Monseñor, ¿NI LOS PERROS VIOLAN A SUS HIJOS?
4 mar 2010
Hijos de Marcial Maciel lo acusan de abuso sexual
En entrevista con Carmen Aristegui, Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus vástagos Omar, José Raúl y Christian platican cómo fueron víctimas del sacerdote, cuando niños, durante ocho años
Periódico La Jornada
La familia que formó el sacerdote Marcial Maciel en México reveló ayer los excesos y abusos sexuales cometidos por el fundador de la Legión de Cristo. Tres de sus hijos: Omar, José Raúl y Christian González Lara, junto con su madre Blanca Estela Lara Gutiérrez, lo retrataron como un gran mentiroso, usurpador de personalidades, manipulador y un hombre que cometió actos de pedofilia con dos de sus vástagos.
En la primera entrevista que conceden a un medio de comunicación, en la radio con Carmen Aristegui, dieron cuenta de cómo la alta jerarquía eclesiástica se ha negado a reconocerlos como hijos de Maciel, aunque Álvaro Corcuera, actual superior de los legionarios de Cristo, ha tenido comunicación con ellos, y exigieron al Vaticano resarcir del daño a todas las víctimas de abuso sexual cometidos por integrantes de esa orden religiosa.
Blanca Estela conoció a Maciel en Tijuana, Baja California, cuando ella tenía 19 años de edad y un hijo, y él 56. Le dijo que era viudo y buscaba una muchacha para casarse. Nunca cumplió esa promesa, pero mantuvieron una relación de 25 años durante los cuales prevalecieron los engaños y las perversiones del sacerdote.
Primero le dijo que se llamaba José Rivas, que era detective privado, luego que era de la CIA, y puras mentiras: así me llevó todo el tiempo, y yo le creí.
Blanca narró los problemas que enfrentó cuando tenía que viajar con sus hijos, porque yo les ponía nada más mis apellidos. Pasó el tiempo y uno de ellos primero se llamó Raúl Lara Gutiérrez; después fue Raúl Rivas Lara, y en otro viaje en Relaciones Exteriores le advirtieron que hasta podrían meterla a la cárcel por esos cambios. “Yo dije la verdad: ‘lo que pasa es que mi esposo está fuera y me dio estos apellidos’. Ignoranrte totalmente (me dijo) ‘ya van a ser González Lara’”.
Poder en el Vaticano
En 1997, Blanca descubrió –cuando la revista Contenido publicó un reportaje sobre Marcial Maciel– con quién estaba relacionada. “En la noche, él me llama por teléfono. Le dije: ‘¿qué pasa? Hay una revista (donde) sales tú y dice cosas de abusos sexuales’. Él lo negó.”
En ese tiempo el prelado ya era considerado uno de los religiosos más influyentes en el Vaticano, aunque acumulaba acusaciones de pederastia en su contra.
Paralelamente ya había reconocido con los apellidos de González Lara a los dos hijos que tuvo con Blanca Estela, y al medio hermano de éstos.
A Omar y José Raúl los hizo víctimas de abuso sexual durante ocho años. Mi primer abuso sucedió en Colombia, cuando yo tenía 7 años de edad. Yo estaba acostado con él, como cualquier niño, como cualquier hijo de familia con su padre a esa edad. Me baja el calzoncillo y me intenta violar. Por instinto humano reacciono y me muevo. Se da cuenta; no me fuerza, pero fue tan fuerte el impacto que hasta el día de hoy recuerdo qué desayuné ese día.
Ese fue el primer abuso contra José Raúl. Hacía que lo masturbáramos, que le sacáramos fotos masturbándolo; él se quedaba con las fotografías. Se hacía el dormido y nos decía que su tío le hacía lo mismo, que ensayáramos con él.
A Omar, el medio hermano, lo vejó por primera vez en Madrid. “En el (hotel) Holiday Inn, me acuerdo. En ese entonces le dice a Raúl: ‘oye, vamos a masturbarlo’ y, niños pequeños, sin malicia, estamos juntos. Me acuerdo que se hacía el dormido y empezábamos a masturbarlo.
“Siempre nos decía que a él le dolía mucho la pierna, que durmiéramos al menos uno de los dos siempre con él, con el afán de que –nos decía– cuando tienes un dolor en los huesos, ‘caliéntenme la pierna porque me duele mucho…’ en Barcelona, de momento nos decía: ‘dense un beso’, pero por qué…”.
En 1999 los muchachos platicaron a su madre lo que les hacía Maciel. José Raúl empezó a sentirse muy confundido y expresó su deseo de acudir con una sicóloga en Cuernavaca, pero su padre lo envió con el doctor Francisco López Ibor, a una clínica muy prestigiosa en Madrid, y lo hospedó en casa de Norma (otra mujer con la que procreó una hija), a la cual le presentó como su tía.
A los 19 años, después de ser atendido en la clínica López Ibor, en Madrid, José Raúl comenzó un tratamiento a base de neurolíticos y ansiolíticos para combatir rasgos obsesivos y humor subdepresivos.
Tomó esos medicamentos durante año y medio; lo tenían permanentemente dopado. Él no podía hablar, siempre echando saliva por un lado, quejándose, recordó ayer la madre.
Cuando reportó esos síntomas a Maciel y le dijo que lo llevaría al médico, el sacerdote le respondió: “‘no, no, sigue dándole el medicamento, lo va a componer, eso lo relaja. Está tranquilo, no pasa nada…’ creo que este señor lo quería tener atontado para que dijera ‘pues sí, lo voy a volver loco para que este muchacho no pueda hablar, no diga nada’”, señaló Blanca.
El hijo de Maciel descubriría después que los medicamentos prescritos por el siquiatra López Ibor eran para enfermos de esquizofrenia, hiperactivos o que no podían dormir, además de que una de las pastillas que su propio padre les suministraba a ellos cuando adolescentes (Darvocet T 100 mg) era un derivado de morfina.
Al respecto, Blanca narró que el legionario cargaba siempre un maletín de médico del cual sacaba un montón de pastillas que ingería antes o después de los alimentos; decía que eran vitaminas, aunque ella sospechó que se trataba de drogas.
Comunicación frecuente
Con Omar, el sacerdote Maciel siguió la estrategia de enviarlo a trabajar a Denver, Colorado. Ahí nos está desvinculando a nosotros como familia, separándonos, contó él.
Al menor de los hijos no lo agredió, pero al parecer sí figuraba en sus planes hacerlo. De hecho, se lo pidió prestado a su mamá. Le dijo: Nena, a ver si cuando Christian tenga unos 8 añitos me lo prestas o me lo das para que me lo lleve a Irlanda para que también se prepare como Raúl.
Blanca dijo que le respondió: “Sí, no te preocupes, yo te lo voy a prestar. Después de todo lo que les hiciste a mis hijos, ¡todavía quieres que te preste a Christian! ‘¿Qué les hice?’ ¡Tú sabes qué les hiciste! Cómo crees que te voy a dar a mi hijo, si a Raúl se lo llevó sin mi consentimiento a Irlanda”, contó acerca de un viaje vacacional a España, programado para 15 días, con los dos mayores, pero del cual Raúl regresaría dos años después.
Los hijos de Maciel mostraron a Aristegui cartas y postales para demostrar que tenían comunicación frecuente con su padre.
La familia de Maciel ha buscado ser reconocida por la Legión de Cristo como tal. Para ello se acercaron, primero, al rector de la Universidad Anáhuac, Jesús Quirce, a quien le mostraron una boleta de calificaciones con la firma de su padre
(como Jaime Alberto González Rodríguez) para que constatara que se trataba de la misma letra de Maciel.
También hablaron con el obispo de Tepic, Ricardo Watty, uno de los encargados de auditar a los legionarios por indicaciones de Benedicto XVI.
Además, le entregaron a Quirce una carta donde el superior de los legionarios les dice que abrió un fideicomiso para sus hijos, información que –narraron– fue confirmada meses después por Jaime Durán (consejero financiero de la Anáhuac), en presencia del rector.
Pese a que su padre les aseguró que a su muerte los buscarían Álvaro Corcuera (actual superior de la orden) y Marcelino de Andrés para entregarles ese fondo financiero, nos han dado la espalda, señaló Omar.
Los descendientes de Maciel exigieron al Vaticano que reconozca que a lo largo de décadas diversos legionarios de Cristo abusaron sexualmente de seminaristas y de otras personas, pues se trata de actos criminales.
Dieron cuenta que hace unos meses el sacerdote Carlos Carcheri, supuesto procurador de los Legionarios de Cristo ante la Santa Sede, en nombre de Álvaro Corcuera los invitó a dialogar mediante una carta en la cual los acusa de querer dinero a cambio de callar los abusos de su padre.
“Si bien valoramos todo el sufrimiento que nos has relatado –le escribió a Raúl– y deploramos el mal que pueda seguirse del escándalo, como comprenderás no podemos recoger peticiones de este género, que además son ilícitas. Preferimos buscar y afrontar la verdad por dolorosa que sea”, dice Carcheri.
Blanca Estela sólo hizo una petición a Benedicto XVI: no nos desampare.
En entrevista con Carmen Aristegui, Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus vástagos Omar, José Raúl y Christian platican cómo fueron víctimas del sacerdote, cuando niños, durante ocho años
Periódico La Jornada
La familia que formó el sacerdote Marcial Maciel en México reveló ayer los excesos y abusos sexuales cometidos por el fundador de la Legión de Cristo. Tres de sus hijos: Omar, José Raúl y Christian González Lara, junto con su madre Blanca Estela Lara Gutiérrez, lo retrataron como un gran mentiroso, usurpador de personalidades, manipulador y un hombre que cometió actos de pedofilia con dos de sus vástagos.
En la primera entrevista que conceden a un medio de comunicación, en la radio con Carmen Aristegui, dieron cuenta de cómo la alta jerarquía eclesiástica se ha negado a reconocerlos como hijos de Maciel, aunque Álvaro Corcuera, actual superior de los legionarios de Cristo, ha tenido comunicación con ellos, y exigieron al Vaticano resarcir del daño a todas las víctimas de abuso sexual cometidos por integrantes de esa orden religiosa.
Blanca Estela conoció a Maciel en Tijuana, Baja California, cuando ella tenía 19 años de edad y un hijo, y él 56. Le dijo que era viudo y buscaba una muchacha para casarse. Nunca cumplió esa promesa, pero mantuvieron una relación de 25 años durante los cuales prevalecieron los engaños y las perversiones del sacerdote.
Primero le dijo que se llamaba José Rivas, que era detective privado, luego que era de la CIA, y puras mentiras: así me llevó todo el tiempo, y yo le creí.
Blanca narró los problemas que enfrentó cuando tenía que viajar con sus hijos, porque yo les ponía nada más mis apellidos. Pasó el tiempo y uno de ellos primero se llamó Raúl Lara Gutiérrez; después fue Raúl Rivas Lara, y en otro viaje en Relaciones Exteriores le advirtieron que hasta podrían meterla a la cárcel por esos cambios. “Yo dije la verdad: ‘lo que pasa es que mi esposo está fuera y me dio estos apellidos’. Ignoranrte totalmente (me dijo) ‘ya van a ser González Lara’”.
Poder en el Vaticano
En 1997, Blanca descubrió –cuando la revista Contenido publicó un reportaje sobre Marcial Maciel– con quién estaba relacionada. “En la noche, él me llama por teléfono. Le dije: ‘¿qué pasa? Hay una revista (donde) sales tú y dice cosas de abusos sexuales’. Él lo negó.”
En ese tiempo el prelado ya era considerado uno de los religiosos más influyentes en el Vaticano, aunque acumulaba acusaciones de pederastia en su contra.
Paralelamente ya había reconocido con los apellidos de González Lara a los dos hijos que tuvo con Blanca Estela, y al medio hermano de éstos.
A Omar y José Raúl los hizo víctimas de abuso sexual durante ocho años. Mi primer abuso sucedió en Colombia, cuando yo tenía 7 años de edad. Yo estaba acostado con él, como cualquier niño, como cualquier hijo de familia con su padre a esa edad. Me baja el calzoncillo y me intenta violar. Por instinto humano reacciono y me muevo. Se da cuenta; no me fuerza, pero fue tan fuerte el impacto que hasta el día de hoy recuerdo qué desayuné ese día.
Ese fue el primer abuso contra José Raúl. Hacía que lo masturbáramos, que le sacáramos fotos masturbándolo; él se quedaba con las fotografías. Se hacía el dormido y nos decía que su tío le hacía lo mismo, que ensayáramos con él.
A Omar, el medio hermano, lo vejó por primera vez en Madrid. “En el (hotel) Holiday Inn, me acuerdo. En ese entonces le dice a Raúl: ‘oye, vamos a masturbarlo’ y, niños pequeños, sin malicia, estamos juntos. Me acuerdo que se hacía el dormido y empezábamos a masturbarlo.
“Siempre nos decía que a él le dolía mucho la pierna, que durmiéramos al menos uno de los dos siempre con él, con el afán de que –nos decía– cuando tienes un dolor en los huesos, ‘caliéntenme la pierna porque me duele mucho…’ en Barcelona, de momento nos decía: ‘dense un beso’, pero por qué…”.
En 1999 los muchachos platicaron a su madre lo que les hacía Maciel. José Raúl empezó a sentirse muy confundido y expresó su deseo de acudir con una sicóloga en Cuernavaca, pero su padre lo envió con el doctor Francisco López Ibor, a una clínica muy prestigiosa en Madrid, y lo hospedó en casa de Norma (otra mujer con la que procreó una hija), a la cual le presentó como su tía.
A los 19 años, después de ser atendido en la clínica López Ibor, en Madrid, José Raúl comenzó un tratamiento a base de neurolíticos y ansiolíticos para combatir rasgos obsesivos y humor subdepresivos.
Tomó esos medicamentos durante año y medio; lo tenían permanentemente dopado. Él no podía hablar, siempre echando saliva por un lado, quejándose, recordó ayer la madre.
Cuando reportó esos síntomas a Maciel y le dijo que lo llevaría al médico, el sacerdote le respondió: “‘no, no, sigue dándole el medicamento, lo va a componer, eso lo relaja. Está tranquilo, no pasa nada…’ creo que este señor lo quería tener atontado para que dijera ‘pues sí, lo voy a volver loco para que este muchacho no pueda hablar, no diga nada’”, señaló Blanca.
El hijo de Maciel descubriría después que los medicamentos prescritos por el siquiatra López Ibor eran para enfermos de esquizofrenia, hiperactivos o que no podían dormir, además de que una de las pastillas que su propio padre les suministraba a ellos cuando adolescentes (Darvocet T 100 mg) era un derivado de morfina.
Al respecto, Blanca narró que el legionario cargaba siempre un maletín de médico del cual sacaba un montón de pastillas que ingería antes o después de los alimentos; decía que eran vitaminas, aunque ella sospechó que se trataba de drogas.
Comunicación frecuente
Con Omar, el sacerdote Maciel siguió la estrategia de enviarlo a trabajar a Denver, Colorado. Ahí nos está desvinculando a nosotros como familia, separándonos, contó él.
Al menor de los hijos no lo agredió, pero al parecer sí figuraba en sus planes hacerlo. De hecho, se lo pidió prestado a su mamá. Le dijo: Nena, a ver si cuando Christian tenga unos 8 añitos me lo prestas o me lo das para que me lo lleve a Irlanda para que también se prepare como Raúl.
Blanca dijo que le respondió: “Sí, no te preocupes, yo te lo voy a prestar. Después de todo lo que les hiciste a mis hijos, ¡todavía quieres que te preste a Christian! ‘¿Qué les hice?’ ¡Tú sabes qué les hiciste! Cómo crees que te voy a dar a mi hijo, si a Raúl se lo llevó sin mi consentimiento a Irlanda”, contó acerca de un viaje vacacional a España, programado para 15 días, con los dos mayores, pero del cual Raúl regresaría dos años después.
Los hijos de Maciel mostraron a Aristegui cartas y postales para demostrar que tenían comunicación frecuente con su padre.
La familia de Maciel ha buscado ser reconocida por la Legión de Cristo como tal. Para ello se acercaron, primero, al rector de la Universidad Anáhuac, Jesús Quirce, a quien le mostraron una boleta de calificaciones con la firma de su padre
(como Jaime Alberto González Rodríguez) para que constatara que se trataba de la misma letra de Maciel.
También hablaron con el obispo de Tepic, Ricardo Watty, uno de los encargados de auditar a los legionarios por indicaciones de Benedicto XVI.
Además, le entregaron a Quirce una carta donde el superior de los legionarios les dice que abrió un fideicomiso para sus hijos, información que –narraron– fue confirmada meses después por Jaime Durán (consejero financiero de la Anáhuac), en presencia del rector.
Pese a que su padre les aseguró que a su muerte los buscarían Álvaro Corcuera (actual superior de la orden) y Marcelino de Andrés para entregarles ese fondo financiero, nos han dado la espalda, señaló Omar.
Los descendientes de Maciel exigieron al Vaticano que reconozca que a lo largo de décadas diversos legionarios de Cristo abusaron sexualmente de seminaristas y de otras personas, pues se trata de actos criminales.
Dieron cuenta que hace unos meses el sacerdote Carlos Carcheri, supuesto procurador de los Legionarios de Cristo ante la Santa Sede, en nombre de Álvaro Corcuera los invitó a dialogar mediante una carta en la cual los acusa de querer dinero a cambio de callar los abusos de su padre.
“Si bien valoramos todo el sufrimiento que nos has relatado –le escribió a Raúl– y deploramos el mal que pueda seguirse del escándalo, como comprenderás no podemos recoger peticiones de este género, que además son ilícitas. Preferimos buscar y afrontar la verdad por dolorosa que sea”, dice Carcheri.
Blanca Estela sólo hizo una petición a Benedicto XVI: no nos desampare.
La impunidad del Ejército, sello de Calderón: PRODH
Gloria Leticia Díaz. Proceso.
MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- La impunidad y el crecimiento de violaciones a derechos humanos en los estados controlados por el Ejército mexicano, son los sellos que distinguen al gobierno de Felipe Calderón, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela.
Durante la presentación de su informe anual, titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”, Arriaga Valenzuela resaltó que por el sostenido impulso que Calderón da al Ejército, es inevitable que en lo que resta de su gobierno, continúen “aumentando los abusos de militares contra la población” como resultado de la “guerra contra el crimen organizado”.
Arriaga dijo que, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2009, las quejas por abusos militares se incrementaron casi 500%, datos que están vinculados “al aumento en el número de militares desplegados en el territorio, así como a la impunidad, gracias a lo cual los militares saben que pueden cometerlos sin sufrir ninguna consecuencia”.
De acuerdo con datos obtenidos por el Centro Prodh de la CNDH, a través de la Ley de Transparencia, mientras que en 2007 el organismo público registró 666 violaciones atribuidas a militares, siendo la mayoría, 122 registros, referentes al ejercicio indebido de la función pública, en 2009 “los registros de hechos violatorios aumentaron a 5 mil 162, entre los que destacan la detención arbitraria (877 registros); el incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como las visitas domiciliarias (759 registros) y el rato cruel, inhumano y degradante (494 registros)”.
En su discurso, el director del Centro Prodh afirmó que en los últimos tres años de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón, “se han casi triplicado el número de víctimas” de los abusos militares, al pasar de 136, con 11 muertes, en 2007, a 395 con 8 asesinatos, en 2009.
“Hasta junio de 2009 –agregó—habían sido registradas violaciones de derechos humanos realizados por militares en 23 estados del país. Los estados en los que hubo más situaciones de abusos son Guerrero (18%), Tamaulipas (14%), Chihuahua (13%), Sinaloa (15%), Michoacán (8%), Coahuila (6%) y Nuevo León (5%)”.
Durante la presentación del informe, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, resaltó que, ante el “débil marco legal”, el gran desafío es abordar los límites del fuero militar, que en esta guerra contra el crimen organizado “se ha extendido de forma ilegal e inconstitucional”.
Puntualizó que los riesgos de la militarización de la seguridad pública, no está sólo en los patrullajes de soldados en las calles, sino en que “se están militarizando las estructuras civiles”, y retomó un dato del informe del Prodh, de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha otorgado “500 licencias, desde generales hasta elementos de tropa, para trabajar como policías “.
Consideró alarmante que en el discurso del gobierno federal, de que el número de víctimas mortales de la guerra contra el narcotráfico se debe a que “se matan entre ellos, lo que en sí representa una abdicación del Estado mexicano en su obligación de procurar justicia, por lo que estamos viendo a las instituciones mexicanas en una administración de la venganza, y ante este escenario, la presencia militar no resuelve las cosas”.
Por su parte, el director de la maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Daniel Vázquez criticó “la estrategia del gobierno federal, al poner a la sociedad entre dos opciones: o te mata el ejército o te mata el ‘Pozolero’ o el ‘Muletas’, es decir, coloca a la sociedad en dos bandos: o estás conmigo o contra mí”.
El investigador destacó que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, radica en que en el cambio de partido en el poder, el paso del PRI al PAN, “en México no hubo un proceso de discusión en torno a la justicia transicional y al papel que debían desempeñar los cuerpos policiacos que antes se encargaban de la seguridad del régimen y no del ciudadano.
“Se quedaron todos ahí. No se modificó prácticamente nada del sistema de seguridad para mantener al PRI en el poder, de distribución de ganancias vía la corrupción y la pacificación social a través de la represión”, apuntó.
En suma, señaló Vázquez, se mantiene la impunidad “como estructura institucional informal que incentiva estas violaciones de derechos humanos, y mientras no haya castigo, el servidor público, se pregunta ¿por qué no hacerlo si no va a pasarme nada?”.
En el caso del Ejército, dijo que mientras no se salden cuentas con el pasado; es decir, no hubo castigo para quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, la impunidad se mantendrá en ese sector. “Basta ver que mientras en la actualidad hay miles de denuncias por abusos, hay menos de 30 juicios en los tribunales militares. Más protección al Ejército no puede haber, y por lo que se ve no se pretende cambiar”.
Gloria Leticia Díaz. Proceso.
MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- La impunidad y el crecimiento de violaciones a derechos humanos en los estados controlados por el Ejército mexicano, son los sellos que distinguen al gobierno de Felipe Calderón, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela.
Durante la presentación de su informe anual, titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”, Arriaga Valenzuela resaltó que por el sostenido impulso que Calderón da al Ejército, es inevitable que en lo que resta de su gobierno, continúen “aumentando los abusos de militares contra la población” como resultado de la “guerra contra el crimen organizado”.
Arriaga dijo que, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2009, las quejas por abusos militares se incrementaron casi 500%, datos que están vinculados “al aumento en el número de militares desplegados en el territorio, así como a la impunidad, gracias a lo cual los militares saben que pueden cometerlos sin sufrir ninguna consecuencia”.
De acuerdo con datos obtenidos por el Centro Prodh de la CNDH, a través de la Ley de Transparencia, mientras que en 2007 el organismo público registró 666 violaciones atribuidas a militares, siendo la mayoría, 122 registros, referentes al ejercicio indebido de la función pública, en 2009 “los registros de hechos violatorios aumentaron a 5 mil 162, entre los que destacan la detención arbitraria (877 registros); el incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como las visitas domiciliarias (759 registros) y el rato cruel, inhumano y degradante (494 registros)”.
En su discurso, el director del Centro Prodh afirmó que en los últimos tres años de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón, “se han casi triplicado el número de víctimas” de los abusos militares, al pasar de 136, con 11 muertes, en 2007, a 395 con 8 asesinatos, en 2009.
“Hasta junio de 2009 –agregó—habían sido registradas violaciones de derechos humanos realizados por militares en 23 estados del país. Los estados en los que hubo más situaciones de abusos son Guerrero (18%), Tamaulipas (14%), Chihuahua (13%), Sinaloa (15%), Michoacán (8%), Coahuila (6%) y Nuevo León (5%)”.
Durante la presentación del informe, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, resaltó que, ante el “débil marco legal”, el gran desafío es abordar los límites del fuero militar, que en esta guerra contra el crimen organizado “se ha extendido de forma ilegal e inconstitucional”.
Puntualizó que los riesgos de la militarización de la seguridad pública, no está sólo en los patrullajes de soldados en las calles, sino en que “se están militarizando las estructuras civiles”, y retomó un dato del informe del Prodh, de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha otorgado “500 licencias, desde generales hasta elementos de tropa, para trabajar como policías “.
Consideró alarmante que en el discurso del gobierno federal, de que el número de víctimas mortales de la guerra contra el narcotráfico se debe a que “se matan entre ellos, lo que en sí representa una abdicación del Estado mexicano en su obligación de procurar justicia, por lo que estamos viendo a las instituciones mexicanas en una administración de la venganza, y ante este escenario, la presencia militar no resuelve las cosas”.
Por su parte, el director de la maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Daniel Vázquez criticó “la estrategia del gobierno federal, al poner a la sociedad entre dos opciones: o te mata el ejército o te mata el ‘Pozolero’ o el ‘Muletas’, es decir, coloca a la sociedad en dos bandos: o estás conmigo o contra mí”.
El investigador destacó que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, radica en que en el cambio de partido en el poder, el paso del PRI al PAN, “en México no hubo un proceso de discusión en torno a la justicia transicional y al papel que debían desempeñar los cuerpos policiacos que antes se encargaban de la seguridad del régimen y no del ciudadano.
“Se quedaron todos ahí. No se modificó prácticamente nada del sistema de seguridad para mantener al PRI en el poder, de distribución de ganancias vía la corrupción y la pacificación social a través de la represión”, apuntó.
En suma, señaló Vázquez, se mantiene la impunidad “como estructura institucional informal que incentiva estas violaciones de derechos humanos, y mientras no haya castigo, el servidor público, se pregunta ¿por qué no hacerlo si no va a pasarme nada?”.
En el caso del Ejército, dijo que mientras no se salden cuentas con el pasado; es decir, no hubo castigo para quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, la impunidad se mantendrá en ese sector. “Basta ver que mientras en la actualidad hay miles de denuncias por abusos, hay menos de 30 juicios en los tribunales militares. Más protección al Ejército no puede haber, y por lo que se ve no se pretende cambiar”.
Senadores encaran a Javier Lozano por violar los derechos laborales
Monreal define al secretario del Trabajo como el sepulturero del derecho de huelga.
ANDREA BECERRIL. PROCESO
Periódico La Jornada
Entre críticas y cuestionamientos de senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron preocupación por la violación de derechos laborales en que incurre el gobierno federal, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguraron que se ha actuado de manera legal en el conflicto laboral de Cananea y que, luego de la reciente resolución judicial, la empresa Minera México está en su derecho de recuperar las instalaciones.
Al comparecer ante la comisión especial del Senado que da seguimiento a la huelga en Cananea, el más cuestionado fue el titular de la Secretaría del Trabajo, sobre todo por su afirmación de que la huelga de Cananea fue un instrumento de chantaje del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de pedir 100 millones de dólares como una de las condiciones para levantar el movimiento, lo que impidió, dijo, todo intento de conciliación.
Lozano reconoció que para decretar la terminación de relaciones laborales en Cananea –después de tres años de huelga– y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se acudió a la misma figura de causas de fuerza mayor.
Ricardo Monreal y el diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa señalaron, en intervenciones por separado, que “el subconsciente “ traicionó al funcionario al declarar que siguieron la misma estrategia con los mineros de Cananea y con el SME.
Ofensiva contra los sindicados no afines al régimen
Los senadores perredistas Tomás Torres, Arturo Núñez y Jesús Garibay, así como el petista Ricardo Monreal y el priísta Fidel Pacheco, expresaron su preocupación por la actuación parcial de las autoridades laborales en el caso de Cananea y por el riesgo de que se haya encontrado el camino para acabar con sindicatos que no son afines al régimen y de liquidar de tajo el derecho de huelga.
Lozano Alarcón se confrontó directamente con los senadores Torres y Monreal, quienes le exigieron hablar con claridad y le señalaron contradicciones en su intervención. El petista le dijo que su lenguaje encierra un profundo sentimiento fascista, lo llamó el sepulturero del derecho de huelga y le exigió aclarar en qué momento Gómez Urrutia le pidió 100 millones de dólares.
El titular de la STPS debió aclarar que Gómez Urrutia no le formuló nunca tal petición a él, y pasó problemas también para asegurar que no había acusado a los mineros de Cananea de robar y dañar las instalaciones, pese a que en su intervención inicial responsabilizó a la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero de no haber posibilitado el diálogo y sostuvo que en marzo del 2009 la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, durante una visita de inspección, pudo identificar el grado de vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado en sus instalaciones.
El senador Torres pidió también explicaciones a Lozano Alarcón de por qué en el boletín de la dependencia a su cargo donde da cuenta de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo –por la que se niega amparo al sindicato minero y se confirma la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la terminación de relaciones laborales– se consignan datos que ni siquiera conocen las partes, ya que la sentencia aún no se notifica.
El perredista Francisco Garibay dijo a Lozano y Gómez Mont que el gobierno protege a la empresa. Les advirtió que en Cananea se inició la Revolución Mexicana y que cuando el diálogo se rompe lo que sigue son los chingadazos.
Los panistas Federico Döring y Javier Castelo salieron en defensa del funcionario, diciendo que no se puede ceder a los chantajes de Gómez Urrutia. El primero calificó de ominoso que Monreal y Torres preguntaran a los funcionarios por la petición de que se revoque la concesión a Grupo México.
Ante la insistencia de los legisladores en por qué no se buscó la conciliación, Gómez Mont expuso que sin menoscabo de la aplicación de la ley, hay espacios para la política y que la dependencia a su cargo continuará favoreciendo los acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad.
Hasta las guerras terminan con tratados, resaltó el senador Núñez al final de la comparecencia, cerca de la medianoche.
Monreal define al secretario del Trabajo como el sepulturero del derecho de huelga.
ANDREA BECERRIL. PROCESO
Periódico La Jornada
Entre críticas y cuestionamientos de senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron preocupación por la violación de derechos laborales en que incurre el gobierno federal, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguraron que se ha actuado de manera legal en el conflicto laboral de Cananea y que, luego de la reciente resolución judicial, la empresa Minera México está en su derecho de recuperar las instalaciones.
Al comparecer ante la comisión especial del Senado que da seguimiento a la huelga en Cananea, el más cuestionado fue el titular de la Secretaría del Trabajo, sobre todo por su afirmación de que la huelga de Cananea fue un instrumento de chantaje del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de pedir 100 millones de dólares como una de las condiciones para levantar el movimiento, lo que impidió, dijo, todo intento de conciliación.
Lozano reconoció que para decretar la terminación de relaciones laborales en Cananea –después de tres años de huelga– y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se acudió a la misma figura de causas de fuerza mayor.
Ricardo Monreal y el diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa señalaron, en intervenciones por separado, que “el subconsciente “ traicionó al funcionario al declarar que siguieron la misma estrategia con los mineros de Cananea y con el SME.
Ofensiva contra los sindicados no afines al régimen
Los senadores perredistas Tomás Torres, Arturo Núñez y Jesús Garibay, así como el petista Ricardo Monreal y el priísta Fidel Pacheco, expresaron su preocupación por la actuación parcial de las autoridades laborales en el caso de Cananea y por el riesgo de que se haya encontrado el camino para acabar con sindicatos que no son afines al régimen y de liquidar de tajo el derecho de huelga.
Lozano Alarcón se confrontó directamente con los senadores Torres y Monreal, quienes le exigieron hablar con claridad y le señalaron contradicciones en su intervención. El petista le dijo que su lenguaje encierra un profundo sentimiento fascista, lo llamó el sepulturero del derecho de huelga y le exigió aclarar en qué momento Gómez Urrutia le pidió 100 millones de dólares.
El titular de la STPS debió aclarar que Gómez Urrutia no le formuló nunca tal petición a él, y pasó problemas también para asegurar que no había acusado a los mineros de Cananea de robar y dañar las instalaciones, pese a que en su intervención inicial responsabilizó a la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero de no haber posibilitado el diálogo y sostuvo que en marzo del 2009 la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, durante una visita de inspección, pudo identificar el grado de vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado en sus instalaciones.
El senador Torres pidió también explicaciones a Lozano Alarcón de por qué en el boletín de la dependencia a su cargo donde da cuenta de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo –por la que se niega amparo al sindicato minero y se confirma la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la terminación de relaciones laborales– se consignan datos que ni siquiera conocen las partes, ya que la sentencia aún no se notifica.
El perredista Francisco Garibay dijo a Lozano y Gómez Mont que el gobierno protege a la empresa. Les advirtió que en Cananea se inició la Revolución Mexicana y que cuando el diálogo se rompe lo que sigue son los chingadazos.
Los panistas Federico Döring y Javier Castelo salieron en defensa del funcionario, diciendo que no se puede ceder a los chantajes de Gómez Urrutia. El primero calificó de ominoso que Monreal y Torres preguntaran a los funcionarios por la petición de que se revoque la concesión a Grupo México.
Ante la insistencia de los legisladores en por qué no se buscó la conciliación, Gómez Mont expuso que sin menoscabo de la aplicación de la ley, hay espacios para la política y que la dependencia a su cargo continuará favoreciendo los acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad.
Hasta las guerras terminan con tratados, resaltó el senador Núñez al final de la comparecencia, cerca de la medianoche.
"La democracia es tonta y lo sostengo", reitera Lujambio
La redacción. Proceso.
MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- A pesar de las críticas que generaron sus declaraciones en el sentido de que la democracia nacional “es tonta porque desperdicia talentos políticos”, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se sostuvo en su dicho:
En entrevista, el funcionario reiteró:
"Lo digo una y otra vez: una democracia no es virtuosa cuando desperdicia el talento de sus políticos. Eso ya no debemos hacerlo los mexicanos. Por eso dije que nuestra democracia era tonta y lo sostengo. Me temo que estamos desperdiciando talento, capacidad, capital humano y político".
Sobre la iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón, Lujambio afirmó:
"No puedo creer que en una democracia como la mexicana alguien como Carlos Navarrete, un político de tan grande altura, no pueda sostener una carrera parlamentaria como en el resto del mundo sucede. No puedo creer que alguien como Ricardo García Cervantes, un senador de primera talla, no pueda generar una permanencia de carrera parlamentaria, una vez que los ciudadanos que lo eligieron vuelvan a juzgarlo, vuelvan a plantearle sus demandas y eventualmente lo reelijan o lo rechacen. No puedo creer que alguien como Francisco Arroyo, guanajuatense distinguido, no pueda sostenerse en el Senado a partir del juicio que le merezcan sus representados".
Lujambio dijo que el tema no debe ser de partidos, sino para la democracia mexicana, y advirtió que, aunque su prioridad es el tema educativo, hablará de este tema “porque es central para la calidad de la vida de México”.
Añadió: "Que quede muy claro esto: yo soy secretario de Educación todo el tiempo, pero también soy parte de un gobierno que está impulsando una agenda de reforma política para perfeccionar nuestra democracia".
Sostuvo que este no es un asunto de reelección para favorecer políticos, sino la posibilidad del juicio ciudadano en las urnas, para premiar o castigar a sus representantes.
Sobre lo dicho por el titular de la SEP, el senador priista Francisco Arroyo afirmó: “Es una pena que un intelectual como él no tenga mejores argumentos para defender la reforma política de Calderón”, mientras que el legislador perredista Arturo Nuñez señaló que “la democracia es eficaz o ineficaz, pero nunca tonta”.
Por su parte, el senador petista Ricardo Monreal dijo: “Más tonto es quién se subordina a un cacicazgo sindical y quién no hace nada por mejorar el nivel educativo en México”.
La redacción. Proceso.
MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- A pesar de las críticas que generaron sus declaraciones en el sentido de que la democracia nacional “es tonta porque desperdicia talentos políticos”, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se sostuvo en su dicho:
En entrevista, el funcionario reiteró:
"Lo digo una y otra vez: una democracia no es virtuosa cuando desperdicia el talento de sus políticos. Eso ya no debemos hacerlo los mexicanos. Por eso dije que nuestra democracia era tonta y lo sostengo. Me temo que estamos desperdiciando talento, capacidad, capital humano y político".
Sobre la iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón, Lujambio afirmó:
"No puedo creer que en una democracia como la mexicana alguien como Carlos Navarrete, un político de tan grande altura, no pueda sostener una carrera parlamentaria como en el resto del mundo sucede. No puedo creer que alguien como Ricardo García Cervantes, un senador de primera talla, no pueda generar una permanencia de carrera parlamentaria, una vez que los ciudadanos que lo eligieron vuelvan a juzgarlo, vuelvan a plantearle sus demandas y eventualmente lo reelijan o lo rechacen. No puedo creer que alguien como Francisco Arroyo, guanajuatense distinguido, no pueda sostenerse en el Senado a partir del juicio que le merezcan sus representados".
Lujambio dijo que el tema no debe ser de partidos, sino para la democracia mexicana, y advirtió que, aunque su prioridad es el tema educativo, hablará de este tema “porque es central para la calidad de la vida de México”.
Añadió: "Que quede muy claro esto: yo soy secretario de Educación todo el tiempo, pero también soy parte de un gobierno que está impulsando una agenda de reforma política para perfeccionar nuestra democracia".
Sostuvo que este no es un asunto de reelección para favorecer políticos, sino la posibilidad del juicio ciudadano en las urnas, para premiar o castigar a sus representantes.
Sobre lo dicho por el titular de la SEP, el senador priista Francisco Arroyo afirmó: “Es una pena que un intelectual como él no tenga mejores argumentos para defender la reforma política de Calderón”, mientras que el legislador perredista Arturo Nuñez señaló que “la democracia es eficaz o ineficaz, pero nunca tonta”.
Por su parte, el senador petista Ricardo Monreal dijo: “Más tonto es quién se subordina a un cacicazgo sindical y quién no hace nada por mejorar el nivel educativo en México”.
