OTRO ASESINATO POLÍTICO

07/04/2009


Asesinan a ex lideresa perredista en Oaxaca
Un sujeto ingresó al domicilio de Beatriz López Leyva y la tiroteó
En 2005 sufrió atentado a balazos; entonces culpó a caciques priístas.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 6 de abril. Beatriz López Leyva, ex dirigente del PRD en San Pedro Jicayán, ex asistente del senador Salomón Jara Cruz y colaboradora del también senador Gabino Cué Monteagudo en la integración de comités ciudadanos del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, fue asesinada hoy al mediodía cuando se encontraba en su domicilio particular de esa municipalidad en la región costera.
En 2005 –cuando se desempeñaba como secretaria del ayuntamiento de San Pedro Jicayán– López Leyva sufrió un atentado a balazos del que responsabilizó a los caciques priístas locales; y más recientemente denunció al alcalde Leonardo Silva Palacios por amenazarla de muerte para inhibir su participación en las protestas ante un presunto desvío de recursos en el municipio.
Según testigos, un desconocido le disparó en la cabeza tras penetrar al domicilio de la activista cuando ésta trabajaba en la sala frente a su computadora, y mientras su hija Betsy Johana Gómez López, de 13 años, descansaba en una recámara.
“El sujeto merodeó durante dos horas un negocio de juegos electrónicos de los padres de la víctima, ubicado en la misma casa, y cuando salieron rumbo a Pinotepa Nacional –el municipio más importante de la región– se metió y le disparó un balazo en la sien izquierda, por lo que la lideresa falleció de inmediato”, dijo un perredista, quien pidió anonimato .
Luego, dos menores de edad vieron al atacante, de unos 26 años, huir del domicilio pistola en mano rumbo a Pinotepa de Don Luis.
Se oponía a gasolinera
López Leyva se oponía junto con otros pobladores, la construcción de una gasolinera en terrenos ejidales de San Pedro Jicayán, autorizada por el alcalde priísta Leonardo Silva sin consentimiento popular, y programaba para el miércoles una asamblea donde los inconformes decidirían acciones para impedir la obra.
Los senadores con quienes colaboró exigieron al gobierno estatal esclarecer el atentado, encontrar y castigar al homicida.
Jara Cruz atribuyó la autoría intelectual del crimen al alcalde priísta, dada la posición política y el activismo de la víctima; mientras Cué Monteagudo solicitó a la Procuraduría General de la República atraer las investigaciones por desconfiar de la procuración de justicia local.
En 2007, Beatriz López Leyva, de 32 años, fue candidata suplente a diputada local por el distrito de Pinotepa Nacional, y se postuló un año después como aspirante a consejera estatal del PRD; pero no la satisficieron los resultados y protestó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la Comisión de Garantías de su partido.
En un crimen similar, a un mes de los comicios locales de 2004, la candidata perredista a encabezar el ayuntamiento de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas, fue asesinada por el entonces alcalde priísta Cándido Palacios Loyola, quien continúa prófugo.

Citan al abogado de la familia de Brad Will .
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de abril. La Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar al abogado Miguel Ángel de los Santos, representante legal de la familia del periodista estadunidense Brad Will –asesinado en Oaxaca en 2006–, acusado de revelar secretos contenidos en la averiguación previa relativa al caso.
De los Santos consideró que el citatorio forma parte de actos de hostigamiento y acoso, ya que él no convalidó la investigación hecha por la PGR en torno al homicidio del periodista, que cubría información relacionada con el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Precisó que la PGR lo citó para escucharlo en declaración, en cumplimiento de una petición hecha por la agencia del Ministerio Público adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales con sede en la ciudad de México, donde se inició la averiguación previa número AP/PGR/DDF/SPE-XXI/4651/08-09 por el supuesto delito de revelación de secretos –derivado de dos notas periodísticas– en agravio de Francisco Javier Rivero Sánchez, agente del Ministerio Publico encargado de integrar la averiguación previa por el homicidio de Will.
Dijo que acudió a declarar la semana pasada y asentó por escrito ante el Ministerio Público Federal con sede en San Cristóbal que los hechos (que se le imputan) son falsos con relación a mi persona, y derivan de una confusión, deficiencia en la lectura o interpretación dolosa de las notas periodísticas con que se me relaciona.

PRD exige esclarecer asesinato de lideresa en Oaxaca

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados demanda que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, investigue el asesinato de Beatriz López Leyva
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Javier González Garza (PRD), exigió que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, aclare el asesinato de la activista perredista, Beatriz López Leyva, en su domicilio de San Pedro Jicayán.
Beatriz López Leyva, de 32 años, fue una activista del movimiento de de Andrés Manuel López Obrador que colaboró con los senadores Salomón Jara y Gabino Cué, y desarrolló una intensa actividad partidaria local.
Mediante un comunicado, González Garza demandó el "castigo inmediato al o los involucrados en este crimen".
La exigencia de justicia, además del gobernador Ulises Ruiz, va dirigida al procurador, Nicolás Martínez Ramírez y al alcalde de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios.
Beatriz López Leyva murió de un tiro en la cabeza que le disparó un desconocido que entró a su casa, cuando sólo se encontraba ella y su hija, una niña de 13 años.
La perredista preparaba para el miércoles de esta semana una asamblea de vecinos para revisar las acciones a seguir ante la autorización municipal de construcción de una gasolinera en terrenos ejidales.
El diputado González Garza señaló en su comunicado que la perredista asesinada recientemente inició ante el congreso local "un procedimiento de revocación de mandato en contra del presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios".
Medios periodísticos locales señalaron que López Leyva había denunciado al alcalde Silva Palacios de haber sido amenazada de muerte, a raíz de sus señalamientos de desvío de recursos públicos en la alcaldía.

Condena El FOSBI El Asesinato De Beatriz López Leyva

07/04/09. 14:00. En voz de Armando Contreras, señalaron como responsables del asesinato al Gobernador del estado, a Jorge Franco y los caciques de San Pedro Jicayan, calificaron los hechos como un crimen de estado y como algo que debe ser leído como un mensaje para todos aquellos que están en contra del régimen priísta.

Perú: condenan a Fujimori a 25 años de cárcel por violación a los DH.
¿En Oaxaca? Nunca.
El ex mandatario fue declarado culpable por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta que dejaron 25 muertos, así como por los secuestros de un periodista y un empresario.
AFP
Lima. El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue declarado este martes culpable de violaciones de los derechos humanos, señaló el juez principal del tribunal que lo procesó, César San Martín, en el inicio de la lectura de un fallo que se anticipa extenso.
"Los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria", dijo el juez.
En ese momento se escucharon gritos de aprobación de los familiares de las víctimas que se encontraban en la sala.
La justicia peruana condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por la muerte de 25 personas durante su gobierno en los 90, en un fallo histórico que marcaría un precedente para casos de abusos a los derechos humanos en todo el muno.
En 2000 renunció a la presidencia mediante una carta enviada por fax cuando viajó a una cumbre en Brunei, en momentos en que en Perú se destapaban hechos de corrupción que involucraban a su principal asesor, Vladimiro Montesinos.
Los cargos por los que fue juzgado el ex mandatario son la de ser autor intelectual de la matanza del distrito limeño de Barrios Altos en 1991, donde murieron 15 personas, y de la matanza en la Universidad de La Cantuta en 1992, donde resultaron muertos nueve estudiantes y un profesor.
Igualmente Fujimori fue procesado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, corresponsal por entonces del diario español El País, y del empresario Samuel Dyer, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.
De antemano el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, señaló que en caso de que su cliente fuera condenado, apelaría la decisión.
Si se apela el fallo, será un tribunal de cinco jueces de la Corte Suprema los encargados de ver el caso, que debería ser resuelto a más tardar en los próximos cuatro meses.
La sede del tribunal, instalado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía al este de Lima, es objeto de fuertes medidas de seguridad, mientras decenas de fujimoristas en sus cercanías gritan consignas de apoyo al ex presidente.
También llegó hasta esta sede una marcha de familiares de las víctimas de las dos matanzas.
Unos 10 mil policías fueron puestos en estado de alerta desde este lunes hasta el miércoles ante posibles desórdenes de partidarios o adversarios del ex mandatario, informó el general de la policía Carlos León Romero.
El lunes, el presidente Alan García había pedido a los peruanos respetar la decisión del tribunal.
Antes de conocerse la sentencia, la congresista Keiko Fujimori, hija del imputado, señaló que una condena "demostraría lamentablemente que la promesa de justicia fue una mentira y que vez de un juicio jurídico a mi padre se le sometió a un juicio político y mediático".
“Este juicio ha sido impulsado por los perdedores de quienes fueron derrotados por las políticas exitosas de nuestro gobierno", agregó.
El ex mandatario señaló en todo momento durante el juicio que no había una política de "guerra sucia" durante su gobierno, que fue el argumento de la Fiscalía, finalmente acogido por el tribunal.
Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas, en cambio, insistieron por años en que el Estado a cargo de Fujimori violó las garantías ciudadanas en su propósito de combatir a los grupos rebeldes.
Fujimori tiene pendientes cuatro acusaciones más por corrupción, pero este caso de derechos humanos es el más importante pues desnuda una época de Perú marcada por la violencia de las guerrillas Sendero Luminoso y MRTA y una respuesta del Estado que supuso violaciones de los DH.