CRIMINALIZACION DE MUJERES
11 ago 2010
Abortar en Guanajuato
ARNOLDO KRAUS
Desde hace una semana La Jornada ha informado acerca de la situación de seis mujeres, que además de ser mujeres son indígenas, que además de ser indígenas son pobres, que además de ser pobres abortaron involuntariamente, que además de que el aborto se debió a la miseria propia de la mitad de los mexicanos que viven en México-Guanajuato, que además de vivir en México-Guanajuato son víctimas de su gobierno y de la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que, además de todos los ademáses previos, se incluyen, según testimonios no desmentidos, maltrato del Ministerio Público, de policías ministeriales y de los jueces contra las indígenas y sus familiares, así como abusos de los doctores de la Secretaría de Salud. Todos los ademáses previos condujeron al encarcelamiento, en algunos casos desde hace ocho años, de seis mujeres indígenas, a las cuales se les ha castigado, como ya dije, por haber abortado involuntariamente, a lo cual agrego, en este párrafo interminable, otra serie de circunstancias propias del gobierno guanajuatense, cuyos dislates han hecho de la vileza su bandera, de la mediocridad su modus operandi, de la injusticia su credo, y de la estupidez su única forma de ser. La larga lista de ademases, y la radiografía de algunas circunstancias guanajuatenses es la razón por la cual el gobierno de ese Estado ha ejercido su torpeza y justificado su brutalidad contra las seis mujeres indígenas que actualmente, por si no fuera suficiente la humillación, purgan sentencias de más de 25 años. Esas mujeres, además de no haber pecado, ya que no abortaron voluntariamente, son víctimas, no sólo de la miseria que seguramente fue la razón de los abortos, sino de la ceguera y la mediocridad de los dos últimos gobernadores de Guanajuato, cuyo dogmatismo decimonónico las ha mantenido presas y sin posibilidad de defenderse, ni de ser defendidas. Este párrafo largo, un tanto cantinflesco –lo admito– con sólo cuatro puntos y seguidos intenta reproducir tres situaciones irreproducibles: la imbecilidad del gobierno de Guanajuato, la mediocridad de la CNDH y el mutismo de Felipe Calderón.
Las seis indígenas guanajuatenses no podrán rehacer su vida: llevan años encarceladas, son jóvenes que han sido apartadas de la vida –al menos una entró al penal cuando tenía 18 años–, han sido estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a firmar documentos espurios y presionadas para no realizar entrevistas con los medios de comunicación.
Seguramente, además, han sido amenazadas y maltratadas, si no físicamente sí por medio de la palabra o del aislamiento al que han sido sometidas. Habría que entrevistarlas para averiguar cómo han sido tratadas, si no han intentado violarlas, si tienen permitidas las visitas de los familiares, si los sacerdotes que visitan las cárceles las apoyan o las denuestan y que tan frecuente son humilladas.
La criminilización de las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque en este caso las interrupciones fueron, según averiguó La Jornada, involuntarias, es penada en Guanajuato con castigos que oscilan entre 15 y 30 años de cárcel bajo la acusación del delito de homicidio en razón de parentesco. En la égida panista, factores como violación o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes. De acuerdo a las normas guanajuatenses, toda mujer que resulte embarazada por violación, sea por un sujeto desalmado o por algún sacerdote compinche del padre Maciel, debe continuar, lo desee o no, su embarazo. El mensaje es claro. En Guanajuato, la ideología del PAN pesa más que la vida de las mujeres indígenas. No sobra recordar que México país firma todas las iniciativas donde la rúbrica sea necesaria, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La situación de las seis mujeres indígenas sorprendió a Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras manifestar su indignación por la situación que se vive en Guanajuato, comentó: Estoy muy enojada, estoy muy indignada por todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres; siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado? La pregunta de la funcionaria encuentra respuesta en la vileza de las autoridades guanajuatenses, en la nulidad de la CNDH y en la connivencia de Felipe Calderón.
ARNOLDO KRAUS
Desde hace una semana La Jornada ha informado acerca de la situación de seis mujeres, que además de ser mujeres son indígenas, que además de ser indígenas son pobres, que además de ser pobres abortaron involuntariamente, que además de que el aborto se debió a la miseria propia de la mitad de los mexicanos que viven en México-Guanajuato, que además de vivir en México-Guanajuato son víctimas de su gobierno y de la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que, además de todos los ademáses previos, se incluyen, según testimonios no desmentidos, maltrato del Ministerio Público, de policías ministeriales y de los jueces contra las indígenas y sus familiares, así como abusos de los doctores de la Secretaría de Salud. Todos los ademáses previos condujeron al encarcelamiento, en algunos casos desde hace ocho años, de seis mujeres indígenas, a las cuales se les ha castigado, como ya dije, por haber abortado involuntariamente, a lo cual agrego, en este párrafo interminable, otra serie de circunstancias propias del gobierno guanajuatense, cuyos dislates han hecho de la vileza su bandera, de la mediocridad su modus operandi, de la injusticia su credo, y de la estupidez su única forma de ser. La larga lista de ademases, y la radiografía de algunas circunstancias guanajuatenses es la razón por la cual el gobierno de ese Estado ha ejercido su torpeza y justificado su brutalidad contra las seis mujeres indígenas que actualmente, por si no fuera suficiente la humillación, purgan sentencias de más de 25 años. Esas mujeres, además de no haber pecado, ya que no abortaron voluntariamente, son víctimas, no sólo de la miseria que seguramente fue la razón de los abortos, sino de la ceguera y la mediocridad de los dos últimos gobernadores de Guanajuato, cuyo dogmatismo decimonónico las ha mantenido presas y sin posibilidad de defenderse, ni de ser defendidas. Este párrafo largo, un tanto cantinflesco –lo admito– con sólo cuatro puntos y seguidos intenta reproducir tres situaciones irreproducibles: la imbecilidad del gobierno de Guanajuato, la mediocridad de la CNDH y el mutismo de Felipe Calderón.
Las seis indígenas guanajuatenses no podrán rehacer su vida: llevan años encarceladas, son jóvenes que han sido apartadas de la vida –al menos una entró al penal cuando tenía 18 años–, han sido estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a firmar documentos espurios y presionadas para no realizar entrevistas con los medios de comunicación.
Seguramente, además, han sido amenazadas y maltratadas, si no físicamente sí por medio de la palabra o del aislamiento al que han sido sometidas. Habría que entrevistarlas para averiguar cómo han sido tratadas, si no han intentado violarlas, si tienen permitidas las visitas de los familiares, si los sacerdotes que visitan las cárceles las apoyan o las denuestan y que tan frecuente son humilladas.
La criminilización de las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque en este caso las interrupciones fueron, según averiguó La Jornada, involuntarias, es penada en Guanajuato con castigos que oscilan entre 15 y 30 años de cárcel bajo la acusación del delito de homicidio en razón de parentesco. En la égida panista, factores como violación o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes. De acuerdo a las normas guanajuatenses, toda mujer que resulte embarazada por violación, sea por un sujeto desalmado o por algún sacerdote compinche del padre Maciel, debe continuar, lo desee o no, su embarazo. El mensaje es claro. En Guanajuato, la ideología del PAN pesa más que la vida de las mujeres indígenas. No sobra recordar que México país firma todas las iniciativas donde la rúbrica sea necesaria, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La situación de las seis mujeres indígenas sorprendió a Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras manifestar su indignación por la situación que se vive en Guanajuato, comentó: Estoy muy enojada, estoy muy indignada por todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres; siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado? La pregunta de la funcionaria encuentra respuesta en la vileza de las autoridades guanajuatenses, en la nulidad de la CNDH y en la connivencia de Felipe Calderón.
Matrimonios gays, leyes y creencias
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- Para la jerarquía católica, la adopción de la figura jurídica de los matrimonios entre personas del mismo sexo constituye una “aberración”, una “inmoralidad” y una violación a la “ley natural”.
Este discurso, tan expandido en todos los países desde que Holanda y Bélgica aprobaron, entre 2000 y 2001, las uniones entre personas del mismo sexo, ha sido derrotado una y otra vez por las cortes, los parlamentos y los jueces que han enfrentado este dilema. Así ha sucedido en San Francisco, California, y recientemente en Argentina.
La derrota más reciente para este discurso que pretende imponer las creencias como leyes es la que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México le propinaron a los altos dignatarios religiosos, al considerar constitucionales las reformas aprobadas en el Distrito Federal.
La discusión en México, como en otros países, ha sido cada vez más clara: las creencias morales o religiosas en relación con el matrimonio, la opción sexual, la adopción de hijos o la idea de familia son respetables en el orden privado, pero no se pueden imponer en ninguna sociedad que se considera laica como una ley superior, por encima de los acuerdos civiles.
El gran descubrimiento en esta discusión es que la Constitución mexicana en ninguno de sus artículos pretende imponer un solo modelo de familia ni tampoco supedita la procreación o el “orden natural” a los contratos civiles.
El presidente Felipe Calderón y su procurador Arturo Chávez Chávez derraparon de forma ejemplar cuando declararon que la Constitución sólo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es totalmente falso.
El artículo 4º constitucional, pilar de los derechos de la familia, establece con toda claridad que “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos…
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
La Constitución mexicana habla, así, de “personas”, no de “hombre y mujer” para formar una familia. Es más, ni siquiera se impone la figura del contrato civil conocida como “matrimonio” para el reconocimiento de una familia. Tampoco establece que los hijos sólo pueden tenerse en la figura de la pareja entre varón y mujer. Simplemente establece el derecho “a decidir de manera libre, responsable e informada” sobre el número y espaciamiento de los hijos.
La Constitución mexicana no cita el pasaje bíblico de Adán y Eva, tampoco considera que Eva surgió de la costilla de Adán ni considera que las familias sólo pueden ser “normales” si están formadas por varón, mujer e hijos. Más bien, no impone ningún modelo como exclusivo. Y en esto radica el gran avance de nuestra carta fundamental.
La reciente discusión sobre los alcances de las reformas legales en la Ciudad de México también ha constituido una derrota para los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, quienes promovieron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que el matrimonio entre parejas del mismo sexo amenaza el pacto federal.
Esto también es falso, según nueve de los 11 ministros de la SCJN. De nueva cuenta, las creencias morales de estos mandatarios panistas, muy sintonizados al discurso de la jerarquía católica, se enfrentaron a la realidad del texto constitucional.
El numeral IV del artículo 121 de la Constitución es muy claro en materia civil: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros”.
Así de sencillo y así de contundente. La Constitución no prejuzga moralmente, simplemente garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de los contratos civiles en todas las entidades de la Federación.
La discusión sobre la adopción de hijos por parte de los matrimonios del mismo sexo es la parte más espinosa de la discusión. Sin embargo, en este terreno también las creencias religiosas se enfrentan al terreno de la legalidad.
El Estado no prejuzga sobre la condición sexual de quienes adopten a los hijos. Nunca ordena que debe haber un padre y una madre para la adopción de un hijo. No podría hacerlo. Significaría desconocer a millones de niños que han crecido únicamente con uno de los padres, generalmente con la madre. Lo importante no es el sexo de los progenitores ni sus preferencias sexuales, sino garantizar los derechos de los infantes.
Según el artículo 4º de la Constitución, “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
Los dos párrafos siguientes son esclarecedores:
“Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Esto es justamente lo que está en juego: garantizar que los derechos de la niñez se cumplan. Muchos católicos creen que el mejor modelo son las familias heterosexuales. Están en su derecho y es absolutamente válido. Lo que no es válido es prejuzgar sobre la condición o las preferencias sexuales de los progenitores o tutores para decir que los niños crecerán en modelos “antinaturales”.
La lección más importante de esta discusión es la capacidad de las sociedades modernas para respetar y promover los modelos de familia y de matrimonios que garanticen el cumplimiento de las libertades y de los derechos fundamentales de los individuos, independientemente de su opción, preferencia o identidad sexual.
El desconocimiento jurídico de las uniones entre parejas del mismo sexo constituyó durante décadas una práctica discriminatoria. Ahora esta historia comienza a cambiar. Ojalá y las creencias también se transformen.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- Para la jerarquía católica, la adopción de la figura jurídica de los matrimonios entre personas del mismo sexo constituye una “aberración”, una “inmoralidad” y una violación a la “ley natural”.
Este discurso, tan expandido en todos los países desde que Holanda y Bélgica aprobaron, entre 2000 y 2001, las uniones entre personas del mismo sexo, ha sido derrotado una y otra vez por las cortes, los parlamentos y los jueces que han enfrentado este dilema. Así ha sucedido en San Francisco, California, y recientemente en Argentina.
La derrota más reciente para este discurso que pretende imponer las creencias como leyes es la que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México le propinaron a los altos dignatarios religiosos, al considerar constitucionales las reformas aprobadas en el Distrito Federal.
La discusión en México, como en otros países, ha sido cada vez más clara: las creencias morales o religiosas en relación con el matrimonio, la opción sexual, la adopción de hijos o la idea de familia son respetables en el orden privado, pero no se pueden imponer en ninguna sociedad que se considera laica como una ley superior, por encima de los acuerdos civiles.
El gran descubrimiento en esta discusión es que la Constitución mexicana en ninguno de sus artículos pretende imponer un solo modelo de familia ni tampoco supedita la procreación o el “orden natural” a los contratos civiles.
El presidente Felipe Calderón y su procurador Arturo Chávez Chávez derraparon de forma ejemplar cuando declararon que la Constitución sólo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es totalmente falso.
El artículo 4º constitucional, pilar de los derechos de la familia, establece con toda claridad que “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos…
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
La Constitución mexicana habla, así, de “personas”, no de “hombre y mujer” para formar una familia. Es más, ni siquiera se impone la figura del contrato civil conocida como “matrimonio” para el reconocimiento de una familia. Tampoco establece que los hijos sólo pueden tenerse en la figura de la pareja entre varón y mujer. Simplemente establece el derecho “a decidir de manera libre, responsable e informada” sobre el número y espaciamiento de los hijos.
La Constitución mexicana no cita el pasaje bíblico de Adán y Eva, tampoco considera que Eva surgió de la costilla de Adán ni considera que las familias sólo pueden ser “normales” si están formadas por varón, mujer e hijos. Más bien, no impone ningún modelo como exclusivo. Y en esto radica el gran avance de nuestra carta fundamental.
La reciente discusión sobre los alcances de las reformas legales en la Ciudad de México también ha constituido una derrota para los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, quienes promovieron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que el matrimonio entre parejas del mismo sexo amenaza el pacto federal.
Esto también es falso, según nueve de los 11 ministros de la SCJN. De nueva cuenta, las creencias morales de estos mandatarios panistas, muy sintonizados al discurso de la jerarquía católica, se enfrentaron a la realidad del texto constitucional.
El numeral IV del artículo 121 de la Constitución es muy claro en materia civil: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros”.
Así de sencillo y así de contundente. La Constitución no prejuzga moralmente, simplemente garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de los contratos civiles en todas las entidades de la Federación.
La discusión sobre la adopción de hijos por parte de los matrimonios del mismo sexo es la parte más espinosa de la discusión. Sin embargo, en este terreno también las creencias religiosas se enfrentan al terreno de la legalidad.
El Estado no prejuzga sobre la condición sexual de quienes adopten a los hijos. Nunca ordena que debe haber un padre y una madre para la adopción de un hijo. No podría hacerlo. Significaría desconocer a millones de niños que han crecido únicamente con uno de los padres, generalmente con la madre. Lo importante no es el sexo de los progenitores ni sus preferencias sexuales, sino garantizar los derechos de los infantes.
Según el artículo 4º de la Constitución, “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
Los dos párrafos siguientes son esclarecedores:
“Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Esto es justamente lo que está en juego: garantizar que los derechos de la niñez se cumplan. Muchos católicos creen que el mejor modelo son las familias heterosexuales. Están en su derecho y es absolutamente válido. Lo que no es válido es prejuzgar sobre la condición o las preferencias sexuales de los progenitores o tutores para decir que los niños crecerán en modelos “antinaturales”.
La lección más importante de esta discusión es la capacidad de las sociedades modernas para respetar y promover los modelos de familia y de matrimonios que garanticen el cumplimiento de las libertades y de los derechos fundamentales de los individuos, independientemente de su opción, preferencia o identidad sexual.
El desconocimiento jurídico de las uniones entre parejas del mismo sexo constituyó durante décadas una práctica discriminatoria. Ahora esta historia comienza a cambiar. Ojalá y las creencias también se transformen.
Educación y futuro comprometido
LUIS LINARES ZAPATA
La alianza electorera entre el señor Calderón y la profesora Gordillo ha tenido repercusiones nefastas para el desarrollo económico, la gobernanza y el bienestar de los mexicanos. Al encaramarse en la titularidad del Poder Ejecutivo, haiga sido como haiga sido, se comprometió también parte sustantiva del futuro cercano y otro tanto del de largo plazo. La potestad de Gordillo, permitida desde lo alto, para incidir en la conformación, casi total, de la educación básica, fue un premio por demás indebido. Las ondas expansivas de ese encuadre decisorio pueden apreciarse con el mínimo ensayo de crítica. Sí a ello se le agrega la influencia, tan insoportable como inevitable, para designar responsables en los estados (secretarios del ramo) el cuadro adquiere ribetes grotescos.
La andanada, una más, de la profesora contra las normales rurales da las puntadas finales a sus afanes manipuladores que se trasmutan en destrucción institucional. Se quiere, en efecto, eliminar esos reductos donde se han gestado conciencias críticas y donde se formaron activistas sociales de gran valía para la formación ciudadana. Pero, al mismo tiempo, si las normales rurales se cierran, se eliminaría también la única posibilidad que una inmensa capa de mexicanos, situados dentro de regiones marginales, tienen para adquirir instrumentos que les permitan un mínimo de vida digna.
El estado deplorable de la educación en general, principiando por la base de la pirámide, no permite extraer una mirada positiva para la marcha de la nación. Entre las deserciones del mismo inicio, las que se dan en el transcurso de los primeros años de primaria, las que le siguen en la secundaria y la pobre oferta para entrar al bachillerato, se puede formar la clara idea del estado deprimente del sistema completo. Pero si el enfoque se concentra en la parte terminal de la educación, el panorama que arroja la más somera evaluación enfrenta un escenario devastador de esperanzas. No hay escapatoria, México está condenado, si bien van las cosas, a la medianía y el estancamiento durante años por venir. Con sólo 30 por ciento de su juventud con posibilidades de acceder a la educación superior, no se puede construir un futuro que asegure acelerar el crecimiento en el sentido tradicional del término, menos aún, dar respuestas sostenidas a las ambiciones y sueños de un mejor futuro humano.
El mismo día en que reunían, en gran coro de voces aceptables al régimen vigente, para discutir sobre los fracasos de la guerra calderoniana contra el narco, varios cientos de jóvenes rechazados se manifestaban en el centro de la ciudad reclamando atención y lugares adicionales para estudiar. La discordancia fue evidente pero, por desgracia, sin salidas apropiadas. Para esos protestantes no habrá más destino que la calle, el exilio, la informalidad o las conductas ilegales. El gobierno no tiene, ni ha ensayado siquiera, respuesta alguna a los 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Simplemente los deja a la deriva. Nadie lo trató, dentro de ese coro de expertos e interesados, como una causal directa de la inseguridad reinante y, de atenderse, su más cierta posibilidad de cura. Es más, los intentos por recortar los presupuestos para educación son una realidad ominosa que niega cualquier progreso al respecto.
Es bastante irónico que países como Venezuela y regímenes como el de Chávez, sobre los que pesa una feroz campaña de desprestigio, inducida desde el imperio y con fieros ingredientes racistas, tenga a más de 50 por ciento de su juventud con educación superior. Ese 20 por ciento más de diferencia con México dice mucho de lo que sucederá en el futuro para ambos países. Constatar que se está cuatro puntos por debajo de la media Latinoamericana (34 por ciento) es intolerable pero consecuente con el descuido y la incapacidad de la elite nacional para, en verdad, comprometerse con el bienestar de los mexicanos. En realidad les importa bastante poco el quebranto de esperanzas. Ellos están ensartados en aumentar sus propios privilegios y sólo a ellos obedecen. No es gratuita la enorme brecha que se abre entre México y Corea del Sur. Ese país tiene a 90 por ciento de su juventud educada. La capacidad de inducir el desarrollo acelerado y sostenido, es, en estas dos naciones, por completo diferente, tal y como lo va mostrando el presente.
En la actualidad se debate (Francia) cambiar la manera de medir el desarrollo. Evitar repetir los parámetros del crecimiento del PIB, que refiere a un volumen de producción, del déficit fiscal o de la inflación como indicadores indispensables y rectores. Preocuparse más por otros que midan el bienestar es la propuesta. De la capacidad que se tenga para apresar aspectos como la renta personal, el reparto equitativo, el consumo, la salud, organicidad ciudadana, fluctuabilidad social o la educación, dependerá que se pueda transformar una sociedad. Eso es, al final de cuentas, introducir un nuevo modo de concebir al desarrollo y darle dimensión al bienestar.
Las izquierdas mundiales y las de México no escapan a este dictado, deben encontrase en ese centro de atención. Su oferta debe girar alrededor de esos parámetros que implican una visión distinta y discordante con la del neoliberalismo reinante en las derechas. Reincidir en más de lo mismo, en darle una vuelta adicional a las tuercas de la necedad. Volver a citar las reformas llamadas estructurales como horizonte del progreso es inefectivo. Acudir al llamado a la unidad (imposible, por cierto) para compartir responsabilidades de la guerra desatada, no se debe admitir. Aliarse con los tramposos y los opuestos en un intento de negociación diluyente sólo desembocará en mayor quebranto social. Las izquierdas deben poner atención al pueblo, convivir con él, formar parte de su vida, sufrir sus tribulaciones, anhelar lo mismo y no seguir rondando las esferas exquisitas de los pasillos, las oficinas, los cenáculos y comedores del oficialismo.
LUIS LINARES ZAPATA
La alianza electorera entre el señor Calderón y la profesora Gordillo ha tenido repercusiones nefastas para el desarrollo económico, la gobernanza y el bienestar de los mexicanos. Al encaramarse en la titularidad del Poder Ejecutivo, haiga sido como haiga sido, se comprometió también parte sustantiva del futuro cercano y otro tanto del de largo plazo. La potestad de Gordillo, permitida desde lo alto, para incidir en la conformación, casi total, de la educación básica, fue un premio por demás indebido. Las ondas expansivas de ese encuadre decisorio pueden apreciarse con el mínimo ensayo de crítica. Sí a ello se le agrega la influencia, tan insoportable como inevitable, para designar responsables en los estados (secretarios del ramo) el cuadro adquiere ribetes grotescos.
La andanada, una más, de la profesora contra las normales rurales da las puntadas finales a sus afanes manipuladores que se trasmutan en destrucción institucional. Se quiere, en efecto, eliminar esos reductos donde se han gestado conciencias críticas y donde se formaron activistas sociales de gran valía para la formación ciudadana. Pero, al mismo tiempo, si las normales rurales se cierran, se eliminaría también la única posibilidad que una inmensa capa de mexicanos, situados dentro de regiones marginales, tienen para adquirir instrumentos que les permitan un mínimo de vida digna.
El estado deplorable de la educación en general, principiando por la base de la pirámide, no permite extraer una mirada positiva para la marcha de la nación. Entre las deserciones del mismo inicio, las que se dan en el transcurso de los primeros años de primaria, las que le siguen en la secundaria y la pobre oferta para entrar al bachillerato, se puede formar la clara idea del estado deprimente del sistema completo. Pero si el enfoque se concentra en la parte terminal de la educación, el panorama que arroja la más somera evaluación enfrenta un escenario devastador de esperanzas. No hay escapatoria, México está condenado, si bien van las cosas, a la medianía y el estancamiento durante años por venir. Con sólo 30 por ciento de su juventud con posibilidades de acceder a la educación superior, no se puede construir un futuro que asegure acelerar el crecimiento en el sentido tradicional del término, menos aún, dar respuestas sostenidas a las ambiciones y sueños de un mejor futuro humano.
El mismo día en que reunían, en gran coro de voces aceptables al régimen vigente, para discutir sobre los fracasos de la guerra calderoniana contra el narco, varios cientos de jóvenes rechazados se manifestaban en el centro de la ciudad reclamando atención y lugares adicionales para estudiar. La discordancia fue evidente pero, por desgracia, sin salidas apropiadas. Para esos protestantes no habrá más destino que la calle, el exilio, la informalidad o las conductas ilegales. El gobierno no tiene, ni ha ensayado siquiera, respuesta alguna a los 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Simplemente los deja a la deriva. Nadie lo trató, dentro de ese coro de expertos e interesados, como una causal directa de la inseguridad reinante y, de atenderse, su más cierta posibilidad de cura. Es más, los intentos por recortar los presupuestos para educación son una realidad ominosa que niega cualquier progreso al respecto.
Es bastante irónico que países como Venezuela y regímenes como el de Chávez, sobre los que pesa una feroz campaña de desprestigio, inducida desde el imperio y con fieros ingredientes racistas, tenga a más de 50 por ciento de su juventud con educación superior. Ese 20 por ciento más de diferencia con México dice mucho de lo que sucederá en el futuro para ambos países. Constatar que se está cuatro puntos por debajo de la media Latinoamericana (34 por ciento) es intolerable pero consecuente con el descuido y la incapacidad de la elite nacional para, en verdad, comprometerse con el bienestar de los mexicanos. En realidad les importa bastante poco el quebranto de esperanzas. Ellos están ensartados en aumentar sus propios privilegios y sólo a ellos obedecen. No es gratuita la enorme brecha que se abre entre México y Corea del Sur. Ese país tiene a 90 por ciento de su juventud educada. La capacidad de inducir el desarrollo acelerado y sostenido, es, en estas dos naciones, por completo diferente, tal y como lo va mostrando el presente.
En la actualidad se debate (Francia) cambiar la manera de medir el desarrollo. Evitar repetir los parámetros del crecimiento del PIB, que refiere a un volumen de producción, del déficit fiscal o de la inflación como indicadores indispensables y rectores. Preocuparse más por otros que midan el bienestar es la propuesta. De la capacidad que se tenga para apresar aspectos como la renta personal, el reparto equitativo, el consumo, la salud, organicidad ciudadana, fluctuabilidad social o la educación, dependerá que se pueda transformar una sociedad. Eso es, al final de cuentas, introducir un nuevo modo de concebir al desarrollo y darle dimensión al bienestar.
Las izquierdas mundiales y las de México no escapan a este dictado, deben encontrase en ese centro de atención. Su oferta debe girar alrededor de esos parámetros que implican una visión distinta y discordante con la del neoliberalismo reinante en las derechas. Reincidir en más de lo mismo, en darle una vuelta adicional a las tuercas de la necedad. Volver a citar las reformas llamadas estructurales como horizonte del progreso es inefectivo. Acudir al llamado a la unidad (imposible, por cierto) para compartir responsabilidades de la guerra desatada, no se debe admitir. Aliarse con los tramposos y los opuestos en un intento de negociación diluyente sólo desembocará en mayor quebranto social. Las izquierdas deben poner atención al pueblo, convivir con él, formar parte de su vida, sufrir sus tribulaciones, anhelar lo mismo y no seguir rondando las esferas exquisitas de los pasillos, las oficinas, los cenáculos y comedores del oficialismo.
