiento en las cárceles no ha resultado únicamente de la sobrepoblación, sino también es producto de la inadecuada distribución de los espacios entre internos, con la existencia de los denominados privilegios. Esta situación incide en el aumento de las violaciones a los derechos humanos.
En este rubro, pero en el aspecto de segregación, el promedio nacional es 5.22; el diagnóstico precisa que los instrumentos internacionales aceptan el uso del aislamiento como práctica lícita a la que pueden recurrir las autoridades por razones disciplinarias, o por seguridad, pero precisa que no debe ser práctica habitual, ya que puede dar lugar a tratos crueles o inhumanos.
Señala el numeral 7 del diagnóstico que, de acuerdo con los principios básicos para el tratamiento de la reclusión, se debe tratar de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria. Y el punto 31 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos prohíbe como sanciones disciplinarias las penas corporales, el encierro en celda oscura, la sanción cruel, inhumana o degradante.
En cuanto a la higiene de los espacios de segregación, el promedio nacional de las cárceles fue de 5.85. Ese indicador se estableció, apunta el diagnóstico, por la importancia que tiene el mantener limpios y en condiciones adecuadas esas áreas, que regularmente tienen dimensiones reducidas en las cuales los internos permanecen periodos prolongados, que pueden ser hasta de 15 días.
En los derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, el promedio nacional fue de 6.38. En este rubro casi todas las actividades registraron un incremento en beneficio de los internos. En los derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno, el promedio nacional fue de 7.14; incluyen horario y días de visita íntima, cuya calificación fue 8.07; privacidad para dicha visita, 7.56; condiciones del área de visita, 6.67; higiene del área de visita, 7.02, entre otros.
Penales capitalinos
En la sesión de preguntas el tercer visitador dijo que en los penales del Distrito Federal los internos controlan el acceso a las celdas, “lo que no sólo es inaceptable, sino que propicia condiciones para el trato indigno y otras irregularidades. El recluso que fue encontrado muerto hace unos días se encontraba en un área que contaba con vigilancia especial, la cual no cumplía su cometido y es una desatención al reglamento”, añadió el visitador.
Soberanes anunció que el año próximo una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitará el país para supervisar la situación de la tortura, y entonces ya no será la CNDH, sino la alta comisionada de las Naciones Unidas, quien llame la atención a las autoridades por los abusos en los casos de tortura y tratos crueles.

Cada muerto en la sonda de Campeche vale $15 mil, según empresa contratista
Representantes de la firma chantajean a los deudos para que no presenten querellas
Perforadora Central sigue la misma estrategia utilizada en la mina Pasta de Conchos
Patricia Muñoz Ríos

La historia que padecieron las viudas de los obreros muertos en Pasta de Conchos parece repetirse, pero ahora con la empresa Perforadora Central, cuyos propietarios se niegan a pagar las indemnizaciones por los trabajadores fallecidos en la plataforma petrolera Usumacinta.
Los deudos anunciaron que los representantes de esta compañía sólo están dispuestos a desembolsar un pago único de 15 mil pesos por cada finado.
La Coordinadora del Comité Nacional de Estudios de la Energía, que representa a familiares de los petroleros muertos el pasado 23 de octubre en la sonda de Campeche, denunció que la empresa se niega a reconocer sus obligaciones legales y a entregar una indemnización digna.
Añadió que junto con el pago mínimo de 15 mil pesos se busca que los familiares firmen un documento, en el cual se dan por liquidados “totalmente” y renuncian a entablar cualquier querella laboral o penal contra la empresa.
La organización señaló que la postura de Perforadora Central es inaceptable, ya que los representantes legales de la misma se aprovechan de que 15 de los 23 trabajadores fallecidos estaban contratados bajo el esquema de outsourcing, es decir, que no existía una relación laboral directa y, por tanto, las liquidaciones deben ser de un monto equivalente al que recibirán los trabajadores de base de Pemex.
Protesta nacional
El representante de los deudos, Francisco Javier Carrillo Soberón, planteó lo anterior, y sostuvo que en enero próximo integrarán el movimiento nacional en defensa del petrolero, que será convocado por la Convención Nacional Democrática.
Informó que también comenzarán una “campaña nacional de denuncia” para dar a conocer a la opinión pública las irregularidades en que ha incurrido la empresa durante el proceso y las condiciones laborales en que se desempeñan los trabajadores del ramo, sobre todo los que son subcontratados (outsourcing).
“Se denunciarán las violaciones laborales que cometen las empresas contratistas del sector, así como su absoluta indiferencia a la Ley Federal del Trabajo”. El representante de los deudos añadió que Perforadora Central ha recibido múltiples denuncias por problemas de inseguridad laboral, pero hasta la fecha las autoridades no han procedido a sancionarla.
En lo que va del año, más de 50 trabajadores de empresas contratistas han fallecido en plataformas de la sonda de Campeche. Además se han presentado múltiples accidentes que generaron heridas graves y mutilaciones a los trabajadores. Carrillo Soberón sostuvo que esas anomalías se han ocultado. “Ni siquiera se da cuenta de ellas a las autoridades, ya que las empresas aprovechan la necesidad de los obreros y ofrecen dinero a quienes resultan heridos en algún siniestro para que se queden callados”.
En el Golfo de México trabajan más de 15 mil personas para empresas contratistas. Además de Perforadora Central hay empresas estadunidenses y japonesas que operan en la zona y controlan 70 por ciento de las plazas dedicadas a la explotación de pozos marítimos.