AL DESCUBIERTO

24 jun 2010

Espías y ladrones
José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- A veces, más de las que uno quisiera, la política mexicana se convierte en un juego absurdo en el que ya no se sabe quién es quién, o si lo que hacen los protagonistas es legal o ilegal.
En esta juerga de papeles, todos se espían y todos se acusan de ladrones. Priistas contra panistas y perredistas se han trabado en una guerra de lodo y se han dicho de todo en los últimos días. Es, como ya se conoce en algunos lugares, una guerra sucia entre mapaches y tejones.
Cuando el PRI estaba en el poder no había duda de quién era el mapache y quién realizaba la práctica del espionaje, pero cuando en el 2000 perdió la Presidencia de la República, muchos personajes organizaron sus propios centros de inteligencia, sabiendo la importancia de tener información de primera mano.
Paradójicamente, el nuevo gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desmanteló la estructura del Centro de Investigación Nacional (Cisen) a lo largo de todo su gobierno, hasta que Felipe Calderón la retomó, poniendo al frente a Guillermo Valdés Castellanos, el mismo que fue director de la encuestadora GEA- ISA, la primera que dio a conocer la ventaja del entonces candidato Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de 2006.
Al desmantelarse el Cisen en la administración foxista, algunos de los grupos políticos aprovecharon la fuga de personal y de información para instalar sus propios centros de inteligencia, que en realidad fueron de espionaje.
De esta manera, lo que era una función única y exclusiva del Estado –la labor de inteligencia que incluye la obtención de información– comenzó a ser realizada por los principales grupos políticos del estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal. Lo mismo hicieron personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Slim y Lorenzo Zambrano. Estos últimos contrataron para sus servicios a los exdirectores del Cisen: al almirante Wilfrido Robledo Madrid y a Jorge Tello Peón.
En los últimos años hemos visto cómo han operado estos centros de espionaje en el mundo político. En pleno Zócalo capitalino, al culminar la campaña de 2006, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Elba Esther Gordillo negociar el voto a favor de Calderón.
Nunca se dijo de dónde habían salido dichas grabaciones, pero tiempo después se conoció que su entonces secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, había instalado un centro de operaciones conocido como “El Taller”, con oficinas en avenida Reforma, en la cuales se realizaban labores de inteligencia.
Otro ejemplo del uso del espionaje político fue el caso de las conversaciones del gobernador Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, o las de Raúl y Adriana Salinas de Gortari discutiendo sobre el dinero depositado en Suiza, o las de Luis Téllez acusando precisamente al presidente Carlos Salinas de Gortari de quedarse con el dinero de la caja chica de la Presidencia de la República.
Varios centros de espionaje han sido desactivados en estos años. Uno de ellos estaba a unas cuadras de la residencial oficial de Los Pinos, y se descubrió que espiaban a Vicente Fox. Otro más fue revelado en el Estado de México, y uno más reciente en Cancún, Quintana Roo.
Apenas en marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca. Se encontró que se espiaba a opositores del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos a Juan Díaz Pimentel, expresidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Raúl Bolaños Cacho, ambos simpatizantes de Gabino Cué.
Ahora, en vísperas de las elecciones del 4 de julio, se han dado a conocer nuevas grabaciones, en las que se denota con claridad el apoyo que los gobernadores de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, respectivamente, proporcionan a sus respectivos candidatos.
En este nuevo juego de espías y ladrones, todos están implicados, incluidos los medios que difunden las filtraciones con un afán meramente periodístico.
Y este es un rasgo más del proceso de descomposición que sufre la política mexicana desde hace décadas, misma que adolece de corrupción, traiciones, asesinatos, vínculos con el crimen organizado e impunidad.
Esta práctica del espionaje político seguirá suelta mientras los propios partidos políticos no hagan algo para sujetarla, y es posible que no lo hagan porque nadie se pone la soga al cuello.
El uso político del espionaje, lo mismo lo hace el gobierno federal que los demás grupos de poder. Y es por esto que muy probablemente, en el camino hacia las elecciones entrantes, veamos o escuchemos nuevas grabaciones de vida política y privada de los principales personajes, provocando el enconamiento que precede a la violencia social.
Y de eso, todos los actores políticos, incluidos los medios, serán responsables.

Guardianes del infierno
Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 23 de junio.- Allí está nuestro Cerbero mexicano. Esa figura de la mitología griega, ese perro de tres cabezas parado en la puerta del infierno. El guardián del Hades, encarnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría asegura que no habrá escapatoria jamás, jamás. Al hablar y votar como lo acaban de hacer siete ministros en el caso de la guardería ABC aseguran que no será posible salir del país donde todo pasa y no pasa nada. Donde no hay “responsables”, sino tan sólo “involucrados”, y de rango menor. Donde importa más apaciguar el enojo del presidente Calderón con el histórico dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que el reconocimiento de las verdades incómodas que revela. Donde los “involucrados” de alto nivel alegan que no se les concedió audiencia, cuando tuvieron acceso privilegiado a los ministros y pudieron hacer un cabildeo personal tan exitoso que los exoneró.
Nuestro Cerbero nacional, un vigilante leal de las compuertas que impiden a los mexicanos el éxodo del inframundo. Un lugar en el cual la población se ha acostumbrado a la impunidad y no tiene más recurso que la indignación personal. Un lugar en el cual se obliga a los padres de 49 niños muertos a rogar por la intervención del Máximo Tribunal dado que los Ministerios Públicos no investigan crímenes, las Procuradurías no procuran justicia, los funcionarios no renuncian, las instituciones no cumplen. Y llegan allí, el pecho cubierto con las fotografías de los hijos que depositaron al cuidado del IMSS –cuyo escudo es un águila que protege a una madre que protege a un hijo– y que nunca más volvieron a abrazar. A acariciar. A mecer entre sus brazos, como todavía lo pueden hacer Juan Molinar y Daniel Karam y Eduardo Bours con los suyos.
Cerbero, el hermano de la Quimera, de la pendencia. Cerbero tiene –según los textos clásicos– una cabeza que representa el pasado; aquella era en la que los ministros de la Suprema Corte se comportaban como comparsas del Poder Ejecutivo y seguían sus instrucciones. Aquella era en la que no importaba ignorar, mancillar y burlarse de la Constitución o ponerla al servicio de la protección política. Aquella era en la cual, en aras de “defender” a las instituciones del Estado mexicano, se ignoraba cuando fallaban y se olvidaba a quienes padecían los costos, que casi siempre eran los desposeídos.
Aquella era que considerábamos superada y vemos revivir con ministros temerosos o inconsistentes o presionados o escurridizos; con argumentaciones –en tono consistentemente socarrón– como las del ministro Aguirre Anguiano, que sólo reconoce “algunas negligencias” e ignora las implicaciones probabilísticas del muestreo realizado por la Comisión Investigadora. O las del ministro Sergio Valls, con las que asegura que “no es problema del IMSS el de la supervisión” por la instalación de una gasolinera cerca de la guardería, y con ello se lava –y les lava– las manos a los “involucrados”. O las del ministro Luis María Aguilar Morales sugiriendo que no hay una buena ley que regule las guarderías, pero a la vez rechaza que exista un desorden generalizado por ello. O las de Margarita Luna Ramos, quien dice que “probablemente sí se diera el desorden” pero no se atreve a votar para acreditarlo. O las de Fernando Franco, quien afirma que hay “irregularidades de diferente grado y hay algunas que no afectan la seguridad”, con lo cual acepta que se viola la ley un poquito. O las de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien –increíblemente– usa como pruebas para acreditar su posición los “comentarios de la gente” y con ello constata que el sistema de guarderías subrogadas del IMSS es satisfactorio, cuando la investigación auspiciada por la propia Corte evidencia lo contrario.
Y sin duda todos ellos se sentirán orgullosos por la defensa del honor del IMSS, sin comprender que en este caso no se denostaba a la institución como tal, sino a los funcionarios omisos o incompetentes; se trataba –como lo subrayó con razón el ministro Zaldívar– de proteger al IMSS de los malos servidores públicos. Y sin duda los ministros de la mayoría se escudarán en esa facultad de investigación maltrecha y mal diseñada que les otorga el artículo 97 de la Constitución. Dirán que hicieron todo lo posible, dadas sus limitaciones. Incluso insistirán en que les quiten la facultad para así evitar la incomodidad que entraña asumir posiciones controvertidas y defenderlas. Pero el dictamen singular del ministro Zaldívar les ofrecía una puerta de escape, una ruta con la cual ayudar a los mexicanos a salir del infierno de la impunidad garantizada. Él ofrecía otra cara para el Cerbero cómplice de las cosas tal y como son. Él ofrecía la cara del futuro para la Suprema Corte, la faz de lo que podía ser.
La Suprema Corte que México merece, capaz de perderle el miedo a las palabras; capaz de mirar a ese otro México en el que ellos no viven, habitado por personas sin poder –como los padres de la guardería ABC–, cuyos derechos tienen la obligación de proteger. Capaz de pronunciar la palabra “impunidad”, la palabra “responsable”, la palabra “omisión”, la palabra “violación”, como lo hicieron José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño. Capaz de exigir una modificación constitucional para que las investigaciones que realiza sí tengan efectos jurídicos. Porque si no lo hacen y continúan escondiéndose detrás de la ambigüedad, los tecnicismos y las visiones estrechas, los ministros que votaron una y otra vez en contra del dictamen tan sólo darán validez a lo que su colega Arturo Zaldívar reprochó: si el segundo párrafo del artículo 97 no sirve para fincar responsabilidades, pues “realmente no sirve para nada”.
Como no sirvió en este caso porque la mayoría de la Corte simplemente no quiso darle vida o sentido al texto constitucional. Optó por ignorar el argumento –enraizado en las mejores democracias– de la responsabilidad política asociada con el servicio público. Y con ello mostró la tercera cara de Cerbero, la cara del presente. La cara de los fallos jurídicos mediocres y mal argumentados. La cara que insiste en considerar la crítica necesaria como alta traición a la Patria. La cara de un México en el que siempre faltan reglas y donde las que hay no se cumplen. La cara con la cual se aceptan las omisiones, y por ello nunca hay servidores públicos de alto nivel responsabilizados, como Juan Molinar o Daniel Karam, que saltarán a otro puesto gracias al permiso que la Corte les ha dado. La cara desencajada de los padres de 49 niños muertos a quienes la Corte les acaba de decir: “Bienvenidos al infierno, y ni modo”. Una Suprema Corte que, parafraseando las palabras de Juan Rulfo, “no oye ladrar a los perros
Astillero
Asilo político
América del Valle
Presos de Atenco
Pedagogía del horror
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Miles de mexicanos de diferentes niveles socioeconómicos dejan su país diariamente por razones económicas y de inseguridad, como silencioso saldo de la forma trágica en que el calderonismo ha ejercido el poder. Irónicamente, una parte de esa procesión rumbo al exilio proviene de las capas que apoyaron el golpe electoral que instaló al michoacano en Los Pinos y que celebraron la inserción del virus de la división social al calificar al puntero perredista de 2006 como un peligro para México, que causaría los males que en realidad acabó creando el panista castrense.
No siempre hay claridad respecto al origen de esa indocumentada expulsión social, amargamente anclados muchos de esos involuntarios viajeros en el insulto genérico descalificador de la política y los políticos, revolviéndose entre el cinismo y el fatalismo que justifican que en México siempre las cosas han sido así, maldicientes y confusos los que dejan su Patria, ansiosos unos de empleo y recursos básicos para compartir con su familia que acá se queda; deseosos otros, los pudientes, de huir con toda la parentela de los riesgos de la delincuencia desbordada.
Ayer hubo, sin embargo, una relevante solicitud de asilo que razona y denuncia las circunstancias de peligro social y político que los ejecutores de los poderes federales han hecho prevalecer en nuestro país. América del Valle ha solicitado a Venezuela (referencia que desatará la histeria antichavista tan conocida) que le dé refugio por razones políticas, pues fundadamente considera que en México no hay justicia ni apego al derecho, y que la protesta social es convertida en delito y perseguida incluso por encima de los de por sí discutibles límites que la legalidad permite a esos poderes. América sabe de lo que habla, pues es hija de Ignacio, el líder de San Salvador Atenco aberrantemente condenado a más de cien años de prisión y confinado en una cárcel de alta seguridad, y de doña Trini, la valiente mujer que ha continuado la lucha social. Ella misma, América, ha vivido en permanente acoso desde aquella terrible agresión de las policías federal foxista y estatal peñanietista, cargando con la amenaza de aplicarle sanciones parecidas a las de su padre, en cuanto se le acusa de hechos similares.
La solicitud de asilo político parte de la convicción de que los órganos de impartición de justicia están condicionados por los poderes fácticos y que en el caso concreto de los presos de Atenco la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará en estos días de manera parecida a como lo ha hecho en otros casos relevantes de agravios sociales (Oaxaca, Lydia Cacho, Acteal, ABC, el propio Atenco, por citar algunos), tejiendo discusiones teóricas y construyendo salidas conceptuales que en los hechos dejan esos agravios, y a los gobernantes y funcionarios involucrados, sin castigo. El diseño neofranquista del calderonismo va pasando de las formalidades apenas cubiertas al descaro en el ejercicio de la represión. Hace años que fluye el exilio económico popular y, recientemente, el de clases medias y altas aterradas por la delincuencia dominante. Ahora se presenta una solicitud fundada de asilo político (otras ha habido, desde luego, sobre todo en Canadá, con tales visos de abuso en algunos casos que provocó la exigencia de visas para entrar a ese país). Un giro más en la tuerca del felipismo.
Astillas
Empeoran las condiciones de salud oratoria del siempre desconcertante secretario Gómez-Mont. No hay semana en que prive a la República de mórbidas perlas de levitación discursiva, perorando, entre enojos y seriedades dignas de mejores acompañamientos teóricos, sobre los mundos idealizados del derecho, la ética y el buen gobierno mientras el país entero vive el sangriento desastre diario del calderonismo fallido. Apenas acaba de pronunciar el titular de Gobernación una tesis que cual bumerán le pega a su propio equipo y jefe, cuando ya está produciendo otra. El martes amanecía exigiendo a los medios revisar su lenguaje en cuanto a precisar los calificativos, porque hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrón, y en un sistema democrático esos calificativos sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido, sin reparar en que el felipismo ha pagado sombrías campañas propagandísticas en medios electrónicos en que da por sentenciados a presuntos narcotraficantes cuando apenas acaban de detenerlos, o que ese mismo gobierno federal ha dictaminado que la gran mayoría de los más de 23 mil asesinados a cuento de la guerra contra el narcotráfico eran sicarios, sin abrir más que una ínfima parte proporcional de averiguaciones previas. Y ayer ese mismo opinante aparecía tratando de convencer al asustado público de que los manuales de supervivencia ante balaceras, aplicados en Nuevo León entre estudiantes de secundaria, son una invaluable contribución en la improbable pedagogía de la libertad. En aras de la libertad decapitada, desmembrada, secuestrada y torturada, ayuda el siguiente párrafo a entender la disparatada visión de la realidad que tienen algunos funcionarios blindados: De ninguna manera podemos como sociedad democrática dar el paso hacia la pedagogía del miedo. Como sociedad democrática tenemos que generar pedagogía de la libertad y la pedagogía de la libertad empieza por que los ciudadanos se acompañen del esfuerzo de sus gobiernos para garantizar la seguridad, que participen en ese esfuerzo de procurar la seguridad de todos… Y, mientras Gobernación confirma que los comicios estatales estarán vigilados por fuerzas federales coordinadas con las locales, y EU anuncia que vigilará con aviones no tripulados la frontera con México (país que también se pregunta dónde está el piloto), y la Permanente ordena investigar el uso electoral propanista de los recursos manejados por Sedesol, y Fidel Herrera tácticamente se va hoy solamente contra el títere César Nava y no contra el manipulador superior, ¡hasta mañana, con el héroe del Renaut, Héctor Osuna, dejando la Cofetel entre cochineros, transas y servicios a la carta a ciertas empresas!