¿VA EN SERIO?
3 ago 2010
Alianza opositora pide aportar denuncias para someter a Ulises Ruiz a juicio político
La Jornada
El PRD, el PAN, el PT y Convergencia, que integraron la coalición Unidos por la paz y el progreso, pidieron a los habitantes, a Human Rights Watch, Amnistía Internacional y a Reporteros Sin Fronteras, aportar denuncias contra Ulises Ruiz Ortiz para que el gobernador sea sometido a "un verdadero juicio político" por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto magisterial y social de 2006. Los dirigentes dieron a conocer que instalarán dos mesas de recepción de documentos, una en las instalaciones del Congreso del Estado, y otra en la Alameda de León.
El dirigente del PT en el estado, Daniel Juárez, explicó que se pide a la población aportar las denuncias que presentó en 2006 contra Ruiz Ortiz, para que la Comisión Instructora del Congreso local tenga elementos suficientes para iniciar un juicio de procedencia que le retire el fuero al mandatario y para que sea juzgado por las violaciones a los derechos humanos.
Mienras, en la ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN dio su "absoluto respaldo" a las acciones del Comité Directivo Estatal blanquiazul en Oaxaca, para impedir que Ruiz "evite la justicia y perpetúe un estado de impunidad y corrupción".
El CEN panista consideró en un comunicado que "las intenciones del gobernador Ulises Ruiz, de evitar un juicio político que sancione sus faltas, refleja la ilegalidad dentro del estado".
Advirtió que no permitirán que el gobernador eluda la voluntad ciudadana que rechazó la continuidad del PRI en la administración estatal.
La Jornada
El PRD, el PAN, el PT y Convergencia, que integraron la coalición Unidos por la paz y el progreso, pidieron a los habitantes, a Human Rights Watch, Amnistía Internacional y a Reporteros Sin Fronteras, aportar denuncias contra Ulises Ruiz Ortiz para que el gobernador sea sometido a "un verdadero juicio político" por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto magisterial y social de 2006. Los dirigentes dieron a conocer que instalarán dos mesas de recepción de documentos, una en las instalaciones del Congreso del Estado, y otra en la Alameda de León.
El dirigente del PT en el estado, Daniel Juárez, explicó que se pide a la población aportar las denuncias que presentó en 2006 contra Ruiz Ortiz, para que la Comisión Instructora del Congreso local tenga elementos suficientes para iniciar un juicio de procedencia que le retire el fuero al mandatario y para que sea juzgado por las violaciones a los derechos humanos.
Mienras, en la ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN dio su "absoluto respaldo" a las acciones del Comité Directivo Estatal blanquiazul en Oaxaca, para impedir que Ruiz "evite la justicia y perpetúe un estado de impunidad y corrupción".
El CEN panista consideró en un comunicado que "las intenciones del gobernador Ulises Ruiz, de evitar un juicio político que sancione sus faltas, refleja la ilegalidad dentro del estado".
Advirtió que no permitirán que el gobernador eluda la voluntad ciudadana que rechazó la continuidad del PRI en la administración estatal.
Instalarán mesa de denuncia por conflicto 2006
por FLOR HERNÁNDEZ
Los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Carlos Moreno Alcántara, Revolución Democrática (PRD), Lenin López Nelio, del Trabajo (PT), Daniel Juárez Hernández y Convergencia (PC), Mario Alberto Mendoza Flores, convocaron a los oaxaqueños a presentar sus denuncias y reclamos por los hechos ocurridos en 2006.
Lo anterior para que el Congreso del Estado tome en cuenta la visión de todos los afectados y no únicamente la del diputado Cristóbal Carmona Morales para llevar a cabo un "verdadero juicio político" y no una simulación como la que se pretende efectuar.
Por su parte, Moreno Alcántara refirió que para ello se instalarán en los próximos días, dos módulos de recepción y orientación de quejas, en la Alameda de León y la propia sede del Legislativo en San Raymundo Jalpan.
En conferencia de prensa, denunció la "actitud cómplice y perversa de Carmona Morales" en un intento de llevar a cabo una "simulación de juicio político", por lo que demandó al Congreso no apartarse de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se señala al gobernador Ulises Ruiz Ortiz como responsable de los hechos acontecidos en 2006.
Asimismo, explicó que un juicio político no puede exonerar o condenar en materia penal a un servidor público, sino, en poner a disposición de la autoridad común a un funcionario que cuenta con fuero constitucional.
"El juicio político tiene los efectos de la destitución del cargo ante la autoridad, para ser sujetos a una investigación penal. Que no se equivoque el Congreso", afirmó.
Ante ello, indicó que sin embargo, la propuesta realizada por la propia Cámara de Diputados abrió la puerta para que la Comisión Instructora reciba las acusaciones ciudadanas respecto a los sucesos acontecidos en aquel año.
Además de las denuncias penales que puedan presentar las personas que se sientan agraviadas por los hechos de 2006 ante la Procuraduría General de la República (PGR) o de Justicia del Estado (PGJE) donde soliciten la reparación del daño sufrido, abundó.
Y afirmó que estas vertientes permitirán valorar si el Congreso del Estado está dispuesto a generar una auténtica responsabilidad parlamentaria y no sólo "un discurso de simulación y protección antijurídica al gobernador Ulises Ruiz Ortiz".
Por su parte, el secretario general del PRD, Lenin López Nelio afirmó que impulsarán en el Congreso Local y Federal un "verdadero juicio político" contra el mandatario, para lo cual cuentan con la resolución de la SCJN.
"Para el Partido de la Revolución Democrática, queda claro que existe la intensión de exonerar al gobernador de sus responsabilidades", dijo.
Ante ello, reiteró el llamado del Acción Nacional, de hacer llegar todas las denuncias ciudadanas, de organismos observadores de derechos humanos para documentar las flagrantes violaciones a las garantías individuales acontecidas durante 2006.
En su oportunidad, el representante del PT, Daniel Juárez Hernández aseguró que permanecerán vigilantes del proceso que se lleve a cabo en el Congreso, además de que conformarán una mesa de abogados, de manera conjunta, para brindar asesoría jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias sobre los hechos.
Busca PRI procurador transexenal, advierte PAN
Agencia JM
El dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, advirtió un nuevo albazo legislativo del PRI, en busca de un Procurador de Justica transexenal, así como una Ley de Transporte Público a modo.
El dirigente del blanquiazul señaló que la bancada del PRI en el Congreso Local pretende hacer reformas constitucionales que hagan inamovible al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cargo que actualmente ocupa María de la Luz Candelaria Chiñas, desde el pasado 4 de marzo de 2010.
Así como una Ley de Transporte que lejos de solucionar el problema actual, deje al próximo gobierno un conflicto mayúsculo.
Conforme a lo establecido en los artículos 59 fracción XXXIII y 95 de la Constitución Política del Estado, la designación del Procurador de Justicia, es facultad del Congreso.
La elección parte de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo somete a su consideración previa comparecencia de cada una de las personas propuestas con su plan de trabajo. El procurador es nombrado por 4 años y ratificado por el Congreso del Estado.
Moreno Alcántara consideró que sí bien son necesarias reformas a los órganos de procuración de justicia, que separen a la PGJE del Poder Ejecutivo, la intentona del PRI es una reforma a modo "de un partido que se aferra al poder".
Con una reforma constitucional, posible concretar con 28 votos de los 42 Diputados que integran el Congreso del Estado, podría extenderse el cargo de Procurador de Justicia y quedar de manera transexenal.
"Vamos a ver cómo evoluciona el enfermito" señaló tras precisar que el PRI echaría mano de sus 25 Diputados para votar la reforma constitucional, más el voto de su "títere", Cristóbal Carmona Morales.
Hay que recordar que durante la legislatura por fenecer, votaron en concordancia con el PRI en momentos fundamentales, el Diputado petista, Juan Olivera Guadalupe; el convergente Gustavo Velásquez Lavariega; el Diputado del PSD, José Vásquez Morales, así como la Diputada del PRD, Francisca Pineda Vera.
Podría ser en las siguientes semanas cuando el PRI presente ante el Congreso del Estado las iniciativas al respecto.
Solicita Consejo Ciudadano celeridad en entrega-recepción
por FLOR HERNÁNDEZ
El Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Transición Gubernamental solicitó "madurez política" para acelerar la entrega-recepción del gobierno de Oaxaca, lo que garantizará la "transparencia y sana rendición de cuentas" que la sociedad requiere.
En conferencia de prensa, el coordinador del organismo, Francisco Álvarez Figueroa, advirtió que de no darse las condiciones de celeridad del proceso, el presupuesto para el ejercicio 2011, no contará con sustento que fundamente una planeación ordenada.
Lo anterior, sostuvo, podría ocasionar que no se genere la satisfacción a las necesidades y demandas del pueblo de Oaxaca, a las que se ha comprometido el gobierno electo.
Y es que, refirió, el pasado 9 de julio en el Extra del Periódico Oficial, se publicó el "Acuerdo por el que se establece el programa para el cierre y entrega- recepción de la Administración Pública Estatal, periodo constitutivo 2004-2010", en el que se instauran los plazos y procedimientos para realizar esta actividad.
En este sentido, indicó, se instituye un periodo de hasta 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del acuerdo para redactar y someter a la consideración del Ejecutivo Estatal los "lineamientos" del programa para el cierre, el cual, consideró, está "excedido en su duración".
Mientras que, los 15 días naturales para que la administración entrante formule las aclaraciones y precisiones pertinentes al acta de cierre y entrega recepción son "insuficientes, ya que el volumen de información es basta y no daría tiempo de realizar una buena revisión de la documentación".
Por ello, hizo un llamado para que, los equipos de enlace del programa, tanto del gobierno en turno como del entrante, en un "marco de madurez política" conformen una mesa de trabajo, a la brevedad, para establecer los lineamientos necesarios, para garantizar la transparencia y sana rendición de cuentas.
Álvarez Figueroa abundó que darán seguimiento al desarrollo de las actividades que genere esta petición realizada al gobernador constitucional del estado, Ulises Ruiz Ortiz, así como al electo, Gabino Cué Monteagudo,
Por su parte, la integrante del Consejo Eugenia Mata, afirmó que es indispensable que el pueblo de Oaxaca tenga conocimiento sobre las condiciones financieras, materiales y humanas en las que se encuentra el estado.
Ante ello, consideró que el proceso de entrega- recepción es un "acto democrático donde se transparenta y rinde cuentas de lo logrado, de lo inconcluso y lo no resuelto, tanto porque el gobierno se respeta a sí mismo, pero sobre todo, por respeto a la ciudadanía a la que se debe servir".
En tanto que el consejero Carlos Arturo Ruiz Abdala, reiteró que los tiempos establecidos son insuficientes para llevar a cabo este proceso.
Y en este sentido, esperó que exista voluntad por parte del gobernador Ruiz Ortiz para instalar a la brevedad las mesas de trabajo para realizar el programa para el cierre- entrega- recepción.
por FLOR HERNÁNDEZ
Los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Carlos Moreno Alcántara, Revolución Democrática (PRD), Lenin López Nelio, del Trabajo (PT), Daniel Juárez Hernández y Convergencia (PC), Mario Alberto Mendoza Flores, convocaron a los oaxaqueños a presentar sus denuncias y reclamos por los hechos ocurridos en 2006.
Lo anterior para que el Congreso del Estado tome en cuenta la visión de todos los afectados y no únicamente la del diputado Cristóbal Carmona Morales para llevar a cabo un "verdadero juicio político" y no una simulación como la que se pretende efectuar.
Por su parte, Moreno Alcántara refirió que para ello se instalarán en los próximos días, dos módulos de recepción y orientación de quejas, en la Alameda de León y la propia sede del Legislativo en San Raymundo Jalpan.
En conferencia de prensa, denunció la "actitud cómplice y perversa de Carmona Morales" en un intento de llevar a cabo una "simulación de juicio político", por lo que demandó al Congreso no apartarse de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se señala al gobernador Ulises Ruiz Ortiz como responsable de los hechos acontecidos en 2006.
Asimismo, explicó que un juicio político no puede exonerar o condenar en materia penal a un servidor público, sino, en poner a disposición de la autoridad común a un funcionario que cuenta con fuero constitucional.
"El juicio político tiene los efectos de la destitución del cargo ante la autoridad, para ser sujetos a una investigación penal. Que no se equivoque el Congreso", afirmó.
Ante ello, indicó que sin embargo, la propuesta realizada por la propia Cámara de Diputados abrió la puerta para que la Comisión Instructora reciba las acusaciones ciudadanas respecto a los sucesos acontecidos en aquel año.
Además de las denuncias penales que puedan presentar las personas que se sientan agraviadas por los hechos de 2006 ante la Procuraduría General de la República (PGR) o de Justicia del Estado (PGJE) donde soliciten la reparación del daño sufrido, abundó.
Y afirmó que estas vertientes permitirán valorar si el Congreso del Estado está dispuesto a generar una auténtica responsabilidad parlamentaria y no sólo "un discurso de simulación y protección antijurídica al gobernador Ulises Ruiz Ortiz".
Por su parte, el secretario general del PRD, Lenin López Nelio afirmó que impulsarán en el Congreso Local y Federal un "verdadero juicio político" contra el mandatario, para lo cual cuentan con la resolución de la SCJN.
"Para el Partido de la Revolución Democrática, queda claro que existe la intensión de exonerar al gobernador de sus responsabilidades", dijo.
Ante ello, reiteró el llamado del Acción Nacional, de hacer llegar todas las denuncias ciudadanas, de organismos observadores de derechos humanos para documentar las flagrantes violaciones a las garantías individuales acontecidas durante 2006.
En su oportunidad, el representante del PT, Daniel Juárez Hernández aseguró que permanecerán vigilantes del proceso que se lleve a cabo en el Congreso, además de que conformarán una mesa de abogados, de manera conjunta, para brindar asesoría jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias sobre los hechos.
Busca PRI procurador transexenal, advierte PAN
Agencia JM
El dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, advirtió un nuevo albazo legislativo del PRI, en busca de un Procurador de Justica transexenal, así como una Ley de Transporte Público a modo.
El dirigente del blanquiazul señaló que la bancada del PRI en el Congreso Local pretende hacer reformas constitucionales que hagan inamovible al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cargo que actualmente ocupa María de la Luz Candelaria Chiñas, desde el pasado 4 de marzo de 2010.
Así como una Ley de Transporte que lejos de solucionar el problema actual, deje al próximo gobierno un conflicto mayúsculo.
Conforme a lo establecido en los artículos 59 fracción XXXIII y 95 de la Constitución Política del Estado, la designación del Procurador de Justicia, es facultad del Congreso.
La elección parte de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo somete a su consideración previa comparecencia de cada una de las personas propuestas con su plan de trabajo. El procurador es nombrado por 4 años y ratificado por el Congreso del Estado.
Moreno Alcántara consideró que sí bien son necesarias reformas a los órganos de procuración de justicia, que separen a la PGJE del Poder Ejecutivo, la intentona del PRI es una reforma a modo "de un partido que se aferra al poder".
Con una reforma constitucional, posible concretar con 28 votos de los 42 Diputados que integran el Congreso del Estado, podría extenderse el cargo de Procurador de Justicia y quedar de manera transexenal.
"Vamos a ver cómo evoluciona el enfermito" señaló tras precisar que el PRI echaría mano de sus 25 Diputados para votar la reforma constitucional, más el voto de su "títere", Cristóbal Carmona Morales.
Hay que recordar que durante la legislatura por fenecer, votaron en concordancia con el PRI en momentos fundamentales, el Diputado petista, Juan Olivera Guadalupe; el convergente Gustavo Velásquez Lavariega; el Diputado del PSD, José Vásquez Morales, así como la Diputada del PRD, Francisca Pineda Vera.
Podría ser en las siguientes semanas cuando el PRI presente ante el Congreso del Estado las iniciativas al respecto.
Solicita Consejo Ciudadano celeridad en entrega-recepción
por FLOR HERNÁNDEZ
El Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Transición Gubernamental solicitó "madurez política" para acelerar la entrega-recepción del gobierno de Oaxaca, lo que garantizará la "transparencia y sana rendición de cuentas" que la sociedad requiere.
En conferencia de prensa, el coordinador del organismo, Francisco Álvarez Figueroa, advirtió que de no darse las condiciones de celeridad del proceso, el presupuesto para el ejercicio 2011, no contará con sustento que fundamente una planeación ordenada.
Lo anterior, sostuvo, podría ocasionar que no se genere la satisfacción a las necesidades y demandas del pueblo de Oaxaca, a las que se ha comprometido el gobierno electo.
Y es que, refirió, el pasado 9 de julio en el Extra del Periódico Oficial, se publicó el "Acuerdo por el que se establece el programa para el cierre y entrega- recepción de la Administración Pública Estatal, periodo constitutivo 2004-2010", en el que se instauran los plazos y procedimientos para realizar esta actividad.
En este sentido, indicó, se instituye un periodo de hasta 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del acuerdo para redactar y someter a la consideración del Ejecutivo Estatal los "lineamientos" del programa para el cierre, el cual, consideró, está "excedido en su duración".
Mientras que, los 15 días naturales para que la administración entrante formule las aclaraciones y precisiones pertinentes al acta de cierre y entrega recepción son "insuficientes, ya que el volumen de información es basta y no daría tiempo de realizar una buena revisión de la documentación".
Por ello, hizo un llamado para que, los equipos de enlace del programa, tanto del gobierno en turno como del entrante, en un "marco de madurez política" conformen una mesa de trabajo, a la brevedad, para establecer los lineamientos necesarios, para garantizar la transparencia y sana rendición de cuentas.
Álvarez Figueroa abundó que darán seguimiento al desarrollo de las actividades que genere esta petición realizada al gobernador constitucional del estado, Ulises Ruiz Ortiz, así como al electo, Gabino Cué Monteagudo,
Por su parte, la integrante del Consejo Eugenia Mata, afirmó que es indispensable que el pueblo de Oaxaca tenga conocimiento sobre las condiciones financieras, materiales y humanas en las que se encuentra el estado.
Ante ello, consideró que el proceso de entrega- recepción es un "acto democrático donde se transparenta y rinde cuentas de lo logrado, de lo inconcluso y lo no resuelto, tanto porque el gobierno se respeta a sí mismo, pero sobre todo, por respeto a la ciudadanía a la que se debe servir".
En tanto que el consejero Carlos Arturo Ruiz Abdala, reiteró que los tiempos establecidos son insuficientes para llevar a cabo este proceso.
Y en este sentido, esperó que exista voluntad por parte del gobernador Ruiz Ortiz para instalar a la brevedad las mesas de trabajo para realizar el programa para el cierre- entrega- recepción.
