VEREMOS... AL TIEMPO
27 jul 2010
Gobierno y SME acuerdan hallar alternativas laborales y sindicales
Pide el secretario de Gobernación al del Trabajo y Previsión Social subsanar cualquier trámite que pudiera obstaculizar o entorpecer el reconocimiento a la representación sindical
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 5
El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se comprometieron anoche, por escrito, a explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, así como dar trámite a la solicitud de toma de nota (reconocimiento oficial) a la dirigencia de este sindicato.
El diálogo entre ambas partes es conducido por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien pidió al titular del Trabajo, Javier Lozano, subsanar cualquier posible trámite que pudiera obstaculizar la toma de nota a la dirigencia del SME, es decir, evitar que algún aspecto administrativo entorpezca este trámite.
De acuerdo con participantes en este encuentro, el responsable de la política interna pidió a los funcionarios federales involucrados que hicieran un esfuerzo por avanzar en la solución del conflicto a fin de que se aplique la ley, pero no se pierda de vista la justicia social.
Durante la primera sesión de la mesa de diálogo de alto nivel para concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en primer término se reunieron en privado, por espacio de una hora, el secretario Blake y el dirigente Martín Esparza. Luego, ya en conjunto con otros funcionarios y representantes sindicales, se acordó que gobierno y sindicato presentarán sus propuestas a fin de ser analizadas y resueltas conforme a derecho, a los objetivos de política pública en el sector eléctrico y a la disponibilidad presupuestal.
La primera reunión de trabajo de esta mesa se prolongó casi cinco horas en la Secretaría de Gobernación, donde participaron el titular de esta dependencia, José Francisco Blake Mora; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como los subsecretarios de Gobierno y de Trabajo, Roberto Gil y Alvaro Castro, respectivamente.
Por el SME acudieron los dirigentes Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, a quienes no se ubica en la minuta con sus cargos sindicales, precisamente porque ese reconocimiento está en trámite en la Secretaría del Trabajo.
Sobre este punto, se dijo que se resolverá con base en la ley del ramo y en las resoluciones pasadas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con el objetivo de recuperar la regularidad jurídica del funcionamiento de los órganos directivos del sindicato.
Esta primera reunión deriva del acuerdo del jueves pasado, cuando a cambio de encontrar alternativas al conflicto en mención el Sindicato Mexicano de Electricistas aceptó levantar la huelga de hambre colectiva que mantuvo por tres meses en el Zócalo capitalino.
En uno de los seis puntos de la minuta se precisa que también se formarán grupos de trabajo para revisar las prestaciones que no se han pagado a los trabajadores de la extinta LFC, relativas al aguinaldo y fondo de ahorro, entre otras. Esta mesa y sus grupos de análisis se reunirán una vez a la semana, sesiones donde también participarán, a petición del SME, los legisladores que integran las comisiones de seguimiento a este conflicto.
En este primer encuentro participaron diputados, quienes consideraron absurdo el argumento emitido por el gobierno de que el erario no cuenta con recursos para recontratar a los trabajadores.
Los diputados federales Agustín Guerrero, del PRD, y Mario di Costanzo, del PT, lamentaron que el secretario Lozano tome una postura distinta respecto de los acuerdos e incluso de los escritos que se han concretado en Gobernación.
Lozano ha sido un ariete contra los trabajadores, aunque entiendo su contradicción de no querer otorgar la toma de nota porque se contrapone a su postura que ha impulsado desde 2009. Eso en castellano significa que Javier Lozano fue derrotado, expresó el diputado Guerrero.
Por la mañana se reunió la comisión de trabajo del SME, integrada por sus representantes sindicales, donde se ratificó la demanda de patrón sustituto y que la salida al conflicto sea por la vía política.
Se acordó asimismo defender su contrato colectivo de trabajo y reformular el plan de acción, que incluye mantener informado con base en documentos al secretario Blake, en especial de lo que los electricistas consideran amplia legalidad y cumplimiento de los requisitos para que el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza, obtenga la toma de nota y recupere su regularidad jurídica, al tiempo que conserve la representación legal correspondiente.
Al término de la reunión, Esparza se mostró optimista de este método de trabajo con el que se busca solucionar el conflicto, y dijo que ha quedado atrás la negativa rotunda del gobierno hacia los planteamientos del SME, especialmente aquella de primero liquídense y después estudiamos otras alternativas. Confimó lo publicado por este diario de que se planteó la creación de una estructura paralela a la Comisión Federal de Electricidad para operar la zona central del país, y además instar a la construcción de una empresa en el área de telecomunicaciones como alternativa para dar empleo a los trabajadores que no se han liquidado.
No puedo describirte el infierno que vivo... no sé cuánto aguante más: Diego
Fernández de Cevallos pide a su hijo que se pague ya el rescate
Me dicen que te hicieron una propuesta y no has contestado
He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor, asegura el Jefe
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 2
Una fotografía y una carta manuscrita presuntamente redactada por Diego Fernández de Cevallos fueron difundidas la tarde de ayer a través de la cuenta de Twitter del periodista José Cárdenas, quien informó que el mensaje le fue entregado mediante el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.
La supuesta imagen del político que se conoció este lunes es la segunda que se hace pública desde que fue plagiado el 14 de mayo pasado. La primera se divulgó en las redes sociales el 20 de mayo y en ella se ve a un hombre cuya edad y complexión física son similares a las del panista. Tenía el dorso desnudo y los ojos cubiertos con una venda. En la imagen de ayer se aprecia al supuesto Diego más delgado. En sus manos sostiene la revista Proceso en su edición número 1751, que salió a la circulación el pasado 23 de mayo.
Por lo que respecta al manuscrito atribuido al llamado Jefe Diego, está fechado el 10 de junio de este año y carece de firma. Su autor lo dirige a Diego, hijo mayor del ex candidato panista a la Presidencia de la República en 1994, a quien le suplica hacer una contraoferta seria a la suma pedida para dejarlo en libertad. En la carta, el político habla del infierno que sufre por su cautiverio y exige a su familia actuar con urgencia, ya que el tiempo es determinante y no sé cuánto aguante más.
En la supuesta carta, Fernández de Cevallos refiere que durante su cautiverio ha tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del Tenormín y la Aspirina que le han proporcionado sus victimarios.
La Jornada consultó anoche a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes revelaron que el abogado Antonio Lozano Gracia entregó el manuscrito original de la carta difundida ayer al titular de esa dependencia, Arturo Chávez Chávez, entre el 15 y el 19 de junio pasados. Según los informantes, existen análisis elaborados por peritos especializados en grafoscopía que demuestran que la letra de esa misiva sí es del ex senador panista.
En su edición del pasado 15 de julio, citando fuentes del gabinete de seguridad nacional, La Jornada reveló que Fernández de Cevallos está vivo, y que el gobierno federal ya tiene identificado al grupo de secuestradores, mas no su ubicación.
También se informó entonces que la familia está vendiendo propiedades diversas (casas, ranchos, terrenos) para juntar los 50 millones de dólares que exigen los plagiarios por el rescate del abogado.
El pasado viernes se cumplieron 70 días de ocurrida la desaparición. Entre los avances de las pesquisas, las autoridades han podido reconstruir lo que el político hizo el día del plagio hasta el momento en que fue privado de su libertad junto a la puerta de acceso de la casa principal de un rancho de su propiedad ubicado en Querétaro.
Hoy se sabe que el abogado se reunió el 14 de mayo con sus amigos Carlos Loyola Vera, Luis Cabrera y los hermanos Diego y David Fernández Gutiérrez. Asimismo, que el grupo de secuestradores esperó a que el Jefe Diego descendiera de su camioneta para someterlo y sacarlo de su propiedad.
Lo que no ha sido aclarado por los fiscales que investigan este caso es si el político llevaba incrustado en un brazo un chip que permitiría su localización satelital.
Este tema del chip ha causado controversia en los medios de comunicación, pues hay quienes aseguran que el político no llevaba ese dispositivo, mientras otros sostienen lo contrario.
También han trascendido entre funcionarios de la PGR, que han solicitado el anonimato, diversas hipótesis del supuesto móvil de este caso. Una es que el gobierno federal cuenta con indicios para considerar que los autores del secuestro son de un grupo guerrillero extremista asentado en la zona del Bajío desde hace 20 años, que depende del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y que se conoce con las siglas TDR-EP (Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, encabezado por Constantino Alejandro Canseco Ruiz, El Comandante José Arturo o Hugo, y su pareja Blanca Estela, La Porta o Frida).
Hace dos semanas, el panista Luis H. Álvarez indicó que el plagio de su correligionario es un dato más que indica que todavía estamos muy lejos de vivir en un país verdaderamente democrático.
También se ha referido a la desaparición del político Maricela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. La funcionaria aseguró durante la presentación del libro El caso Wallace, en la ciudad de México, el pasado 14 de julio, que el área a su cargo (donde se indagan casos de secuestro) no investiga el plagio de Fernández de Cevallos.
Pide el secretario de Gobernación al del Trabajo y Previsión Social subsanar cualquier trámite que pudiera obstaculizar o entorpecer el reconocimiento a la representación sindical
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 5
El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se comprometieron anoche, por escrito, a explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, así como dar trámite a la solicitud de toma de nota (reconocimiento oficial) a la dirigencia de este sindicato.
El diálogo entre ambas partes es conducido por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien pidió al titular del Trabajo, Javier Lozano, subsanar cualquier posible trámite que pudiera obstaculizar la toma de nota a la dirigencia del SME, es decir, evitar que algún aspecto administrativo entorpezca este trámite.
De acuerdo con participantes en este encuentro, el responsable de la política interna pidió a los funcionarios federales involucrados que hicieran un esfuerzo por avanzar en la solución del conflicto a fin de que se aplique la ley, pero no se pierda de vista la justicia social.
Durante la primera sesión de la mesa de diálogo de alto nivel para concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en primer término se reunieron en privado, por espacio de una hora, el secretario Blake y el dirigente Martín Esparza. Luego, ya en conjunto con otros funcionarios y representantes sindicales, se acordó que gobierno y sindicato presentarán sus propuestas a fin de ser analizadas y resueltas conforme a derecho, a los objetivos de política pública en el sector eléctrico y a la disponibilidad presupuestal.
La primera reunión de trabajo de esta mesa se prolongó casi cinco horas en la Secretaría de Gobernación, donde participaron el titular de esta dependencia, José Francisco Blake Mora; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como los subsecretarios de Gobierno y de Trabajo, Roberto Gil y Alvaro Castro, respectivamente.
Por el SME acudieron los dirigentes Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, a quienes no se ubica en la minuta con sus cargos sindicales, precisamente porque ese reconocimiento está en trámite en la Secretaría del Trabajo.
Sobre este punto, se dijo que se resolverá con base en la ley del ramo y en las resoluciones pasadas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con el objetivo de recuperar la regularidad jurídica del funcionamiento de los órganos directivos del sindicato.
Esta primera reunión deriva del acuerdo del jueves pasado, cuando a cambio de encontrar alternativas al conflicto en mención el Sindicato Mexicano de Electricistas aceptó levantar la huelga de hambre colectiva que mantuvo por tres meses en el Zócalo capitalino.
En uno de los seis puntos de la minuta se precisa que también se formarán grupos de trabajo para revisar las prestaciones que no se han pagado a los trabajadores de la extinta LFC, relativas al aguinaldo y fondo de ahorro, entre otras. Esta mesa y sus grupos de análisis se reunirán una vez a la semana, sesiones donde también participarán, a petición del SME, los legisladores que integran las comisiones de seguimiento a este conflicto.
En este primer encuentro participaron diputados, quienes consideraron absurdo el argumento emitido por el gobierno de que el erario no cuenta con recursos para recontratar a los trabajadores.
Los diputados federales Agustín Guerrero, del PRD, y Mario di Costanzo, del PT, lamentaron que el secretario Lozano tome una postura distinta respecto de los acuerdos e incluso de los escritos que se han concretado en Gobernación.
Lozano ha sido un ariete contra los trabajadores, aunque entiendo su contradicción de no querer otorgar la toma de nota porque se contrapone a su postura que ha impulsado desde 2009. Eso en castellano significa que Javier Lozano fue derrotado, expresó el diputado Guerrero.
Por la mañana se reunió la comisión de trabajo del SME, integrada por sus representantes sindicales, donde se ratificó la demanda de patrón sustituto y que la salida al conflicto sea por la vía política.
Se acordó asimismo defender su contrato colectivo de trabajo y reformular el plan de acción, que incluye mantener informado con base en documentos al secretario Blake, en especial de lo que los electricistas consideran amplia legalidad y cumplimiento de los requisitos para que el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza, obtenga la toma de nota y recupere su regularidad jurídica, al tiempo que conserve la representación legal correspondiente.
Al término de la reunión, Esparza se mostró optimista de este método de trabajo con el que se busca solucionar el conflicto, y dijo que ha quedado atrás la negativa rotunda del gobierno hacia los planteamientos del SME, especialmente aquella de primero liquídense y después estudiamos otras alternativas. Confimó lo publicado por este diario de que se planteó la creación de una estructura paralela a la Comisión Federal de Electricidad para operar la zona central del país, y además instar a la construcción de una empresa en el área de telecomunicaciones como alternativa para dar empleo a los trabajadores que no se han liquidado.
No puedo describirte el infierno que vivo... no sé cuánto aguante más: Diego
Fernández de Cevallos pide a su hijo que se pague ya el rescate
Me dicen que te hicieron una propuesta y no has contestado
He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor, asegura el Jefe
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 2
Una fotografía y una carta manuscrita presuntamente redactada por Diego Fernández de Cevallos fueron difundidas la tarde de ayer a través de la cuenta de Twitter del periodista José Cárdenas, quien informó que el mensaje le fue entregado mediante el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.
La supuesta imagen del político que se conoció este lunes es la segunda que se hace pública desde que fue plagiado el 14 de mayo pasado. La primera se divulgó en las redes sociales el 20 de mayo y en ella se ve a un hombre cuya edad y complexión física son similares a las del panista. Tenía el dorso desnudo y los ojos cubiertos con una venda. En la imagen de ayer se aprecia al supuesto Diego más delgado. En sus manos sostiene la revista Proceso en su edición número 1751, que salió a la circulación el pasado 23 de mayo.
Por lo que respecta al manuscrito atribuido al llamado Jefe Diego, está fechado el 10 de junio de este año y carece de firma. Su autor lo dirige a Diego, hijo mayor del ex candidato panista a la Presidencia de la República en 1994, a quien le suplica hacer una contraoferta seria a la suma pedida para dejarlo en libertad. En la carta, el político habla del infierno que sufre por su cautiverio y exige a su familia actuar con urgencia, ya que el tiempo es determinante y no sé cuánto aguante más.
En la supuesta carta, Fernández de Cevallos refiere que durante su cautiverio ha tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del Tenormín y la Aspirina que le han proporcionado sus victimarios.
La Jornada consultó anoche a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes revelaron que el abogado Antonio Lozano Gracia entregó el manuscrito original de la carta difundida ayer al titular de esa dependencia, Arturo Chávez Chávez, entre el 15 y el 19 de junio pasados. Según los informantes, existen análisis elaborados por peritos especializados en grafoscopía que demuestran que la letra de esa misiva sí es del ex senador panista.
En su edición del pasado 15 de julio, citando fuentes del gabinete de seguridad nacional, La Jornada reveló que Fernández de Cevallos está vivo, y que el gobierno federal ya tiene identificado al grupo de secuestradores, mas no su ubicación.
También se informó entonces que la familia está vendiendo propiedades diversas (casas, ranchos, terrenos) para juntar los 50 millones de dólares que exigen los plagiarios por el rescate del abogado.
El pasado viernes se cumplieron 70 días de ocurrida la desaparición. Entre los avances de las pesquisas, las autoridades han podido reconstruir lo que el político hizo el día del plagio hasta el momento en que fue privado de su libertad junto a la puerta de acceso de la casa principal de un rancho de su propiedad ubicado en Querétaro.
Hoy se sabe que el abogado se reunió el 14 de mayo con sus amigos Carlos Loyola Vera, Luis Cabrera y los hermanos Diego y David Fernández Gutiérrez. Asimismo, que el grupo de secuestradores esperó a que el Jefe Diego descendiera de su camioneta para someterlo y sacarlo de su propiedad.
Lo que no ha sido aclarado por los fiscales que investigan este caso es si el político llevaba incrustado en un brazo un chip que permitiría su localización satelital.
Este tema del chip ha causado controversia en los medios de comunicación, pues hay quienes aseguran que el político no llevaba ese dispositivo, mientras otros sostienen lo contrario.
También han trascendido entre funcionarios de la PGR, que han solicitado el anonimato, diversas hipótesis del supuesto móvil de este caso. Una es que el gobierno federal cuenta con indicios para considerar que los autores del secuestro son de un grupo guerrillero extremista asentado en la zona del Bajío desde hace 20 años, que depende del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y que se conoce con las siglas TDR-EP (Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, encabezado por Constantino Alejandro Canseco Ruiz, El Comandante José Arturo o Hugo, y su pareja Blanca Estela, La Porta o Frida).
Hace dos semanas, el panista Luis H. Álvarez indicó que el plagio de su correligionario es un dato más que indica que todavía estamos muy lejos de vivir en un país verdaderamente democrático.
También se ha referido a la desaparición del político Maricela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. La funcionaria aseguró durante la presentación del libro El caso Wallace, en la ciudad de México, el pasado 14 de julio, que el área a su cargo (donde se indagan casos de secuestro) no investiga el plagio de Fernández de Cevallos.
Denuncian corrupción en Policía Bancaria
La Redacción
MÉXICO, DF, 26 de julio (apro).- Importantes puentes peatonales de esta ciudad fueron utilizados hoy como escaparate público para denunciar la corrupción que priva en la Policía Bancaria e Industrial (PBI), cuya corporación depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
A través de mantas de 2.5 metros de largo, colocadas en los puentes peatonales de calzada de Tlalpan y avenida División del Norte; Viaducto Miguel Alemán y el Eje Central Lázaro Cárdenas, y en Calzada de Tlalpan y la calle Cerro San Antonio, elementos de la PBI demandaron al titular del GDF, Marcelo EBrard, su intervención para frenar la corrupción imperante en esa agrupación.
“Nos están pidiendo entre”, se lee en las mantas que minutos después fueron retiradas por personal de la SSP-DF.
La Redacción
MÉXICO, DF, 26 de julio (apro).- Importantes puentes peatonales de esta ciudad fueron utilizados hoy como escaparate público para denunciar la corrupción que priva en la Policía Bancaria e Industrial (PBI), cuya corporación depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
A través de mantas de 2.5 metros de largo, colocadas en los puentes peatonales de calzada de Tlalpan y avenida División del Norte; Viaducto Miguel Alemán y el Eje Central Lázaro Cárdenas, y en Calzada de Tlalpan y la calle Cerro San Antonio, elementos de la PBI demandaron al titular del GDF, Marcelo EBrard, su intervención para frenar la corrupción imperante en esa agrupación.
“Nos están pidiendo entre”, se lee en las mantas que minutos después fueron retiradas por personal de la SSP-DF.
Cancún: siete ediles en 8 años
HUGO MARTOCCIA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 29
Cancún, QR, 26 de julio. En medio de la inestabilidad política que ha caracterizado a este municipio, Jaime Hernández Zaragoza se convirtió el domingo pasado en el séptimo alcalde que ha tenido Benito Juárez (Cancún) en ocho años.
De 2002 a la fecha, dos munícipes han sido encarcelados y dos dejaron el cargo.
La oposición ganó por primera vez la alcaldía con Juan Ignacio El Chacho García Zalvidea, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El 16 de julio de 2004, el Congreso local –controlado por el entonces gobernador Joaquín Hendricks– disolvió el ayuntamiento y nombró un concejo municipal encabezado por la ex diputada del PVEM Marisol Ávila Lagos, pero a fines de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó restituir a García Zalvidea.
En diciembre, el repuesto alcalde buscó la gubernatura de Quintana Roo por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Al frente del ayuntamiento quedó el secretario general, Carlos Canabal, que no tenía la residencia mínima pero obtuvo un fallo favorable de la SCJN.
En noviembre de 2005, ya como ex alcalde y nueve meses después de perder la elección por la gubernatura frente a Félix González Canto, García Zalvidea estuvo encarcelado un año por peculado (en 2004 estuvo varios días tras las rejas por protestar contra la disolución de su ayuntamiento).
La acusación de peculado fue presentada por el ayuntamiento que encabezaba el priísta Francisco Alor, durante cuyo trienio el crimen organizado cobró fuerza, perpetró un atentado contra el secretario de seguridad pública municipal, Adrián Samos, y asesinó al jefe de estado mayor de la policía local, Wilfrido Flores, y a su escolta, así como al subdelegado de la Procuraduría General de la República en el estado, Sam Rodríguez Rodríguez.
Gregorio Greg Sánchez Martínez, abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, ganó las elecciones de 2008 y dejó el cargo a principios de mayo pasado para competir por la gubernatura, pero el día 25 del mismo mes fue detenido y encarcelado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En principio lo remplazó la primera regidora perredista Latife Muza, quien luego se negó a entregar el cargo al suplente electo, Jaime Hernández, hasta que la obligó el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el 25 de julio.
Finalmente, el aliancista Julián Ricalde, quien ganó la alcaldía el 4 de julio, tomará posesión el 10 de abril de 2011 para un periodo acotado de dos años y medio.
HUGO MARTOCCIA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 29
Cancún, QR, 26 de julio. En medio de la inestabilidad política que ha caracterizado a este municipio, Jaime Hernández Zaragoza se convirtió el domingo pasado en el séptimo alcalde que ha tenido Benito Juárez (Cancún) en ocho años.
De 2002 a la fecha, dos munícipes han sido encarcelados y dos dejaron el cargo.
La oposición ganó por primera vez la alcaldía con Juan Ignacio El Chacho García Zalvidea, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El 16 de julio de 2004, el Congreso local –controlado por el entonces gobernador Joaquín Hendricks– disolvió el ayuntamiento y nombró un concejo municipal encabezado por la ex diputada del PVEM Marisol Ávila Lagos, pero a fines de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó restituir a García Zalvidea.
En diciembre, el repuesto alcalde buscó la gubernatura de Quintana Roo por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Al frente del ayuntamiento quedó el secretario general, Carlos Canabal, que no tenía la residencia mínima pero obtuvo un fallo favorable de la SCJN.
En noviembre de 2005, ya como ex alcalde y nueve meses después de perder la elección por la gubernatura frente a Félix González Canto, García Zalvidea estuvo encarcelado un año por peculado (en 2004 estuvo varios días tras las rejas por protestar contra la disolución de su ayuntamiento).
La acusación de peculado fue presentada por el ayuntamiento que encabezaba el priísta Francisco Alor, durante cuyo trienio el crimen organizado cobró fuerza, perpetró un atentado contra el secretario de seguridad pública municipal, Adrián Samos, y asesinó al jefe de estado mayor de la policía local, Wilfrido Flores, y a su escolta, así como al subdelegado de la Procuraduría General de la República en el estado, Sam Rodríguez Rodríguez.
Gregorio Greg Sánchez Martínez, abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, ganó las elecciones de 2008 y dejó el cargo a principios de mayo pasado para competir por la gubernatura, pero el día 25 del mismo mes fue detenido y encarcelado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En principio lo remplazó la primera regidora perredista Latife Muza, quien luego se negó a entregar el cargo al suplente electo, Jaime Hernández, hasta que la obligó el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el 25 de julio.
Finalmente, el aliancista Julián Ricalde, quien ganó la alcaldía el 4 de julio, tomará posesión el 10 de abril de 2011 para un periodo acotado de dos años y medio.
