LEY MEDIEVAL.
29 jul 2010
Critica el Inmujeres la criminalización en 17 entidades contra quienes abortan
ONG demostrará al gobernador Oliva que sí hay encarceladas
ELIZABETH VELASCO C. Y CARLOS GARCÍA
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 39
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, manifestó que no sólo en Guanajuato, sino en al menos 17 entidades más –donde hubo reformas para prohibir el aborto–, hay una criminalización de las mujeres.
Es lamentable. Esta criminalización se da pese a que abortan sin que ellas lo decidan (al tratarse de sucesos espontáneos); la postura del instituto es que no tienen por qué ser penalizadas, enfatizó.
En su opinión, la decisión de encarcelar a las mujeres que abortan es el reflejo de que existe la intención de controlar al género.
Respecto a las detenciones en Guanajuato por aborto espontáneo, circunstancia que el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, negó la víspera, García Gaytán afirmó que el instituto que dirige, junto con la asociación civil Las Libres, se encarga de documentar los casos de unas 15 mujeres en prisión.
Las Libres documenta los casos y esto nos permite darle un seguimiento; sabemos que 15 mujeres están detenidas. A nueve de ellas les dieron la pena máxima, que es por el aborto, de nueve años, y hay otro delito que es en relación de parentesco, el cual es de 29 años.
Reiteró que la postura del Inmujeres es la de no permitir la penalización de género. Conozco lo que pasa en Guanajuato, en donde una mujer recientemente fue liberada por decisión de un magistrado. En el instituto seguiremos trabajando en el sentido de que ninguna sea penalizada por abortar.
Lamentó la falta de condiciones para modificar las leyes en las entidades donde se penaliza el aborto (Campeche, Durango, Nayarit, estado de México, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y otros), por lo que una de las líneas de trabajo será dar seguimiento a las reclusas por los motivos referidos.
Comentó que el problema se ha llevado a las reuniones que sostiene con autoridades de los estados de la República; sobre todo con los directores de los institutos. Lo preocupante es que las decisiones en los procesos son tomadas por hombres.
Manifestó que estaría abierta a sostener un encuentro con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, para evaluar la situación de las mujeres encarceladas por aborto.
Retan a mandatario estatal
En tanto, Las Libres aceptó el reto del gobernador Oliva de demostrar que hay seis mujeres encarceladas por abortar, pero sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.
La organización solicitó una cita al mandatario panista para analizar los expedientes de las mujeres que purgan sentencias de hasta 29 años de cárcel y se sensibilice, y como un acto de justicia, las indulte.
Oliva negó, el martes anterior, que existan mujeres encarceladas por abortar y acusadas de homicidio, incluso, retó a que demuestren esos dichos.
Que nos dé una audiencia y sobre todo él (que) es el más interesado en aclarar esto; nosotras le vamos a proporcionar todos los datos porque seguramente no los tiene. Hablaremos con estas mujeres para que él las escuche de su propia voz, pidió la directora de la agrupación, Verónica Cruz Sánchez.
Una prueba contundente, refirió, es el caso de Alma Yareli Salazar Saldaña, de quien lograron su liberación tras ser sentenciada a 27 años y seis meses de cárcel, acusada de asesinar a un hijo en razón de parentesco.
Ejecutan a dos activistas en Hidalgo
CARLOS CAMACHO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 31
Pachuca, Hgo., 28 de julio. La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) denunció los asesinatos de Antonio Hernández Hernández y Arturo Levín Ramírez, perpetrados el 19 de julio en la Huasteca, donde ambos ofrecían información sobre el derecho a la vivienda.
La organización destacó el aumento de la violencia en el estado y demandó que se aclare la aparente ejecución de los dos indígenas integrantes de la asociación Hábitat para la Humanidad México, así como la de Fernanda Lavalle, vicepresidenta de la organización Transgénero Hidalgo, quien apareció con huellas de tortura y con dos balazos en la cabeza el 19 de junio.
Hernández Hernández era coordinador del Programa Hábitat para la Humanidad México en la Huasteca hidalguense, y Lavín Ramírez estudiante de ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no ha informado sobre este crimen.
La Acaderh pidió respeto a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos, como es el caso de los integrantes de Hábitat AC y de Fernanda Lavalle.
ONG demostrará al gobernador Oliva que sí hay encarceladas
ELIZABETH VELASCO C. Y CARLOS GARCÍA
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 39
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, manifestó que no sólo en Guanajuato, sino en al menos 17 entidades más –donde hubo reformas para prohibir el aborto–, hay una criminalización de las mujeres.
Es lamentable. Esta criminalización se da pese a que abortan sin que ellas lo decidan (al tratarse de sucesos espontáneos); la postura del instituto es que no tienen por qué ser penalizadas, enfatizó.
En su opinión, la decisión de encarcelar a las mujeres que abortan es el reflejo de que existe la intención de controlar al género.
Respecto a las detenciones en Guanajuato por aborto espontáneo, circunstancia que el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, negó la víspera, García Gaytán afirmó que el instituto que dirige, junto con la asociación civil Las Libres, se encarga de documentar los casos de unas 15 mujeres en prisión.
Las Libres documenta los casos y esto nos permite darle un seguimiento; sabemos que 15 mujeres están detenidas. A nueve de ellas les dieron la pena máxima, que es por el aborto, de nueve años, y hay otro delito que es en relación de parentesco, el cual es de 29 años.
Reiteró que la postura del Inmujeres es la de no permitir la penalización de género. Conozco lo que pasa en Guanajuato, en donde una mujer recientemente fue liberada por decisión de un magistrado. En el instituto seguiremos trabajando en el sentido de que ninguna sea penalizada por abortar.
Lamentó la falta de condiciones para modificar las leyes en las entidades donde se penaliza el aborto (Campeche, Durango, Nayarit, estado de México, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y otros), por lo que una de las líneas de trabajo será dar seguimiento a las reclusas por los motivos referidos.
Comentó que el problema se ha llevado a las reuniones que sostiene con autoridades de los estados de la República; sobre todo con los directores de los institutos. Lo preocupante es que las decisiones en los procesos son tomadas por hombres.
Manifestó que estaría abierta a sostener un encuentro con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, para evaluar la situación de las mujeres encarceladas por aborto.
Retan a mandatario estatal
En tanto, Las Libres aceptó el reto del gobernador Oliva de demostrar que hay seis mujeres encarceladas por abortar, pero sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.
La organización solicitó una cita al mandatario panista para analizar los expedientes de las mujeres que purgan sentencias de hasta 29 años de cárcel y se sensibilice, y como un acto de justicia, las indulte.
Oliva negó, el martes anterior, que existan mujeres encarceladas por abortar y acusadas de homicidio, incluso, retó a que demuestren esos dichos.
Que nos dé una audiencia y sobre todo él (que) es el más interesado en aclarar esto; nosotras le vamos a proporcionar todos los datos porque seguramente no los tiene. Hablaremos con estas mujeres para que él las escuche de su propia voz, pidió la directora de la agrupación, Verónica Cruz Sánchez.
Una prueba contundente, refirió, es el caso de Alma Yareli Salazar Saldaña, de quien lograron su liberación tras ser sentenciada a 27 años y seis meses de cárcel, acusada de asesinar a un hijo en razón de parentesco.
Ejecutan a dos activistas en Hidalgo
CARLOS CAMACHO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 31
Pachuca, Hgo., 28 de julio. La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) denunció los asesinatos de Antonio Hernández Hernández y Arturo Levín Ramírez, perpetrados el 19 de julio en la Huasteca, donde ambos ofrecían información sobre el derecho a la vivienda.
La organización destacó el aumento de la violencia en el estado y demandó que se aclare la aparente ejecución de los dos indígenas integrantes de la asociación Hábitat para la Humanidad México, así como la de Fernanda Lavalle, vicepresidenta de la organización Transgénero Hidalgo, quien apareció con huellas de tortura y con dos balazos en la cabeza el 19 de junio.
Hernández Hernández era coordinador del Programa Hábitat para la Humanidad México en la Huasteca hidalguense, y Lavín Ramírez estudiante de ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no ha informado sobre este crimen.
La Acaderh pidió respeto a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos, como es el caso de los integrantes de Hábitat AC y de Fernanda Lavalle.
Bloquean partes medulares de la Ley Arizona
La Redacción
MÉXICO, D.F., 28 de julio (apro).- Una juez federal suspendió hoy temporalmente las partes de la ley de inmigración B1070 que más polémica han causado entre la opinión pública internacional.
La decisión de la juez Susan Bolton se dio a conocer a unas horas de que la controversial “Ley Arizona”, calificada de racista y de criminalizar la migración ilegal, entre en vigor el primer minuto de este jueves.
La orden de la juez se mantendrá vigente hasta que los tribunales federales de Estados Unidos se pronuncien sobre su contenido.
Aunque la decisión fue considerada por los detractores de la ley como una victoria, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, advirtió que apelará el fallo, el cual consideró como “una piedra en el camino”. Sin embargo, reconoció que la aplicación de la Ley Arizona ocurrirá después de un “largo proceso legal”.
La juez Bolton consideró hoy en Phoenix que existe una “probabilidad sustancial” de que serán detenidos erróneamente inmigrantes legales al aplicarse la nueva ley.
Aun cuando la citada ley entrará en vigor a partir del primer minuto de este jueves, ninguna autoridad de Arizona podrá exigir a una persona, que haya sido detenida por otras razones, que compruebe su estatus migratorio.
Asimismo, de acuerdo con el fallo de la juez Bolton, la disposición que obliga a las personas a portar en todo momento la documentación que demuestre su estancia legal en Arizona.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en Arizona residen poco más de 450 mil ciudadanos indocumentados, la mayoría hispanos.
Más tarde, la gobernadora de Arizona fijó su postura sobre el fallo de la juez Bolton. Luego de reiterar que apelará la resolución, consideró que esta medida le da un respiro de “alivio” al gobierno que encabeza Barack Obama “para no hacer su trabajo” de combatir la migración ilegal.
Ese sentido, conminó a la Casa Blanca a “cumplir con su responsabilidad que tiene con la gente de Estados Unidos y de Arizona”.
Aunque Brewer negó a calificar con una derrota el fallo de la juez federal, al asegurar que se trata de “una piedra en el camino”, se quejó que los detractores de la ley “no han escuchado realmente los méritos” que tiene.
Mientras tanto, en México, el Congreso de la Unión reconoció la labor de la juez Bolton y reiteró su “más enérgico rechazo” a la entrada en vigor de la Ley Arizona.
A través de un punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dé seguimiento puntual a los incidentes que se deriven de la aplicación de la ley SB1070.
Luego de manifestar su respeto a la soberanía de Estados Unidos y su facultad de dictar sus propias normas, los legisladores mexicanos reiteraron su confianza en que las autoridades judiciales estadunidenses suspenderán definitivamente la ley.
Los legisladores Ricardo Monreal, del PT; Silvano Aureoles, del PRD; Blanca Judith Díaz, del PAN, y Rogelio Rueda, del PRI, coincidieron en que dicha ley es, “a todas luces, discriminatoria, racista y violatoria de los derechos humanos de los migrantes ilegales”.
La Redacción
MÉXICO, D.F., 28 de julio (apro).- Una juez federal suspendió hoy temporalmente las partes de la ley de inmigración B1070 que más polémica han causado entre la opinión pública internacional.
La decisión de la juez Susan Bolton se dio a conocer a unas horas de que la controversial “Ley Arizona”, calificada de racista y de criminalizar la migración ilegal, entre en vigor el primer minuto de este jueves.
La orden de la juez se mantendrá vigente hasta que los tribunales federales de Estados Unidos se pronuncien sobre su contenido.
Aunque la decisión fue considerada por los detractores de la ley como una victoria, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, advirtió que apelará el fallo, el cual consideró como “una piedra en el camino”. Sin embargo, reconoció que la aplicación de la Ley Arizona ocurrirá después de un “largo proceso legal”.
La juez Bolton consideró hoy en Phoenix que existe una “probabilidad sustancial” de que serán detenidos erróneamente inmigrantes legales al aplicarse la nueva ley.
Aun cuando la citada ley entrará en vigor a partir del primer minuto de este jueves, ninguna autoridad de Arizona podrá exigir a una persona, que haya sido detenida por otras razones, que compruebe su estatus migratorio.
Asimismo, de acuerdo con el fallo de la juez Bolton, la disposición que obliga a las personas a portar en todo momento la documentación que demuestre su estancia legal en Arizona.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en Arizona residen poco más de 450 mil ciudadanos indocumentados, la mayoría hispanos.
Más tarde, la gobernadora de Arizona fijó su postura sobre el fallo de la juez Bolton. Luego de reiterar que apelará la resolución, consideró que esta medida le da un respiro de “alivio” al gobierno que encabeza Barack Obama “para no hacer su trabajo” de combatir la migración ilegal.
Ese sentido, conminó a la Casa Blanca a “cumplir con su responsabilidad que tiene con la gente de Estados Unidos y de Arizona”.
Aunque Brewer negó a calificar con una derrota el fallo de la juez federal, al asegurar que se trata de “una piedra en el camino”, se quejó que los detractores de la ley “no han escuchado realmente los méritos” que tiene.
Mientras tanto, en México, el Congreso de la Unión reconoció la labor de la juez Bolton y reiteró su “más enérgico rechazo” a la entrada en vigor de la Ley Arizona.
A través de un punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dé seguimiento puntual a los incidentes que se deriven de la aplicación de la ley SB1070.
Luego de manifestar su respeto a la soberanía de Estados Unidos y su facultad de dictar sus propias normas, los legisladores mexicanos reiteraron su confianza en que las autoridades judiciales estadunidenses suspenderán definitivamente la ley.
Los legisladores Ricardo Monreal, del PT; Silvano Aureoles, del PRD; Blanca Judith Díaz, del PAN, y Rogelio Rueda, del PRI, coincidieron en que dicha ley es, “a todas luces, discriminatoria, racista y violatoria de los derechos humanos de los migrantes ilegales”.
Promueve Peña Nieto reforma para asegurar mayoría legislativa
La primera minoría obtendría automáticamente 51 por ciento de los escaños del Congreso local
Los legisladores estarían obligados a dictaminar las iniciativas en el periodo en que se presenten
ISRAEL DÁVILA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 31
Toluca, Méx., 28 de julio. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, envió hoy al Congreso local un paquete de iniciativas de reforma entre las que destaca garantizar la mayoría en la legislatura estatal a un partido y ampliar los periodos constitucionales de los alcaldes de tres a cuatro años.
“Lo que buscamos –dijo– es mejorar el desempeño y capacidad del gobierno para poder cumplir con las demandas ciudadanas. Sabemos cuál es la realidad del estado, que aún tenemos rezagos por superar, y por eso hacemos un llamado a las fuerzas políticas del estado para que analicen a profundidad estas propuestas, que buscan que en la entidad haya un Estado eficaz.”
El paquete, denominado Agenda legislativa del bicentenario, se compone de 30 iniciativas, entre las que sobresalen modificaciones constitucionales para incluir la cláusula de gobernabilidad en el Congreso local, es decir, el partido que logre mayoría simple obtendría 51 por ciento de las diputaciones en la legislatura.
Por ejemplo, si un partido obtiene 35 por ciento de los votos, las autoridades electorales podrán asignarle tantas diputaciones plurinominales como requiera para alcanzar 51 por ciento de las curules (en este ejemplo 38 diputados y no 35 por ciento de los escaños).
La normatividad vigente, basada en el principio de representación pura, estipula que los partidos con presencia en el Congreso mexiquense deben tener el mismo porcentaje de curules que de votos en las urnas, es decir, si obtuvieron 20 por ciento de sufragios, les corresponde 20 por ciento de las diputaciones. Hoy día hay 50 diputados de mayoría y 25 de representación proporcional, para sumar 75.
La propuesta plantea también, instaurar la figura de iniciativa preferente, es decir, las propuestas que turne el Ejecutivo al Legislativo deberán ser analizadas y dictaminadas en el periodo de sesiones en que se presenten. También propone que el Congreso esté obligado a dar voz a las autoridades locales para defender alguna iniciativa de reforma.
Aunque no dio detalles, Peña Nieto indicó que en la reforma política que promueve busca dotarlo de nuevas facultades que le permitan avanzar con claridad y celeridad en su programa de gobierno, y crear mecanismos que permitan mejorar el diálogo y la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Otra propuesta es ampliar el periodo constitucional de los presidentes municipales de la entidad de tres a cuatro años, para que tengan más oportunidad de desarrollar y aplicar sus programas de gobierno. La relección de alcaldes y diputados no está prevista.
La primera minoría obtendría automáticamente 51 por ciento de los escaños del Congreso local
Los legisladores estarían obligados a dictaminar las iniciativas en el periodo en que se presenten
ISRAEL DÁVILA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 31
Toluca, Méx., 28 de julio. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, envió hoy al Congreso local un paquete de iniciativas de reforma entre las que destaca garantizar la mayoría en la legislatura estatal a un partido y ampliar los periodos constitucionales de los alcaldes de tres a cuatro años.
“Lo que buscamos –dijo– es mejorar el desempeño y capacidad del gobierno para poder cumplir con las demandas ciudadanas. Sabemos cuál es la realidad del estado, que aún tenemos rezagos por superar, y por eso hacemos un llamado a las fuerzas políticas del estado para que analicen a profundidad estas propuestas, que buscan que en la entidad haya un Estado eficaz.”
El paquete, denominado Agenda legislativa del bicentenario, se compone de 30 iniciativas, entre las que sobresalen modificaciones constitucionales para incluir la cláusula de gobernabilidad en el Congreso local, es decir, el partido que logre mayoría simple obtendría 51 por ciento de las diputaciones en la legislatura.
Por ejemplo, si un partido obtiene 35 por ciento de los votos, las autoridades electorales podrán asignarle tantas diputaciones plurinominales como requiera para alcanzar 51 por ciento de las curules (en este ejemplo 38 diputados y no 35 por ciento de los escaños).
La normatividad vigente, basada en el principio de representación pura, estipula que los partidos con presencia en el Congreso mexiquense deben tener el mismo porcentaje de curules que de votos en las urnas, es decir, si obtuvieron 20 por ciento de sufragios, les corresponde 20 por ciento de las diputaciones. Hoy día hay 50 diputados de mayoría y 25 de representación proporcional, para sumar 75.
La propuesta plantea también, instaurar la figura de iniciativa preferente, es decir, las propuestas que turne el Ejecutivo al Legislativo deberán ser analizadas y dictaminadas en el periodo de sesiones en que se presenten. También propone que el Congreso esté obligado a dar voz a las autoridades locales para defender alguna iniciativa de reforma.
Aunque no dio detalles, Peña Nieto indicó que en la reforma política que promueve busca dotarlo de nuevas facultades que le permitan avanzar con claridad y celeridad en su programa de gobierno, y crear mecanismos que permitan mejorar el diálogo y la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Otra propuesta es ampliar el periodo constitucional de los presidentes municipales de la entidad de tres a cuatro años, para que tengan más oportunidad de desarrollar y aplicar sus programas de gobierno. La relección de alcaldes y diputados no está prevista.
