EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO
12 ago 2010
Casi 15 millones de jóvenes en pobreza multidimensional: Coneval
La redacción
MÉXICO, D. F., 11 de agosto (apro).- En vísperas del Día Internacional de la Juventud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que 14.9 millones de jóvenes mexicanos se encontraban en pobreza multidimensional en 2008.
Con base en la metodología oficial para la medición multidimensional de la pobreza en el país, el Coneval estima que de los 14.9 millones de hombres y mujeres jóvenes, que representaban el 14.0% de la población total, 3.3 millones se encontraban en pobreza multidimensional extrema.
En el mismo año, 12.1 millones de jóvenes eran vulnerables por carencias sociales, 1.5 millones por ingreso, y 6.2 millones no eran considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por ingreso o carencias sociales.
En 2008, los jóvenes que se encontraban en pobreza multidimensional tenían en promedio 1.9 carencias sociales. La clasificación de carencias sociales del total de jóvenes fue la siguiente: 18.1% tenía rezago educativo; 44.7% no contaba con acceso a los servicios de salud; 68.0% no tenía acceso a la seguridad social; 18.1% presentaba carencia en calidad y espacios de vivienda; 19.1% no tenía acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 22.0% carecía de acceso a la alimentación.
Las entidades federativas que concentraban en 2008 el mayor porcentaje de jóvenes en condición de pobreza multidimensional eran Chiapas, con 75.8%; Guerrero, con 67.4%; Puebla, 61.6%, y Oaxaca, 61.2%.
De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999, se considera joven a toda persona cuya edad comprende entre los 12 y los 29 años de edad.
El Coneval publicó la metodología oficial para la medición multidimensional de la pobreza en México en diciembre de 2009.
Para realizar sus estimaciones utilizó la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2008 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La información que genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza, está disponible en la página de Internet www.coneval.gob.mx, para consulta de cualquier persona interesada.
La redacción
MÉXICO, D. F., 11 de agosto (apro).- En vísperas del Día Internacional de la Juventud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que 14.9 millones de jóvenes mexicanos se encontraban en pobreza multidimensional en 2008.
Con base en la metodología oficial para la medición multidimensional de la pobreza en el país, el Coneval estima que de los 14.9 millones de hombres y mujeres jóvenes, que representaban el 14.0% de la población total, 3.3 millones se encontraban en pobreza multidimensional extrema.
En el mismo año, 12.1 millones de jóvenes eran vulnerables por carencias sociales, 1.5 millones por ingreso, y 6.2 millones no eran considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por ingreso o carencias sociales.
En 2008, los jóvenes que se encontraban en pobreza multidimensional tenían en promedio 1.9 carencias sociales. La clasificación de carencias sociales del total de jóvenes fue la siguiente: 18.1% tenía rezago educativo; 44.7% no contaba con acceso a los servicios de salud; 68.0% no tenía acceso a la seguridad social; 18.1% presentaba carencia en calidad y espacios de vivienda; 19.1% no tenía acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 22.0% carecía de acceso a la alimentación.
Las entidades federativas que concentraban en 2008 el mayor porcentaje de jóvenes en condición de pobreza multidimensional eran Chiapas, con 75.8%; Guerrero, con 67.4%; Puebla, 61.6%, y Oaxaca, 61.2%.
De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999, se considera joven a toda persona cuya edad comprende entre los 12 y los 29 años de edad.
El Coneval publicó la metodología oficial para la medición multidimensional de la pobreza en México en diciembre de 2009.
Para realizar sus estimaciones utilizó la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2008 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La información que genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza, está disponible en la página de Internet www.coneval.gob.mx, para consulta de cualquier persona interesada.
Llega al Congreso solicitud de juicio político contra Molinar, Karam y Bours
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón, padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio político contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.
La solicitud fue presentada en el Congreso de la Unión por José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petición de enjuiciar políticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el análisis del caso de violación de garantías en el que finalmente se exculpó a los funcionarios federales y al exgobernador.
De acuerdo con las demandas de juicio político, el exgobernador, así como el director y el exdirector del IMSS, violaron el artículo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios públicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.
Por no conducirse como se debe, señala la demanda, los servidores públicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposición del Ministerio Público y ser inhabilitados por al menos 20 años.
En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuarán su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignación porque el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de acallar su reclamo con apoyos económicos, así como descuentos de servicios de energía eléctrica e Infonavit.
“A mí no me sirven ni madres los apoyos de Calderón si ya no tengo a mi hija, ¿de qué fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo único que quiero es que los funcionarios responsables estén en la cárcel”, tronó Abraham Fraijo, quien emplazó a los diputados federales a “quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qué están hechos”.
Zavala, por su parte, resaltó que desde que ocurrió la tragedia en la guardería ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, “marcar” a los que exigen justicia como “revoltosos, extremistas y rebeldes”.
Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio político sin más interés que el de hacer justicia.
Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocultó la verdad sobre la tragedia del incendio de la guardería ABC, y que a pesar de que los niños fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que habían fallecido 49 infantes.
“Cuando en los medios la Procuraduría de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya había visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todavía llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontré; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi niña estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados”, narró Abraham Freijo.
Zavala y Freijo advirtieron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Además, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.
Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los niños fallecidos en la tragedia, Zavala destacó que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: “Porque se designó como responsable de atender a los familiares de las víctimas al IMSS, en cualquier momento podría desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guardería ABC.”
De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de la Unión, y que podrá ser retomada en el próximo periodo de sesiones, en septiembre próximo, los funcionarios públicos “tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas.
Molinar y Karam, “en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.
En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia señalan que actuaron de forma irregular al participar en el análisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios públicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón, padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio político contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.
La solicitud fue presentada en el Congreso de la Unión por José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petición de enjuiciar políticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el análisis del caso de violación de garantías en el que finalmente se exculpó a los funcionarios federales y al exgobernador.
De acuerdo con las demandas de juicio político, el exgobernador, así como el director y el exdirector del IMSS, violaron el artículo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios públicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.
Por no conducirse como se debe, señala la demanda, los servidores públicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposición del Ministerio Público y ser inhabilitados por al menos 20 años.
En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuarán su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignación porque el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de acallar su reclamo con apoyos económicos, así como descuentos de servicios de energía eléctrica e Infonavit.
“A mí no me sirven ni madres los apoyos de Calderón si ya no tengo a mi hija, ¿de qué fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo único que quiero es que los funcionarios responsables estén en la cárcel”, tronó Abraham Fraijo, quien emplazó a los diputados federales a “quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qué están hechos”.
Zavala, por su parte, resaltó que desde que ocurrió la tragedia en la guardería ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, “marcar” a los que exigen justicia como “revoltosos, extremistas y rebeldes”.
Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio político sin más interés que el de hacer justicia.
Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocultó la verdad sobre la tragedia del incendio de la guardería ABC, y que a pesar de que los niños fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que habían fallecido 49 infantes.
“Cuando en los medios la Procuraduría de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya había visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todavía llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontré; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi niña estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados”, narró Abraham Freijo.
Zavala y Freijo advirtieron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Además, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.
Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los niños fallecidos en la tragedia, Zavala destacó que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: “Porque se designó como responsable de atender a los familiares de las víctimas al IMSS, en cualquier momento podría desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guardería ABC.”
De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de la Unión, y que podrá ser retomada en el próximo periodo de sesiones, en septiembre próximo, los funcionarios públicos “tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas.
Molinar y Karam, “en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.
En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia señalan que actuaron de forma irregular al participar en el análisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios públicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.
Guanajuato, las maniobras.
Omiten en la oficina del funcionario datos sobre averiguaciones previas
CARLOS GARCÍA Y JAIME AVILÉS
Corresponsal y enviado
Periódico La Jornada
Jueves 12 de agosto de 2010, p. 35
San Miguel de Allende, Gto. 11 de agosto. Por instrucciones del gobierno estatal, todas las averiguaciones previas en contra de quienes abortaron, se concentran en la oficina del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer hoy la Dirección de Procesos de la Subprocuraduría de la región D, con sede en esta ciudad.
Pese a tales restricciones informativas, La Jornada confirmó esta mañana que el Ministerio Público sigue integrando denuncias penales en contra de quienes interrumpen su embarazo, como consta en el expediente 81/2010, que inculpa a Daniela C.S., de 19 años de edad, quien en junio fue atendida en el Hospital General Felipe Doborganes de este municipio, luego de provocarse un aborto incompleto.
Alejandro Duarte, director de Procesos de la Subprocuraduría regional D, que abarca los 11 municipios del noreste de Guanajuato –la zona más pobre y marginada de la entidad– comunicó a los reporteros de este diario, por conducto de su secretaria, que tiene instrucciones de no dar información sobre los casos, porque ésta la concentra la oficina del procurador Zamarripa Aguirre, en la capital del estado.
El Código Penal en Guanajuato castiga hasta con 35 años de cárcel el aborto, cuando lo clasifica como homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, pero muchas mujeres desconocen que es un delito grave, como lo ilustra el caso de Daniela C.S., a juicio de los médicos que la trataron.
Llegó un miércoles (de junio pasado) en la noche, con sangrado, y se puso a contar a detalle que el fin de semana tomó unas pastillas para abortar, dos por vía oral y dos por vaginal, que se las dio su suegra, quien las compró en una conocida farmacia local, revelaron los informantes.
Tras la revelación, la trabajadora social mandó llamar al agente Ricardo Malagón, a las tres de la madrugada. Este se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo), tomando nota de una autopsia, y se dirigió al hospital de prisa, pues le avisaron que la muchacha ya se iba a su casa.
Este, añadieron las fuentes, es un caso típico de los núcleos de población urbana de Guanajuato, donde las mujeres se provocan la interrupción del embarazo con pastillas que aceleran las contracciones del útero para lograr que se desprenda el producto de la concepción, que de acuerdo con la Constitución estatal es considerado persona desde que el espermatozoide fecunda al óvulo.
Por otra parte, esta mañana, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron (CNDH) en el Centro de Readaptación Social de Puentecillas, a las afueras de la ciudad de Guanajuato, a las jóvenes María Araceli Camargo, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas y Ofelia Frías, quienes al igual que Liliana Moreno, recluida en Valle de Santiago, purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir abortos espontáneos en las comunidades rurales donde vivían.
La delegación de la CNDH, no les pidió que ratificaran sus quejas, sólo se limitó a ver en qué condiciones estaban, reveló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, que encabeza una campaña para liberarlas y que ha reunido pruebas y testimonios para demostrar que las jóvenes son víctimas de la injusticia.
Cruz Sánchez informó que en Internet ya circula en español, inglés, italiano y alemán, un resumen completo de este asunto, que se ha convertido en el eje del debate público en el tema.
Al cierre de esta edición, la oficina de comunicación social del procurador Zamarripa no había entregado a este diario la información sobre las perseguidas por abortar en San Miguel de Allende.
Omiten en la oficina del funcionario datos sobre averiguaciones previas
CARLOS GARCÍA Y JAIME AVILÉS
Corresponsal y enviado
Periódico La Jornada
Jueves 12 de agosto de 2010, p. 35
San Miguel de Allende, Gto. 11 de agosto. Por instrucciones del gobierno estatal, todas las averiguaciones previas en contra de quienes abortaron, se concentran en la oficina del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer hoy la Dirección de Procesos de la Subprocuraduría de la región D, con sede en esta ciudad.
Pese a tales restricciones informativas, La Jornada confirmó esta mañana que el Ministerio Público sigue integrando denuncias penales en contra de quienes interrumpen su embarazo, como consta en el expediente 81/2010, que inculpa a Daniela C.S., de 19 años de edad, quien en junio fue atendida en el Hospital General Felipe Doborganes de este municipio, luego de provocarse un aborto incompleto.
Alejandro Duarte, director de Procesos de la Subprocuraduría regional D, que abarca los 11 municipios del noreste de Guanajuato –la zona más pobre y marginada de la entidad– comunicó a los reporteros de este diario, por conducto de su secretaria, que tiene instrucciones de no dar información sobre los casos, porque ésta la concentra la oficina del procurador Zamarripa Aguirre, en la capital del estado.
El Código Penal en Guanajuato castiga hasta con 35 años de cárcel el aborto, cuando lo clasifica como homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación, pero muchas mujeres desconocen que es un delito grave, como lo ilustra el caso de Daniela C.S., a juicio de los médicos que la trataron.
Llegó un miércoles (de junio pasado) en la noche, con sangrado, y se puso a contar a detalle que el fin de semana tomó unas pastillas para abortar, dos por vía oral y dos por vaginal, que se las dio su suegra, quien las compró en una conocida farmacia local, revelaron los informantes.
Tras la revelación, la trabajadora social mandó llamar al agente Ricardo Malagón, a las tres de la madrugada. Este se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo), tomando nota de una autopsia, y se dirigió al hospital de prisa, pues le avisaron que la muchacha ya se iba a su casa.
Este, añadieron las fuentes, es un caso típico de los núcleos de población urbana de Guanajuato, donde las mujeres se provocan la interrupción del embarazo con pastillas que aceleran las contracciones del útero para lograr que se desprenda el producto de la concepción, que de acuerdo con la Constitución estatal es considerado persona desde que el espermatozoide fecunda al óvulo.
Por otra parte, esta mañana, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron (CNDH) en el Centro de Readaptación Social de Puentecillas, a las afueras de la ciudad de Guanajuato, a las jóvenes María Araceli Camargo, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas y Ofelia Frías, quienes al igual que Liliana Moreno, recluida en Valle de Santiago, purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir abortos espontáneos en las comunidades rurales donde vivían.
La delegación de la CNDH, no les pidió que ratificaran sus quejas, sólo se limitó a ver en qué condiciones estaban, reveló Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, que encabeza una campaña para liberarlas y que ha reunido pruebas y testimonios para demostrar que las jóvenes son víctimas de la injusticia.
Cruz Sánchez informó que en Internet ya circula en español, inglés, italiano y alemán, un resumen completo de este asunto, que se ha convertido en el eje del debate público en el tema.
Al cierre de esta edición, la oficina de comunicación social del procurador Zamarripa no había entregado a este diario la información sobre las perseguidas por abortar en San Miguel de Allende.
Critica Narro Robles la penalización del aborto
EMIR OLIVARES
La Jornada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, se pronunció contra la criminalización de las mujeres que han abortado de manera voluntaria o espontánea. En tanto que el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, consideró que no hay que penalizar la interrupción del embarazo involuntario.
Al concluir su participación en el Encuentro Académico Fondo Sectorial de Investigación en Salud 2010, efectuado en la Facultad de Medicina de la UNAM, fueron cuestionados sobre el caso de seis mujeres encarceladas en Guanajuato acusadas de homicidio por abortar espontáneamente. Ambos dijeron desconocer las particularidades de estos casos, aunque coincidieron en afirmar que el aborto involuntario no debe penalizarse.
No puedo solidarizarme con quienes criminalizan a las mujeres que voluntariamente y, menos aún, involuntariamente, tienen un aborto, subrayó el rector Narro.
Consideró que México tiene que abrirse mucho más en el análisis de todo lo relacionado con la interrupción del embarazo y en la discusión sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Mientras, el secretario de Salud –quien ha manifestado su interés por competir por la candidatura panista a la gubernatura de Guanajuato– aseguró no conocer el caso de las indígenas encarceladas en esa entidad por haber sufrido abortos involuntarios.
Sin embargo, reiteró su rechazo a criminalizar a quienes sufren ese proceso de manera espontánea. Yo ya he dicho: aborto espontáneo no debe de ser penalizado, porque hay millones de mujeres que los tienen.
Entrevistado por separado, tras un foro sobre la reforma del Estado efectuado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Genaro Góngora Pimental, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó de vergüenza que las autoridades de Guanajuato hayan condenado a más de 20 años de prisión a seis indígenas que sufrieron abortos involuntarios por problemas, como la desnutrición, acusándolas de homicidio.
En el año 2001, durante la administración de Juan Carlos Romero Hicks, las autoridades guanajuatenses aprobaron castigar penalmente, hasta con 30 años de prisión, a quienes aborten aún de manera involuntaria bajo el delito de homicidio en razón de parentesco. En dichas normas, las causas como violación sexual o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.
EMIR OLIVARES
La Jornada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, se pronunció contra la criminalización de las mujeres que han abortado de manera voluntaria o espontánea. En tanto que el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, consideró que no hay que penalizar la interrupción del embarazo involuntario.
Al concluir su participación en el Encuentro Académico Fondo Sectorial de Investigación en Salud 2010, efectuado en la Facultad de Medicina de la UNAM, fueron cuestionados sobre el caso de seis mujeres encarceladas en Guanajuato acusadas de homicidio por abortar espontáneamente. Ambos dijeron desconocer las particularidades de estos casos, aunque coincidieron en afirmar que el aborto involuntario no debe penalizarse.
No puedo solidarizarme con quienes criminalizan a las mujeres que voluntariamente y, menos aún, involuntariamente, tienen un aborto, subrayó el rector Narro.
Consideró que México tiene que abrirse mucho más en el análisis de todo lo relacionado con la interrupción del embarazo y en la discusión sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Mientras, el secretario de Salud –quien ha manifestado su interés por competir por la candidatura panista a la gubernatura de Guanajuato– aseguró no conocer el caso de las indígenas encarceladas en esa entidad por haber sufrido abortos involuntarios.
Sin embargo, reiteró su rechazo a criminalizar a quienes sufren ese proceso de manera espontánea. Yo ya he dicho: aborto espontáneo no debe de ser penalizado, porque hay millones de mujeres que los tienen.
Entrevistado por separado, tras un foro sobre la reforma del Estado efectuado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Genaro Góngora Pimental, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó de vergüenza que las autoridades de Guanajuato hayan condenado a más de 20 años de prisión a seis indígenas que sufrieron abortos involuntarios por problemas, como la desnutrición, acusándolas de homicidio.
En el año 2001, durante la administración de Juan Carlos Romero Hicks, las autoridades guanajuatenses aprobaron castigar penalmente, hasta con 30 años de prisión, a quienes aborten aún de manera involuntaria bajo el delito de homicidio en razón de parentesco. En dichas normas, las causas como violación sexual o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.
