REHENES DE LA INJUSTICIA.

Nuevas irregularidades judiciales ante la posible salida de David Venegas de prisión

Sergio de Castro Sánchez
Rebelión
El pasado 2 de enero David Venegas ganaba un nuevo amparo contra el auto de formal prisión que se dictó contra él tras la reclasificación de los delitos a que fue sometido en septiembre pasado. Desde ese momento, el proceso judicial se ha visto nuevamente lleno de irregularidades que no han hecho más retrasar el procedimiento y por tanto la puesta en libertad de Venegas.
La primera irregularidad se cometió al retrasarse alrededor de una semana la notificación a Venegas del amparo que había ganado en contra de los delitos de rebelión, ataques contra las vías generales de comunicación, ataques peligrosos, delitos contra funcionarios públicos y resistencia de particulares, por los que actualmente permanece en prisión, consecuencia de la reclasificación de los delitos producto de la también irregular revisión anterior.
El plazo legal para la presentación por parte del Ministerio Público para presentar una revisión tras ser otorgado un amparo, es de diez días tras serle éste notificado, por lo que la dilación cometida con Venegas supuso dar, de manera irregular, más tiempo al Ministerio Público para presentar esa revisión, cuyo plazo finalmente acababa el pasado viernes 25 de enero.
Ese día, los familiares de Venegas pudieron comprobar que a las seis de la tarde todavía no se había presentado ninguna revisión, aunque el Ministerio Público Federal sí acabó haciéndolo a última hora, tal y como sucedió en la anterior revisión a la que fue sometido tras ganar su primer amparo federal. Sin embargo, el MP lo hizo de manera incompleta por lo que el juez encargado del caso, en lugar de considerar que el plazo había acabado, decidió conceder tres días más para que la revisión del amparo fuera presentada según marca la legalidad.
Cómo acabe este cúmulo de irregularidades, si con la libertad definitiva de David Venegas o con otra maniobra “legal” que lo mantenga privado de su libertad, es algo que sabremos en los próximos días.
Hay que recordar que desde su detención el 13 de abril de 2007, Venegas ha sido constantemente objeto de irregularidades judiciales que en algún momento han llegado a ir acompañadas de amenazas contra él y su familia.

QUE CISEN, SEDENA, SSP Y PGR COMPAREZCAN POR CASO OAXACA
Magdalena Ávila/ eoaxaca
Que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Seguridad Pública Federal (SSPF), así como la PGR, entre otras, informen de manera directa o por comparecencia de su participación en el conflicto político-social de 2006 en Oaxaca.
Así lo demandó este domingo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a través de uno de sus voceros, Florentino López Martínez, quien dijo que la intención es generar un acercamiento con los integrantes del órgano jurídico.
"Estamos haciendo uso de nuestro derecho de audiencia", dijo y refirió que el viernes pasado se entrevistaron con el ministro Genaro Góngora Pimentel, a quien le expusieron la solicitud de audiencia con sus compañeros.
Adelantó que será hasta el martes próximo cuando les resuelvan su petición.
"Se relataron los hechos de manera cronológica, se mencionaron las pruebas con que contamos y entregamos una lista con los nombres de 80 personas que pueden dar su testimonio sobre lo que sufrieron durante el movimiento", dijo.
El appista explicó que ahora falta que la SCJN les dé las fechas para entregar sus pruebas, las cuales están contenidas en videos, grabaciones, documentos oficiales, fotografías y notas periodísticas.
En conferencia de prensa realizada este domingo, miembros de la APPO informaron de la reunión que sostuvieron con el ministro Góngora Pimentel el 25 de enero pasado, luego de que presentaran un informe ante la Comisión Investigadora de Magistrados para el caso de Oaxaca.
Justicia, no impunidad
El consejero de la APPO, César Mateos Benítez, aclaró que "nos reunimos con Góngora Pimentel no para pedir impunidad como asamblea popular, sino para exigir que se haga justicia… ya que es la última llamita de esperanza que tenemos para que el pueblo de Oaxaca siga actuando dentro del marco de la Constitución".
Indicó que la APPO está abierta al diálogo con las instancias federales, y que seguirán insistiendo en una investigación estrictamente apegada a derecho como lo marca la Carta Magna, "nosotros no estamos buscando, ni estamos pidiendo impunidad como asamblea popular, lo que sí estamos pidiendo es que se aplique el estado de derecho, que se investiguen realmente los hechos ocurridos en 2006, y que se castigue a los responsables que arroje la investigación, nosotros estamos aportando las pruebas que creemos que serán suficientes para imputar a los responsables que señalamos", remarcó.
Por su parte, Florentino López Martinez, vocero del conglomerado de organizaciones, refirió que planean próximas visitas a los ministros de la SCJN, como parte de los acuerdos de la sesión de su consejo estatal realizada el pasado 9 de enero.
"No vamos a quedarnos callarnos, ni permitir que se haga una investigación parcial como en el caso de Lydia Cacho. No quitamos el dedo del renglón con ese antecedente y nos preocupa esta situación", dijo.
López Martínez agregó que insistirán en los mecanismos legales, pero también preparan una etapa de movilizaciones que se definirá en su próxima asamblea estatal extraordinaria convocada para el 1 y 2 de marzo.
También darán seguimiento a la demanda de genocidio contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz que se encuentra en la PRG y la solicitud de juicio político que se encuentra pendiente en el Congreso de la Unión.
Además, convocaron a la marcha que organiza la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas "Primero de Agosto" (Como) para el 2 de febrero próxima y cuya concentración será en el Paseo Juárez, El Llano.
"Esta es la última instancia nacional a la que acudimos y que puede resolver de manera favorable las violaciones de las que fuimos objeto; si no ocurre nada entonces recurriremos a organismos internacionales", puntualizó Florentino López.


Declaración Uvi demuestra inocencia de Flavio Sosa

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
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La declaración del coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca (Codijup), Romualdo Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, como testigo de descargo del consejero estatal de la APPO), Flavio Sosa Villavicencio, presentada ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, constituye una prueba contundente de su inocencia en los incendios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otros edificios, sucedidos el 25 de noviembre del 2006.

"En su declaración, (Uvi) dejó en claro que Flavio estuvo con él refugiado en el Centro Diocesano de Pastoral Social desde las cinco y medio de la tarde hasta el día siguiente".

"Entonces, si estuvo (Flavio) ahí no pudo andar quemando edificios", afirmó el abogado defensor, Gilberto López Jiménez, miembro de la Unión Nacional de Juristas (UNJ).

Ante una resolución del Poder Judicial Federal, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros repuso el procedimiento penal 157/2006 iniciado a Sosa Villavicencio, por los delitos de asociación delictuosa, sedición y daños por incendio, y en consecuencia, deberá dictar este día auto de formal prisión o de libertad al vencerse el término constitucional.

En su declaración, el coordinador de la Codijup expuso que el 25 de noviembre, Sosa Villavicencio "...llegó al Centro Diocesano de Pastoral, alrededor de las 5.30 p.m., me comentó que la situación se había desbordado; que trató de disuadir a los manifestantes para que no se enfrentaran con la Policía Federal Preventiva, pero que sólo recibió insultos y amenazas, me dijo que pensaba que eran infiltrados que buscaban crear un clima de provocación y confrontación. Expresó temor por su seguridad y por su integridad, y le ofrecí un espacio en mi oficina para que pudiera quedarse...permanecimos despiertos hasta aproximadamente las 2 de la mañana del día domingo 26 de Noviembre, escuchando las noticias a través de la radio y estuvimos intercambiando opiniones...hasta las 11 de la mañana del día siguiente".

El defensor jurídico expuso que el testimonio de Mayrén Peláez deja en claro la inocencia de Sosa Villavicencio y la falsedad de los agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), quienes actúan como testigo de cargo.

"Se han conducido con falsedad y con muchas contradicciones; acusan que vieron a Flavio encapuchado incendiar los edificios, pero es imposible eso porque además que era de noche, no había luz, y en esas condiciones no se podía identificar a alguien", señaló.

Además de que el centro de la ciudad estaba rodeado por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y por policías locales.

Así, destacó que las imputaciones a su defendido son inverosímiles porque Sosa Villavicencio no pudo estar en dos lugares a la vez al mismo tiempo y participar en el incendio de los edificios.

"En los amparos otorgados a otros acusados, la justicia federal ha catalogado las acusaciones como inverosímiles y no les ha acreditado ninguna probable responsabilidad.", remarcó.

En consecuencia, destacó que los delitos de sedición y asociación delictuosa no se acreditan y por tanto no se pueden imputar a Sosa Villavicencio, por no haber participado en los hechos.

Ante esto, López Jiménez dijo que el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula de Matamoros deberá dictar auto de libertad al consejero estatal de la APPO, aunque manifestó sus reservas porque "los jueces locales están actuando con consigna por ser un preso político y de conciencia".

Sin embargo, dijo que una resolución contraria a Sosa Villavicencio mostrarán una vez más la ilegalidad de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, pues han sido absueltos por desvanecimiento de datos, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache, otros miembros de la APPO, de los mismos delitos imputados.

"No es posible que a unos se les absuelva y a otros se le castigue", terminó.


Defienden a edil de la Trinidad Zaachila ante el Congreso

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
Fotos: MARIO JIMÉNEZ LEYVA
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Un centenar de habitantes de la Trinidad Zaachila se manifestó ayer en el Congreso estatal para exigir al gobierno del estado proceda con todo el rigor de la Ley en contra de los agresores del munícipe Heladio Cruz Sebastián.

Poco antes de mediodía, los inconformes arribaron a la sede del Poder Legislativo para colocar una manta en la reja de acceso, con la leyenda: Heladio Cruz Sebastián Trinidad y sus agencias están contigo.

En entrevista, el edil Cruz Sebastián denunció que las condiciones de agresión en su contra persisten por parte de los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), "lo que es sumamente grave".

-¿Ha sido amenazado?

-Si, todavía mi pueblo sigue secuestrado, sigue en poder de quienes han venido estando en la anarquía; están cortados los accesos a la comunidad y sigue imperando lo mismo.

Subrayó que a un mes de que fuera tomado el palacio municipal por parte de los priístas y unos días de que haya sido agredido brutalmente junto con su familia, "no vemos que se actúe conforme a la Ley, no vemos nada de acción de la justicia".

"Las personas que me acompañan habitan en las agencias y venimos a exigir que se abra el diálogo; nos manifestamos aquí porque desgraciadamente si no lo hacemos así no nos atienden; creo que es la única manera que tenemos los oaxaqueños para que nos hagan caso".

Cruz Sebastián manifestó que las autoridades de la Secretaría General de Gobierno en múltiples ocasiones le han comentado que ya están liberadas las órdenes de aprehensión, "pero no se ejecutan, incluso el señor Arnulfo Alejo López Serna, que me agredió, sigue trabajando como secretario del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia del Estado".

Señaló que este tipo de impunidad no es posible que se de en un Estado de Derecho, "por eso venimos de forma pacífica a exigir que se procesa conforme a la Ley".

Mientras sus compañeros exhiben pancartas con leyendas como "liberación de órdenes de aprehensión para los agresores de la Trinidad", "no a la venta de nuestras tierras," "señor procurador cumpla con su deber, exigimos justicia a la agresión sufrida hacia nuestro presidentes", "señor gobernador exigimos respeto a los derechos de nuestras agencia, cumpla con su deber", entre otras, agregó que la denuncia por la agresión que sufrió se interpuso en la procuraduría de justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, "estamos tocando puertas donde sea pero no hay ningún resultado".

"En mi carácter de presidente municipal no puedo permitir que esto continúe hasta que los priístas decidan deponer su actitud beligerante, creo que es necesario abrir el diálogo y que nos dejen trabajar".

Reiteró que el trasfondo del conflicto es la venta de terrenos que pretende realizar el Comisariado Ejidal, Oscar Cariño, "porque si fuera un problema político ya se hubiera resuelto, ya que desde que fui electo autoridad expresé mi decisión de abrir las puertas a todos los habitantes del municipio".

Quince minutos después de haber arribado al Congreso, el diputado priísta Antonio Amaro Cancino y el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, Raúl Castellanos Hernández, propusieron a los inconformes integrar una comisión para iniciar las negociaciones.



Colonos conforman Frente para exigir agua de manera oportuna

SILVIA CHAVELA RIVAS


Habitantes y vecinos de colonias, unidades habitacionales y fraccionamientos de esta ciudad conformaron un frente común para demandar a la Adosapaco un "suministro justo" del agua potable.

Asistieron representantes y presidentes de colonias como ex agencia de Santa Rosa, colonia Postal, colonia América Sur, colonia y fraccionamiento La Cascada, Fovissste, Unidad del ISSSTE y Pozas Arcas, entre otras.

Representantes y presidentes de colonias como ex agencia de Santa Rosa, colonia Postal, colonia América Sur, colonia y fraccionamiento La Cascada, Fovissste, Unidad del ISSSTE y Pozas Arcas, entre otras, demandaron que las autoridades de la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable (Adosapaco) no impongan una calendarización de distribución del líquido.

En caso de que esto tenga que ser así, que suministren el agua en los horarios y lugares establecidos en una forma justa y equitativa.

"Pero sobre todo que se respeten los días y los horarios, porque hasta la fecha no ha sido así", dijeron.

También pidieron que se legisle para que los grandes comercios paguen más por el consumo del agua, estableciendo con ello tarifas acordes con el nivel socioeconómico de las diversas colonias de Oaxaca.

Acusaron a los lava-autos de ser los comercios que más desperdician este recurso natural, por lo que debe haber sanciones.

Los inconformes también demandaron que se legisle para reglamentar la operación de las pipas, ya que actualmente las familias deben desembolsar hasta 550 pesos por una pipa de 10 mil litros, afectando con ello gravemente la economía.

Asimismo, solicitaron a las autoridades que no distribuyan agua de los mantos freáticos, sino que sea agua de manantial.

Destacaron que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Adosapaco donde se habló de la existencia de un proyecto para la dotación de agua; sin embargo, indicaron que hasta la fecha desconocen el contenido exacto de tal plan, por lo que solicitaron al titular de este organismo, Héctor González, que lo dé a conocer al pueblo de Oaxaca.

Agregaron que sean cuales sean los puntos de dicho plan, los habitantes de las colonias, unidades habitacionales y fraccionamientos demandan ser incluidos, "pues somos los principales afectados por la falta de una real política de distribución de agua acorde con las necesidades de la ciudadanía".

En la rueda de prensa estuvieron presentes Gerardo Ramírez, secretario del Comvive de ex agencia Santa Rosa, 1ª sección; Jorge Tello, colonia América Sur; Ezequiel Hernández, La Cascada; Obdulio Zafra, presidente consejo directivo del Fovissste; Reynalda Vásquez de colonia del ISSSTE y Mario Vásquez, del fraccionamiento Pozas Arcas.