¡QUE MINISTROS PONGAN EL EJEMPLO!
22 jul 2010
En lo oscurito, la Corte aplasta las pensiones
Aprueba jurisprudencia que fija tope máximo de 10 sueldos mínimos
La Ley del Seguro Social dispone un pago límite de 25 minisalarios
ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 2
Hace mes y medio, con el sigilo de una sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la jurisprudencia 143/2010 que pretende borrar de facto el derecho de poco más de un millón 200 mil trabajadores a jubilarse con dignidad.
El 9 de junio pasado, la segunda sala de la Corte aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.
De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido durante su vida laboral, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.
Sabedores de lo delicado del tema, los ministros evitaron que se diera a conocer a la población el sentido de su determinación, sustentada en el criterio de la crisis financiera que atraviesa el régimen de pensiones del IMSS, producto de las decisiones de los gobiernos federales recientes, que hicieron uso indiscriminado de los recursos destinados para ese fin al trasladarlos a otros gastos.
El ministro Valls confrontó la contradicción de tesis 143/2010 sustentadas por los tribunales colegiados decimotercero y decimosegundo, ambos en materia de trabajo, del primer circuito al considerar que “los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (...) tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el salario mínimo; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad.
Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.
El embate a los derechos pensionarios de los trabajadores se presentó con el gobierno de Ernesto Zedillo, quien promovió la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, con objeto de modificar la legislación que regía desde 1973, y así instaurar un nuevo sistema de cuentas individuales con el consecuente abandono del régimen solidario.
Apenas hace unas semanas el decimosegundo tribunal colegiado y el decimotercero resolvieron juicios de amparo originados en reclamos individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), presentados por trabajadores en contra del IMSS. Éstos señalaban que su pensión debería tener un tope de 25 salarios mínimos, y la junta les concedió la razón jurídica.
En respuesta, el IMSS se opuso y se acogió al artículo 33 de la ley de 1973, donde se señalaba que los asegurados cotizarían con una base superior hasta de 25 salarios mínimos, pero en su último párrafo se encontraba la salida jurídica acorde a los intereses del instituto, porque tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
El decimosegundo tribunal colegiado dio la razón al IMSS y el decimotercero al trabajador. Así, la resolución de la SCJN es obligatoria porque es aprobada en contradicción de tesis.
Cuando existe esa contradicción se hace jurisprudencia y se tiene que acatar por parte de todos los juzgados federales y tribunales colegiados.
Tal jurisprudencia provocó rechazo generalizado en la Cámara de Diputados. Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que aún es probable echar abajo la decisión:
Es un duro golpe para la clase trabajadora. Consideramos que algún quejoso pudiera demandar un amparo y pedirle a un tribunal colegiado, una vez que se llegue a aprobar en una sesión pública esta contradicción de tesis, que emita una suspensión.
Para Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de Telmex y diputado perredista, la decisión de los ministros “es una agresión a los derechos de los trabajadores, es una determinación absolutamente ilegal y un verdadero robo en despoblado. Si después de la Ley del IMSS de 1997 estamos obligados a cotizar como trabajadores con un régimen de 25 salarios mínimos, ¿cómo se piensa que ahora nos digan que nuestra pensión será pagada con monto máximo de 10?
Aberración
¡No nos están regalando nada! Ya pagamos con esa cotización. Nos parece un abuso, una aberración de la SCJN y habrá que pelear legalmente y utilizar todos los recursos que como organización tengamos para revertirlo, porque es parte del mismo proyecto económico neoliberal de ir desmantelando las instituciones de seguridad, entregando los recursos de las pensiones a los grandes consorcios financieros trasnacionales y seguir en la tónica de abaratar la mano de obra. Ese modelo ha demostrado su fracaso, ya que a México lo tiene hoy sumido en la mediocridad y en el atraso, y querer neciamente mantenernos en esa vía nos parece francamente absurdo.
–¿Es una jurisprudencia por encargo?
–La Corte también hace política. Que no nos digan que siguen el apego a la ley. Sólo los ingenuos suponen que la Corte no hace política, y que no va toda una ideología planteada en estas propuestas.
Uriel López Paredes, presidente de la Comisión de Seguridad Social, anunció que la Cámara de Diputados modificará las leyes necesarias para evitar una felonía más contra los trabajadores en el país.
La SCJN va de tumbo en tumbo y de mal en peor. En días pasados, la última con el caso de la guardería ABC, y ahora con ésta, que sí es delirante e injusta. ¿Por qué no se aplican los ministros esta misma medida? ¿Por qué no se pagan 10 salarios mínimos de retiro? Lo más grave es que se va a generar desánimo, y a quién le va a interesar tener un sueldo mayor, superarse para asegurar una buena pensión en el futuro, si la SCJN define que eso no procede. ¡Es absurdo! Y vamos a modificar las leyes que tengamos que modificar.
Aprueba jurisprudencia que fija tope máximo de 10 sueldos mínimos
La Ley del Seguro Social dispone un pago límite de 25 minisalarios
ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 2
Hace mes y medio, con el sigilo de una sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la jurisprudencia 143/2010 que pretende borrar de facto el derecho de poco más de un millón 200 mil trabajadores a jubilarse con dignidad.
El 9 de junio pasado, la segunda sala de la Corte aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.
De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido durante su vida laboral, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.
Sabedores de lo delicado del tema, los ministros evitaron que se diera a conocer a la población el sentido de su determinación, sustentada en el criterio de la crisis financiera que atraviesa el régimen de pensiones del IMSS, producto de las decisiones de los gobiernos federales recientes, que hicieron uso indiscriminado de los recursos destinados para ese fin al trasladarlos a otros gastos.
El ministro Valls confrontó la contradicción de tesis 143/2010 sustentadas por los tribunales colegiados decimotercero y decimosegundo, ambos en materia de trabajo, del primer circuito al considerar que “los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (...) tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el salario mínimo; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad.
Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.
El embate a los derechos pensionarios de los trabajadores se presentó con el gobierno de Ernesto Zedillo, quien promovió la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, con objeto de modificar la legislación que regía desde 1973, y así instaurar un nuevo sistema de cuentas individuales con el consecuente abandono del régimen solidario.
Apenas hace unas semanas el decimosegundo tribunal colegiado y el decimotercero resolvieron juicios de amparo originados en reclamos individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), presentados por trabajadores en contra del IMSS. Éstos señalaban que su pensión debería tener un tope de 25 salarios mínimos, y la junta les concedió la razón jurídica.
En respuesta, el IMSS se opuso y se acogió al artículo 33 de la ley de 1973, donde se señalaba que los asegurados cotizarían con una base superior hasta de 25 salarios mínimos, pero en su último párrafo se encontraba la salida jurídica acorde a los intereses del instituto, porque tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
El decimosegundo tribunal colegiado dio la razón al IMSS y el decimotercero al trabajador. Así, la resolución de la SCJN es obligatoria porque es aprobada en contradicción de tesis.
Cuando existe esa contradicción se hace jurisprudencia y se tiene que acatar por parte de todos los juzgados federales y tribunales colegiados.
Tal jurisprudencia provocó rechazo generalizado en la Cámara de Diputados. Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que aún es probable echar abajo la decisión:
Es un duro golpe para la clase trabajadora. Consideramos que algún quejoso pudiera demandar un amparo y pedirle a un tribunal colegiado, una vez que se llegue a aprobar en una sesión pública esta contradicción de tesis, que emita una suspensión.
Para Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de Telmex y diputado perredista, la decisión de los ministros “es una agresión a los derechos de los trabajadores, es una determinación absolutamente ilegal y un verdadero robo en despoblado. Si después de la Ley del IMSS de 1997 estamos obligados a cotizar como trabajadores con un régimen de 25 salarios mínimos, ¿cómo se piensa que ahora nos digan que nuestra pensión será pagada con monto máximo de 10?
Aberración
¡No nos están regalando nada! Ya pagamos con esa cotización. Nos parece un abuso, una aberración de la SCJN y habrá que pelear legalmente y utilizar todos los recursos que como organización tengamos para revertirlo, porque es parte del mismo proyecto económico neoliberal de ir desmantelando las instituciones de seguridad, entregando los recursos de las pensiones a los grandes consorcios financieros trasnacionales y seguir en la tónica de abaratar la mano de obra. Ese modelo ha demostrado su fracaso, ya que a México lo tiene hoy sumido en la mediocridad y en el atraso, y querer neciamente mantenernos en esa vía nos parece francamente absurdo.
–¿Es una jurisprudencia por encargo?
–La Corte también hace política. Que no nos digan que siguen el apego a la ley. Sólo los ingenuos suponen que la Corte no hace política, y que no va toda una ideología planteada en estas propuestas.
Uriel López Paredes, presidente de la Comisión de Seguridad Social, anunció que la Cámara de Diputados modificará las leyes necesarias para evitar una felonía más contra los trabajadores en el país.
La SCJN va de tumbo en tumbo y de mal en peor. En días pasados, la última con el caso de la guardería ABC, y ahora con ésta, que sí es delirante e injusta. ¿Por qué no se aplican los ministros esta misma medida? ¿Por qué no se pagan 10 salarios mínimos de retiro? Lo más grave es que se va a generar desánimo, y a quién le va a interesar tener un sueldo mayor, superarse para asegurar una buena pensión en el futuro, si la SCJN define que eso no procede. ¡Es absurdo! Y vamos a modificar las leyes que tengamos que modificar.
Ministros perciben en día y medio el tope mensual fijado
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 3
El tope máximo en las pensiones de alrededor de 17 mil pesos mensuales –equivalente a 10 veces el salario mínimo– para los trabajadores que se rigen por la Ley del IMSS de 1973, fijado por los cinco ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), equivale a día y medio de lo que recibirán los integrantes del máximo tribunal cuando pasen a retiro.
De acuerdo con información oficial, el sueldo mensual de los ministros es de 323 mil 685 pesos mensuales, que equivalen a un salario diario de 10 mil 789 pesos. Es decir, que un trabajador pensionado, conforme a lo decidido por la Corte, obtendrá después de 28 años de trabajo una jubilación mensual similar a lo que recibirá un ministro en menos de dos jornadas, después de 15 años en el cargo.
Los cinco ministros que resolvieron la contradicción de tesis 143/2010 y fijaron los nuevos montos de las pensiones recibirán al pasar a retiro ciento por ciento de su sueldo mensual durante los dos años inmediatos después de dejar el cargo, además del pago de chofer, dos vehículos, el sueldo de personal a su servicio, seguro de gastos médicos mayores y gastos de representación.
La única limitante es que durante esos dos años no podrán litigar o tener otro salario.
Pasado ese tiempo, los integrantes de la segunda sala –Sergio Valls Hernández, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar– y sus seis compañeros del pleno recibirán una pensión equivalente a 80 por ciento del sueldo que tenían, más las prestaciones correspondientes, que disminuirán en forma proporcional.
Sin importar que las pensiones de los trabajadores de mayores ingresos disminuirían casi 60 por ciento, los ministros aprobaron la tesis de jurisprudencia que ya es de observancia obligatoria para todos los tribunales que conozcan amparos de jubilados que se inconformen contra la Ley del IMSS.
Esa severidad de aplicar la ley a rajatabla no coincide sin embargo con el acuerdo 11 /2003 aprobado bajo la presidencia de Mariano Azuela Güitrón –quien, por haberse jubilado hace unos meses, gana lo mismo que un ministro en activo–, cuando sin tener atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo, el pleno homologó las pensiones de los ministros enviados a retiro con la reforma judicial de 1994 y anteriores, con las condiciones establecidas entonces por el ex presidente Ernesto Zedillo.
La reforma constitucional incrementaba sustancialmente el monto de las pensiones de los nuevos ministros.
Sin que el Congreso aprobara una partida presupuestal especial para el pago de pensiones, motu proprio la SCJN homologó no sólo el pago de la jubilación, sino además las otras prestaciones a que tenían derecho los nuevos ministros. Con esa decisión más de 30 ex funcionarios, muchos de los cuales pasaron a retiro con sólo unos meses de haber estado en el cargo antes de la reforma constitucional, vieron resueltas sus necesidades económicas.
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 3
El tope máximo en las pensiones de alrededor de 17 mil pesos mensuales –equivalente a 10 veces el salario mínimo– para los trabajadores que se rigen por la Ley del IMSS de 1973, fijado por los cinco ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), equivale a día y medio de lo que recibirán los integrantes del máximo tribunal cuando pasen a retiro.
De acuerdo con información oficial, el sueldo mensual de los ministros es de 323 mil 685 pesos mensuales, que equivalen a un salario diario de 10 mil 789 pesos. Es decir, que un trabajador pensionado, conforme a lo decidido por la Corte, obtendrá después de 28 años de trabajo una jubilación mensual similar a lo que recibirá un ministro en menos de dos jornadas, después de 15 años en el cargo.
Los cinco ministros que resolvieron la contradicción de tesis 143/2010 y fijaron los nuevos montos de las pensiones recibirán al pasar a retiro ciento por ciento de su sueldo mensual durante los dos años inmediatos después de dejar el cargo, además del pago de chofer, dos vehículos, el sueldo de personal a su servicio, seguro de gastos médicos mayores y gastos de representación.
La única limitante es que durante esos dos años no podrán litigar o tener otro salario.
Pasado ese tiempo, los integrantes de la segunda sala –Sergio Valls Hernández, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar– y sus seis compañeros del pleno recibirán una pensión equivalente a 80 por ciento del sueldo que tenían, más las prestaciones correspondientes, que disminuirán en forma proporcional.
Sin importar que las pensiones de los trabajadores de mayores ingresos disminuirían casi 60 por ciento, los ministros aprobaron la tesis de jurisprudencia que ya es de observancia obligatoria para todos los tribunales que conozcan amparos de jubilados que se inconformen contra la Ley del IMSS.
Esa severidad de aplicar la ley a rajatabla no coincide sin embargo con el acuerdo 11 /2003 aprobado bajo la presidencia de Mariano Azuela Güitrón –quien, por haberse jubilado hace unos meses, gana lo mismo que un ministro en activo–, cuando sin tener atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo, el pleno homologó las pensiones de los ministros enviados a retiro con la reforma judicial de 1994 y anteriores, con las condiciones establecidas entonces por el ex presidente Ernesto Zedillo.
La reforma constitucional incrementaba sustancialmente el monto de las pensiones de los nuevos ministros.
Sin que el Congreso aprobara una partida presupuestal especial para el pago de pensiones, motu proprio la SCJN homologó no sólo el pago de la jubilación, sino además las otras prestaciones a que tenían derecho los nuevos ministros. Con esa decisión más de 30 ex funcionarios, muchos de los cuales pasaron a retiro con sólo unos meses de haber estado en el cargo antes de la reforma constitucional, vieron resueltas sus necesidades económicas.
La resolución es inmoral e injusta; equivale a un atraco, dice la ANAD
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 4
A todas luces injusta para los trabajadores es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reducir de 25 a 10 salarios mínimos el tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó el abogado laboralista Oscar Rubio, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Agregó que esa resolución va a generar un problema laboral y social muy fuerte porque significa un robo a los trabajadores.
Los médicos, pilotos, ingenieros, abogados y otros profesionistas tendrán como límite máximo para su pensión poco más de 500 pesos diarios si se jubilaran hoy, cuando sus cotizaciones al IMSS fueron mucho más elevadas, sostuvo. Es una decisión absolutamente injusta, insistió.
Expresó que los salarios mínimos –tan rezagados y castigados– están fuera de toda realidad, y la reducción a los trabajadores será de más de 50 por ciento de lo que les correspondía.
La jurisprudencia emitida por la segunda sala de la SCJN se puede definir como técnicamente un atraco a los trabajadores, porque además no sirve para tapar el hoyo financiero del IMSS, sino sólo para decirle a los trabajadores que fueron en vano sus cotizaciones y que de nada sirvieron para recibir una pensión justa, de acuerdo con sus percepciones. Todos pobres, así hayan trabajado mucho, así hayan tenido altas especializaciones que los llevaron a buenos salarios. Esto es laboralmente inmoral, apuntó el abogado.
Indicó que evidentemente el Seguro Social tiene un problema financiero, pero no originado por los trabajadores que lo sostienen, a los cuales da un pésimo servicio médico, sino por la grave corrupción en el instituto, que va desde la compra de insumos hasta la contratación de obras y servicios.
Todo ese sistema ha llevado al instituto a ser una carga económica muy cara para los trabajadores, a quienes ahora da de nueva cuenta la espalda.
Recesión hundió en la pobreza a 5.8 millones de mexicanos
Juan Carlos Cruz Vargas
MÉXICO, DF, 21 de julio (apro).- La pasada recesión mundial que, según el gobierno mexicano, sólo iba a ocasionar un “catarrito” en el país-- dejó un saldo trágico: 5 millones 800 mil personas se sumaron a las filas de la pobreza, reconoció hoy Ernesto Cordero, secretario de Hacienda.
Dijo que la cifra de casi 6 millones de “nuevos pobres” no es comparable con el incremento de la pobreza provocada por la crisis de 1995, cuando 15 millones de habitantes se sumaron a condiciones precarias de subsistencia.
Cordero argumentó que el “menor” aumento de la pobreza, respecto de 1995, se debió a las medidas contracíclicas –inversión en infraestructura, fortalecimiento del mercado interno, programas sociales e impulso de la construcción-- adoptadas por el gobierno.
Empero, con todo y medidas contracíclicas, la pobreza en general, entonces, alcanza ya la cifra de casi 57 millones de mexicanos --quienes sobreviven con un ingreso menor a los 2.85 dólares diarios, según Cordero--, de los que casi 20 millones se encuentran en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Por su parte, el presidente del BM dijo que por la crisis se sumaron a la pobreza unos 60 millones de personas en todo el mundo; de ellos, 10 millones en América Latina.
Zoellick recalcó que a nivel mundial existen avances en la reducción de la pobreza, sin embargo, el poco éxito depende de lo logrado en economías emergentes, como China, India, México y Brasil, por lo que sigue habiendo grandes problemas de pobreza, particularmente en África.
El presidente del Banco Mundial hizo una visita de trabajo a Los Pinos, donde se entrevistó con el presidente Felipe Calderón y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Durante la visita, Zoellick anunció un préstamo por 800 millones de dólares a México para el financiamiento de programas sociales, hídricos, medio ambiente, vivienda y transporte urbano.
El préstamo se dividirá en dos partes: el gobierno federal accederá a 450 millones de dólares, a pagar en 18 años, y los 350 millones restantes irán al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para apoyar la transformación del transporte urbano.
De los recursos para Banobras, 150 millones de dólares provienen directamente del BM y el resto del Fondo de Tecnología Limpia, del propio organismo.
El Congreso exige a Calderón atienda demandas del SME
El PRD propone presentar controversia constitucional ante la Corte
ANDREA BECERRIL Y ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 9
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió al presidente Felipe Calderón a dar respuesta a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y acordó constituir un grupo plural de legisladores que actuará como mediador entre las partes en conflicto, con la finalidad de lograr un acuerdo justo que permita salvar la vida de los dos electricistas en huelga de hambre que están en situación de gravedad extrema.
El acuerdo se logró tras un cambio radical en la postura del PRI, cuyas bancadas apoyaron la propuesta perredista presentada por el diputado Agustín Guerrero, de crear una intermediación del Congreso en el conflicto. Antes, los priístas se reunieron con el dirigente del SME, Martín Esparza.
En tribuna, el diputado priísta Manuel Cadena exigió a Calderón resolver de una vez por todas el problema laboral y social de los electricistas.
El apoyo del tricolor al SME desconcertó al PAN y motivó un acre debate. En tribuna, el senador panista Rubén Camarillo acusó al SME de ser responsable de la situación de quiebra de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y exigió a Esparza que haga uso de su liderazgo para que Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra terminen la huelga de hambre.
Sería una infamia imperdonable que en un malentendido liderazgo, como presea de este movimiento alguien muera, sostuvo. E incluso leyó un comunicado del subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, en el que solicita a Esparza que se permita dar atención médica a los dos huelguistas de hambre en riesgo de perder la vida.
De inmediato respondieron perredistas y petistas. El senador Pablo Gómez sostuvo que sería una canallada que el gobierno federal estuviera esperando, con el oficio del subsecretario de Gobernación al líder del SME, un deceso para culpar al sindicato del mismo.
Gómez Álvarez recordó a Camarillo que una huelga de hambre no se puede levantar por mayoría en una asamblea y menos por orden de un líder sindical. El propio Cayetano Cabrera está pidiendo una interlocución personal con las autoridades y no se la han concedido, señaló, y dijo que el panista defendió en otros momentos la huelga de hambre como método de lucha, ¡pero no en este país!
El diputado Mario di Costanzo, del PT, pidió a Camarillo no decir tantas sandeces y burradas en tribuna y reivindicó la intención de crear el grupo plural de legisladores, ya que está en juego la vida de dos trabajadores y el sustento de 44 mil familias.
Agustín Guerrero resaltó que es pueril querer responsabilizar al SME de la ineptitud y corrupción de los funcionarios que dirigieron Luz y Fuerza e insistió en que el pueblo de México ve con indignación y dolor cómo se consumen día a día las vidas de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra, quienes, junto con sus demás compañeros en huelga de hambre, lo único que hacen es defender sus derechos laborales.
El priísta Manuel Cadena Morales exigió a Calderón que instruya a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y del Trabajo, Javier Lozano, para que de una buena vez por todas resuelvan el problema del SME.
Dijo que en la reunión que sostuvieron por la mañana con Esparza avizoramos que están en la voluntad de buscar caminos de solución. Todos seremos culpables si se permite que fallezcan los dos trabajadores. Luego se dirigió a Blake: Échele ganas, este problema tiene solución. Inaugúrese quitándole al país un problema social y laboral.
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 4
A todas luces injusta para los trabajadores es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reducir de 25 a 10 salarios mínimos el tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó el abogado laboralista Oscar Rubio, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Agregó que esa resolución va a generar un problema laboral y social muy fuerte porque significa un robo a los trabajadores.
Los médicos, pilotos, ingenieros, abogados y otros profesionistas tendrán como límite máximo para su pensión poco más de 500 pesos diarios si se jubilaran hoy, cuando sus cotizaciones al IMSS fueron mucho más elevadas, sostuvo. Es una decisión absolutamente injusta, insistió.
Expresó que los salarios mínimos –tan rezagados y castigados– están fuera de toda realidad, y la reducción a los trabajadores será de más de 50 por ciento de lo que les correspondía.
La jurisprudencia emitida por la segunda sala de la SCJN se puede definir como técnicamente un atraco a los trabajadores, porque además no sirve para tapar el hoyo financiero del IMSS, sino sólo para decirle a los trabajadores que fueron en vano sus cotizaciones y que de nada sirvieron para recibir una pensión justa, de acuerdo con sus percepciones. Todos pobres, así hayan trabajado mucho, así hayan tenido altas especializaciones que los llevaron a buenos salarios. Esto es laboralmente inmoral, apuntó el abogado.
Indicó que evidentemente el Seguro Social tiene un problema financiero, pero no originado por los trabajadores que lo sostienen, a los cuales da un pésimo servicio médico, sino por la grave corrupción en el instituto, que va desde la compra de insumos hasta la contratación de obras y servicios.
Todo ese sistema ha llevado al instituto a ser una carga económica muy cara para los trabajadores, a quienes ahora da de nueva cuenta la espalda.
Recesión hundió en la pobreza a 5.8 millones de mexicanos
Juan Carlos Cruz Vargas
MÉXICO, DF, 21 de julio (apro).- La pasada recesión mundial que, según el gobierno mexicano, sólo iba a ocasionar un “catarrito” en el país-- dejó un saldo trágico: 5 millones 800 mil personas se sumaron a las filas de la pobreza, reconoció hoy Ernesto Cordero, secretario de Hacienda.
Dijo que la cifra de casi 6 millones de “nuevos pobres” no es comparable con el incremento de la pobreza provocada por la crisis de 1995, cuando 15 millones de habitantes se sumaron a condiciones precarias de subsistencia.
Cordero argumentó que el “menor” aumento de la pobreza, respecto de 1995, se debió a las medidas contracíclicas –inversión en infraestructura, fortalecimiento del mercado interno, programas sociales e impulso de la construcción-- adoptadas por el gobierno.
Empero, con todo y medidas contracíclicas, la pobreza en general, entonces, alcanza ya la cifra de casi 57 millones de mexicanos --quienes sobreviven con un ingreso menor a los 2.85 dólares diarios, según Cordero--, de los que casi 20 millones se encuentran en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Por su parte, el presidente del BM dijo que por la crisis se sumaron a la pobreza unos 60 millones de personas en todo el mundo; de ellos, 10 millones en América Latina.
Zoellick recalcó que a nivel mundial existen avances en la reducción de la pobreza, sin embargo, el poco éxito depende de lo logrado en economías emergentes, como China, India, México y Brasil, por lo que sigue habiendo grandes problemas de pobreza, particularmente en África.
El presidente del Banco Mundial hizo una visita de trabajo a Los Pinos, donde se entrevistó con el presidente Felipe Calderón y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Durante la visita, Zoellick anunció un préstamo por 800 millones de dólares a México para el financiamiento de programas sociales, hídricos, medio ambiente, vivienda y transporte urbano.
El préstamo se dividirá en dos partes: el gobierno federal accederá a 450 millones de dólares, a pagar en 18 años, y los 350 millones restantes irán al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para apoyar la transformación del transporte urbano.
De los recursos para Banobras, 150 millones de dólares provienen directamente del BM y el resto del Fondo de Tecnología Limpia, del propio organismo.
El Congreso exige a Calderón atienda demandas del SME
El PRD propone presentar controversia constitucional ante la Corte
ANDREA BECERRIL Y ENRIQUE MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Jueves 22 de julio de 2010, p. 9
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió al presidente Felipe Calderón a dar respuesta a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y acordó constituir un grupo plural de legisladores que actuará como mediador entre las partes en conflicto, con la finalidad de lograr un acuerdo justo que permita salvar la vida de los dos electricistas en huelga de hambre que están en situación de gravedad extrema.
El acuerdo se logró tras un cambio radical en la postura del PRI, cuyas bancadas apoyaron la propuesta perredista presentada por el diputado Agustín Guerrero, de crear una intermediación del Congreso en el conflicto. Antes, los priístas se reunieron con el dirigente del SME, Martín Esparza.
En tribuna, el diputado priísta Manuel Cadena exigió a Calderón resolver de una vez por todas el problema laboral y social de los electricistas.
El apoyo del tricolor al SME desconcertó al PAN y motivó un acre debate. En tribuna, el senador panista Rubén Camarillo acusó al SME de ser responsable de la situación de quiebra de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y exigió a Esparza que haga uso de su liderazgo para que Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra terminen la huelga de hambre.
Sería una infamia imperdonable que en un malentendido liderazgo, como presea de este movimiento alguien muera, sostuvo. E incluso leyó un comunicado del subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, en el que solicita a Esparza que se permita dar atención médica a los dos huelguistas de hambre en riesgo de perder la vida.
De inmediato respondieron perredistas y petistas. El senador Pablo Gómez sostuvo que sería una canallada que el gobierno federal estuviera esperando, con el oficio del subsecretario de Gobernación al líder del SME, un deceso para culpar al sindicato del mismo.
Gómez Álvarez recordó a Camarillo que una huelga de hambre no se puede levantar por mayoría en una asamblea y menos por orden de un líder sindical. El propio Cayetano Cabrera está pidiendo una interlocución personal con las autoridades y no se la han concedido, señaló, y dijo que el panista defendió en otros momentos la huelga de hambre como método de lucha, ¡pero no en este país!
El diputado Mario di Costanzo, del PT, pidió a Camarillo no decir tantas sandeces y burradas en tribuna y reivindicó la intención de crear el grupo plural de legisladores, ya que está en juego la vida de dos trabajadores y el sustento de 44 mil familias.
Agustín Guerrero resaltó que es pueril querer responsabilizar al SME de la ineptitud y corrupción de los funcionarios que dirigieron Luz y Fuerza e insistió en que el pueblo de México ve con indignación y dolor cómo se consumen día a día las vidas de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra, quienes, junto con sus demás compañeros en huelga de hambre, lo único que hacen es defender sus derechos laborales.
El priísta Manuel Cadena Morales exigió a Calderón que instruya a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y del Trabajo, Javier Lozano, para que de una buena vez por todas resuelvan el problema del SME.
Dijo que en la reunión que sostuvieron por la mañana con Esparza avizoramos que están en la voluntad de buscar caminos de solución. Todos seremos culpables si se permite que fallezcan los dos trabajadores. Luego se dirigió a Blake: Échele ganas, este problema tiene solución. Inaugúrese quitándole al país un problema social y laboral.
