ATAQUE AL ESTADO LAICO

19/08/2010

Debe respetarse el Estado laico y la separación de iglesias: Ebrard.
Que los religiosos comparezcan, sostengan su dicho y presenten las pruebas que, sabemos, no tienen
GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ
Periódico La Jornada
Jueves 19 de agosto de 2010, p. 5
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, puntualizó que la demanda que presentó en contra del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, y del vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar Romero, por daño al patrimonio moral y lo que derive de esto, tiene como objetivo defender la separación del Estado y las iglesias, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la jefatura de Gobierno del DF y a las personas que ocupan esos cargos.
Minutos después de las 13 horas el mandatario capitalino anunció, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que había interpuesto la denuncia en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y del vocero Hugo Valdemar, con el propósito de que comparezcan y presenten las pruebas, que sabemos no tienen, que sostengan su dicho en el sentido de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron sobornados para avalar que los matrimonios entre parejas del mismo sexo puedan adoptar.
Advirtió que no se puede dejar pasar estas imputaciones, porque sería tanto como consentir que se vaya borrando o se ponga en riesgo la naturaleza del Estado laico mexicano.
Ebrard Casaubon aclaró que con esta demanda no sólo busca defender su honra y prestigio, sino también el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, establecido en el artículo 130 de la Constitución.
“Les recuerdo al cardenal, a los prelados y voceros que han estado denostando, desprestigiando, amenazando o injuriando sin fundamento alguno a las instituciones del Estado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la jefatura de Gobierno del DF, que vivimos en un Estado laico y que en materia de actos civiles, desde las Leyes de Reforma –expedidas entre 1859 y 1860 por el entonces presidente Benito Juárez–, es decir, hace más de 140 años, se impuso en México la separación definitiva entre los asuntos religiosos y los civiles”, acotó.
Ebrard Casaubon enfatizó que ninguna iglesia tiene derecho a imponer su filosofía, su moral, al resto de la sociedad, sino que debe acatar y respetar las disposiciones legales.
Señaló que el Estado laico es la garantía de las libertades de todas y de todos, empezando por las de la Iglesia. El Estado laico es un instrumento jurídico y político al servicio de las libertades en una sociedad plural y diversa como es la nuestra.
Mostrando la copia de la denuncia entregada en el TSJDF, el mandatario capitalino detalló que solicitó girar, conforme a la ley, exhorto al juez civil competente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, para los efectos del emplazamiento del codemandado Juan Sandoval Íñiguez.
"Ilegal", la decisión de Cofetel a favor de Televisa-Nextel: Corral
Jenaro Villamil
MEXICO, DF, 18 de agosto (apro).- El diputado federal panista Javier Corral calificó de “ilegal e inconstitucional” el fallo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a favor de Televisa y Nextel, ya que la sesión del lunes pasado “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos pueden tomar tres de los cinco miembros comisionados que integran el pleno”.
El legislador hizo referencia así a que sólo el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, y el comisionado Gonzalo Martínez Pous, votaron a favor de otorgarle a la sociedad Nextel-Televisa la licitación de la banda 1.7 Ghz.
En contra, votó el comisionado Rafael del Villar, quien presentó un voto particular, mientras que Ernesto Gil Elorduy se abstuvo, y José Luis Peralta, desde diciembre de 2009, expresó su rechazo a las bases de licitación por favorecer a esas dos empresas.
Según Corral, la decisión de Cofetel “es inconstitucional, porque por un lado genera un nuevo fenómeno de concentración del espectro radioeléctrico en manos de Televisa, contrario al artículo 28 constitucional, y porque la adjudicación de ese bien de dominio público no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias, señaladas en el párrafo tercero del artículo 134 constitucional”.
En su intervención en la Comisión Permanente, Corral anunció que el próximo viernes varios legisladores e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información se reunirán en el Club de Periodistas para analizar la posibilidad de revertir jurídicamente esa decisión.
Corral promovió la semana pasada un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofeco) que declarara desierta esta licitación, y fue apoyado por todas las bancadas presentes en el pleno.
En defensa de la decisión tomada por la Cofetel, el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, pidió “prudencia a todos los actores políticos interesados en el tema”, y expresó su confianza en que el pleno de este organismo, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), actuaron “apegados a derecho”.

Ordena IFAI transparentar licitación

De manera simultánea, el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó a la Cofetel que hiciera pública la deliberación y los criterios para la asignación de los 30Mhz a la sociedad formada por Nextel y Televisa en la licitación 21, así como los de la licitación 20, que benefició a Telefónica.
El organismo reveló que la Cofetel había decidido reservar por 12 años el documento Criterios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de planeación y acumulación de espectro para las licitaciones 20 y 21, presentada el 6 de octubre de 2009.
Al término de la sesión de este miércoles, la comisionada María Marván, ponente del asunto, indicó que la Cofetel no fundamentó adecuadamente las reservas ni acreditó en forma fehaciente el daño que causaría a los juicios de amparo que están en curso.
“El espectro está asignado, es un proceso terminado, de hecho, una parte de esa información ya la había entregado la Comisión Federal de Competencia desde enero de este año, máxime si el lunes se acabó de asignar este espectro, la reserva está revocada y se tienen que entregar estas comunicaciones entre Cofeco y Cofetel”, subrayó Marván.
Pide la ONU revisar procesos de 6 guanajuatenses presas por abortar
CARLOS GARCÍA Y JAIME AVILÉS
Corresponsal y enviado
Periódico La Jornada
Jueves 19 de agosto de 2010, p. 41
Guanajuato, Gto., 18 de agosto. La Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno y al Congreso de Guanajuato revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia.
Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio a conocer aquí nueve recomendaciones del organismo internacional dirigidas al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y al Poder Judicial en relación con las campesinas presas y con la violencia generalizada que sufren las mujeres de la entidad.
Dijo que la ONU “confía en que el sistema de justicia aplicará mecanismos para garantizar un trato no discriminatorio y prejuicioso contra las mujeres, para evitar acusaciones inadecuadas por aborto u homicidio en razón de parentesco.
“Es pertinente –subrayó– que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”
Para la ONU es necesario que el gobierno de Guanajuato garantice en la legislación penal los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y debe revisar –añadió– la figura de homicidio en razón de parentesco para que no se aplique a casos de distinta naturaleza, con lo cual matizará la proporcionalidad de las penas, dijo Valiña en conferencia de prensa, toda vez que la ley actual castiga con idéntico rigor un aborto y un infanticidio.
Asimismo, la representante del alto comisionado llamó a reformar la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia contra el sector femenino, porque en su versión actual no hace visibles los problemas de las mujeres que la sufren.
En un espectro más amplio, la ONU solicita que Guanajuato impulse políticas públicas para impedir que las mujeres sean discriminadas, para que no queden impunes las agresiones contra ellas y se promueva una cultura de erradicación de estereotipos en perjuicio de este género.
Valiña también aludió expresamente al Centro Las Libres, que lleva los casos de quienes están encarceladas por abortar, y pidió que el gobierno de Oliva Ramírez garantice respeto a los defensores de derechos humanos, porque son protagonistas del fortalecimiento de la democracia, en la medida en que hacen del conocimiento público situaciones preocupantes en la materia.
Durante el encuentro con reporteros y fotógrafos de medios locales y nacionales, Valiña dijo que visitó a las seis mujeres recluidas en los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, así como a dirigentes de organizaciones civiles, al gobernador Oliva Ramírez y a otros funcionarios de la administración estatal.
La ONU realizó esta misión con el objetivo de dar seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres en el estado y allegarse información directa sobre el tema, en particular sobre los derechos a la no discriminación y una vida libre de violencia, así como a las garantías sexuales y reproductivas, afirmó la diplomática.
En el estado de Guanajuato –agregó– hay preocupantes niveles de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, y la Procuraduría de Justicia no conoce el número de condenas impuestas a los agresores o si se reparó el daño a las víctimas.
Señaló que aunque la legislación penal autoriza el aborto en ciertas circunstancias, como la violación, no se tiene registro de ningún caso de aplicación efectiva de esta norma. Valiña puso de relieve que se detectaron patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres y que al mismo tiempo limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Bancos, una de las causas del mediocre crecimiento de México: Suárez Dávila
JUAN CARLOS MIRANDA
Periódico La Jornada
Jueves 19 de agosto de 2010, p. 27
El sistema bancario que surgió de la reprivatización de 1992 contribuye en forma muy limitada al financiamiento del desarrollo nacional y es una de las causas de que México tenga un crecimiento económico mediocre, sostuvo el ex subsecretario de Hacienda, Francisco Suárez Dávila.
Durante la presentación del libro La reprivatización bancaria fracasada. Tragedia nacional en tres actos, del que es autor, Suárez Dávila afirmó que México no puede crecer con una banca que no presta, un sistema que no regula y un gobierno que gasta mal y poco.
Señaló que casi dos décadas después de la reprivatización, el sistema bancario mexicano no ha salido de la crisis que motivó la entrega de la banca al capital privado, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Durante la presentación del libro, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el ex secretario de Hacienda, David Ibarra, dijo que el financiamiento a la formación de capital y la producción es más astringente que nunca, a pesar que solucionarlo había sido el propósito inicial de las reformas.
Agregó que en términos reales, de acuerdo con el Banco de México (BdeM), la cartera conjunta de la banca comercial y de la de desarrollo ha caído de 63 a 21 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 1995 y 2008, lo que representa uno de los más bajos coeficientes del mundo.
Ibarra señaló que con la extranjerización del sistema bancario –ocurrida después de la crisis de 1995– el país ha cedido el control del sistema nacional de pagos, cuestión que repudiaron en su tiempo el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roossevelt y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, entre otros.
Agregó que el BdeM ha extraviado su empuje innovador –fue el promotor del desarrollo de Cancún– para limitar su función a tratar de contener el efecto inflacionario de la entrada de divisas desestabilizadoras de corto plazo, aun a costa de experimentar pérdidas.
El propio Banco de México registra a 2009 pérdidas que lo llevan a tener un capital contable negativo, dijo. Añadió que la banca comercial en vez de servir a empresas nacionales presta casi todo al consumo, con altas tasas de interés, o al gobierno sin asumir riesgo alguno.
No sólo la reprivatización bancaria fracasó, también quedó coja la reconfiguración del sistema financiero nacional. Habrá que reiniciar la tarea sin pretensión de volver atrás, indicó.
En sus comentarios al libro, el también ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, destacó que el crédito bancario al sector privado de México es inferior al 15 por ciento del PIB, lo que de acuerdo con comparaciones internacionales del FMI, ubica al país en el nivel 103 de 120 naciones, con lo que se equipara a países como Burkina Faso, Nigeria, Bielorrusia y Haití.
En la tragedia de la banca está buena parte de la tragedia del desarrollo nacional, indicó Silva Herzog.