LA IGLESIA EN LA DISYUNTIVA.

Protesta, contra el arzobispo de Antequera-Oaxaca

pedro matías
Oaxaca, Oax., 17 de diciembre (apro).- Con cantos, oraciones y consignas, cerca de 80 fieles, sacerdotes, religiosas e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), protestaron contra el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por la “persecución” ejercida contra el párroco de Santiago Apoala, Leoncio Hernández Guzmán,.La inédita protesta se realizó hoy frente al arzobispado de Antequera- Oaxaca, donde los feligreses inconformes colocaron pancartas y lanzaron consignas contra el jerarca católico, quien, al término de la misa dominical de ayer, rechazó que exista una “persecución” contra el sacerdote indígena por apoyar a la APPO.El padre Leoncio Hernández dijo a Apro que renunció verbalmente ante el arzobispo porque lo reprendió “por acompañar a la gente en las megamarchas, así como por celebrar misa en los espacios públicos, traducir el Evangelio al mixteco, rescatar los ritos propios y los sitios sagrados de los pueblos, y recuperar la vestimenta indígena”.Tras la manifestación, el arzobispo sostuvo una improvisada reunión con el coordinador del Presbiterio de Oaxaca, Manuel Arias Montes, y otros ocho sacerdotes que acudieron a respaldar al padre Leoncio Hernández.La protesta, que duró dos horas, terminó cuando el coordinador del Presbiterio de Oaxaca informó que la reunión con el arzobispo se realizó con “mucho respeto” y que en ningún momento fueron regañados por solidarizarse con el sacerdote mixteco.“Afortunadamente, hubo entendimiento. Empezamos a dialogar, y hay apertura entre ambas partes (arzobispo y presbiterio) para que las pláticas continúen”, dijo el padre Manuel Arias, quien rechazó que exista un cisma al interior de la arquidiócesis de Oaxaca. Reiteró que los “sacerdotes que hemos acompañando al pueblo estamos en sintonía con el padre Leoncio”.Durante la protesta, los inconformes corearon: “Si Leoncio se va, Botello no seguirá”; “Los padres unidos, jamás serán vencidos”; “Leoncio aguanta, el pueblo se levanta”; “Queremos obispos al lado de los pobres”.Otros portaban pancartas con frases como: “En el gobierno es Ulises; en la Iglesia es Chávez Botello, exigimos justicia. Basta de represión en ambos lados”; “Si Leoncio se va, el arzobispo lo seguirá”, “Los indígenas tenemos más espiritualidad que tú”; “Ulises y Chávez Botello represor del pueblo organizado”.Además, los feligreses oraron y entonaron cantos como “Camina Dios de los pobres”; “Defensor de la verdad; “Iglesia sencilla”, “Destazado en la cruz”, y “Buenas nuevas”.Cabe recordar que, el pasado 4 de diciembre, las Comunidades Eclesiales de Base (Ceb’s) entregaron en las oficinas de la arquidiócesis de Antequera un documento donde cuestionan duramente a la iglesia como institución por la ausencia de “más obispos al lado de los pobres” y porque “cada vez más está al servicio de los poderosos y no del pueblo de Dios”.Pero, sobre todo, por las presiones ejercidas contra el coordinador diocesano de las Comunidades Eclesiales de Base, Leoncio Hernández Guzmán, quien prefirió renunciar a su ministerio sacerdotal.En el documento, de tres cuartillas, y dirigido al arzobispo José Luis Chávez Botello, los “laicos comprometidos” le pide que “ya deje de hostigar y amedrentar a nuestros sacerdotes que, en su momento, han decidido acompañar al pueblo en su lucha por lograr un mundo mejor”.Sin embargo, el arzobispo rechazó la existencia del documento y pidió a la prensa “no dar crédito a la denuncia”.Con la protesta de este lunes, quedó claro el conflicto interno que existe en la arquidiócesis, una crisis que hicieron patente 42 clérigos cuando firmaron un escrito donde exigieron al gobierno federal atender de inmediato la “ingobernabilidad que prevalece en el estado” y se pronunciaron por la “desaparición de poderes” de Ulises Ruiz Ortiz.

Los informes sobre derechos humanos y la situación en Oaxaca
ROBERTO GARRETÓN *
La Comisión Internacional de Juristas, a petición de la Obra Diacónica Alemana, encargó al abogado que suscribe un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca, con el fin de divulgar los hechos que se suceden desde mayo de 2006 en ese estado.El informe se elaboró respetando todos los estándares internacionales que la práctica ha ido imponiendo desde que en 1945 se comenzó a gestar una cultura jurídica, política y moral basada en el respeto integral de todos los derechos humanos, en una dimensión universal. El informe describe los hechos luego de haber entrevistado a todos los actores posibles, tanto del lado de las víctimas de los atropellos a sus derechos, como de las autoridades locales a las que se acusa, sea por acción, sea por omisión. Los hechos son analizados a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, declarativos o convencionales, regionales o universales, así como de los códigos y leyes nacionales o estatales y la doctrina penal generalmente aceptada. Sin perjuicio de la existencia de otras violaciones a los derechos humanos, el informe se centra especialmente en las numerosas detenciones arbitrarias que se han producido a lo largo del conflicto, y en la impunidad que impera en las 24 ejecuciones sumarias y las alegaciones de torturas que en él se consignan.El documento da cuenta de las reacciones de las autoridades oaxaqueñas ante otros informes elaborados por otras entidades de distinta naturaleza y de gran prestigio como los de la intergubernamental Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los de Amnistía Internacional y los de otros grupos interesados en la situación imperante.Lamentablemente, las autoridades de Oaxaca --como muchas otras en muchos países-- no aciertan a ver la razón profunda que motiva a extranjeros a preocuparse de lo que ocurre en otras naciones. En el informe se da cuenta de opiniones completamente fuera de lugar, como la de calificar a las ONG de asistentes de los violentistas y de faltar a la verdad; o decir que un informe de Amnistía Internacional fue redactado por los abogados de la APPO; o que las ONG se han vuelto un negocio, o que son -"salvo algunas"- carentes de moral; o que la CIDH y otras organizaciones "actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos".Otros protestan porque estos informes y estas visitas constituirían presiones sobre el Estado, las que serían, además, ilegítimas. Nada más lejano de la verdad: ni las ONG de derechos humanos son asistentes a los violentistas por el hecho de serlo; ni trabajan por negocio, ni actúan con propósitos torcidos. Simplemente ejercen la función espléndida que a todos los seres humanos encomienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos: contribuir al "ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción".Este es el mandato del universalismo: todos los individuos, todas las instituciones, todos los pueblos, todas las naciones están (estamos) obligados a esforzarse (esforzarnos) por el ideal común que la declaración plantea, no importa en qué rincón del mundo el ideal común de derechos y libertades no sea respetado.El silencio frente a los abusos denigra a quien lo practica tanto como la participación en ellos, y contra él se rebelan los defensores de los derechos humanos, ya sea solidarizándose con los afectados, ya sea informando la verdad, que, por último, es una poderosa herramienta solidaria.El silencio es también contrario a la historia de México, que en los momentos más duros vividos en América Latina y el mundo abrió sus puertas hospitalarias a refugiados de Rusia, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Chile -el país del autor del informe y de este artículo- y de muchos otros países.El informe fue presentado primero en Oaxaca, luego en el Distrito Federal y más tarde en Ginebra. En esta ciudad se tuvo una cordial audiencia con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias. Se entregó también al señor embajador de México en Ginebra, don Luis Alfonso de Alba, cuya labor como presidente del Consejo de Derechos Humanos ha sido reconocida por la comunidad de derechos humanos, quien comprendió perfectamente bien el sentido del texto -aun con algunas reservas que planteó- y anunció que lo transmitiría a las autoridades federales.La CIJ, la Obra Diacónica Alemana y el suscrito esperan que el informe, y sus conclusiones y recomendaciones sean acogidos por las autoridades de Oaxaca como una contribución para resolver los gravísimos problemas que afectan a ese estado


A la defensa de sus tierras

FRANCISCO RAMIREZ/ENVIADO

SAN MIGUEL TLANICHICO, LA TRINIDAD, ZAACHILA
Es el sentir de los integrantes del Comité de Representantes de posesionarios del ejido la Trinidad, en la comunidad de San Miguel Tlanichico: "No somos traidores y defenderemos nuestra tierra cueste lo que cueste".A pesar de la exigencia y las pretensiones del Comisariado Ejidal de la Trinidad, Oscar Cariño Castellanos, no amedrentan a los habitantes de esta agencia, los cuales no olvidan que 30 años atrás un viejo conflicto agrario causó la muerte de cinco personas.Hoy, de nueva cuenta se prende la luz de alerta; poco más de 200 hectáreas de esta comunidad son el centro de la disputa y el llamado de los posesionarios es clara: "exigimos respeto".Las voces de Alfonso Cruz y Juan Méndez Benítez, como integrantes del Comité, así como del agente municipal de San Miguel Tlanichico, se dejan escuchar como una advertencia ante el interés que existe por despojarlo de un terreno común que comparten con los habitantes del núcleo rural de La Guadalupe.En este sentido, indicaron que el gobierno del estado es quien pretende comprar el terreno ubicado al poniente de esta comunidad, y aunque desconocen cuál vaya a ser el proyecto, ellos no permitirán se les imponga como ha sucedido en otros poblados."Se ha rumorado que en este lugar lo que se pretende establecer es una planta procesadora de basura, una central de abasto o un desarrollo habitacional; pero así sea lo uno u otro, no permitiremos que nos quiten nuestra tierra y que a la larga se conviertan en foco de contaminación para nuestro pueblo".Y aunque a decir de los integrantes del comité y el agente municipal ya se ha instalado una guardia permanente en el lugar, no descartan que se hagan efectivas las amenazas que ha propalado el comisariado ejidal de La Trinidad, que con la fuerza pública de por medio entregarán el terreno al gobierno.Los entrevistaron reconocieron que por años estas tierras han estado bajo su posesión, y son utilizadas para el pastoreo, y se dieron cuenta de la pretensión porque ha ido gente extraña al lugar, así como también algunos grupos han manifestado que tienen interés en que se venda a pesar de saber que es patrimonio del pueblo.El agente municipal de San Miguel Tlanichico, Oliverio Vásquez García, refirió que semanas atrás fue citado por el Comisariado de La Trinidad, Zaachila, quien le manifestó que había recibido llamadas de la Procuraduría Agraria respecto a esos terrenos, los cuales ya habían sido vendidos y que intervendría la fuerza pública."Esto no lo permitiremos", reiteró la autoridad auxiliar a la vez que recordó que años atrás la pretensión de las autoridades de La Trinidad ya habían invadido parte de sus tierras, pero más tarde la comunidad de Tlanichico hizo valer su condición de posesionarios y retomó lo que le correspondía por derecho, luego que estas tierras fueron parte de la Hacienda que le da nombre a la agencia de policía.Aunque no mostraron la documentación correspondiente, afirmaron tener en su poder los testimonios y resoluciones agrarias en las cuales se les reconoce como los posesionarios de estas tierras."Nos quieren despojar de nuestras tierras para traer con ello la contaminación de nuestros recursos naturales", dice Juan Méndez Benítez, y da por hecho que la autoridad de La Trinidad venderá sin tomarlos en cuenta a ellos: "por ello es que amenaza con la Procuraduría y la fuerza pública".De nueva cuenta, Oliverio Vásquez reconoce que le han ofrecido dinero para que firme la documentación que avale la compra venta: "No soy traidor y estoy dispuesto a defender la posición de la comunidad".Asimismo, indicó que Conciliación Agraria ya tiene conocimiento de la situación, por lo que darán pie para que todo se haga por la legalidad y les reconozcan su derecho.Alfonso Cruz no quita el dedo del renglón y afirma: "No nos apoya en nada, ni el gobierno ni el municipio y si nos quieren despojar de nuestra tierra, la cual por muchos años ha dado de comer a la comunidad. Estamos inconformes".Y volvió a recordar que aproximadamente 35 años atrás La Trinidad y la agencia de policía de San Miguel Tlanichico tuvieron diferencias; hubo en aquel entonces cinco muertos, "cuatro fueron de La Trinidad y uno de Tlanichico", repite.Finalmente, Vásquez García considera que quizá no se llegue hasta este extremo, más aún cuando gente de la población y de La Trinidad son familia; pero de que defenderán lo que les corresponde, lo harán, asegura.


Auditar los recursos
MARIO MENDOZA *

Las dos iniciativas de ley, entregadas el pasado lunes por los Senadores Gabino Cué y Salomón Jara ante la Oficialía Mayor de la LX legislatura, vienen a ser una propuesta oportuna y valiosa para el poder legislativo estatal, para que éste a su vez obligue al poder ejecutivo a emplear los recursos aprobados por el Congreso Federal con un verdadero sentido social, pero particularmente con transparencia y con equidad en su distribución.Más allá de los colores partidistas que manifiesten sus promotores; lo cierto es que ambas iniciativas recogen lo que la ciudadanía ha venido demandando durante al menos los últimos cinco años: claridad en la aplicación de los recursos públicos, y supervisión y auditoria constante sobre los mismos. Y es que resulta paradójico que justamente cuando se está por ejercer el presupuesto más alto de toda la historia de Oaxaca (35 mil millones de pesos), se decida maniobrar para bursatilizar la deuda pública bajo el argumento infundado que ningún dinero alcanza para combatir el rezago ancestral en que vivimos...¡ni alcanzará!, como dijera don Teofilito, mientras esos recursos vayan a parar a las cuentas bancarias de tan solo unos cuantos y no para la realización de las obras que demandan las rancherías, las agencias, las colonias y los municipios del estado. Resulta que a diferencia de la percepción que sostienen los funcionarios de gobierno, quienes afirman que se necesita el doble de recursos para alcanzar el nivel de desarrollo requerido; la ciudadanía piensa que tal desarrollo se podría alcanzar muy fácilmente y sin hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, si tan solo se terminara con los actos de enriquecimiento explicable de muchos de nuestros gobernantes.Así, mientras unos -los funcionarios-- piden más recursos para poder ensartarles los dientes; la gran mayoría --la ciudadanía-pide que los recursos que entran a las arcas estatales sean auditados y supervisados por un órgano que no termine siendo juez y parte dentro de la estructura gubernamental, tal y como sucede con la actual Contraloría. Un Órgano Superior de Auditoria, tal como lo propuso Gabino Cué resulta verdaderamente urgente si es que el gobierno de Ulises Ruiz pretende -en lo posible-recuperar la confianza y la credibilidad perdida que le manifiestan sus gobernados.Mire si no es para menos. Como ya lo anoté anteriormente, para el 2008 se aprobaron más de 35 mil millones de pesos; esto representa un promedio de 95 millones de pesos de gasto por día. Por lo que haciendo cálculos; por más que se paguen sueldos, se fomente el programa de "piso firme", o el de las unidades móviles, o se remodelen jardines, o se regalen despensas; dicha cantidad resulta lo suficientemente alta como para pensar que no quede un remanente para realizar obras que en verdad generen empleo y riqueza, que es lo que le hace falta a nuestro pueblo.Ya sé, ya sé; habrá algún funcionario que pretenderá justificar que tan sólo para educación se destinan varios millones de pesos al día, y que como tales recursos no alcanzan dado el rezago educativo, de ahí los últimos lugares en matemáticas y en lectura. Ante lo cual yo le respondería ¿cuánto diario para educación?, porque mientras encontremos escuelas con instalaciones en condiciones deplorables o existan profesores que demanden un salario acorde a su responsabilidad y a su compromiso, seguiré pensando que por eso no quieren entrarle a la Reforma a la Ley de Transparencia, pues está comprobado que a río revuelto ganancia de pescadores o mejor dicho; a menor transparencia, mayores posibilidades de hacer "negocio" con los recursos del pueblo.Va le la pena buscar esas coincidencias por el bien de todos. No es posible que los intereses personales o de grupo se sigan imponiendo sobre las demandas y necesidades de las mayorías. Es tiempo de que los partidos políticos impulsen entre sus militantes y representantes populares un verdadero cambio en la forma de administrar los recursos que son del pueblo. Ya no pueden seguir siendo cómplices o encubridores de los malos manejos a cambio de recibir prebendas o canonjías mientras el grueso de al población viven en condiciones verdaderamente deplorables. Es momento de que los legisladores --me estoy refiriendo particularmente a los del PRI-- reconozcan y asuman la enorme responsabilidad que les está tocando vivir y que de una vez por todas decidan transformar por las vías legales e institucionales la realidad que lacera, duele y ofende consecuencia a su vez de la indiferencia e insensibilidad de aquéllos que teniendo la oportunidad de revertirla, optan por ser parte de ese tremendo mal que se llama corrupción.Basta con recordar que las instituciones comienzan a ser severamente cuestionadas por sus pésimos resultados; por ello, aún cuando el Congreso Estatal es mayoritariamente priísta, vale la pena que hagan el esfuerzo de analizar -cuando menos-el contenido de las iniciativas presentadas por la oposición. Tienen en sus manos la oportunidad de recuperar la credibilidad perdida hacia su investidura, pero especialmente de terminar con décadas de engaños, de simulación y de sometimiento.Si los diputados optan por levantar una gran nube de humo alrededor de dichas iniciativas tan sólo por provenir de la oposición, entonces concluiré que parte de esos 95 millones de pesos diarios disponibles para el ejecutivo, son compartidos en una relación perversa con parte de ese legislativo servil y sometido, donde el único perjudicado lo es el de por sí empobrecido y harto pueblo oaxaqueño.Oaxaca no merece continuar en los últimos lugares en cuanto a niveles de desarrollo y siempre en los primeros lugares en los indicadores de pobreza y de rezago. No es válido que ahora se busquen mecanismos de endeudamiento que privilegian la discrecionalidad de los recursos y de su destino, cuando es palpable que ese dinero no está llegando a las manos del pueblo, y más aún cuando hay excedentes provenientes de los ingresos del petróleo que nadie sabe en qué se han ocupado. Alguien está haciendo el gran negocio de su vida.