GARANTE DE IMPUNIDAD

La SCJN contra la Constitución
LUIS JAVIER GARRIDO
Las principales fuerzas sociales del país se hallan en abierta resistencia contra el gobierno panista cuando se empiezan a producir los esperados fallos del Poder Judicial sobre cuestiones cruciales, ahondándose con ellos una peligrosa brecha entre una clase política decidida al margen de la legalidad a seguir desmantelando la nación y cancelándole derechos a los mexicanos en nombre de los intereses de las trasnacionales, y un pueblo que entiende cada vez más que no puede ya invocar dicha legalidad para defender sus derechos.
1. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) han avergonzado a la nación al tratar de establecer, contra la Constitución y contra la razón, que a) un organismo público como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el derecho de subrogar, es decir de privatizar, sus funciones (15 de junio), y que b) tras el incendio de la estancia infantil ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, como consecuencia de la entrega ilegal de la misma a una parienta política de Felipe Calderón para que lucrara con ella sin atender las condiciones mínimas de seguridad y de calidad, no hay funcionarios culpables.
2. La mayoría de los 49 niños muertos y más de 79 heridos eran de familias de obreros, y ante su clamor inatendido de justicia y el desprecio del panismo, han expresado con claridad lo que es el sentimiento de la nación y su voluntad de seguir luchando, como se puede leer en Nosotros somos los culpables: la tragedia de la guardería ABC (Grijalbo, 2010, 224 pp.)
3. El aspecto más patético de la aberrante decisión no es, sin embargo, el social, sino el político, pues a consecuencia de esta investigación en la que enseñaron el cobre, los propios ministros están demandando se les retire la facultad de investigación que tienen, so pretexto de que la importancia de este rol los compromete ante la opinión nacional, por lo que buscan dejar de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y que la función investigadora pase a otra instancia (como podría ser la CNDH), con lo que la misma se desnaturalizaría y minimizaría, acabándose con el equilibrio de poderes y fortaleciéndose aún más el poder despótico del Ejecutivo, lo que es ridículo.
4. El bochornoso papel de la SCJN en este verano de 2010 está conduciendo de tal manera a agravar la crisis nacional al evidenciar que no hay legalidad alguna en el país, ni medios jurídicos para luchar por ella, por lo que no quedan en lo estrictamente jurídico más que las instancias internacionales. La SCJN está integrada por oscuros y mediocres abogados sometidos al poder de El Yunque y del PAN, señalados continuamente como reaccionarios y corruptos y que lo único que buscan es desmantelar la nación y cancelar los derechos sociales de los mexicanos de manera subrepticia. De ahí que esta gravísima decisión, contraria a la Constitución, se haya anunciado en pleno Mundial de Futbol, buscando minimizarla al anunciar el gobierno de manera propagandística que va a proceder contra militares violadores de derechos humanos, lo que por otra parte nadie le cree.
5. Los gobiernos panistas que ha tenido el país desde 2000 no se distinguen en sus rasgos esenciales de los gobiernos priístas que tuvo México entre 1982 y 2000, porque no son otra cosa que una prolongación del mismo régimen político neoliberal instaurado a partir de 1982 y que ha tenido como objetivo el tornar inexistente a la Constitución mexicana para establecer un modelo autoritario de ejercicio del poder enmascarado en un discurso sobre la democracia que se sustenta en las reglas no escritas del despotismo neoliberal.
6. El ejercicio del poder panista ha sido mucho más despótico y antinacional que el de los priístas, porque ha estado determinado por el fanatismo ultraderechista que subsiste en el país y por el sentimiento revanchista de los grupos de ultraderecha que existen integrados al PAN, de ahí su talante mucho más corrupto y cínico, que determina que para muchos Acción Nacional sea un cadáver, como lo decía el prominente panista Rogelio Sada Zambrano a La Jornada el domingo 13.
7. La lucha social se está dando también en el ámbito internacional, como lo están haciendo ahora mismo los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ante la Organización Internacional del Trabajao (OIT) en Ginebra, Suiza, donde han sido calurosamente acogidos. Tras la fracasada intervención el lunes 14 de Javier Lozano, el enviado de Calderón, cuando fue abucheado al tratar de justificar las violaciones de derechos fundamentales a mineros y electricistas, Martín Esparza (secretario general del SME) presentó ayer con éxito una exposición donde evidenció las innumerables violaciones de Calderón no sólo al marco constitucional y legal interno sino a la normatividad internacional suscrita por México.
8. Los integrantes del gobierno de facto de Felipe Calderón han actuado, sin embargo, con desparpajo ante los señalamientos y acusaciones que se les han hecho por los delitos que han cometido en el ejercicio del poder, porque saben que son impunes: que en el modelo neoliberal no pueden ser sancionados sino cuando traicionan a Washington o a los grandes consorcios trasnacionales. O, en otras palabras, cuando transgreden la normatividad no escrita de la globalización neoliberal.
9. La Constitución y las leyes de la República no pueden ser aplicadas a los funcionarios panistas por los tribunales porque la derecha mexicana controla a la SCJN y a las instancias federales y locales de justicia. En el modelo político neoliberal los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no son otra cosa que empleados de los poderes fácticos, sometidos no a la legalidad formal de la nación sino a los dictados del poder, que en los asuntos sociales, administrativos o políticos, en donde hay un interés de la mafia en el poder o del Estado neoliberal, fallará siempre contra los intereses de la nación, lo que no le deja al pueblo más que una alternativa: por medio de la movilización social y la resistencia ciudadana tratar de someter a los integrantes de la clase política y a los propios jueces a la legalidad y de imponer el establecimiento de un orden de derecho, de instaurar, en consecuencia, otro régimen político. Algo que parece imposible si no media una movilización sin precedentes.
10. El espejismo de creer en una legalidad inexistente con base en la posible e hipotética honestidad de algún juez no puede ser la base de la movilización de una sociedad que, sin embargo, debe mantenerse en el marco de una resistencia civil pacífica si quiere echar del poder a la mafia corrupta de panistas y priístas que, en nombre de intereses trasnacionales, sigue pisoteando los derechos de los mexicanos y de la nación.
¿Quién defiende a los niños?
GABRIELA RODRÍGUEZ
¿Qué puede ser más doloroso que la muerte de 49 niños? Que esas muertes sean responsabilidad de la familia o del Estado. Creo que por eso son tan indignantes los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Por qué, si han demostrado que es posible actuar a favor de la justicia, hoy confirman su falta de autonomía respecto del Poder Ejecutivo? ¿Por qué deslindaron de responsabilidad o de señalar como involucradas en la tragedia a las más altas autoridades del IMSS y del estado de Sonora, cuyas decisiones y omisiones costaron la vida a 49 niños? ¿Quién convenció a tres o cuatro ministros de proteger a Molinar, a Karam, a Bours, a Marcia Gómez del Campo? ¿Cómo avalar un sistema de subrogación de guarderías que apoyaba la discrecionalidad al otorgar contratos con fines de lucro a influyentes y parientes del gobernador o de la esposa del Presidente? ¿Qué compromisos políticos o económicos los obligan a seguir dependiendo de la estructura de poder? Menos mal que una minoría desaprobó tal decisión y junto con Arturo Zaldívar, Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza afirmaron que de haberse cumplido con las normatividades, los daños hubiesen sido menores. Menos mal que 10 ministros determinaron que el incendio de la guardería ABC representa una grave violación de garantías individuales.
Lástima que esas decisiones no son vinculantes. Al rechazar el proyecto del ministro Zaldívar se perdió una oportunidad histórica: la de fortalecer la débil democracia de México, la de superar el acartonamiento del máximo tribunal del Poder Judicial y escuchar la voz renovada que representa Zaldívar, una generación de juristas que están creando mecanismos para ampliar el papel de la SCJN a fin de responsabilizar a funcionarios, para jugar un rol determinante en el ejercicio de la justicia y en la lucha contra la impunidad.
Y sin embargo, hay quien aprovecha que en esta semana los reflectores están dirigidos a la Suprema Corte, y más bien a la Copa Mundial de Futbol, para presentar una iniciativa contra le educación laica. Paz Gutiérrez Cortina, diputada del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar nada menos que el tercer artículo de nuestra Constitución. Su propuesta es corta y parece inocua, se propone adicionar al artículo tercero el siguiente párrafo: “Los padres de familia tienen el derecho a decidir sobre la educación de sus hijas e hijos menores de edad en base a sus principios éticos y convicciones” –el subrayado es mío–. La también fundadora y presidenta de las asociaciones del Opus Dei enfocadas al fortalecimiento de los valores de la vida y de la familia (Red Familia, Enlace AC) nos cree con menos cerebro que los fetos in utero que con tanto ahínco defiende en su columna del diario Reforma, donde llegó a considerar como conducta antisocial eliminar a los individuos no nacidos. Pero no le preocupan las víctimas de la tragedia de la guardería ABC, pues no se pronunció ni ahora ni hace un año, ni tampoco los niños abusados por Marcial Maciel, a quien elogió por las abundantes siembras de santidad que hizo a lo largo de 60 años de servicio.
El principal argumento de su iniciativa es defender a los padres de familia como titulares de derecho: que el Estado deje de ser violatorio del derecho fundamental a la educación por la existencia de un dualismo antagónico entre la educación que se imparte en la escuela y la que le otorgan los padres de familia en su hogar (Gaceta Parlamentaria, 16/06/10). Para fundamentar el derecho de los padres recurre a la libertad de culto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al 24 constitucional que reconoce el derecho de todo ciudadano a elegir y profesar el culto religioso que más le agrade o a no profesar ninguno. La agenda oculta que busca dar entrada a la educación religiosa en las escuelas públicas se revela en los artículos insertados como notas al pie de página en la propuesta. El artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala: “los estados se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La señora Fernández Cueto no toma en cuenta que este artículo ya se aplica y se restringe exclusivamente a las escuelas privadas (en la frase que yo subrayé). Si los padres imponen una religión en las aulas se atenta contra la educación laica y se discrimina a los ciudadanos y a las personas menores porque se les excluye del derecho a la libertad de culto. En el primero constitucional: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra…”; y en el artículo 14 de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN): Los estados parte respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión... Más que derecho, los padres tienen la obligación de educar y respetar a sus hijos, y ante derechos encontrados entre padres e hijos se impone el interés superior del niño. Artículo 18 (CDN): Los estados parte pondrán el máximo de empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

Cuando el fútbol sirve a los gobiernos

Emilio Godoy
IPS


El gobierno de México y las autoridades de la capital aprovechan la oportunidad que representa la participación de la selección nacional en la Copa del Mundo de la FIFA, que comenzó el pasado viernes en Sudáfrica, para sacar los reflectores de la crisis económica y del violento combate al narcotráfico.
Una muestra del maridaje entre el balompié y la política es la asistencia del presidente de México, el conservador Felipe Calderón, al partido inaugural del torneo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) en el que se enfrentarán el seleccionado de su país con la escuadra anfitriona. La cancillería ha difundido la visita como una gira de trabajo.
"El fútbol es un concentrador de masas, que le ayuda a la gente a desahogar sus frustraciones y la realidad de su día a día. Hoy tiene un tinte político, ya que al ser centro de concurrencia se aprovecha para insertar mensajes de campaña", dijo a IPS el analista Juan Ibarrola.
Para sondear el ánimo popular ante un eventual viaje a Sudáfrica de Calderón con motivo de la Copa, el gobierno organizó en mayo una encuesta que arrojó un resultado favorable de entre 59 y 63 por ciento de los entrevistados. Así se convertirá en el primer presidente mexicano en viajar a un Mundial para presenciar un partido del equipo nacional.
Calderón, invitado por su par de Sudáfrica, Jacob Zuma, a presenciar la ceremonia inaugural, se ha reunido al menos en cuatro ocasiones con los integrantes de la escuadra mexicana desde junio de 2009.
"Es ahora la moda lo del fútbol. El gobierno no es ajeno a lo que está pasando y aprovecha la situación para comunicar a la gente algún estado de ánimo o para no hacer ciertas cosas", declaró a IPS Erasmo Zarazúa, académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la privada Universidad Iberoamericana.
El gobierno ha aprovechado la fiebre por el fútbol para anunciar ciertas decisiones.
Por ejemplo, el 10 de octubre, cuando el seleccionado local se enfrentó al de El Salvador en el marco del proceso clasificatorio a la justa de Sudáfrica, la administración de Calderón resolvió la liquidación de la empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro, que originó un conflicto que todavía no se resuelve.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de esa decisión y un grupo de ex trabajadores permanece en huelga de hambre.
Según una encuesta de la consultora Mitofsky, divulgada el martes, la mitad de los mexicanos están interesados en distinta medida en la competición futbolística mundial.
El director técnico de la selección mexicana, el español Javier Aguirre, cuyo rostro acapara portadas de periódicos y revistas nacionales, no ha escapado a los designios del poder político.
"Sudáfrica apela mucho a eso, a su presidente, como en la película ‘Invictus’. Nosotros también estamos cubiertos en ese aspecto. Imagínate lo que es para los chavos (muchachos) compartir con la familia del presidente", dijo Aguirre el 7 de mayo tras enfrentar a Ecuador en un partido amistoso en el estado estadounidense de Nueva Jersey.
El filme "Invictus" (2009), dirigido por el estadounidense Clint Eastwood, gira en torno a la vida del ex presidente sudafricano Nelson Mandela (1994-1999) y su uso del campeonato mundial de rugby de 1995, ganado por su país, para unir a esa sociedad luego de que desapareciera el régimen segregacionista blanco conocido como apartheid.
El 30 de mayo, Aguirre apareció en un spot transmitido por las cadenas privadas Televisa y TV Azteca en el que llamó a transitar "del México del sí se puede al México del ya se pudo".
"Es 2010 y parece imposible ser el gran país seguro, justo y próspero que todos deseamos. Pero nuevamente es el momento de actuar", manifestó el entrenador en alusión a los 200 años que se cumplen de la independencia de España y los 100 años de la Revolución Mexicana.
Luego, Aguirre, quien también dirigió a su país en la Copa del Mundo escenificada en Japón y Corea del Sur en 2002, intervino en el programa Discutamos México que se transmitió el 8 de este mes en los canales estatales 11 y 22.
"Si yo les digo a los jugadores ‘mira, realmente el país está ávido de buenas noticias, la economía nos llega a cuentagotas, la violencia está terrible, la sociedad no camina, hagamos nuestro papel, ¡ganemos el Mundial!’ ¿Te puedes imaginar la presión?", comentó.
La Secretaría (ministerio) de Educación Pública permitirá que en todas las escuelas se puedan ver los partidos de México en la primera ronda, en la cual enfrentará también a Francia y Uruguay. Además, se espera que las empresas sean flexibles para que sus trabajadores también puedan ver esos juegos.
"Bien si gana, ya que impacta directamente en el ánimo de la gente, pero esto puede ser aprovechado por el poder político para llevar a cabo acciones de las que nadie se da cuenta por la fiebre de que México ganó un partido", apuntó Ibarrola.
También el gobierno izquierdista de la capital mexicana ve en el torneo una oportunidad para llevar agua para su molino. En el Zócalo, la principal plaza del país ubicada en el centro histórico citadino, se instalarán varias pantallas para transmitir los encuentros, en el marco del FIFA Fan Fest.
Esta actividad, organizada por primera vez durante el campeonato mundial jugado en Alemania en 2006, se realizará en otras cinco metrópolis del mundo y nueve localidades en Sudáfrica a lo largo de la competencia.
Mientras la televisión de última tecnología transmite los partidos del mundial, en un rincón del Zócalo se podrá ver a un grupo de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que aglutina a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en su protesta que incluye la huelga de hambre que mantienen contra la decisión gubernamental de finiquitar esa compañía estatal.