EN EL "PARAISO" DEL EMPLEO.
25 ene 2010
Crece a 25.7 millones la cifra de mexicanos en la economía informal
En el último trimestre de 2009 cerraron mil 777 empresas; la mayoría eran constructoras
VÍCTOR CARDOSO
Periódico La Jornada
La población mexicana que conforma la economía informal llegó a casi 25.7 millones de personas, lo que representa 58.7 por ciento de mayores de 14 años en edad y condiciones de trabajar, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El crecimiento de la informalidad y la desocupación en el país se encuentra aparejado al cierre de mil 777 empresas en el último trimestre de 2009, lo que representó una variación anual de 1.08 por ciento. Pero sólo de noviembre a diciembre pasados la cifra de quiebras sumó mil 408.
Según reportes del Inegi sobre el cierre de 2009, el saldo de la crisis económica es la quiebra de 12 mil 507 firmas en 14 meses, es decir, de octubre de 2008 a diciembre de 2009. Lo anterior equivale a que desde que se declaró la emergencia económica en el país, cada día cancelaron sus actividades un promedio de 30 establecimientos mercantiles.
La mayor cifra de cierres se observó en la industria de la construcción, con 742 casos de noviembre a diciembre pasados. En orden de importancia siguió la industria de la transformación, con 306; especializadas en servicios a empresas, personas y hogar, 244; compañías de servicios sociales y comunales 59, y del sector comercio, 57.
Creciente informalidad
En el reporte del Inegi sobre el mercado laboral se observa que en los últimos tres meses del año anterior se alcanzaron las tasas más altas de población dedicada a actividades informales. La más elevada de personas que desempeñan algún trabajo en el mercado informal se registró en octubre pasado, cuando alcanzó 59.81 por ciento de la población económicamente activa (PEA), que suma 43 millones 759 mil 544 mexicanos. En noviembre ese indicador tuvo una ligera mejoría, al bajar a 59.49 por ciento.
En su último comunicado de Indicadores oportunos de ocupación y empleo, el organismo informó que la comparación anual muestra un aumento tanto en la tasa de desocupación como en la de subocupación en diciembre del año pasado, en relación con el mismo mes de un año antes (4.80 por ciento frente a 4.32 y 8.6 frente a 7.3, respectivamente). En el reporte se da cuenta de que la población ocupada alcanzó 95.20 por ciento de la PEA en el último mes del año; del total de ocupados, 65.2 por ciento operan como trabajadores subordinados y remunerados, ocupando una plaza o puesto de trabajo; 4.4 por ciento son patrones o empleadores; 23.1 por ciento trabajan de manera independiente o por su cuenta y, finalmente, 7.3 por ciento operan en negocios o parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración menotaria.
Julián Cubero y Cecilia Posadas, analistas del grupo financiero BBVA Bancomer, hicieron notar que el número de desempleados aumentó en algo más de un millón de personas entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo mes de 2009, lo que se compara desfavorablemente frente a los cerca de 160 mil nuevos desempleados de un año atrás. Señalan que si bien se observan signos positivos en la economía mexicana, estamos todavía lejos de retomar los niveles absolutos tanto de producción como de empleo antes de la crisis, dadas las pérdidas registradas entre mediados de 2008 y 2009.
En el último trimestre de 2009 cerraron mil 777 empresas; la mayoría eran constructoras
VÍCTOR CARDOSO
Periódico La Jornada
La población mexicana que conforma la economía informal llegó a casi 25.7 millones de personas, lo que representa 58.7 por ciento de mayores de 14 años en edad y condiciones de trabajar, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El crecimiento de la informalidad y la desocupación en el país se encuentra aparejado al cierre de mil 777 empresas en el último trimestre de 2009, lo que representó una variación anual de 1.08 por ciento. Pero sólo de noviembre a diciembre pasados la cifra de quiebras sumó mil 408.
Según reportes del Inegi sobre el cierre de 2009, el saldo de la crisis económica es la quiebra de 12 mil 507 firmas en 14 meses, es decir, de octubre de 2008 a diciembre de 2009. Lo anterior equivale a que desde que se declaró la emergencia económica en el país, cada día cancelaron sus actividades un promedio de 30 establecimientos mercantiles.
La mayor cifra de cierres se observó en la industria de la construcción, con 742 casos de noviembre a diciembre pasados. En orden de importancia siguió la industria de la transformación, con 306; especializadas en servicios a empresas, personas y hogar, 244; compañías de servicios sociales y comunales 59, y del sector comercio, 57.
Creciente informalidad
En el reporte del Inegi sobre el mercado laboral se observa que en los últimos tres meses del año anterior se alcanzaron las tasas más altas de población dedicada a actividades informales. La más elevada de personas que desempeñan algún trabajo en el mercado informal se registró en octubre pasado, cuando alcanzó 59.81 por ciento de la población económicamente activa (PEA), que suma 43 millones 759 mil 544 mexicanos. En noviembre ese indicador tuvo una ligera mejoría, al bajar a 59.49 por ciento.
En su último comunicado de Indicadores oportunos de ocupación y empleo, el organismo informó que la comparación anual muestra un aumento tanto en la tasa de desocupación como en la de subocupación en diciembre del año pasado, en relación con el mismo mes de un año antes (4.80 por ciento frente a 4.32 y 8.6 frente a 7.3, respectivamente). En el reporte se da cuenta de que la población ocupada alcanzó 95.20 por ciento de la PEA en el último mes del año; del total de ocupados, 65.2 por ciento operan como trabajadores subordinados y remunerados, ocupando una plaza o puesto de trabajo; 4.4 por ciento son patrones o empleadores; 23.1 por ciento trabajan de manera independiente o por su cuenta y, finalmente, 7.3 por ciento operan en negocios o parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración menotaria.
Julián Cubero y Cecilia Posadas, analistas del grupo financiero BBVA Bancomer, hicieron notar que el número de desempleados aumentó en algo más de un millón de personas entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo mes de 2009, lo que se compara desfavorablemente frente a los cerca de 160 mil nuevos desempleados de un año atrás. Señalan que si bien se observan signos positivos en la economía mexicana, estamos todavía lejos de retomar los niveles absolutos tanto de producción como de empleo antes de la crisis, dadas las pérdidas registradas entre mediados de 2008 y 2009.
Movimiento "telúrico" contra Peña Nieto
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 22 de enero (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a dar reversa a la modificación de cinco artículos de la Constitución del Estado de México, promovida por su propio secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.
La administración mexiquense tomó esa medida ante la inesperada rebelión de 45 de los 55 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, quienes reprobaron la reforma legislativa exprés que permitía la injerencia directa del gobernador y una reconfiguración del Consejo de la Judicatura que no fue consultada al interior del Poder Judicial.
Fue un auténtico “movimiento telúrico” el que ocurrió al interior de la coalición de grupos políticos que conforman la administración priista de la entidad más poblada del país, admitió el propio diputado local Héctor Jiménez, del partido Convergencia, el impulsor “formal” de la primera iniciativa de reforma constitucional, discutida y aprobada, en menos de 24 horas, el 16 de diciembre de 2009.
Toda la clase política mexiquense supo que la redacción original de la iniciativa provino de las oficinas de Luis Enrique Miranda Nava. Y justo cuando Peña Nieto realizaba su viaje de autopromoción a El Vaticano, el secretario de Gobierno cabildeó, con la cómoda mayoría priista en el Congreso local, la débil oposición del PAN y con el PRD, una ambiciosa reforma para permitir un mayor control del Poder Ejecutivo local sobre el Consejo de la Judicatura.
Los ejes de esa reforma planteaban incrementar de cinco a siete el número de magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura. Los dos nuevos serían designados de la siguiente forma: uno directamente por Peña Nieto y otros dos por la mayoría del Congreso local, dominada por el priismo. La reforma también planteaba el tema de “haberes de retiro” para los magistrados que se jubilaran del Poder Judicial tras 15 años de participar en el Tribunal Superior, impidiendo que litigaran una vez jubilados, lo cual afectaba a una decena de magistrados a punto de retirarse.
La iniciativa propuso disminuir de cinco a tres años, con posibilidad de una reelección, el periodo del magistrado presidente, haciendo empatar las funciones del próximo presidente del Tribunal con los tres años que le restan a la administración peñista.
Otro punto que generó mucha suspicacia entre los integrantes del Tribunal Superior fue la modificación al artículo 91 de la Constitución local, para que accedan al cargo de magistrados no sólo aquellos juristas que hicieran carrera dentro del Poder Judicial, sino también “aquellos que tengan méritos profesionales y académicos reconocidos”, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa.
Para el diputado local Ricardo Moreno, coordinador de la bancada del PRD, esta reforma se hizo “de rodillas y en lo oscurito”.
“Se estaba fraguando un golpe de Estado contra el Poder Judicial y se desató la contienda interna por la sucesión del propio Peña Nieto”, afirmó Moreno, entrevistado por Proceso.
La reforma también se presentó en vísperas de la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior, el 7 de enero, para sustituir a Jesús Castillo Ambriz, magistrado vinculado al llamado “Grupo Universidad”, como se le conoce a los jurisconsultos que egresaron de la Universidad Autónoma del Estado de México y que han hecho alianzas con el exgobernador Emilio Chuayfett.
El cabildeo de Miranda Nava, hijo del magistrado Luis Enrique Miranda Cardoso, próximo a jubilarse, rindió frutos. A través del senador panista Ulises Ruiz convenció a la reticente bancada de 12 diputados locales del PAN para que apoyaran la reforma constitucional, a pesar de que manifestaron su oposición en comisiones.
Miranda Nava quería que la iniciativa fuera presentada por algún legislador del PAN para demostrar “espíritu plural”. El coordinador de la bancada panista, Oscar Sánchez, se negó a tal posibilidad. De última hora, como legislador emergente se le pidió a Héctor Jiménez, de Convergencia, que la presentara.
Durante el debate del 17 de diciembre, Ricardo Moreno, del PRD, advirtió que esta reforma generaría una rebelión en el Poder Judicial, ya que no fueron consultados. Los ocho votos perredistas fueron los únicos que se opusieron.
La reforma fue aprobada por todos los legisladores del PRI, coordinados por Ernesto Nehmer, así como por los panistas, los del Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza.
La rebelión cumplida
La rebelión de los magistrados no se hizo esperar. En señal de protesta por la actitud del Congreso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Castillo Ambriz, adelantó su renuncia, antes de que se concretara su relevo, el pasado jueves 7.
La candidata del gobierno de Enrique Peña Nieto era la magistrada de la segunda sala civil de Toluca, Deyanira Pérez, quien reconoció ante El Sol de Toluca que aspiraba a presidir el Poder Judicial en el estado.
Subrepticiamente, 45 de los 56 magistrados con posibilidad de voto acordaron apoyar a Baruch Florente Delgado, magistrado identificado con el “Grupo Universidad” y cercano al exprocurador, exsecretario de Gobierno y actual diputado federal mexiquense, Humberto Benítez Treviño.
Una comitiva de 45 magistrados se presentó la noche del jueves 7 en Casa de Gobierno para expresarle a Peña Nieto su inconformidad mayoritaria con la reforma y con la operación de Miranda Nava para tratar de imponer a Deyanira Pérez.
En esa reunión, que trascendió a todos los medios políticos locales, los magistrados le demandaron al gobernador que diera marcha atrás con la reforma.
Finalmente, la elección se realizó cuatro días después y Baruch ganó con 45 votos a favor, de un total de 55 que se emitieron. Deyanira Pérez no presentó su candidatura y el magistrado José Luis Vázquez obtuvo sólo nueve votos.
El presidente saliente, Jesús Castillo Ambriz, no ejerció su derecho a votar, argumentando que no quería “enrarecer” el procedimiento ni favorecer a ningún grupo.
La derrota del grupo del gobernador mexiquense fue muy clara. “Fue una consecuencia del descuido de Peña al dejar a Luis Enrique Miranda como responsable del gobierno, por dedicarse a su plataforma del 2012”, según Ricardo Moreno.
El reversazo
El pasado martes 19, en una sesión cargada de silencios y de mensajes cifrados entre las bancadas, la contrarreforma fue aprobada por 70 votos a favor y ninguno en contra. El único debate se generó entre los diputados Ricardo Moreno y Héctor Jiménez, quien tuvo que reconocer que se había dado un “movimiento telúrico” al interior de las relaciones entre los poderes.
En tribuna, el perredista Ricardo Moreno afirmó que lo aprobado en la sesión del 16 de diciembre fue “una intentona injerencista y golpista al Poder Judicial”. “Esto es un reversazo”, sentenció.
La diferencia con la iniciativa del 16 de diciembre es que la del pasado martes 19 provino directamente del Ejecutivo y planteó, en su exposición de motivos, que “resulta innecesario” que el gobernador de la entidad nombre a los magistrados en la nueva integración del Consejo de la Judicatura, “en virtud de que la reforma ya estableció el instrumento jurídico por el cual los tres poderes públicos se encuentran representados en la designación de los funcionarios judiciales anteriormente señalados”.
Por lo anterior, agrega el texto, “se estima conveniente que el nombramiento de los magistrados no sea una facultad exclusiva del gobernador del estado, por el contrario, que sea una atribución exclusiva del Consejo de la Judicatura”.
Ex funcionario: riesgoso, que posiciones partidistas interfieran en la educación
KARINA AVILÉS
Periódico La Jornada
El ahora ex titular de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Jorge Santibáñez revela que él se opuso a que el sindicato encabezado por Elba Esther Gordillo impusiera su deseo de no difundir la información que responsabiliza a los maestros de los resultados negativos que guarda la enseñanza, y advierte que si las posiciones partidistas interfieren en los procesos educativos, estaremos en un escenario de riesgo.
En entrevista con este diario, reta a verificar si con la separación de su cargo –a petición del titular de la SEP, Alonso Lujambio– efectivamente hay un funcionamiento mejor y se avanza más rápido en los trabajos de la dependencia, pues ya han pasado tres años de esta administración y no nos podemos dar el lujo de seguir destinándole tiempo a procesos que no avanzan.
–¿A qué propuestas del SNTE se opuso? –se le pregunta.
–La primera diferencia fuerte con el sindicato viene cuando se publican los resultados del primer concurso de asignación de plazas, donde el SNTE se molesta por la información que se difunde y que, en algunas lecturas, se culpabiliza a los docentes del estado de la educación…
Sin embargo, para nosotros era indiscutible que la información se diera a conocer, porque es de carácter público y se recaba con recursos públicos; entonces, no había de otra. El SNTE esperaba otra clase de difusión, que no responsabilizara a los docentes y que no exhibiera los resultados negativos. Creo que eso es muy difícil. Lo deseable es darte cuenta de la realidad para mejorarla.
–¿A qué otros planteamientos del sindicato se opuso?
–Hubo muchos procesos que no avanzaban suficientemente rápido y que yo, por instrucciones institucionales, presionaba para acelerarlos. Por ejemplo, la reforma a la carrera magisterial. El sindicato no veía la misma urgencia de entrar en esos temas… El resultado es que hoy día no se ha avanzado lo suficiente en ese proceso, pese a que desde hace un año entregamos una propuesta formal para abordar el tema.
–¿En dinero, cuánto le da la SEP al SNTE?
–Yo no tenía ningún trato económico con el sindicato.
–Se habla de mucho dinero que no queda en el registro…
–Lo que está en el contrato colectivo y en las revisiones salariales es lo que yo conozco que se da al sindicato.
–¿Qué significa Lujambio para el sistema educativo?
–El secretario de Educación Pública.
–¿Cuál es la diferencia entre un equipo sin militancia partidista y otro que sí la tiene, como el actual titular de la SEP?
–Si la política o la posición partidista se inmiscuye en los procesos técnicos que son rigurosos, entonces estaríamos en un escenario de riesgo porque la información se maneja con intencionalidad y se usa de alguna manera… Realmente la pregunta es si esa rigurosidad es lo que seguriá rigiendo el manejo y la generación de información estadística.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 22 de enero (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a dar reversa a la modificación de cinco artículos de la Constitución del Estado de México, promovida por su propio secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.
La administración mexiquense tomó esa medida ante la inesperada rebelión de 45 de los 55 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, quienes reprobaron la reforma legislativa exprés que permitía la injerencia directa del gobernador y una reconfiguración del Consejo de la Judicatura que no fue consultada al interior del Poder Judicial.
Fue un auténtico “movimiento telúrico” el que ocurrió al interior de la coalición de grupos políticos que conforman la administración priista de la entidad más poblada del país, admitió el propio diputado local Héctor Jiménez, del partido Convergencia, el impulsor “formal” de la primera iniciativa de reforma constitucional, discutida y aprobada, en menos de 24 horas, el 16 de diciembre de 2009.
Toda la clase política mexiquense supo que la redacción original de la iniciativa provino de las oficinas de Luis Enrique Miranda Nava. Y justo cuando Peña Nieto realizaba su viaje de autopromoción a El Vaticano, el secretario de Gobierno cabildeó, con la cómoda mayoría priista en el Congreso local, la débil oposición del PAN y con el PRD, una ambiciosa reforma para permitir un mayor control del Poder Ejecutivo local sobre el Consejo de la Judicatura.
Los ejes de esa reforma planteaban incrementar de cinco a siete el número de magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura. Los dos nuevos serían designados de la siguiente forma: uno directamente por Peña Nieto y otros dos por la mayoría del Congreso local, dominada por el priismo. La reforma también planteaba el tema de “haberes de retiro” para los magistrados que se jubilaran del Poder Judicial tras 15 años de participar en el Tribunal Superior, impidiendo que litigaran una vez jubilados, lo cual afectaba a una decena de magistrados a punto de retirarse.
La iniciativa propuso disminuir de cinco a tres años, con posibilidad de una reelección, el periodo del magistrado presidente, haciendo empatar las funciones del próximo presidente del Tribunal con los tres años que le restan a la administración peñista.
Otro punto que generó mucha suspicacia entre los integrantes del Tribunal Superior fue la modificación al artículo 91 de la Constitución local, para que accedan al cargo de magistrados no sólo aquellos juristas que hicieran carrera dentro del Poder Judicial, sino también “aquellos que tengan méritos profesionales y académicos reconocidos”, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa.
Para el diputado local Ricardo Moreno, coordinador de la bancada del PRD, esta reforma se hizo “de rodillas y en lo oscurito”.
“Se estaba fraguando un golpe de Estado contra el Poder Judicial y se desató la contienda interna por la sucesión del propio Peña Nieto”, afirmó Moreno, entrevistado por Proceso.
La reforma también se presentó en vísperas de la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior, el 7 de enero, para sustituir a Jesús Castillo Ambriz, magistrado vinculado al llamado “Grupo Universidad”, como se le conoce a los jurisconsultos que egresaron de la Universidad Autónoma del Estado de México y que han hecho alianzas con el exgobernador Emilio Chuayfett.
El cabildeo de Miranda Nava, hijo del magistrado Luis Enrique Miranda Cardoso, próximo a jubilarse, rindió frutos. A través del senador panista Ulises Ruiz convenció a la reticente bancada de 12 diputados locales del PAN para que apoyaran la reforma constitucional, a pesar de que manifestaron su oposición en comisiones.
Miranda Nava quería que la iniciativa fuera presentada por algún legislador del PAN para demostrar “espíritu plural”. El coordinador de la bancada panista, Oscar Sánchez, se negó a tal posibilidad. De última hora, como legislador emergente se le pidió a Héctor Jiménez, de Convergencia, que la presentara.
Durante el debate del 17 de diciembre, Ricardo Moreno, del PRD, advirtió que esta reforma generaría una rebelión en el Poder Judicial, ya que no fueron consultados. Los ocho votos perredistas fueron los únicos que se opusieron.
La reforma fue aprobada por todos los legisladores del PRI, coordinados por Ernesto Nehmer, así como por los panistas, los del Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza.
La rebelión cumplida
La rebelión de los magistrados no se hizo esperar. En señal de protesta por la actitud del Congreso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Castillo Ambriz, adelantó su renuncia, antes de que se concretara su relevo, el pasado jueves 7.
La candidata del gobierno de Enrique Peña Nieto era la magistrada de la segunda sala civil de Toluca, Deyanira Pérez, quien reconoció ante El Sol de Toluca que aspiraba a presidir el Poder Judicial en el estado.
Subrepticiamente, 45 de los 56 magistrados con posibilidad de voto acordaron apoyar a Baruch Florente Delgado, magistrado identificado con el “Grupo Universidad” y cercano al exprocurador, exsecretario de Gobierno y actual diputado federal mexiquense, Humberto Benítez Treviño.
Una comitiva de 45 magistrados se presentó la noche del jueves 7 en Casa de Gobierno para expresarle a Peña Nieto su inconformidad mayoritaria con la reforma y con la operación de Miranda Nava para tratar de imponer a Deyanira Pérez.
En esa reunión, que trascendió a todos los medios políticos locales, los magistrados le demandaron al gobernador que diera marcha atrás con la reforma.
Finalmente, la elección se realizó cuatro días después y Baruch ganó con 45 votos a favor, de un total de 55 que se emitieron. Deyanira Pérez no presentó su candidatura y el magistrado José Luis Vázquez obtuvo sólo nueve votos.
El presidente saliente, Jesús Castillo Ambriz, no ejerció su derecho a votar, argumentando que no quería “enrarecer” el procedimiento ni favorecer a ningún grupo.
La derrota del grupo del gobernador mexiquense fue muy clara. “Fue una consecuencia del descuido de Peña al dejar a Luis Enrique Miranda como responsable del gobierno, por dedicarse a su plataforma del 2012”, según Ricardo Moreno.
El reversazo
El pasado martes 19, en una sesión cargada de silencios y de mensajes cifrados entre las bancadas, la contrarreforma fue aprobada por 70 votos a favor y ninguno en contra. El único debate se generó entre los diputados Ricardo Moreno y Héctor Jiménez, quien tuvo que reconocer que se había dado un “movimiento telúrico” al interior de las relaciones entre los poderes.
En tribuna, el perredista Ricardo Moreno afirmó que lo aprobado en la sesión del 16 de diciembre fue “una intentona injerencista y golpista al Poder Judicial”. “Esto es un reversazo”, sentenció.
La diferencia con la iniciativa del 16 de diciembre es que la del pasado martes 19 provino directamente del Ejecutivo y planteó, en su exposición de motivos, que “resulta innecesario” que el gobernador de la entidad nombre a los magistrados en la nueva integración del Consejo de la Judicatura, “en virtud de que la reforma ya estableció el instrumento jurídico por el cual los tres poderes públicos se encuentran representados en la designación de los funcionarios judiciales anteriormente señalados”.
Por lo anterior, agrega el texto, “se estima conveniente que el nombramiento de los magistrados no sea una facultad exclusiva del gobernador del estado, por el contrario, que sea una atribución exclusiva del Consejo de la Judicatura”.
Ex funcionario: riesgoso, que posiciones partidistas interfieran en la educación
KARINA AVILÉS
Periódico La Jornada
El ahora ex titular de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Jorge Santibáñez revela que él se opuso a que el sindicato encabezado por Elba Esther Gordillo impusiera su deseo de no difundir la información que responsabiliza a los maestros de los resultados negativos que guarda la enseñanza, y advierte que si las posiciones partidistas interfieren en los procesos educativos, estaremos en un escenario de riesgo.
En entrevista con este diario, reta a verificar si con la separación de su cargo –a petición del titular de la SEP, Alonso Lujambio– efectivamente hay un funcionamiento mejor y se avanza más rápido en los trabajos de la dependencia, pues ya han pasado tres años de esta administración y no nos podemos dar el lujo de seguir destinándole tiempo a procesos que no avanzan.
–¿A qué propuestas del SNTE se opuso? –se le pregunta.
–La primera diferencia fuerte con el sindicato viene cuando se publican los resultados del primer concurso de asignación de plazas, donde el SNTE se molesta por la información que se difunde y que, en algunas lecturas, se culpabiliza a los docentes del estado de la educación…
Sin embargo, para nosotros era indiscutible que la información se diera a conocer, porque es de carácter público y se recaba con recursos públicos; entonces, no había de otra. El SNTE esperaba otra clase de difusión, que no responsabilizara a los docentes y que no exhibiera los resultados negativos. Creo que eso es muy difícil. Lo deseable es darte cuenta de la realidad para mejorarla.
–¿A qué otros planteamientos del sindicato se opuso?
–Hubo muchos procesos que no avanzaban suficientemente rápido y que yo, por instrucciones institucionales, presionaba para acelerarlos. Por ejemplo, la reforma a la carrera magisterial. El sindicato no veía la misma urgencia de entrar en esos temas… El resultado es que hoy día no se ha avanzado lo suficiente en ese proceso, pese a que desde hace un año entregamos una propuesta formal para abordar el tema.
–¿En dinero, cuánto le da la SEP al SNTE?
–Yo no tenía ningún trato económico con el sindicato.
–Se habla de mucho dinero que no queda en el registro…
–Lo que está en el contrato colectivo y en las revisiones salariales es lo que yo conozco que se da al sindicato.
–¿Qué significa Lujambio para el sistema educativo?
–El secretario de Educación Pública.
–¿Cuál es la diferencia entre un equipo sin militancia partidista y otro que sí la tiene, como el actual titular de la SEP?
–Si la política o la posición partidista se inmiscuye en los procesos técnicos que son rigurosos, entonces estaríamos en un escenario de riesgo porque la información se maneja con intencionalidad y se usa de alguna manera… Realmente la pregunta es si esa rigurosidad es lo que seguriá rigiendo el manejo y la generación de información estadística.
Morelos, diciembre 2009: Licencia para matar...
Patricia Dávila
CUERNAVACA, Mor., 23 de enero (Proceso).- La manipulación y el ocultamiento de información sobre la muerte de dos civiles durante los operativos del 11 y el 16 de diciembre contra Arturo Beltrán Leyva, llevaron a los familiares de las víctimas a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a los excesos cometidos por los marinos. El ombudsman Fausto Gutiérrez Aragón critica los abusos y lanza la pregunta: ¿acaso por ser militares tienen licencia para matar?
Los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados por los impactos recibidos. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.
Los dos cayeron durante los operativos de los marinos contra el capo Arturo Beltrán Leyva del 11 y del 16 de diciembre en los fraccionamientos de Ahuatepec y en el complejo Altitude de esta ciudad, respectivamente. Sus familias nunca sabrán cómo murieron, pues los certificados de defunción son muy generales y no precisan las causas de sus muertes.
Al igual que otros civiles detenidos, Terroba y Aguilar fueron víctimas de la manipulación y ocultamiento de información y también del abuso de las autoridades federales y estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Independiente (CIDH) documentaron sus casos.
El ombudsman estatal, Fausto Gutiérrez Aragón, levantó varias denuncias en contra de la Marina por el allanamiento de morada y robo en el complejo Altitude el 16 de diciembre, y tres más por detenciones arbitrarias. El organismo independiente consignó la desaparición de dos veladores del fraccionamiento Los Limoneros, en Ahuatepec, y la violación a los derechos de las dos masajistas que brindaban servicio al Jefe de Jefes.
Las historias son muchas. Cada afectado narra la propia. Cuenta Gabriel Pintado, viudo de Patricia Terroba:
“Estábamos en nuestra casa. Eran las dos de la madrugada (del 11 de diciembre) cuando mi esposa recibió una llamada de su hermana para comentarle que su mamá estaba muy enferma. Le dije que la acompañaba y me respondió que no, porque en la mañana yo tenía que llevar a nuestra hija Gabriela a la escuela. Poco después escuché disparos. Duraron como 15 minutos; primero se oyeron ráfagas, luego balazos aislados. Parecía que venían del pueblo de Ahuatepec, donde normalmente avientan cohetes y disparos al aire. Me confundí”.
Patricia Dávila
CUERNAVACA, Mor., 23 de enero (Proceso).- La manipulación y el ocultamiento de información sobre la muerte de dos civiles durante los operativos del 11 y el 16 de diciembre contra Arturo Beltrán Leyva, llevaron a los familiares de las víctimas a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a los excesos cometidos por los marinos. El ombudsman Fausto Gutiérrez Aragón critica los abusos y lanza la pregunta: ¿acaso por ser militares tienen licencia para matar?
Los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados por los impactos recibidos. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.
Los dos cayeron durante los operativos de los marinos contra el capo Arturo Beltrán Leyva del 11 y del 16 de diciembre en los fraccionamientos de Ahuatepec y en el complejo Altitude de esta ciudad, respectivamente. Sus familias nunca sabrán cómo murieron, pues los certificados de defunción son muy generales y no precisan las causas de sus muertes.
Al igual que otros civiles detenidos, Terroba y Aguilar fueron víctimas de la manipulación y ocultamiento de información y también del abuso de las autoridades federales y estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Independiente (CIDH) documentaron sus casos.
El ombudsman estatal, Fausto Gutiérrez Aragón, levantó varias denuncias en contra de la Marina por el allanamiento de morada y robo en el complejo Altitude el 16 de diciembre, y tres más por detenciones arbitrarias. El organismo independiente consignó la desaparición de dos veladores del fraccionamiento Los Limoneros, en Ahuatepec, y la violación a los derechos de las dos masajistas que brindaban servicio al Jefe de Jefes.
Las historias son muchas. Cada afectado narra la propia. Cuenta Gabriel Pintado, viudo de Patricia Terroba:
“Estábamos en nuestra casa. Eran las dos de la madrugada (del 11 de diciembre) cuando mi esposa recibió una llamada de su hermana para comentarle que su mamá estaba muy enferma. Le dije que la acompañaba y me respondió que no, porque en la mañana yo tenía que llevar a nuestra hija Gabriela a la escuela. Poco después escuché disparos. Duraron como 15 minutos; primero se oyeron ráfagas, luego balazos aislados. Parecía que venían del pueblo de Ahuatepec, donde normalmente avientan cohetes y disparos al aire. Me confundí”.
