DESPOJO A INDIGENAS.

11/08/2010

Enfrentan rarámuris presión de autoridades
Políticos se apoderaron de territorios indígenas para hacer aeropuerto de Creel
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de agosto de 2010, p. 32
Chihuahua, Chih., 10 de agosto. El senador panista Ramón Galindo Noriega; el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, Omar Bazán Flores, y el diputado local Ricardo Orbiz Blake, entre otros políticos, así como empresarios locales, se apropiaron de grandes extensiones de tierra en una zona del municipio de Creel ocupada por indígenas rarámuris, donde se pretende construir un aeropuerto, aseguró el gobernador indígena de Mongotavo, San Miguel Cruz Moreno.
Los compradores también pretenden edificar desarrollos turísticos, añadieron autoridades tradicionales de cuatro comunidades asentadas en la zona de la Barranca del Cobre.
En conferencia de prensa, San Miguel Cruz informó que 154 hectáreas propiedad de Mongotavo fueron adquiridas con artimañas jurídicas por cinco personas, entre ellas Bazán Flores, ex diputado federal y dirigente de la CNOP en Chihuahua.
También mencionó a Ricardo Valles Alvelais, hermano del secretario de Turismo estatal, Héctor Valles; a Ricardo Orbiz, así como a los empresarios Agustín López Dumas y Jesús Alberto Cano Vélez. Cruz Moreno sostuvo que estas personas buscan desalojar a indígenas de predios donde han vivido por generaciones.
El predio Mesa de la Barranca presuntamente fue adquirido por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, que, según San Miguel Cruz, presiona a familias rarámuris para que abandonen sus viviendas, pues pretende construir un hotel.
Fausto Salgado, representante legal de los indígenas, tramitó un amparo ante el juzgado segundo de distrito para impedir el desalojo, desplazamiento o reubicación de las viviendas de las familias rarámuris.
La autoridad indígena añadió que se les ha ocultado la información sobre los pormenores del proyecto Barrancas del Cobre; en cambio, autoridades de Turismo de Chihuahua y empleados de los empresarios citados hostigan a los indígenas de Mongotavo para que firmen un documento con el cual autorizarían la demolición del albergue y la escuela Rebelión de la Tarahumara, donde estudian, duermen y reciben alimentos 100 niños de 14 poblados de la región.
Indicó que autoridades de Turismo les ofrecieron reubicarlos en pequeñas casas de ladrillo construidas en otra zona.No lo aceptamos. Nosotros tenemos en nuestro territorio casas de troncos y parcelas para sembrar maíz y frijol. Allá no podríamos sembrar, dijo Cruz Moreno.
En otro punto de la cresta de la Barranca del Cobre, en la comunidad Bacajípare, el senador panista Ramón Galindo intenta construir un hotel en un predio que adquirió hace tres años al ejido San Alonso, por lo que enfrenta un juicio ante tribunales agrarios.
Calderón se dice dispuesto a corregir su lucha antinarco
Pide a partidos un acuerdo para elaborar planes
FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA MUÑOZ
Periódico La Jornada
El presidente Felipe Calderón se mostró dispuesto a corregir la estrategia de seguridad pública si así lo definiera un acuerdo con las fuerzas políticas.
Sin embargo, pidió a los partidos asumir compromisos porque el país no podrá revertir la escalada de violencia si persisten la descoordinación y las acusaciones mutuas por razones electorales.
Yo estoy de acuerdo en que se cuestione la estrategia y, entonces, estoy dispuesto a analizar y recibir propuestas para cambiar o mejorarla, dijo.
Durante la quinta sesión del diálogo por la seguridad, solicitó a los dirigentes de partidos políticos ideas claras y propuestas precisas para modificar la ruta que ha seguido su gobierno, bajo el reconocimiento de que ésta ha sido cuestionada. Es momento oportuno, dijo, de señalar sincera y abiertamente si ha sido un error combatir la criminalidad.
Puntualizó que el país enfrenta un cambio de modelo criminal que quizá ya no cabe y no resisten los viejos esquemas institucionales. En ese sentido opinó que no llegarán a ningún lado si la Federación usa toda su energía para culpar a los estados y viceversa.
Si alguien considera que el error del gobierno ha sido combatir la criminalidad, también es el momento oportuno para que lo diga abierta y sinceramente, y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del estado de derecho ha dejado de tener vigencia, dijo.
Ante los dirigentes partidistas (sólo el Partido del Trabajo rechazó la invitación de Los Pinos) reconoció que frente al narcotráfico el talón de Aquiles de México es la debilidad institucional, pero aseveró que la solución a este problema no es un asunto sólo del Presidente de la República o del cálculo de vencedores y vencidos, sino un verdadero desafío nacional que obliga a trascender las diferencias políticas.
Al hacer un balance de su gobierno ante la problemática del narcotráfico, aseveró que el aumento de la violencia no es el indicador más adecuado para valorar si la estrategia avanza o retrocede o de que la guerra o la batalla se gana o se pierde, porque estos hechos y el grado de crueldad en los homicidios lo que refleja es el nivel de la disputa de los cárteles de la droga.
Dijo que pese a los actos “cobardes, ejecuciones o emboscadas” a autoridades del Ejército y de la Policía Federal, la verdad es que la gran mayoría de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los criminales han sido ganadas por las fuerzas federales, quizá en proporción de 8 a 1 o más.
Indefectiblemente, la victoria, digamos de este enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esta guerra o esa batalla se va perdiendo, comentó. De igual forma, señaló que la situación de nuestro país no es equiparable con la de Colombia, donde hay 38 homicidios por cada 100 mil habitantes y en México ese indicador se ubica en 13.
El presidente Calderón pidió a sus interlocutores propuestas concretas, principalmente en estrategias operativas. En este punto informó que dio instrucciones al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que diseñe una nueva política contra el lavado de dinero. Reiteró la tesis de unificar las policías estatales y, en el ámbito social, trabajar para eliminar la correlación entre dificultades económicas y criminalidad.
En respuesta al señalamiento de la dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, acerca de la función legal de las fuerzas armadas, el mandatario aseveró que la población apoya la presencia de los militares en los operativos conjuntos. Acerca de la legalización de las drogas, reiteró que no está de acuerdo con esa posibilidad, aunque acepta que es necesario el debate.
En su opinión, si bien existe la previsión de que la legalización podría presionar a la baja el precio de los estupefacientes, también es cierto que ello repercutiría en un mayor consumo entre los jóvenes, la población más vulnerable y, entonces, sostuvo, México pagaría todos los inconvenientes.
Ante la multiplicación de hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada, el Presidente convocó a una ronda de encuentros con diversos sectores de la vida política y social; primero se reunió con organizaciones civiles y empresarios, luego con académicos, asociaciones religiosas y directivos de medios de comunicación y ayer con dirigentes de partidos políticos, ante quienes insistió que la alternativa ante el desafío delincuencial es el compromiso común.
Les explicó la forma en que el narcotráfico pasó de ser un negocio de bajo perfil en los años 90 del siglo pasado (con ingreso per cápita promedio de 3 mil dólares al año) a más de 10 mil dólares en 2008; les habló de cómo se convirtió en una actividad que avanzó en el control de los pueblos y ciudades, con el correspondiente debilitamiento de la autoridad y el crecimiento de la extorsión, los secuestros y los homicidios.
Acompañado de integrantes del gabinete de seguridad, Calderón insistió en que la política de Estado debe desprenderse de un acuerdo de las fuerzas políticas, de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, no para respaldar al Presidente ni a su partido, sino para promover un México de leyes.
Por la noche, Calderón difundió en Twitter: en suma, la estrategia (contra el crimen organizado) avanza. Incluso en la contención territorial de los más violentos a través de las fuerzas armadas. Del universo de fallecimientos distintos a enfrentamientos, de los casos donde se conoce la causa, 90 por ciento son personas vinculadas al crimen.
Sólo la Corte o el gobernador pueden liberar a seis guanajuatenses que abortaron: magistrado
El tribunal superior del estado ya confirmó las condenas; únicamente queda el amparo o el indulto
CARLOS GARCÍA Y JAIME AVILÉS
Corresponsal y enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de agosto de 2010, p. 41
Guanajuato, Gto., 10 de agosto. El Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato tiene que analizar los expedientes de las seis mujeres que están purgando penas por homicidio en razón de parentesco, sostuvo hoy aquí el magistrado Miguel Valadez Reyes, quien en junio anuló la condena de 27 años de prisión dictada contra Alma Yareli Salazar Saldaña por el mismo supuesto delito.
En los casos de las seis jóvenes que permanecen tras las rejas, Valadez Reyes observó constantes que se repiten, como miseria, ignorancia y el hecho de que todas abortaron en zonas rurales de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende; advirtió que sólo podrán recobrar su libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorga un amparo o el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, las indulta.
El magistrado consideró que se hubiera cometido una injusticia del más alto nivel si no se hubiera absuelto a Alma Yareli de la pena de 27 años de cárcel que le impuso un juez de primera instancia, de los cuales ya había cumplido tres cuando el Supremo Tribunal de Justicia la declaró inocente, luego de probar científicamente que el producto que expulsó en forma involuntaria presentaba un desarrollo cerebral mínimo, que le causó la muerte.
Para Valadez Reyes, ex procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, el papel de la defensa en una segunda instancia es fundamental, porque sus puntos de vista orientan al juzgador para absolver o ratificar la sentencia. Nosotros, con los alegatos, con los argumentos que se hacen valer, necesariamente debemos ver si el defensor está señalando tal cosa, está argumentando tal otra; entonces, si yo iba a llegar a una conclusión, con mayor razón tengo que llegar a ella, en vista de los argumentos que me presentan.
Al analizar las supuestas pruebas científicas aportadas por el Ministerio Público, que resultaron dogmáticas y por ello irrelevantes, el también ex procurador de Justicia no encontró elementos que demostraran que Alma Yareli asesinó al producto que expulsó de su cuerpo.
En la revisión de su sentencia ante el Tribunal Superior –continuó–, la acusada tuvo una defensora que dio un pliego de argumentaciones serio, extenso y sólido. La apreciación de que Alma Yareli Salazar era asesina, y en la cual el juez de primera instancia se basó para condenarla a 27 años de prisión, se vino abajo cuando nuevos estudios periciales nos llevaron a concluir que la madre no privó de la vida al hijo, explicó el magistrado de la décima sala penal.
En cuanto a los casos de Araceli Camargo, Ofelia Frías, Susana Dueñas, Ana Rosa Padrón, Yolanda Martínez y Liliana Moreno, el jurista consideró que la pobreza, la marginación, la ignorancia, la falta de estudios y el hecho de que todas vivían en comunidades rurales de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, son factores que deben ser motivo para que el Supremo Tribunal de Justicia analice sus expedientes, pues no descartó la posibilidad de que ellas también sean víctimas de injusticias como la que se estaba cometiendo contra Alma Yareli.
Si las mujeres que en Guanajuato padecen pobreza, ignorancia y marginación tuvieran acceso a educación, información sexual y al desarrollo no se verían en situaciones como las que ahora están en debate público, que además deberían ser atenuantes a la hora de dictarles una sentencia, dijo.
El magistrado recordó que el Tribubal Superior ya confirmó las condenas de las seis campesinas prisioneras, básicamente porque todas ellas fueron representadas por defensores que no pudieron revertir sus sentencias, por lo que señaló que ahora sólo pueden liberarlas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la vía del amparo, o el gobernador (Juan Manuel Oliva Ramírez), si las indulta.
Por su parte, Raquel Barajas Monjarás, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia estatal, y los magistrados Alfonso Fragoso e Imelda Carbajal –quienes ratificaron las sentencias de las seis mujeres– defendieron en conferencia de prensa el trabajo que realizaron, porque, a su modo de ver, quedó demostrado que las acusadas asesinaron a sus hijos recién nacidos.
En los casos de homicidio en razón de parentesco, que dieron lugar a sentencias condenatorias, la resolución del juez se sustentó en exámenes periciales que probaron que la víctima nació y vivió fuera del seno materno, y que su muerte se produjo como consecuencia de la conducta de su progenitora, aseveró Barajas Monjarás, pasando por alto que eso mismo se había dicho de Alma Yareli, hasta que una buena abogada defensora demostró que las conclusiones de los peritos en medicina forense eran irrelevantes, porque se basaron en criterios dogmáticos.
Demanda la CNDH sancionar a médicos del ISSSTE por la muerte de un paciente
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de personal médico que provocó la muerte de un paciente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia que deberá indemnizar a la familia de la víctima.
De acuerdo con la recomendación 44/2010 dirigida a Jesús Villalobos López, encargado de despacho del ISSSTE --sustituyó a Miguel Ángel Yunes, excandidato del PAN al gobierno de Veracruz--, la CNDH informó que interpondrá una queja ante el órgano de control interno de la PGR para que sea sancionado el personal médico responsable de los hechos.
Según el documento, firmado por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, el 25 de septiembre de 2005 la esposa de un derechohabiente del ISSSTE presentó una queja ante el organismo público denunciando que su marido falleció después de que fue intervenido quirúrgicamente en 15 ocasiones.
El paciente ingresó al hospital general “Darío Fernández Fierro” el 26 de noviembre de 2008 con un diagnóstico de cálculos en la vesícula biliar. Sin embargo, el órgano se le extirpó inadecuadamente, por lo que tuvo complicaciones posteriores que derivaron en más intervenciones.
El derechohabiente, de 49 años, falleció el 15 de marzo de 2009 a consecuencia de un “choque séptico, acidosis metabólica y neumonía, postoperatorios de la colecistectomía (extracción de la vesícula)”, señala el documento.
La esposa de la víctima recurrió a la CNDH al considerar que el personal médico del ISSSTE que atendió a su marido violó sus “derechos a la protección a la salud y a la vida”. Además, dijo que no hubo colaboración de ese instituto para proporcionarle copias del expediente clínico” de la víctima.
La CNDH instruyó al encargado de despacho de la institución a que entregue el expediente.
En el análisis del caso, la CNDH concluyó que “los servidores públicos del ISSSTE no brindaron la atención médica adecuada requerida” por la víctima, violando disposiciones constitucionales, normas oficiales mexicanas en materia de salud y preceptos internacionales de derechos humanos.
La CNDH, señala el documento, en apego a sus facultades anunció la presentación de una queja ante el órgano de control interno del ISSTE, “a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente, así como la denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación en contra de los médicos que intervinieron en los hechos que se consigna en este caso”.
Al encargado de despacho, el ombudsman Raúl Plascencia recomendó indemnizar a los familiares de la víctima por “la responsabilidad institucional en que incurrieron los médicos del ISSSTE”; diseñar programas de capacitación integral en el manejo de las normas oficiales para médicos y enfermeras, “garantizando que se apliquen los protocolos de intervención precisos”.
Plascencia también pidió la colaboración del sustituto de Miguel Ángel Yunes para que colabore con la CNDH en la interposición de la queja ante el órgano de control interno y de la denuncia penal ante la PGR por ser los responsables de la muerte del derechohabiente servidores públicos federales.