CONTRA DEVASTACION ECOLOGICA
28 ago 2010
Exigen ambientalistas cerrar Libramiento Norte
Misael Sánchez
[01:45] El Foro Oaxaqueño del Agua demandó ayer la clausura del Libramiento Norte de San Felipe del Agua, porque a más de dos décadas de su construcción sigue siendo un proyecto inviable que fue iniciado de manera subrepticia y a espaldas de la ciudadanía.
Al reunirse en el salón de usos múltiples del municipio de San Jacinto Amilpas, oaxaqueños sin más preocupación que el cuidado del medio ambiente, acordaron realizar un recorrido por el Libramiento Norte para la próxima semana, al cual invitaron al presidente municipal electo, Luis Ugartechea, para que conozca de manera personal las razones por las que existe oposición a la apertura de la vía.
Asimismo, señalaron que pedirán a las autoridades estatales y municipales que fueron electas el 2 de julio un pronunciamiento categórico en contra de la apertura del Libramiento Norte.
Juan José Consejo Dueñas, dirigente del organismo, indicó que después de que se iniciara la construcción del Libramiento Norte, nunca se trataron de mitigar los daños provocados en la zona.
Además, la asamblea se pronunció por hacer una revisión del marco legal de la zona, ya que en su momento no hubo una expropiación para hacer el Libramiento y se hizo a espaldas del pueblo.
Al considerar que la Cordillera Norte debe ser un tema prioritario para la mayoría de los oaxaqueños, ya que es la que provee de servicios ambientales a los capitalinos, dijeron que en la primera reunión que realicen a partir del 2011 harán el planteamiento al gobernador electo, Gabino Cué.
A los asistentes también se les informó que con el propósito de construir un modelo hidrológico para el Valle Central, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, en colaboración con el Colegio Bard de Nueva York, ejecuta mediciones de características del agua como demanda de oxígeno, turbidez, factores físico-químicos, temperatura, PH, alcalinidad y dureza.
Se precisó que los lugares en los que se han tomado muestras son el Río del Estudiante, la presa del Estudiante y alrededores, entre otros.
Misael Sánchez
[01:45] El Foro Oaxaqueño del Agua demandó ayer la clausura del Libramiento Norte de San Felipe del Agua, porque a más de dos décadas de su construcción sigue siendo un proyecto inviable que fue iniciado de manera subrepticia y a espaldas de la ciudadanía.
Al reunirse en el salón de usos múltiples del municipio de San Jacinto Amilpas, oaxaqueños sin más preocupación que el cuidado del medio ambiente, acordaron realizar un recorrido por el Libramiento Norte para la próxima semana, al cual invitaron al presidente municipal electo, Luis Ugartechea, para que conozca de manera personal las razones por las que existe oposición a la apertura de la vía.
Asimismo, señalaron que pedirán a las autoridades estatales y municipales que fueron electas el 2 de julio un pronunciamiento categórico en contra de la apertura del Libramiento Norte.
Juan José Consejo Dueñas, dirigente del organismo, indicó que después de que se iniciara la construcción del Libramiento Norte, nunca se trataron de mitigar los daños provocados en la zona.
Además, la asamblea se pronunció por hacer una revisión del marco legal de la zona, ya que en su momento no hubo una expropiación para hacer el Libramiento y se hizo a espaldas del pueblo.
Al considerar que la Cordillera Norte debe ser un tema prioritario para la mayoría de los oaxaqueños, ya que es la que provee de servicios ambientales a los capitalinos, dijeron que en la primera reunión que realicen a partir del 2011 harán el planteamiento al gobernador electo, Gabino Cué.
A los asistentes también se les informó que con el propósito de construir un modelo hidrológico para el Valle Central, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, en colaboración con el Colegio Bard de Nueva York, ejecuta mediciones de características del agua como demanda de oxígeno, turbidez, factores físico-químicos, temperatura, PH, alcalinidad y dureza.
Se precisó que los lugares en los que se han tomado muestras son el Río del Estudiante, la presa del Estudiante y alrededores, entre otros.
Exige UCIZONI castigo a los asesinos de activistas
A cuatro meses del suceso, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) exigió al gobierno federal que la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) por los crímenes de los activistas, la mexicana Beatriz Alberto Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola, sea consignada al juez competente para que sean liberadas las órdenes de aprehensión en contra de los asesinos.
Las víctimas, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), el 27 de abil pasado, cuando fue atacada una caravana humanitaria en la que participaban hacia el municipio autónomo de San Juan Copala.
El presidente de la UCIZONI, Delfino Juárez Toledo dijo que la PGR atrajo el caso de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, integrantes de la radio comunitaria "La Voz que rompe el Silencio" del Ayuntamiento Popular de San Juan Copala, sucedido el 7 de abril del 2008, pero hasta ahora ninguno de los autores intelectuales y materiales ha sido detenido porque la averiguación previa ni siquiera se ha terminado de integrar.
Consideramos, señaló, que la "lentitud y falta de eficacia con la que ha venido actuando la PGR, está propiciando nuevos crímenes en la zona triqui", como el reciente asesinato de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López, vecinos de la comunidad de Santa Cruz Tilapa, muertos en una emboscada.
Expuso que en este nuevo caso de violencia, se ha hecho señalamiento directo en contra de los asesinos de las bandas paramilitares responsables de las muertes de Jyry, Bety, Felícitas y Teresa, "pero la impunidad sólo ha traído más muerte y violencia para los triquis".
También, condenó la actuación del gobierno estatal porque ha brindado protección de manera abierta a los responsables de estos crímenes.
"Por omisión o por comisión los funcionarios estatales deberán ser investigados por su responsabilidad en la espiral de violencia que ha enlutado a los comunidades de San Juan Copala y que en los últimos ocho meses, le ha costado la vida a 27 personas", remarcó.
Frente a esto, Juárez Toledo dijo que la UCIZONI ha acordado sumarse a la "Campaña Mundial de Justicia para Bety y Jyri" y ante ello, realizará el siete de septiembre próximo una protesta en la PGR.
Barca también exige resultados de invetsigación
Por otra parte, el Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" (Barca) emitió anoche un pronunciamiento, con 49 firmas, en el que demandan también se realice una investigación apegada a derecho del ataque a la primera caravana humanitaria de observadores internacionales.
Asimismo, se detenga la agresión a los defensores de los derechos humanos en la entidad oaxaqueña y pide la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante las constantes violaciones a sus garantías que sufre el pueblo triqui.
Igualmente, hace responsable al gobierno del estado de cualquier agresión física, psicológica y moral en contra del padre Uvi, a quien manifiestan una vez más su solidaridad y respaldo en su lucha por la defensa de los más desprotegidos.
por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
A cuatro meses del suceso, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) exigió al gobierno federal que la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) por los crímenes de los activistas, la mexicana Beatriz Alberto Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola, sea consignada al juez competente para que sean liberadas las órdenes de aprehensión en contra de los asesinos.
Las víctimas, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), el 27 de abil pasado, cuando fue atacada una caravana humanitaria en la que participaban hacia el municipio autónomo de San Juan Copala.
El presidente de la UCIZONI, Delfino Juárez Toledo dijo que la PGR atrajo el caso de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, integrantes de la radio comunitaria "La Voz que rompe el Silencio" del Ayuntamiento Popular de San Juan Copala, sucedido el 7 de abril del 2008, pero hasta ahora ninguno de los autores intelectuales y materiales ha sido detenido porque la averiguación previa ni siquiera se ha terminado de integrar.
Consideramos, señaló, que la "lentitud y falta de eficacia con la que ha venido actuando la PGR, está propiciando nuevos crímenes en la zona triqui", como el reciente asesinato de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López, vecinos de la comunidad de Santa Cruz Tilapa, muertos en una emboscada.
Expuso que en este nuevo caso de violencia, se ha hecho señalamiento directo en contra de los asesinos de las bandas paramilitares responsables de las muertes de Jyry, Bety, Felícitas y Teresa, "pero la impunidad sólo ha traído más muerte y violencia para los triquis".
También, condenó la actuación del gobierno estatal porque ha brindado protección de manera abierta a los responsables de estos crímenes.
"Por omisión o por comisión los funcionarios estatales deberán ser investigados por su responsabilidad en la espiral de violencia que ha enlutado a los comunidades de San Juan Copala y que en los últimos ocho meses, le ha costado la vida a 27 personas", remarcó.
Frente a esto, Juárez Toledo dijo que la UCIZONI ha acordado sumarse a la "Campaña Mundial de Justicia para Bety y Jyri" y ante ello, realizará el siete de septiembre próximo una protesta en la PGR.
Barca también exige resultados de invetsigación
Por otra parte, el Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" (Barca) emitió anoche un pronunciamiento, con 49 firmas, en el que demandan también se realice una investigación apegada a derecho del ataque a la primera caravana humanitaria de observadores internacionales.
Asimismo, se detenga la agresión a los defensores de los derechos humanos en la entidad oaxaqueña y pide la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante las constantes violaciones a sus garantías que sufre el pueblo triqui.
Igualmente, hace responsable al gobierno del estado de cualquier agresión física, psicológica y moral en contra del padre Uvi, a quien manifiestan una vez más su solidaridad y respaldo en su lucha por la defensa de los más desprotegidos.
por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Ordena EU a diplomáticos sacar a sus hijos de Monterrey
AFP Y DAVID CARRIZALES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 6
Washington, 27 de agosto. Estados Unidos incrementó restricciones a sus diplomáticos en México para resguardarlos de la creciente violencia del narcotráfico, en una alerta divulgada este viernes, que también previene a sus ciudadanos de viajar por zonas peligrosas del vecino país.
A partir del 10 de septiembre regirá una disposición que establece que los hijos de los funcionarios del consulado estadunidense en Monterrey deben ser retirados de esa ciudad, ante el aumento de la violencia y los secuestros, indicó la alerta del Departamento de Estado.
La alta incidencia de secuestros en el área de Monterrey, unida a un tiroteo que se desató el 20 de agosto enfrente de una escuela privada bilingüe, hacen que la manera de reducir los riesgos para los niños sea sacándolos de la ciudad, señaló el texto.
El consulado de Monterrey se transformará en un puesto parcialmente sin acompañantes y sin menores dependientes de empleados del gobierno estadunidense, precisó.
La advertencia recuerda que desde el 15 de julio los diplomáticos tienen prohibido desplazarse en automóvil desde los puestos en la zona fronteriza, la más afectada por la violencia del narcotráfico, hacia el interior de México.
Sigue vigente el permiso para que los funcionarios destacados en las ciudades de la región limítrofe puedan enviar a sus familias fuera de México.
Estados Unidos urge además a sus ciudadanos a evitar cualquier viaje innecesario a Michoacán y Tamaulipas, a partes de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.
La mayor parte de las víctimas de la violencia en México están asociadas a las actividades criminales, pero la situación comporta serios riesgos para los estadunidenses, que deben entender los riesgos de viajar a través del país vecino, señaló el Departamento de Estado.
Respuesta del gobernador
En respuesta a la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos para los empleados de su sede consular en Monterrey, Nuevo León, para que saquen a sus hijos menores de 18 años por razones de seguridad, el gobierno estatal del priísta Rodrigo Medina de la Cruz dijo tomar con profunda seriedad el anuncio. En un comunicado, afirmó que asume su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia y confía en que muy pronto se pueda revertir la situación que ha originado la decisión del consulado estadunidense.
AFP Y DAVID CARRIZALES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 6
Washington, 27 de agosto. Estados Unidos incrementó restricciones a sus diplomáticos en México para resguardarlos de la creciente violencia del narcotráfico, en una alerta divulgada este viernes, que también previene a sus ciudadanos de viajar por zonas peligrosas del vecino país.
A partir del 10 de septiembre regirá una disposición que establece que los hijos de los funcionarios del consulado estadunidense en Monterrey deben ser retirados de esa ciudad, ante el aumento de la violencia y los secuestros, indicó la alerta del Departamento de Estado.
La alta incidencia de secuestros en el área de Monterrey, unida a un tiroteo que se desató el 20 de agosto enfrente de una escuela privada bilingüe, hacen que la manera de reducir los riesgos para los niños sea sacándolos de la ciudad, señaló el texto.
El consulado de Monterrey se transformará en un puesto parcialmente sin acompañantes y sin menores dependientes de empleados del gobierno estadunidense, precisó.
La advertencia recuerda que desde el 15 de julio los diplomáticos tienen prohibido desplazarse en automóvil desde los puestos en la zona fronteriza, la más afectada por la violencia del narcotráfico, hacia el interior de México.
Sigue vigente el permiso para que los funcionarios destacados en las ciudades de la región limítrofe puedan enviar a sus familias fuera de México.
Estados Unidos urge además a sus ciudadanos a evitar cualquier viaje innecesario a Michoacán y Tamaulipas, a partes de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.
La mayor parte de las víctimas de la violencia en México están asociadas a las actividades criminales, pero la situación comporta serios riesgos para los estadunidenses, que deben entender los riesgos de viajar a través del país vecino, señaló el Departamento de Estado.
Respuesta del gobernador
En respuesta a la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos para los empleados de su sede consular en Monterrey, Nuevo León, para que saquen a sus hijos menores de 18 años por razones de seguridad, el gobierno estatal del priísta Rodrigo Medina de la Cruz dijo tomar con profunda seriedad el anuncio. En un comunicado, afirmó que asume su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia y confía en que muy pronto se pueda revertir la situación que ha originado la decisión del consulado estadunidense.
