COMO REOS DE ALTA PLELIGROSIDAD
4 ago 2010
Aíslan en Guanajuato a cuatro indígenas recluidas por abortar
Autoridades del Cereso las obligaron a firmar un papel en el que rechazan entrevistas
Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente
Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión
Documenta Naciones Unidas el atropello
JAIME AVILÉS Y CARLOS GARCÍA
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.
A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de no realizar entrevista (sic) con medio alguno.
Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.
Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:
Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010.
De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta en el centro de cómputo del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas defensoras de oficio –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien asesoró a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.
Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.
Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.
Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.
Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.
Y pasado mañana, viernes, se reunirán en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, también en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitará nuestro país en representación de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres confían en que, después de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelación de las jóvenes campesinas injustamente presas.
Autoridades del Cereso las obligaron a firmar un papel en el que rechazan entrevistas
Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente
Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión
Documenta Naciones Unidas el atropello
JAIME AVILÉS Y CARLOS GARCÍA
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.
A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de no realizar entrevista (sic) con medio alguno.
Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.
Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:
Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010.
De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta en el centro de cómputo del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.
Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas defensoras de oficio –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien asesoró a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.
Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.
Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.
Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.
Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.
Y pasado mañana, viernes, se reunirán en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, también en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitará nuestro país en representación de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres confían en que, después de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelación de las jóvenes campesinas injustamente presas.
Oculta la Corte resolutivo sobre recorte a pensiones
Retira de su página web el engrose de la jurisprudencia 2a/J.85/2010
Versiones de que el texto podría ser modificado por el ministro Valls
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 2
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su página web el engrose que contiene todos los puntos y definiciones relacionadas con la jurisprudencia 2a/J.85/2010, vinculada con la reducción del monto de pensiones en el sistema de jubilación.
De manera inexplicable el máximo tribunal retiró el texto de la jurisprudencia que ha provocado controversia y críticas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La dirección de comunicación social de la Corte indicó que este miércoles se dará a conocer un pronunciamiento respecto de la resolución por la cual se disminuye de 25 a 10 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal el tope máximo para el pago de pensión a quienes se acojan a la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Según un comunicado de prensa de la Corte, con fecha 27 de julio, fue el 9 de junio cuando se aprobó la jurisprudencia; sin embargo, en la página web de la institución se menciona que el caso fue resuelto por el ministro Sergio Valls Hernández en 15 días naturales, ya que él recibió el caso el 11 de mayo y para el día 26 del mismo mes supuestamente el pleno de la segunda sala, integrada por cinco ministros, aprobó de manera unánime el dictamen y se estableció lo que se conoce como la jurisprudencia 85/2010.
Los datos que aún pueden consultarse en la página web de la Suprema Corte acerca de lo que inicialmente se conoció como expediente 143/2010, señalan: con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo se denuncia ante la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por tribunales colegiados en materia del trabajo 12 y 13, del primer circuito.
El tribunal colegiado número 13 decretó, dentro del juicio de amparo directo número 50/2010, que “… tratándose del pago de pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es infundado considerar que si el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización excede de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, el IMSS pretendiera ajustar ese monto a dicha limitante, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social.
En cambio, el 12 tribunal colegiado en materia del trabajo estableció, al resolver el juicio de amparo directo número 482/2008, que conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la anterior ley de la materia, el límite para establecer el pago de los seguros de vejez será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización exceda de dicho importe.
De esta manera la decisión judicial se ha traducido en la norma que regirá a los tribunales a la hora de dictar sentencia cuando un trabajador promueva un juicio de amparo por no estar conforme cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social sólo le pague como pensión 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a pesar de que durante su vida laboral cotizó hasta 25 veces ese salario.
El pasado lunes, varios medios de comunicación pudieron localizar en la página web de la Corte el llamado engrose, que consiste en la redacción final de la sentencia emitida y en la que se precisan todos los términos de la jurisprudencia.
Ayer, el documento ya no pudo ser localizado y la dirección de comunicación social de la Corte no pudo explicar lo sucedido. En el máximo tribunal surgieron versiones de que el ministro Sergio Valls podría hacer modificaciones al documento anteriormente publicado en Internet y que pocas personas pudieron leer o imprimir.
Retira de su página web el engrose de la jurisprudencia 2a/J.85/2010
Versiones de que el texto podría ser modificado por el ministro Valls
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 2
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su página web el engrose que contiene todos los puntos y definiciones relacionadas con la jurisprudencia 2a/J.85/2010, vinculada con la reducción del monto de pensiones en el sistema de jubilación.
De manera inexplicable el máximo tribunal retiró el texto de la jurisprudencia que ha provocado controversia y críticas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La dirección de comunicación social de la Corte indicó que este miércoles se dará a conocer un pronunciamiento respecto de la resolución por la cual se disminuye de 25 a 10 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal el tope máximo para el pago de pensión a quienes se acojan a la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Según un comunicado de prensa de la Corte, con fecha 27 de julio, fue el 9 de junio cuando se aprobó la jurisprudencia; sin embargo, en la página web de la institución se menciona que el caso fue resuelto por el ministro Sergio Valls Hernández en 15 días naturales, ya que él recibió el caso el 11 de mayo y para el día 26 del mismo mes supuestamente el pleno de la segunda sala, integrada por cinco ministros, aprobó de manera unánime el dictamen y se estableció lo que se conoce como la jurisprudencia 85/2010.
Los datos que aún pueden consultarse en la página web de la Suprema Corte acerca de lo que inicialmente se conoció como expediente 143/2010, señalan: con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo se denuncia ante la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por tribunales colegiados en materia del trabajo 12 y 13, del primer circuito.
El tribunal colegiado número 13 decretó, dentro del juicio de amparo directo número 50/2010, que “… tratándose del pago de pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, es infundado considerar que si el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización excede de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, el IMSS pretendiera ajustar ese monto a dicha limitante, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social.
En cambio, el 12 tribunal colegiado en materia del trabajo estableció, al resolver el juicio de amparo directo número 482/2008, que conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la anterior ley de la materia, el límite para establecer el pago de los seguros de vejez será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización exceda de dicho importe.
De esta manera la decisión judicial se ha traducido en la norma que regirá a los tribunales a la hora de dictar sentencia cuando un trabajador promueva un juicio de amparo por no estar conforme cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social sólo le pague como pensión 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a pesar de que durante su vida laboral cotizó hasta 25 veces ese salario.
El pasado lunes, varios medios de comunicación pudieron localizar en la página web de la Corte el llamado engrose, que consiste en la redacción final de la sentencia emitida y en la que se precisan todos los términos de la jurisprudencia.
Ayer, el documento ya no pudo ser localizado y la dirección de comunicación social de la Corte no pudo explicar lo sucedido. En el máximo tribunal surgieron versiones de que el ministro Sergio Valls podría hacer modificaciones al documento anteriormente publicado en Internet y que pocas personas pudieron leer o imprimir.
El Congreso sí puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro
ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 3
La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.
Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.
La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteración (en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpiría automáticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.
La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicción; es decir, la segunda sala conoció la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre sí, y la Corte simplemente seleccionó aquella que en su concepto se acercaba más a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.
Argumentó que las sentencias en amparo, según el artículo 107 de la Constitución, fracción II, no tienen efectos de generalidad y sólo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia.
Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito.
No obstante, Castro y Castro afirmó que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:
Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No sé por qué no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le señala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podría cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero sólo en esos casos.
El artículo 41 de la Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y el 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Es verdaderamente una perogrullada lo que le voy a recordar: el Legislativo dicta las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial examina, en justicia, si la aplicación se ajusta o no a la ley dictada. Si el Legislativo hiciera la aplicación y la interpretación de ella, el Poder Legislativo estaría invadiendo los otros dos poderes.
“Lo que en México (y en ningún otro país en el mundo) no puede –no debe– hacerse, es declarar que una ley es injusta. La justicia en las leyes es misión exclusiva del Poder Legislativo. Al elaborar un proyecto de ley, éste debe ser benéfico y justo a él; esa es la misión exclusiva del Poder Legislativo, creado por el estado de derecho precisamente para regular al país mediante leyes útiles y justas.”
Injusticias, en el campo legislativo, no en el judicial
Al comentar el sistema de pensiones aprobado por el Congreso, el ministro Castro y Castro señaló que éste dictó dos leyes sucesivas para regular las pensiones y dejó a empleados y trabajadores que eligieran cuál sistema les convenía: el derogado o el nuevo.
“Los conminados no son abogados ni expertos en derecho. Todos optan por decidir lo que hubiere resuelto su compadre, su amigo o su sindicato. Fue una injusticia palpable. Es verdad que los interesados manifestaron una opción pero, como se dice en México, ‘a la puntada’. A otros se les aplicó la que quiso resolver (por convenirle) el gobierno para aquellos que hubieren guardado silencio o ante una falta de acción.
En el caso de las llamadas afore así ocurrió, cuando mediante otra autorización legal se entregaron los ahorros de los trabajadores a empresas privadas para propiciar el enriquecimiento de ellas. Todas estas injusticias ocurren en el campo legislativo y no en el judicial. Éste sólo cumple con la ley que le dictó aquél.
Admite el gobierno: no vamos ganando la guerra
Daniel Lizárraga
MÉXICO, DF, 3 de agosto (apro).- En un ejercicio inédito, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, admitió que la guerra que el presidente Felipe Calderón declaró al narcotráfico lleva un saldo de 28 mil ejecutados, la mayoría de ellos presuntamente vinculados a cárteles de las drogas.
“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, reconoció este integrante del gabinete de seguridad al participar en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad, organizado en el Campo Marte.
La cifra contrasta con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien el 17 de junio pasado estimó que el número de homicidios rondaba los 24 mil.
Guillermo Valdés participó como primer orador en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad organizado en el Campo Marte. Ante académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y algunos analistas, el director del centro de inteligencia del país presentó una serie de estadísticas sobre la inseguridad pública.
Según datos oficiales, en los poco más de tres años del gobierno de Calderón se han generado unos 963 enfrentamientos en las calles, lo que significa un promedio de al menos uno diario.
Pese a ello, Valdés consideró que la respuesta de las fuerzas de seguridad al crimen organizado no tiene precedente, toda vez que se les han decomisado 330 millones de pesos y 4.11 millones de dólares en efectivo.
Aunado a lo anterior, dijo, se incautaron 34 mil 699 vehículos, 157% más que en el periodo del gobierno anterior, y unas 84 mil armas con un incremento de 200% respecto a los logros del sexenio pasado.
“Ha habido detenciones importantes de todos los cárteles, casi 20 mil gentes del cártel del Golfo-Zetas; 18 mil del Pacifico; 12 mil de Juárez, y 9 mil de los Beltrán Leyva.
“Las 84 mil armas decomisadas equivalen a ocho veces lo que se le ha incautado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, ejemplificó Guillermo Valdés.
Sin embargo, a los investigadores, académicos y periodistas presentes, la explicación del titular del Cisen les pareció insuficiente, toda vez que en materia de información y transparencia la batalla contra la delincuencia organizada ya se perdió.
Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, advirtió que existe una debilidad estructural y una escasa calidad en la información del combate que las autoridades libarn contra la delincuencia.
“La información debe estar al alcance de todos, sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo, que los estados tengan la voluntad política para disponer de información”, sugirió.
Por su parte el analista e historiador Héctor Aguilar Camín provocó que a Calderón se le descompusiera el rostro, cuando sostuvo que el gobierno federal es incapaz de “disparar información siquiera en defensa propia”.
En el Casino Militar, ubicado dentro del Campo Marte, el autor de Morir en el Golfo acusó: “Desde el punto de vista de la información, ustedes las autoridades nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”.
Y luego ejemplificó con la reciente muerte del capo Ignacio Nacho Coronel en Jalisco, caso en el que –denunció Aguilar Camín-- el gobierno de Calderón ha sido incapaz de explicar su alcance y significado o aclarar cómo es que dieron con el paradero de este personaje.
“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, acotó.
“Uno no entiende –apuntó-- por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para estar informando al público de las cosas que conocen; no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática”.
Al respecto, otros de los académicos, entre ellos Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como Eduardo Guerrero, de Latina Consultores, protestaron enérgicamente por la postura del gobierno en cerrar la información estadística que sirve para analizar qué está pasando en México.
Eduardo Guerrero dijo incluso que, con esa actitud, el gobierno de Calderón se ha empeñado en privilegiar una estrategia de combate, de presencia del Ejército en las calles y de atrapar delincuentes por encima de procurar al mismo tiempo bienestar social.
Fue entonces cuando Calderón intervino para pedirle que pusiera ejemplos concretos de otros países que hayan logrado abatir a la delincuencia organizada sin causar “daños colaterales”.
El especialista comentó que esto es como un juego de billar en el cual se sabe que cuando una bola entra en la buchaca, se moverán las demás colocadas en ese paño verde.
O sea, que cuando se detiene a alguien hay que medir las consecuencias que se vendrán encima, a fin de prevenirlas.
“Pero bueno, estamos claros que primero hay que meter las bolas”, respondió Calderón con una sonrisa irónica para luego comentar que su gobierno ha tenido errores en la estrategia de comunicar lo que pasa.
Sin embargo, afirmó no hay una actitud de ocultar información para mantener a la sociedad al margen de las operaciones militares.
No obstante, el investigador Mauricio Merino señaló que sí hay una intención de hacer del gobierno una “caja negra”, y señaló directamente a la PGR como la responsable de intentar frenar y hostigar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Además, agregó, no puede descartarse que esa actitud de cerrazón pueda estar motivada en fines políticos.
En un intento por recomponer las cosas, Calderón ofreció a sus invitados especiales una nueva reunión en la que mostrarán una base datos completa sobre homicidios, regiones en que se cometen, perfil de los delincuentes y condiciones económicas de los sicarios antes de ser reclutados.
Al final de la reunión, Apro pidió al director del Cisen, Guillermo Valdés, una copia del documento desclasificado, toda vez que era ilegible para quienes no se encontraran cerca de las pantallas de televisión.
Sin embargo, el funcionario federal dijo que no podía atender la petición, pues “el presidente pidió (el documento), ya que debía hacer correcciones”.
ROBERTO GARDUÑO
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 3
La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.
Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.
La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteración (en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpiría automáticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.
La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicción; es decir, la segunda sala conoció la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre sí, y la Corte simplemente seleccionó aquella que en su concepto se acercaba más a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.
Argumentó que las sentencias en amparo, según el artículo 107 de la Constitución, fracción II, no tienen efectos de generalidad y sólo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia.
Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito.
No obstante, Castro y Castro afirmó que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:
Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No sé por qué no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le señala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podría cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero sólo en esos casos.
El artículo 41 de la Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y el 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Es verdaderamente una perogrullada lo que le voy a recordar: el Legislativo dicta las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial examina, en justicia, si la aplicación se ajusta o no a la ley dictada. Si el Legislativo hiciera la aplicación y la interpretación de ella, el Poder Legislativo estaría invadiendo los otros dos poderes.
“Lo que en México (y en ningún otro país en el mundo) no puede –no debe– hacerse, es declarar que una ley es injusta. La justicia en las leyes es misión exclusiva del Poder Legislativo. Al elaborar un proyecto de ley, éste debe ser benéfico y justo a él; esa es la misión exclusiva del Poder Legislativo, creado por el estado de derecho precisamente para regular al país mediante leyes útiles y justas.”
Injusticias, en el campo legislativo, no en el judicial
Al comentar el sistema de pensiones aprobado por el Congreso, el ministro Castro y Castro señaló que éste dictó dos leyes sucesivas para regular las pensiones y dejó a empleados y trabajadores que eligieran cuál sistema les convenía: el derogado o el nuevo.
“Los conminados no son abogados ni expertos en derecho. Todos optan por decidir lo que hubiere resuelto su compadre, su amigo o su sindicato. Fue una injusticia palpable. Es verdad que los interesados manifestaron una opción pero, como se dice en México, ‘a la puntada’. A otros se les aplicó la que quiso resolver (por convenirle) el gobierno para aquellos que hubieren guardado silencio o ante una falta de acción.
En el caso de las llamadas afore así ocurrió, cuando mediante otra autorización legal se entregaron los ahorros de los trabajadores a empresas privadas para propiciar el enriquecimiento de ellas. Todas estas injusticias ocurren en el campo legislativo y no en el judicial. Éste sólo cumple con la ley que le dictó aquél.
Admite el gobierno: no vamos ganando la guerra
Daniel Lizárraga
MÉXICO, DF, 3 de agosto (apro).- En un ejercicio inédito, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, admitió que la guerra que el presidente Felipe Calderón declaró al narcotráfico lleva un saldo de 28 mil ejecutados, la mayoría de ellos presuntamente vinculados a cárteles de las drogas.
“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, reconoció este integrante del gabinete de seguridad al participar en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad, organizado en el Campo Marte.
La cifra contrasta con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien el 17 de junio pasado estimó que el número de homicidios rondaba los 24 mil.
Guillermo Valdés participó como primer orador en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad organizado en el Campo Marte. Ante académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y algunos analistas, el director del centro de inteligencia del país presentó una serie de estadísticas sobre la inseguridad pública.
Según datos oficiales, en los poco más de tres años del gobierno de Calderón se han generado unos 963 enfrentamientos en las calles, lo que significa un promedio de al menos uno diario.
Pese a ello, Valdés consideró que la respuesta de las fuerzas de seguridad al crimen organizado no tiene precedente, toda vez que se les han decomisado 330 millones de pesos y 4.11 millones de dólares en efectivo.
Aunado a lo anterior, dijo, se incautaron 34 mil 699 vehículos, 157% más que en el periodo del gobierno anterior, y unas 84 mil armas con un incremento de 200% respecto a los logros del sexenio pasado.
“Ha habido detenciones importantes de todos los cárteles, casi 20 mil gentes del cártel del Golfo-Zetas; 18 mil del Pacifico; 12 mil de Juárez, y 9 mil de los Beltrán Leyva.
“Las 84 mil armas decomisadas equivalen a ocho veces lo que se le ha incautado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, ejemplificó Guillermo Valdés.
Sin embargo, a los investigadores, académicos y periodistas presentes, la explicación del titular del Cisen les pareció insuficiente, toda vez que en materia de información y transparencia la batalla contra la delincuencia organizada ya se perdió.
Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, advirtió que existe una debilidad estructural y una escasa calidad en la información del combate que las autoridades libarn contra la delincuencia.
“La información debe estar al alcance de todos, sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo, que los estados tengan la voluntad política para disponer de información”, sugirió.
Por su parte el analista e historiador Héctor Aguilar Camín provocó que a Calderón se le descompusiera el rostro, cuando sostuvo que el gobierno federal es incapaz de “disparar información siquiera en defensa propia”.
En el Casino Militar, ubicado dentro del Campo Marte, el autor de Morir en el Golfo acusó: “Desde el punto de vista de la información, ustedes las autoridades nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”.
Y luego ejemplificó con la reciente muerte del capo Ignacio Nacho Coronel en Jalisco, caso en el que –denunció Aguilar Camín-- el gobierno de Calderón ha sido incapaz de explicar su alcance y significado o aclarar cómo es que dieron con el paradero de este personaje.
“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, acotó.
“Uno no entiende –apuntó-- por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para estar informando al público de las cosas que conocen; no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática”.
Al respecto, otros de los académicos, entre ellos Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como Eduardo Guerrero, de Latina Consultores, protestaron enérgicamente por la postura del gobierno en cerrar la información estadística que sirve para analizar qué está pasando en México.
Eduardo Guerrero dijo incluso que, con esa actitud, el gobierno de Calderón se ha empeñado en privilegiar una estrategia de combate, de presencia del Ejército en las calles y de atrapar delincuentes por encima de procurar al mismo tiempo bienestar social.
Fue entonces cuando Calderón intervino para pedirle que pusiera ejemplos concretos de otros países que hayan logrado abatir a la delincuencia organizada sin causar “daños colaterales”.
El especialista comentó que esto es como un juego de billar en el cual se sabe que cuando una bola entra en la buchaca, se moverán las demás colocadas en ese paño verde.
O sea, que cuando se detiene a alguien hay que medir las consecuencias que se vendrán encima, a fin de prevenirlas.
“Pero bueno, estamos claros que primero hay que meter las bolas”, respondió Calderón con una sonrisa irónica para luego comentar que su gobierno ha tenido errores en la estrategia de comunicar lo que pasa.
Sin embargo, afirmó no hay una actitud de ocultar información para mantener a la sociedad al margen de las operaciones militares.
No obstante, el investigador Mauricio Merino señaló que sí hay una intención de hacer del gobierno una “caja negra”, y señaló directamente a la PGR como la responsable de intentar frenar y hostigar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Además, agregó, no puede descartarse que esa actitud de cerrazón pueda estar motivada en fines políticos.
En un intento por recomponer las cosas, Calderón ofreció a sus invitados especiales una nueva reunión en la que mostrarán una base datos completa sobre homicidios, regiones en que se cometen, perfil de los delincuentes y condiciones económicas de los sicarios antes de ser reclutados.
Al final de la reunión, Apro pidió al director del Cisen, Guillermo Valdés, una copia del documento desclasificado, toda vez que era ilegible para quienes no se encontraran cerca de las pantallas de televisión.
Sin embargo, el funcionario federal dijo que no podía atender la petición, pues “el presidente pidió (el documento), ya que debía hacer correcciones”.
