EN EL PAIS DE LA IMPUNIDAD
25 ene 2010
La oscura fortuna del general
Ricardo Ravelo
MEXICO, D.F., 23 de enero (Proceso).- Un sexenio le bastó al general de división Nicéforo Luz Torres Fernández para acumular 2 mil millones de pesos, que heredó a sus tres hijas al morir. Hasta hoy se desconoce cómo obtuvo esa fortuna, pues en 1983, cuando se retiró del Ejército, su sueldo como era de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. A esa incógnita se suma el pleito entre las herederas del militar con Raúl Gálvez Alcántar, a quien, mediante documentación apócrifa, pretenden desconocer como albacea. El litigio envuelve también a las autoridades de la PGJDF.
En sólo seis años, cuando se desempeñó como intendente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio Miguel de la Madrid Hurtado, el general de división Nicéforo Luz Torres Fernández amasó una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos, entre propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.
Hoy, sus herederas se encuentran inmersas en un litigio legal con Raúl Gálvez Alcantar, sobrino político y albacea del militar, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.
Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.
De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.
Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –el 2% de los bienes y el 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.
El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.
En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. De haber ahorrado su sueldo íntegro hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.
Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.
Ricardo Ravelo
MEXICO, D.F., 23 de enero (Proceso).- Un sexenio le bastó al general de división Nicéforo Luz Torres Fernández para acumular 2 mil millones de pesos, que heredó a sus tres hijas al morir. Hasta hoy se desconoce cómo obtuvo esa fortuna, pues en 1983, cuando se retiró del Ejército, su sueldo como era de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. A esa incógnita se suma el pleito entre las herederas del militar con Raúl Gálvez Alcántar, a quien, mediante documentación apócrifa, pretenden desconocer como albacea. El litigio envuelve también a las autoridades de la PGJDF.
En sólo seis años, cuando se desempeñó como intendente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio Miguel de la Madrid Hurtado, el general de división Nicéforo Luz Torres Fernández amasó una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos, entre propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.
Hoy, sus herederas se encuentran inmersas en un litigio legal con Raúl Gálvez Alcantar, sobrino político y albacea del militar, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.
Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.
De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.
Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –el 2% de los bienes y el 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.
El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.
En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. De haber ahorrado su sueldo íntegro hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.
Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.
¿Quiénes son los verdaderos pecadores?
Denise Dresser
MÉXICO, D.F., 18 de enero.- Para: Cardenal Norberto Rivera; Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis; Esteban Arce, César Nava, Mariana Gómez del Campo, los arzobispos y ministros griegos y evangélicos, y muchos mexicanos más.
Asunto: Preguntas sobre su oposición al matrimonio homosexual y la postura que han asumido ante su legalización.
-El cardenal Norberto Rivera ha dicho: “México es un país que ama a la familia; es su célula fundamental y el centro de cohesión social. Es por ello que vemos con profunda preocupación cómo se ataca el matrimonio, cómo se burlan los valores cristianos”. Sorprende su posición por la contradicción inherente que entraña. ¿Qué no al aspirar al matrimonio las parejas gay están promoviendo los valores que usted celebra? Si el matrimonio es tan preciado –ya que crea un vínculo estable entre individuos que forman un hogar y una asociación económica y social–, ¿no debería usted aplaudir a quienes quieren formar parte de esta institución social vital? ¿Qué no al buscar el matrimonio las parejas gay están contribuyendo a fortalecer esa célula que usted valora? Entonces, ¿no debería ello ser motivo de celebración en vez de causa para la condena?
-El cardenal también ha argumentado que “la ley suprema perenne es la de Dios; toda ley que se le contraponga será inmoral y perversa”. ¿Pero no recuerda usted que la Constitución es la ley suprema en el Estado laico mexicano, que asienta el respeto a las opiniones de todas las creencias religiosas pero prohíbe la imposición que usted sugiere?
-César Nava ha dicho que buscará echar abajo la aprobación de los matrimonios gay con argumentos “estrictamente jurídicos”. ¿Pero qué no la ley a la que piensa apelar debe ofrecer protección y equidad tanto a hombres como a mujeres, al margen de su orientación sexual? ¿Qué no la igualdad ante la ley debe extenderse a las personas de todas las razas, religiones, lugares de origen y también preferencia sexual? ¿Puede ofrecer usted una sola razón para continuar discriminando contra miembros decentes y trabajadores de la sociedad, apelando a un argumento jurídico? Al negar el matrimonio entre homosexuales, ¿no está usted negando también el reconocimiento a la igualdad en nuestra sociedad –algo injusto e inconstitucional?
-Gran parte de los argumentos en contra del matrimonio gay están enraizados en que la tradición ha contemplado el matrimonio como una relación exclusiva entre hombres y mujeres. ¿Pero acaso los derechos y libertades que el matrimonio abarca están confinados exclusivamente a heterosexuales? El hecho de que las cosas siempre han sido de cierta manera, ¿implica que deben permanecer así? ¿Cómo explicarían ustedes el rechazo a tradiciones como la esclavitud, la segregación racial, la negación del voto a las mujeres? ¿Qué no el rompimiento con la tradición en esos casos ha sido señal de evolución y reconocimiento de la universalidad de los derechos?
-Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN en el DF, ha manifestado su oposición a los matrimonios gay porque “lo natural es una relación entre hombre y mujer”. ¿Acaso esa afirmación no ignora que la ciencia nos ha enseñado que muchas veces ser homosexual no es algo que se elige? ¿No ha leído y estudiado lo suficiente como para saber que la preferencia sexual puede ser tan inmutable como ser zurdo? ¿Y qué no sabe –además– que la Constitución prohíbe imponer nuestros prejuicios sobre otras personas? ¿Acaso olvida que el Estado laico existe precisamente para promover la libertad y asegurar las garantías civiles?
-Los panistas han argumentado que los matrimonios gay equivalen a un atropello a los derechos de los niños. Esa posición parte de la premisa de que los padres homosexuales serán un peligro para los niños que adopten o conciban. ¿No están al tanto de la amplia literatura académica que contradice los estereotipos comunes y descalificadores sobre los padres homosexuales? ¿Sabían ustedes que las parejas de homosexuales son tan felices o infelices como las parejas de heterosexuales? ¿Sabían que su capacidad de ser padres no es diferente a la de matrimonios heterosexuales? ¿Sabían que –según los estudios– los hijos de parejas homosexuales no tienen ni más ni menos posibilidades de ser homosexuales cuando crezcan? ¿Sabían que los hijos de parejas gay crecen de la misma manera, hacen actividades similares, practican los mismos deportes, ven los mismos videos que los hijos de parejas heterosexuales?
- Como ha argumentado el jurista conservador Theodore Olson, independientemente de lo que ustedes piensen sobre la homosexualidad, es un hecho que los gays y las lesbianas son miembros de nuestra sociedad. Forman parte de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo. Son nuestros doctores, nuestros maestros, nuestros colegas, nuestros amigos. Anhelan la aceptación, aspiran a relaciones estables, desean contribuir a la sociedad, como tantos mexicanos más. Al negarles el derecho al matrimonio, ¿no están ustedes contradiciendo los valores que tanto dicen fomentar: familias fuertes, relaciones perdurables, comunidades pobladas por personas con lazos legales y reconocidos? ¿Qué no la discriminación y el trato desigual corren en sentido contrario a todo aquello que la Iglesia y el conservadurismo promueven?
-Ustedes dicen estar en favor de la familia, en favor de la tolerancia, en favor del amor. Pero al disuadir a los homosexuales de formar relaciones –como el matrimonio– que ustedes alientan en otros, ¿no les están diciendo que son personas menos valiosas, menos legítimas, menos iguales, menos apreciadas, menos queridas? Al negarles el derecho a relaciones equitativas, ¿no los están degradando como individuos? Al referirse a sus relaciones como una “aberración” y como una “perversión”, ¿no están contribuyendo ustedes al prejuicio, a la intolerancia y a la discriminación? ¿Y qué ello no contradice el espíritu fundacional del cristianismo? ¿Y qué no todo ser humano tiene derecho a la igualdad y a la dignidad?
En los penales, la muerte tiene permiso
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 24 de enero.- El miércoles pasado fueron asesinados 24 reos en el penal principal de Durango. Me cuesta trabajo llamar a un establecimiento de esa naturaleza “Centro de Readaptación Social”, como es su nombre formal, porque en esos lugares todo está organizado para que nadie se readapte. Se trata quizá de la mayor matanza de reclusos en lo que es aparentemente una riña pero que muy probablemente fueron ejecuciones. En esa cárcel murieron 17 presos más en no remotos acontecimientos violentos, uno en noviembre de 2008 y los restantes en episodios ocurridos en marzo y mayo pasados. En la otra penitenciaría grande de Durango, la de Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera, perecieron con violencia 27 internos, sólo en 2009.
Presumiblemente, este 20 de enero las muertes resultaron de una reyerta entre bandas rivales, o de la aplicación de castigos decididos por la comunidad de internos. Pero el propio comandante de la X Zona Militar, general Moisés García Melo, cuyos efectivos llegaron al reclusorio a sofocar la violencia, sugirió que las víctimas podrían haberlo sido por encargo. Una tercera parte de los muertos eran recién llegados a la prisión, y se hallaban todavía en un área de alojamiento provisional, hasta donde llegaron los atacantes que los privaron de la vida.
Buscando a mano en mi colección de Proceso –porque mi premodernidad me inclina a la revisión física de los ejemplares, más que a la consulta a través de internet–, localizo la edición que me parecía recordar. Es el número 1691, correspondiente al 29 de marzo del año pasado. En la portada aparecen manchas de sangre, los restos de una cruenta batalla, definidos con estos titulares: “Penal de Ciudad Juárez (4-03-09) / Crónica de una matanza a sangre fría”. En esa fecha, el 4 de marzo pasado, 21 reos perdieron la vida, también bajo la apariencia de una gresca. Pero como averiguó la reportera de nuestra revista, Patricia Dávila, “el ataque no fue al azar: los nombres de aquellos que debían morir esa mañana estaban anotados en una lista”.
Como los reos muertos en Juárez, los de Durango pudieron ser ejecutados. En las cárceles mexicanas está vigente la pena de muerte, prohibida por la Constitución y sólo añorada por mentalidades autoritarias, cuyo morbo es explotado oportunistamente por el Partido Verde. A los mil factores que han hecho un desastre del sistema penitenciario nacional hay que agregar la existencia de un “orden” interno sustentado en un código que incluye expresamente la supresión de la vida, o que la admite por encomienda venida de fuera.
El hacinamiento es el padre de todos los vicios en las prisiones. En la de Durango donde esta vez corrió sangre deberían estar alojados mil 854 presos y alberga a 2 mil 183. La diferencia resulta de la irresponsabilidad del gobierno federal. Al fuero que le corresponde administrar pertenecen 808 reos. O sea que si no hubiera en ese establecimiento estatal otros prisioneros que los correspondientes al fuero común, no habría sobrepoblación. El excedente está compuesto por los presos federales, a los que el gobierno respectivo debería tener en sus propias prisiones, llamadas también “de Readaptación Social”. La Secretaría de Seguridad Pública, sagaz y criminalmente, prefiere tener espacios sin ocupar en sus establecimientos –todos ellos están subpoblados para mejor regirlos– y pagar a los gobiernos de las entidades para que retengan entre sus rejas a los reos federales.
El sistema carcelario, practicado en el siglo XXI con apenas algunas diferencias al vigente centurias atrás, está minado por varias anomalías. En general, salvo excepciones, se recluye en un mismo establecimiento a los procesados y a los sentenciados. La mezcla de ambas condiciones jurídicas es grave, porque los procesados pueden ser inocentes que paguen injustamente prisión preventiva mientras un juez dicta sentencia y ésta adquiere la firmeza de la cosa juzgada. La contaminación entre personas apresadas sin causa –pero por dolo o error– con delincuentes avezados se produce también cuando conviven en las mismas crujías los primodelincuentes y los reos reincidentes y consuetudinarios. En esos casos se cumple el añejo pero exacto lugar común que tiene a las cárceles como universidades del delito.
Ninguno de esos modos de convivencia debería ocurrir, porque lo prohíben expresamente la Constitución y las leyes penitenciarias. Pero ocurre que esa formación no es el único orden vigente en las prisiones. La investigadora Herlinda Enríquez Rubio Hernández ha encontrado la existencia de tres clases de normatividad. Aquella, la primera, la formal, es prácticamente letra muerta. Tienen eficacia, en cambio, otros “órdenes jurídicos”: el que legislan y aplican las autoridades carcelarias, incluidos los custodios; y el que ponen en práctica los reclusos mismos. Por eso tituló el libro resultante de su indagación El pluralismo jurídico intracarcelario.
“La coexistencia de los referidos sistemas normativos –dice la autora–resulta extraña, inverosímil y hasta contradictoria, puesto que el sistema normativo oficial sólo se puede observar en el papel; aquel que es ejercido por el personal, y en especial por el que se encarga de la seguridad y la custodia, sólo atiende a sus intereses y pretende solamente de manera declarada poner en práctica la ley vigente, pero el resultado es algo ajeno a ella. Por su parte, el sistema instituido por los internos, mismo que se encuentra totalmente al margen de la ley, es el que rige las vidas y marca las reglas del juego por y para ellos mismos.”
En los dos mecanismos normativos ilegales pero eficaces hay lugar para la muerte. El del personal, incluidos los custodios, “es profundamente punitivo, toda vez que el incumplimiento de una norma oficial o extraoficial, trátese de retraso, olvido o negativa, se castiga invariablemente, con posibilidades francamente escasas de eludirlo”. En ese orden “no hay inhibiciones, ni siquiera contra las formas más graves de la destructividad”.
Además de las ejecuciones mercenarias, las que se realizan por encargo, ya sea de internos u ordenado desde fuera, la investigadora Enríquez Rubio encuentra que el ajusticiamiento puede ser “motivado por la presencia de un recién llegado, o por el ingreso de alguien que cometió en el exterior un delito de tal naturaleza que provoca consternación en el grupo (…) El primer paso para ajusticiar a un interno consiste en promover por parte del ofendido o de quienes lo representen el proceso para castigar algunas de las conductas motivadoras (…) Posteriormente se lleva a cabo el juicio, ya sea en presencia del imputado o sin él, se analiza el caso, se observan las pruebas y se determinan las acciones que deben ejecutarse. Se procederá de inmediato si se encuentra presente el ajusticiado; en caso contrario se traza un plan de acción que permita consumar la ejecución del castigo”.
En los penales, la muerte tiene permiso.
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 24 de enero.- El miércoles pasado fueron asesinados 24 reos en el penal principal de Durango. Me cuesta trabajo llamar a un establecimiento de esa naturaleza “Centro de Readaptación Social”, como es su nombre formal, porque en esos lugares todo está organizado para que nadie se readapte. Se trata quizá de la mayor matanza de reclusos en lo que es aparentemente una riña pero que muy probablemente fueron ejecuciones. En esa cárcel murieron 17 presos más en no remotos acontecimientos violentos, uno en noviembre de 2008 y los restantes en episodios ocurridos en marzo y mayo pasados. En la otra penitenciaría grande de Durango, la de Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera, perecieron con violencia 27 internos, sólo en 2009.
Presumiblemente, este 20 de enero las muertes resultaron de una reyerta entre bandas rivales, o de la aplicación de castigos decididos por la comunidad de internos. Pero el propio comandante de la X Zona Militar, general Moisés García Melo, cuyos efectivos llegaron al reclusorio a sofocar la violencia, sugirió que las víctimas podrían haberlo sido por encargo. Una tercera parte de los muertos eran recién llegados a la prisión, y se hallaban todavía en un área de alojamiento provisional, hasta donde llegaron los atacantes que los privaron de la vida.
Buscando a mano en mi colección de Proceso –porque mi premodernidad me inclina a la revisión física de los ejemplares, más que a la consulta a través de internet–, localizo la edición que me parecía recordar. Es el número 1691, correspondiente al 29 de marzo del año pasado. En la portada aparecen manchas de sangre, los restos de una cruenta batalla, definidos con estos titulares: “Penal de Ciudad Juárez (4-03-09) / Crónica de una matanza a sangre fría”. En esa fecha, el 4 de marzo pasado, 21 reos perdieron la vida, también bajo la apariencia de una gresca. Pero como averiguó la reportera de nuestra revista, Patricia Dávila, “el ataque no fue al azar: los nombres de aquellos que debían morir esa mañana estaban anotados en una lista”.
Como los reos muertos en Juárez, los de Durango pudieron ser ejecutados. En las cárceles mexicanas está vigente la pena de muerte, prohibida por la Constitución y sólo añorada por mentalidades autoritarias, cuyo morbo es explotado oportunistamente por el Partido Verde. A los mil factores que han hecho un desastre del sistema penitenciario nacional hay que agregar la existencia de un “orden” interno sustentado en un código que incluye expresamente la supresión de la vida, o que la admite por encomienda venida de fuera.
El hacinamiento es el padre de todos los vicios en las prisiones. En la de Durango donde esta vez corrió sangre deberían estar alojados mil 854 presos y alberga a 2 mil 183. La diferencia resulta de la irresponsabilidad del gobierno federal. Al fuero que le corresponde administrar pertenecen 808 reos. O sea que si no hubiera en ese establecimiento estatal otros prisioneros que los correspondientes al fuero común, no habría sobrepoblación. El excedente está compuesto por los presos federales, a los que el gobierno respectivo debería tener en sus propias prisiones, llamadas también “de Readaptación Social”. La Secretaría de Seguridad Pública, sagaz y criminalmente, prefiere tener espacios sin ocupar en sus establecimientos –todos ellos están subpoblados para mejor regirlos– y pagar a los gobiernos de las entidades para que retengan entre sus rejas a los reos federales.
El sistema carcelario, practicado en el siglo XXI con apenas algunas diferencias al vigente centurias atrás, está minado por varias anomalías. En general, salvo excepciones, se recluye en un mismo establecimiento a los procesados y a los sentenciados. La mezcla de ambas condiciones jurídicas es grave, porque los procesados pueden ser inocentes que paguen injustamente prisión preventiva mientras un juez dicta sentencia y ésta adquiere la firmeza de la cosa juzgada. La contaminación entre personas apresadas sin causa –pero por dolo o error– con delincuentes avezados se produce también cuando conviven en las mismas crujías los primodelincuentes y los reos reincidentes y consuetudinarios. En esos casos se cumple el añejo pero exacto lugar común que tiene a las cárceles como universidades del delito.
Ninguno de esos modos de convivencia debería ocurrir, porque lo prohíben expresamente la Constitución y las leyes penitenciarias. Pero ocurre que esa formación no es el único orden vigente en las prisiones. La investigadora Herlinda Enríquez Rubio Hernández ha encontrado la existencia de tres clases de normatividad. Aquella, la primera, la formal, es prácticamente letra muerta. Tienen eficacia, en cambio, otros “órdenes jurídicos”: el que legislan y aplican las autoridades carcelarias, incluidos los custodios; y el que ponen en práctica los reclusos mismos. Por eso tituló el libro resultante de su indagación El pluralismo jurídico intracarcelario.
“La coexistencia de los referidos sistemas normativos –dice la autora–resulta extraña, inverosímil y hasta contradictoria, puesto que el sistema normativo oficial sólo se puede observar en el papel; aquel que es ejercido por el personal, y en especial por el que se encarga de la seguridad y la custodia, sólo atiende a sus intereses y pretende solamente de manera declarada poner en práctica la ley vigente, pero el resultado es algo ajeno a ella. Por su parte, el sistema instituido por los internos, mismo que se encuentra totalmente al margen de la ley, es el que rige las vidas y marca las reglas del juego por y para ellos mismos.”
En los dos mecanismos normativos ilegales pero eficaces hay lugar para la muerte. El del personal, incluidos los custodios, “es profundamente punitivo, toda vez que el incumplimiento de una norma oficial o extraoficial, trátese de retraso, olvido o negativa, se castiga invariablemente, con posibilidades francamente escasas de eludirlo”. En ese orden “no hay inhibiciones, ni siquiera contra las formas más graves de la destructividad”.
Además de las ejecuciones mercenarias, las que se realizan por encargo, ya sea de internos u ordenado desde fuera, la investigadora Enríquez Rubio encuentra que el ajusticiamiento puede ser “motivado por la presencia de un recién llegado, o por el ingreso de alguien que cometió en el exterior un delito de tal naturaleza que provoca consternación en el grupo (…) El primer paso para ajusticiar a un interno consiste en promover por parte del ofendido o de quienes lo representen el proceso para castigar algunas de las conductas motivadoras (…) Posteriormente se lleva a cabo el juicio, ya sea en presencia del imputado o sin él, se analiza el caso, se observan las pruebas y se determinan las acciones que deben ejecutarse. Se procederá de inmediato si se encuentra presente el ajusticiado; en caso contrario se traza un plan de acción que permita consumar la ejecución del castigo”.
En los penales, la muerte tiene permiso.
