LOS BURROS HABLAN DE OREJAS

19/08/2010

Los "maiceados" de Dios
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- El término “maicear” comenzó a ser utilizado hace diez años entre los periodistas que cubrían las campañas presidenciales, para denominar el soborno o el “chayo” que recibían por parte de algunos partidos y candidatos para que hablaran bien de ellos.
La idea era dar a los reporteros, como a los pollitos, granos de maíz (dinero) para tenerlos bien alimentados y luego usarlos en el momento adecuado. Desde entonces, la expresión “maicear” se quedó en el vocabulario político, mas no en el eclesiástico, pero el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, decidió utilizarlo en días pasados.
"¿A ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?", dijo el prelado, luego de acusar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de "maicear" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que aprobaran las adopciones entre parejas de un mismo sexo.
Acostumbrado a las acusaciones fáciles y a los escándalos, Sandoval Iñiguez sabía lo que hacía al acusar de corruptos tanto a los ministros como al jefe de Gobierno. Y también sabía cuál sería la reacción al manifestar una conducta intolerante y homofóbica.
"A lo mejor salen otra vez con su batea de babas estos señores (los ministros), y mañana o pasado aprueban la adopción, a lo mejor, no lo dudo. También no dudo que estén muy maiceados, desde luego, por Ebrard, están muy maiceados, y por organismos internacionales", dijo en conferencia en Aguascalientes, el pasado domingo 15.
Lo que resulta inusitado es que diga que tiene pruebas del soborno de Marcelo Ebrard a los ministros, aunque hasta el momento no las ha presentado. Incluso habría que preguntar: si ya desde antes tenía las pruebas, ¿por qué no las dio a conocer antes de que se aprobara en la SCJN la posibilidad de adopción por parte de matrimonios gay? De haberlo hecho, seguramente los ministros hubieran tomado otra decisión.
Ebrard reaccionó pidiendo que el ministro de culto se retractara y dio un plazo perentorio. Cumplido el tiempo, el mandatario capitalino presentó una demanda contra Sandoval Iñiguez y Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, por daño moral y por violar el artículo 130 de la Constitución, que establece la separación Iglesia-Estado.
En la demanda, los abogados del jefe de Gobierno invocan también violaciones al artículo 39 de la Ley de Responsabilidad Civil, que hace referencia a la protección y el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el DF.
La reacción de Sandoval Íñiguez fue evasiva. “Lo dicho, dicho”, contestó a los reporteros el cardenal cuando lo cuestionaron en torno de las acusaciones hechas y la demanda interpuesta en su contra. De su lado, el padre Hugo Valdemar acusó a Ebrard de “persecución religiosa” y, paradójicamente, de intolerancia.
Pero el problema mayor por ahora es la desconfianza que en los últimos años ha generado la Iglesia católica con los escándalos de pederastia, homosexualidad, corrupción y falta de solidaridad de su jerarquía con los más pobres.
Así, por ejemplo, el arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera, ha sido denunciado en México y Estados Unidos por proteger a un sacerdote pederasta.
Por su parte, el cardenal de Ecatapec, Onésimo Cepeda, fue denunciado por fraude al simular un préstamo por 130 millones de dólares y quedarse con 42 obras de arte, entre ellas pinturas de Orozco, Clausell, Modigliani y Tamayo. Cuando lo llamaron a declarar, Cepeda mandó un mensaje con sus abogados: “Me la persignan, ya hablé con el presidente de la República”.
Sucesor de Juan Jesús Posadas Ocampo, Sandoval Iñiguez ha sido polémico por su opulencia y sus declaraciones. “Se necesita no tener madre para ser protestante", dijo sobre otras iglesias.
Y más: "Las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlos, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto", agregó sobre los homosexuales.
"Las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas", señaló algunas vez, y en otra ocasión calificó a los militantes del PRD como “hijos de las tinieblas”.
Pero Sandoval Iñiguez también ha sido señalado por estar inmiscuido en las “narcolimosnas”.
En 2003 se filtró una investigación sobre lavado de dinero que Jorge Carpizo interpuso en contra del cardenal ante la Procuraduría General de la República, en la que se señala que el prelado recibió fuertes sumas de dinero (“narcolimosnas”) de personajes como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, los hermanos Lupercio Serratos, Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera, a partir de 1996.
Desde entonces, el clérigo compró ranchos, granjas y grandes extensiones de tierras para el cultivo de maíz, ubicadas en su mayoría en Nextitlán, Totatiche y Tapalapa, donde los lugareños veían bajar con frecuencia diversas avionetas. Además, recibió considerables donaciones de caballos, cerdos, toros y aves de corral.
Otro caso que dio de qué hablar fue el del obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien en abril de 2007, apoyado en el pasaje bíblico en el que María Magdalena le lava los pies con perfume a Jesucristo, admitió que a la Iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que se purifican al entrar a ella.
"Donde quiera se dan (limosnas del narco), en Aguascalientes y en Tepezalá, pero no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero (…) No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo. Hay que transformarlo, más bien. Todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede transformar", expresó. Luego dijo: "Si una persona se puede transformar, cuanto más lo material".
Y ha sido tan fuerte la sospecha del vínculo de la Iglesia católica mexicana con el narco, que el papa Benedicto XVI expresó su preocupación desde entonces.
Quizá por todos estos antecedentes es que Sandoval Íñiguez ha preferido guardar silencio en torno de ese tema, porque al final de cuentas el escándalo de los ministros “maiceados” es opacado con las “narcolimosnas” que se sospecha recibió de diversos capos
Dialogar y debatir, ¿para qué?
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 18 de agosto.- El presidente Felipe Calderón dedicó las dos últimas semanas a encabezar reuniones con diversos actores sociales, económicos y políticos para tratar de construir lo que él llama “una política de Estado en materia de seguridad”. Sin embargo, en ningún momento dejó clara la ruta para hacerlo, pues hasta hoy lo único real es un intercambio de opiniones, datos, propuestas, justificaciones, convocatorias y hasta reclamos cuyo destino es incierto.
Calderón aprovechó las reuniones para repetir su mensaje a la nación, en el que describió la evolución histórica de la delincuencia organizada, así como para reiterar su oposición a la legalización de las drogas y manifestar, no obstante, que está dispuesto a que se debata al respecto. Asimismo, aunque en su segunda intervención frente a los dirigentes de los partidos políticos expresó que “si de lo que estamos de acuerdo se deriva una corrección a la estrategia de seguridad pública, yo estoy dispuesto a asumirla”, es evidente que de dicho debate no se derivará ningún acuerdo de corrección, pues él ya manifestó posturas y criterios que parecen inamovibles.
No obstante, las reuniones sí sirvieron para aclararle algunos puntos al jefe del Ejecutivo. A pregunta expresa que hizo a los presidentes de los partidos políticos, todos le respondieron que “el Estado debe combatir a los criminales” y que lo que se cuestiona es la estrategia con que se hace.
Por otra parte, en la reunión con los gobernadores, que fue la última, el presidente señaló: “Creo que un reto que ha surgido el día de hoy es: ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes, la llamada generación ‘ni-ni’, que ni estudian ni trabajan? y que son, efectivamente, el campo fértil que está, probablemente, atrás del potencial que están adquiriendo los criminales, no sólo para el crimen organizado –que, efectivamente, los recluta y los manda por delante, literalmente, a morir, porque es, precisamente, el grueso de la población que está falleciendo en los enfrentamientos entre delincuentes y entre éstos con la autoridad–, sino también para los delitos del orden común, que han crecido de manera exponencial, y que son cometidos por una población cada vez más joven”.
En la reunión de Calderón con los expertos, Arturo Arango cuestionó –como lo hicieron casi todos los de este grupo— la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información sobre seguridad. Arango advirtió que el INEGI trabaja con “16 a 20 meses de atraso” y agregó que, al margen de la oportunidad y los cambios de catálogos, un grave problema son las “terribles inconsistencias en la información. Hemos detectado nosotros, en nuestras investigaciones, al menos tres sistemas contables distintos. Pongamos el caso del homicidio. En el caso del homicidio tenemos el sistema contable del Registro Civil, del sector salud, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Servicio Médico Forense. Le podríamos poner un quinto caso, el de los medios de comunicación. Si nosotros intentamos cruzar un esquema con otro, resulta que no coincide ninguno”. Precisó que ni los muertos podemos contar y propuso crear una Norma Oficial Mexicana al respecto.
El presidente respondió: “Yo les propongo (…) la Norma Oficial Mexicana sobre Generación, Recolección, Registro y Clasificación de Datos. Efectivamente, déjenme decirles que, incluso, dentro del seguimiento que llevamos en el Gabinete de Seguridad, tenemos hasta discusiones de cómo clasificar los eventos que observamos”.
Así resultó una propuesta precisa.
Pero los llamados Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento no permitieron clarificar el propósito de la lucha, pues como señaló Miguel Molina Foncerrada: “…Si no tenemos un diagnóstico, y no tenemos un propósito, para mi gusto, suficientemente claro, la sociedad no puede entender ni qué demonios está pasando, y, perdonen la palabra, ni qué es lo que queremos resolver”. Demandó aclarar si el propósito de la lucha era decomisar drogas, disminuir la violencia, atacar la impunidad, debilitar la acción de las organizaciones criminales, disminuir el consumo de drogas o algún otro.
Obviamente, la estrategia debe corresponder al diagnóstico y el propósito, y eso es precisamente lo que no se aclaró a lo largo de dos semanas.
Pero tampoco la inquietud de Orlando Camacho Nacenta, quien participó en la primera mesa, tuvo respuesta: “Hasta lo que llevamos en esta reunión –expuso–, yo he contabilizado más de 40 propuestas viables. La cuestión es que todas estas ideas y propuestas, la mayoría de ellas ya se habían dado o ya se han escuchado en otros momentos, ya se han hecho en foros semejantes a éste, también (…) Muchas de ellas están, incluso, calendarizadas y hasta tienen responsables. No son nuevas las cosas que estamos comentando aquí (…) La pregunta es: ¿Qué va a pasar a partir de esta reunión? Ahí es donde me parece que debe venir la parte nueva, la parte propositiva de esta reunión. ¿Cómo concretamos que estas acciones que se están dando ahora se lleven a cabo de manera inmediata, rápida y eficaz?”.
Y aunque Calderón haya señalado ante los presidentes de los partidos políticos: “Yo veo que tenemos más coincidencias que diferencias. Coincidimos en que se requiere una política económica que recupere empleo; coincidimos en que se requiere una política social que genere oportunidades de educación, espacios recreativos, de cultura. Coincidimos –así lo asumo– en que se requiere una política de fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno. Discrepamos, quizá, en el tema de la legalización o no de las drogas”.
La realidad es que hay muchas más diferencias, especialmente cuando las políticas se tienen que aterrizar en diagnósticos, propósitos y estrategias. Y tampoco se estableció una ruta o un proceso para dialogar, debatir y tomar decisiones, pues es evidente que no se lograrán consensos, y si esa es la condición para modificar la estrategia, no habrá cambios.
Hasta hoy los diálogos son parte de una nueva estrategia de difusión de la lucha contra la inseguridad, y sirvieron para disipar algunas dudas, identificar nuevos retos y hacer propuestas concretas; pero no para clarificar el diagnóstico y el propósito, y menos para establecer una vía clara de construcción de una política de Estado. Así, los diálogos y debates servirán para seguir celebrando reuniones y editando memorias...
Sepulcros blanqueados
SOLEDAD LOAEZA
Un juez federal condenó al Comité Nacional Provida a pagar al gobierno de la República 22 millones de pesos de un total de 34 que recibió el sexenio pasado para apoyar sus actividades de protección de la vida, y de ayuda a la mujer. Se comprobó que esta asociación –que es una organización de laicos que depende de la autoridad de la Iglesia católica– desvió esos dineros en beneficio personal de sus miembros, pues para comprobar sus gastos Provida entregó facturas apócrifas que emitieron empresas ficticias. Así concluyó una investigación que se inició en abril de 2005, cuando la Secretaría de la Función Pública determinó que funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, no habían cumplido con su obligación de supervisar los gastos de Provida.
Según la SFP, en lugar de gastar los recursos que le fueron destinados, gracias en buena medida a las presiones del entonces diputado Luis Pazos, en los fines que justifican su existencia, el Comité Nacional Provida los dilapidó en la compra de plumas Cartier, tangas y ropa para caballero. Además de la multa que se les ha impuesto podría sugerirse un cambio de nombre. ¿Qué les parece: Comité Nacional Probuenavida? La denuncia de la corrupción de Provida se añade a los problemas recientes que ha tenido que enfrentar la Iglesia, provocados por los abusos cometidos por sacerdotes en contra de niños que estaban bajo su cuidado. Por esa razón resulta increíble que algunos obispos mexicanos hayan elegido estos momentos tan graves para la Iglesia católica en todo el mundo, para lanzarse contra disposiciones legales –el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de estas parejas a adoptar niños– que, según ellos, son un ataque directo a la familia y a la inocencia infantil. ¿Y no fue eso lo que hizo Marcial Maciel?
La metáfora de los sepulcros blanqueados a que hace referencia el título de este artículo fue la expresión que utilizó Jesús –según el Evangelio según san Mateo– para señalar a los fariseos, cuya apariencia suntuosa ocultaba podredumbre. Sepulcro blanqueado es sinónimo de corrupción y de hipocresía, y hoy parece perfectamente aplicable a autoridades católicas que solapan comportamientos ilícitos, como el desvío de recursos públicos, fraudes millonarios de algún connotado miembro del clero o, peor aún, la pederastia. Ahora que conocemos la historia de Marcial Maciel nada parece más hipócrita que el escándalo que hacen los obispos mexicanos, que bien conocían sus tropelías, para presentarse como defensores morales de la sociedad.
La erosión de la autoridad moral de la Iglesia católica ha sido una de las consecuencias más graves de los escándalos que ha provocado el conocimiento de las duplicidades y de los vicios de Maciel. De suerte que cuando cardenales y portavoces del Episcopado se lanzan contra la Suprema Corte de Justicia para descalificar sus decisiones, es inevitable preguntarle: ¿y tú con qué autoridad hablas, si uno de tus grandes santones fue un corruptor de menores, drogadicto, comerciante de favores celestiales y defraudador profesional?
Las vulgares y agresivas expresiones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez contra los ministros, los homosexuales y el jefe de Gobierno de la capital también ponen en evidencia que los seminarios en los que se forman las sacerdotes no escapan a la catástrofe educativa del país. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, los sacerdotes mexicanos hoy no son hombres ilustrados ni doctos, sino que se comportan exactamente igual que el lamentable líder universitario que fue El Mosh, de triste memoria. Las declaraciones del cardenal revelan tanta imprudencia como falta de vocabulario e incapacidad de argumentación. Acusar a los ministros de la Corte de que fueron maiceados traiciona principios de la Iglesia y mandamientos como el de no levantarás falso testimonio, y en tanto no pruebe con evidencia material firme su dicho, aquel de que Marcelo Ebrard pagó a los ministros para que votaran a favor de la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, su acusación sólo será una calumnia. Además, con el antecedente de Maciel y de la enconada defensa que hizo de él en el pasado, ¿quién le va a creer a Sandoval?