¿DAÑOS COLATERALES MI GENERAL?
30 ago 2010
Van 3 mil desaparecidos en el sexenio de Calderón
D Técnicos, campesinos, profesionistas, mujeres y niños, entre ellos
esde hace 14 meses familiares buscan a nueve empleados de Nextel
SANJUANA MARTÍNEZ /I
Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 5
México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas. La lista aumenta vertiginosamente. En el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.
Miles de personas deambulan por corporaciones policiacas, juzgados, campos militares y dependencias de gobierno buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Madres, esposas, padres, hijas, hermanos, sobrinos se afanan día con día en encontrar una pista de quienes, sin explicación alguna, ya no volvieron a sus hogares.
A últimas fechas se han incrementado los otros desaparecidos, aquellos que sin razón aparente fueron levantados por las fuerzas de seguridad o el crimen organizado. A diferencia del pasado, cuando Ejército y policías locales o federales secuestraban personas por motivos políticos, ahora la situación es más nebulosa, aunque aún existen casos de desaparecidos por motivos ideológicos.
Al celebrarse hoy el Día Internacional del Desaparecido, es posible comprobar que la única constante desde 1969 –cuando sucedió la primera desaparición forzada, en el sexenio de Luis Echeverría– a la fecha, es la falta de respuesta de las autoridades, que no aceptan ninguna responsabilidad por los hechos ni ofrecen soluciones ni apoyo a los familiares de las víctimas.
La gente pobre, la gente prescindible, es la que están desapareciendo, dice en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. Ahora agarran parejo y secuestran al que les da su gana. Con los desaparecidos políticos había una motivación casi de exterminio. Existen diferencias, porque lo otro era una persecución. El gobierno temía que los muchachos levantaran una nueva revolución, una guerra contra el mal gobierno.
La desaparición forzada es una figura nacida en México antes incluso que en Sudamérica, donde las dictaduras eliminaron miles de personas: “Ahora, con los mal llamados levantados, podemos decir que se trata también de desaparición forzada, aunque no tenga la connotación política. Son muchos caídos en esta guerra; el gobierno los llama ‘daños colaterales’ y nos dicen que los matan las esquirlas del Ejército. Mentira, tenemos testimonios de lo contrario: están desapareciendo y matando”.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calcula que durante el gobierno de Calderón han desaparecido más de 3 mil personas; 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionadas con la trata de personas, y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.
El caso Nextel
“No vengan, a ustedes también los pueden levantar”, les dijo un policía ministerial a los familiares de nueve técnicos en comunicaciones originarios de Guasave, Sinaloa, que desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de junio del año pasado. Se trata de Marcelino Moreno Leal, Ricardo y Carlos Peña Mejía, José Hugo Camacho Fierro, Víctor Romero, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota Espinoza, cuyas edades van de 20 a 46 años.
Los nueve trabajadores fueron contratados por la empresa Nextel para instalar antenas y fueron levantados por un comando compuesto por fuerzas del gobierno federal, según han podido saber los familiares por medio de testimonios: Creemos que la Policía Federal los secuestró. Los narcotraficantes tienen todo, pero no técnicos ni profesionales que se les unan fácilmente para crear sus redes de comunicaciones; por eso estamos convencidos de que están vivos y los tienen trabajando en algún lado, señala Joaquín Camacho Fierro, hermano de José Hugo.
Los 19 familiares que buscan desde hace más de un año a los nueve desaparecidos han vivido un vía crucis para intentar llamar la atención de las autoridades. Han presentado denuncias en las procuradurías de Tamaulipas y de Sinaloa, han acudido a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La respuesta siempre es la misma: unos y otros se lanzan la pelota, sin asumir la responsabilidad de buscarlos.
La matanza de Tamaulipas
José Gil de Olmos
El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos.
MÉXICO, D.F., 28 de agosto (Proceso).- Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.
No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.
En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.
Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.
En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.
Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.
Presenta Dia a Aguirre Rivero como precandidato en Guerrero
Marcelo Ebrard asegura que PRD, PT y Convergencia no lo apoyarían si no tuviera autoridad moral y compromiso con los derechos humanos
PAN y Panal se sumarán a la alianza, confía
MISAEL HABANA DE LOS SANTOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 32
Acapulco, Gro., 29 de agosto. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), que integran la coalición Guerrero nos Une, presentaron este domingo ante poco más de 10 mil personas a su candidato al gobierno del estado, el senador ex priísta Ángel Aguirre Rivero, quien se deslindó de la matanza de El Charco, perpetrada durante su gobierno interino (1996-1999).
En ese ataque, ocurrido el 7 de junio de 1998, murieron 11 personas, entre indígenas mixtecos y presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Ángel Aguirre Rivero nunca ha asesinado o encarcelado a alguien de manera injusta. Mi conciencia está tranquila. Nunca me he manchado las manos de sangre. Sólo diré que me someto al escrutinio de la sociedad, dijo mientras unas cinco personas entre la multitud desplegaban una manta en la cual lo acusaban de la citada masacre, cometida en el municipio de Ayutla de los Libres.
La manta fue levantada por el abogado José Sánchez, conocido por haber defendido a las viudas de Aguas Blancas (asesinato perpetrado el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez), a quien los aliancistas acusan de trabajar para el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños. Además se le responsabiliza de una guerra sucia que incluye pancartas y pintas supuestamente realizadas por militantes inconformes del PRI en varios puntos del estado.
En su discurso, Ángel Aguirre dijo que en los próximos meses se enfrentarán en Guerrero dos proyectos, en alusión al propio y al que representa el grupo priísta encabezado por su antecesor en el gobierno estatal, Rubén Figueroa Alcocer, y Añorve Baños. Aseguró que la propuesta del tricolor es la regresión democrática de aquellos que quieren volver a los viejos privilegios y que buscan el poder para grandes negocios y el saqueo de las arcas públicas. A ellos les decimos desde ahora: ¡no pasarán!
Ante militantes y dirigentes de PRD, Convergencia y PT, así como miembros del PRI que le ofrecieron apoyo, ofreció el otro proyecto, el que ustedes y yo encabezamos, el que propone bases firmes para el bienestar, el desarrollo y la paz. El que busca contribuir a la solución de los grandes rezagos: el que quiere a su pueblo, el que sabe que ésta es la oportunidad de trascender y de hacer realidad un viejo sueño de todos nosotros.
Al mitin, celebrado en el salón Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco, acudieron el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega; el dirigente de Convergencia, Luis Walton Aburto; el dirigente del PT, Ricardo Cantú Garza; el coordinador nacional del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), Manuel Camacho Solís, así como el dirigente estatal del sol azteca, Misael Medrano Baza.
Ebrard aseguró en su participación que si Aguirre no tuviera autoridad moral, él y quienes ahora lo apoyan no estarían aquí; tampoco si no hubiera un compromiso de cambio social, respeto a la ley y a los derechos humanos, y cambio profundo en el estado.
En el mitin también estuvieron los perredistas que buscaban la postulación a la gubernatura, entre ellos el diputado Armando Ríos Píter, Cuauhtémoc Sandoval, Alberto López Rosas y David Jiménez Rumbo, quienes se sumaron al proyecto de Aguirre. Sólo faltó el senador Lázaro Mazón Alonso, quien fue convocado a sumarse a la coalición.
En entrevista posterior al mitin, Camacho aseguró que Aguirre ganará la elección y ello favorecerá a la alianza opositora que buscará la gubernatura del estado de México, también en 2011.
El coordinador de Dia dijo no saber de la supuesta reunión que tuvieron en Acapulco el presidente Felipe Calderón y la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, en la cual se habría acordado que los partidos Nueva Alianza y Acción Nacional se sumarán a Guerrero nos Une. Sin embargo, no descartó que esas fuerzas se incorporen en los próximos días a la coalición que abandera Ángel Aguirre.
D Técnicos, campesinos, profesionistas, mujeres y niños, entre ellos
esde hace 14 meses familiares buscan a nueve empleados de Nextel
SANJUANA MARTÍNEZ /I
Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 5
México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas. La lista aumenta vertiginosamente. En el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.
Miles de personas deambulan por corporaciones policiacas, juzgados, campos militares y dependencias de gobierno buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Madres, esposas, padres, hijas, hermanos, sobrinos se afanan día con día en encontrar una pista de quienes, sin explicación alguna, ya no volvieron a sus hogares.
A últimas fechas se han incrementado los otros desaparecidos, aquellos que sin razón aparente fueron levantados por las fuerzas de seguridad o el crimen organizado. A diferencia del pasado, cuando Ejército y policías locales o federales secuestraban personas por motivos políticos, ahora la situación es más nebulosa, aunque aún existen casos de desaparecidos por motivos ideológicos.
Al celebrarse hoy el Día Internacional del Desaparecido, es posible comprobar que la única constante desde 1969 –cuando sucedió la primera desaparición forzada, en el sexenio de Luis Echeverría– a la fecha, es la falta de respuesta de las autoridades, que no aceptan ninguna responsabilidad por los hechos ni ofrecen soluciones ni apoyo a los familiares de las víctimas.
La gente pobre, la gente prescindible, es la que están desapareciendo, dice en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. Ahora agarran parejo y secuestran al que les da su gana. Con los desaparecidos políticos había una motivación casi de exterminio. Existen diferencias, porque lo otro era una persecución. El gobierno temía que los muchachos levantaran una nueva revolución, una guerra contra el mal gobierno.
La desaparición forzada es una figura nacida en México antes incluso que en Sudamérica, donde las dictaduras eliminaron miles de personas: “Ahora, con los mal llamados levantados, podemos decir que se trata también de desaparición forzada, aunque no tenga la connotación política. Son muchos caídos en esta guerra; el gobierno los llama ‘daños colaterales’ y nos dicen que los matan las esquirlas del Ejército. Mentira, tenemos testimonios de lo contrario: están desapareciendo y matando”.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calcula que durante el gobierno de Calderón han desaparecido más de 3 mil personas; 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionadas con la trata de personas, y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.
El caso Nextel
“No vengan, a ustedes también los pueden levantar”, les dijo un policía ministerial a los familiares de nueve técnicos en comunicaciones originarios de Guasave, Sinaloa, que desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de junio del año pasado. Se trata de Marcelino Moreno Leal, Ricardo y Carlos Peña Mejía, José Hugo Camacho Fierro, Víctor Romero, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota Espinoza, cuyas edades van de 20 a 46 años.
Los nueve trabajadores fueron contratados por la empresa Nextel para instalar antenas y fueron levantados por un comando compuesto por fuerzas del gobierno federal, según han podido saber los familiares por medio de testimonios: Creemos que la Policía Federal los secuestró. Los narcotraficantes tienen todo, pero no técnicos ni profesionales que se les unan fácilmente para crear sus redes de comunicaciones; por eso estamos convencidos de que están vivos y los tienen trabajando en algún lado, señala Joaquín Camacho Fierro, hermano de José Hugo.
Los 19 familiares que buscan desde hace más de un año a los nueve desaparecidos han vivido un vía crucis para intentar llamar la atención de las autoridades. Han presentado denuncias en las procuradurías de Tamaulipas y de Sinaloa, han acudido a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La respuesta siempre es la misma: unos y otros se lanzan la pelota, sin asumir la responsabilidad de buscarlos.
La matanza de Tamaulipas
José Gil de Olmos
El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos.
MÉXICO, D.F., 28 de agosto (Proceso).- Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.
No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.
En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.
Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.
En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.
Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.
Presenta Dia a Aguirre Rivero como precandidato en Guerrero
Marcelo Ebrard asegura que PRD, PT y Convergencia no lo apoyarían si no tuviera autoridad moral y compromiso con los derechos humanos
PAN y Panal se sumarán a la alianza, confía
MISAEL HABANA DE LOS SANTOS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 32
Acapulco, Gro., 29 de agosto. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), que integran la coalición Guerrero nos Une, presentaron este domingo ante poco más de 10 mil personas a su candidato al gobierno del estado, el senador ex priísta Ángel Aguirre Rivero, quien se deslindó de la matanza de El Charco, perpetrada durante su gobierno interino (1996-1999).
En ese ataque, ocurrido el 7 de junio de 1998, murieron 11 personas, entre indígenas mixtecos y presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Ángel Aguirre Rivero nunca ha asesinado o encarcelado a alguien de manera injusta. Mi conciencia está tranquila. Nunca me he manchado las manos de sangre. Sólo diré que me someto al escrutinio de la sociedad, dijo mientras unas cinco personas entre la multitud desplegaban una manta en la cual lo acusaban de la citada masacre, cometida en el municipio de Ayutla de los Libres.
La manta fue levantada por el abogado José Sánchez, conocido por haber defendido a las viudas de Aguas Blancas (asesinato perpetrado el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez), a quien los aliancistas acusan de trabajar para el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños. Además se le responsabiliza de una guerra sucia que incluye pancartas y pintas supuestamente realizadas por militantes inconformes del PRI en varios puntos del estado.
En su discurso, Ángel Aguirre dijo que en los próximos meses se enfrentarán en Guerrero dos proyectos, en alusión al propio y al que representa el grupo priísta encabezado por su antecesor en el gobierno estatal, Rubén Figueroa Alcocer, y Añorve Baños. Aseguró que la propuesta del tricolor es la regresión democrática de aquellos que quieren volver a los viejos privilegios y que buscan el poder para grandes negocios y el saqueo de las arcas públicas. A ellos les decimos desde ahora: ¡no pasarán!
Ante militantes y dirigentes de PRD, Convergencia y PT, así como miembros del PRI que le ofrecieron apoyo, ofreció el otro proyecto, el que ustedes y yo encabezamos, el que propone bases firmes para el bienestar, el desarrollo y la paz. El que busca contribuir a la solución de los grandes rezagos: el que quiere a su pueblo, el que sabe que ésta es la oportunidad de trascender y de hacer realidad un viejo sueño de todos nosotros.
Al mitin, celebrado en el salón Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco, acudieron el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega; el dirigente de Convergencia, Luis Walton Aburto; el dirigente del PT, Ricardo Cantú Garza; el coordinador nacional del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), Manuel Camacho Solís, así como el dirigente estatal del sol azteca, Misael Medrano Baza.
Ebrard aseguró en su participación que si Aguirre no tuviera autoridad moral, él y quienes ahora lo apoyan no estarían aquí; tampoco si no hubiera un compromiso de cambio social, respeto a la ley y a los derechos humanos, y cambio profundo en el estado.
En el mitin también estuvieron los perredistas que buscaban la postulación a la gubernatura, entre ellos el diputado Armando Ríos Píter, Cuauhtémoc Sandoval, Alberto López Rosas y David Jiménez Rumbo, quienes se sumaron al proyecto de Aguirre. Sólo faltó el senador Lázaro Mazón Alonso, quien fue convocado a sumarse a la coalición.
En entrevista posterior al mitin, Camacho aseguró que Aguirre ganará la elección y ello favorecerá a la alianza opositora que buscará la gubernatura del estado de México, también en 2011.
El coordinador de Dia dijo no saber de la supuesta reunión que tuvieron en Acapulco el presidente Felipe Calderón y la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, en la cual se habría acordado que los partidos Nueva Alianza y Acción Nacional se sumarán a Guerrero nos Une. Sin embargo, no descartó que esas fuerzas se incorporen en los próximos días a la coalición que abandera Ángel Aguirre.
Masacre en Tamaulipas, síntoma del fracaso de Calderón: Amnistía Internacional
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.
Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.
Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.
10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condena de organizaciones internacionales
En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.
“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.
Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.
Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.
“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.
Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.
Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.
Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.
Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.
10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condena de organizaciones internacionales
En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.
“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.
Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.
Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.
“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.
Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.
Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)
