FARSANTES MAL APLICADOS.
16 ago 2010
Llegará a los tribunales federales simulación de juicio político: Alejo.
FLOR HERNÁNDEZ
Por vicios e irregularidades cometidas por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, en la demanda de juicio político contra Ulises Ruiz Ortiz, la oposición recurrirá a los Tribunales Federales, anunció el secretario general del Partido Convergencia (PC), Víctor Hugo Alejo Torres.
Y es que, precisó, la Comisión Instructora de la LX Legislatura incurrió en faltas, tales como la falta de causales de improcedencia desde el inicio del proceso, así como no haber abierto el periodo de pruebas a 30 días, por lo que es factible interponer un amparo contra el decreto aprobado.
"Por las prisas y con tal de calmar los nervios del Ejecutivo estatal de no ser juzgado políticamente por la siguiente Legislatura -la cual tendrá mayoría de oposición--, vulneraron las leyes", indicó.
Agregó que, antes de admitir la solicitud de juicio y emplazar al funcionario público, la Comisión Instructora debió estudiar si se actualizaba alguna causal de improcedencia, situación que es de especial pronunciamiento, por ser de orden público.
Mientras que, afirmó, el periodo de pruebas --consistente en 30 días-- no puede suprimirse, dado que es inexistente la facultad de la Comisión de omitir dicho plazo, dado que lo anterior está establecido en la ley.
De ahí que, señaló, existen elementos suficientes para acudir a los Tribunales Federales, y contrario a como lo planeó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mandatario podría ser enjuiciado políticamente por la LXI Legislatura.
En este sentido, refirió que se tiene contemplado un periodo de 15 días para peticionar el amparo, mientras que un promedio de 45 días para que pronuncien la sentencia en el juicio principal.
Otro lapso similar, sostuvo, si una de las partes interpone el recurso de revisión, y si al final se establece la reposición del procedimiento, ya estarían en funciones los actuales legisladores electos.
La próxima Cámara de Diputados, indicó, estará compuesta por sólo 16 congresistas del Revolucionario Institucional y 25 de los partidos Acción Nacional (PAN), Convergencia (PC), Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), coaligados legislativamente.
Ante ello, el secretario general reiteró que en Oaxaca es necesario el imperio de la ley tanto para los gobernantes y los gobernados, "ya no mas simulación en la aplicación de las reglas jurídicas", demandó.
Transición, pero con ciudadanía: Botello
Iván Castellanos
El Arzobispo José Luis Chávez Botello aseguró que para lograr una verdadera transición en la entidad se quiere impulsar la participación ciudadana. “La sociedad espera acciones contundentes, resultados palpables y cercanos a los graves problemas y necesidades fundamentales como la inseguridad, violencia, pobreza, falta de empleo o bajo nivel educativo”, expresó.
En diálogo con los medios de comunicación, al termino de su homilía en Catedral donde ofició la Santa Misa en honor a la Virgen de la Asunción, afirmó que la transición política no consiste sólo en cambio de personas o partidos, sino que exige transitar realmente a otra manera de mejor gobernar, legislar, ejercer la procuración de justicia apoyándose en los bueno que ya se ha hecho e impulsando avances cualitativos.
“Toda transición auténtica implica recorrer un camino, ser puente para pasar a otra manera de mejor vivir; si no es así, no es verdadera transición, por eso la visión a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se han recogido lo que se ha visto y escuchado en los recorridos por más de 5 veces a las parroquias”, detalló Chávez Botello.
Las expectativas y la esperanza por la transición política van a la alza, pero la sociedad no quiere verse defraudada ni sufrir una frustración que causaría un daño social gravísimo del que difícilmente se recobraría la confianza, detalló.
Se requiere necesariamente estimular una amplia participación responsable a todos los niveles, promover espacios y modalidades variadas y cercanas, de tal manera que un alto porcentaje de ciudadanos tenga la oportunidad real de colaborar en el bien común.
Consideró que los grandes cambios sociales se logran cuando la mayoría de las personas participa en acciones básicas y concretas por el bien común. “Bienvenidas las coaliciones política y otras más que en los intereses de su partido o grupo, busquen y promuevan principalmente el bien común, y lo muestren con hechos haciendo públicos sus compromisos y programas que mejor respondan a los desafíos apremiantes y alas necesidades fundamentales de Oaxaca”.
Consideró convenientes los consejos ciudadanos para los campos y programas de mayor trascendencia, consejos que integrados por personas calificadas por sus estudios, experiencia o autoridad moral, abran expectativas y ofrezcan sugerencias sustentadas para diseñar o mejorar los programas prioritarios y darles seguimiento adecuado.
“La participación responsable y constructiva es el rostro que garantiza una transición no sólo política sino también social. De poco servirán las buenas intenciones y programas si los ciudadanos permanecemos como espectadores pasivos ante la solución de los graves problemas y necesidades fundamentales de la entidad”, dijo el Arzobispo de Antequera-Oaxaca.
Huatulco yace bajo un tsunami de impunidad
Misael Sánchez
[04:10] SANTA MARÍA HUATULCO.- Los delitos de peculado y fraude cometidos por ex autoridades municipales de este lugar siguen en la impunidad, a 137 días de que concluya aquí el trienio de gobierno, denunciaron colonos afectados con la venta de terrenos en el fraccionamiento sector H3 de este centro turístico.
Pese a que Miguel Ángel Olmedo Cárdenas —ahora edil priista con licencia y ex candidato perdedor de la diputación local por el VIII Distrito— prometió castigar a quienes desviaron recursos del ayuntamiento y engañaron a más de 800 familias con la venta fraudulenta de terrenos de interés social.
Sin embargo, a la fecha ninguno de los responsables de estos hechos está en la cárcel, ni se sabe que se haya resarcido el monto del dinero público que sirvió a ex autoridades y empresarios realizar jugosos negocios privados.
Desde 2007, más de 100 familias que pagaron el valor de estos terrenos siguen viviendo en los llamados módulos, que no son otra cosa que reducidos espacios de 25 metros cuadrados, dispuestos unos tras otros, a tal grado que en un reciente trabajo que el programa Punto de Partida, de Televisa, los calificó como “favelas oaxaqueñas”.
LAS PRUEBAS
Lo anterior puede corroborarse en documentos oficiales en donde destaca la participación del ex edil José Humberto Cruz Ramos, quien además es diputado local con licencia y responsable de la coordinación general de las Unidades Móviles del gobierno que encabeza Ulises Ruiz.
Además de él, figuran también el ex alcalde interino de Huatulco y actual delegado de gobierno en San Agustín Loxicha, Javier Cárdenas García; el delegado especial de gobierno en Huatulco, Norberto Aragón Ogarrio —cuñado de Cruz Ramos—, así como Alfonso Mireles Ramírez, representante legal de la empresa Servicios Topográficos y Asesoría.
Cabe señalar que Mireles Ramírez es señalado como el prestanombres de este grupo ––cuyo padrinazgo político se le atribuye al diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva––.
Todos los involucrados, desde el amparo de los cargos públicos que tuvieron y ostentan, se beneficiaron con ganancias millonarias con la compra y venta de terrenos de interés social en el llamado cinturón de miseria que representa el Sector H3, un asentamiento popular ubicado dentro de la zona turística de Huatulco.
El delito de peculado ocurrió cuando Cruz Ramos dispuso que los terrenos que había comprado el ayuntamiento huatulqueño y se lo entregaran a Mireles Ramírez, quien los comercializó para su beneficio pues las ganancias no llegaron a las arcas municipales.
BIENES PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS
El 20 de mayo de 2005, durante la gestión de Cruz Ramos como edil (2005-2007) se realizó la compra ante Fonatur de 8.4 hectáreas de terrenos en el fraccionamiento sector H3 mediante un contrato que ascendió a poco más de 12 millones de pesos, de los cuales el ayuntamiento huatulqueño sólo cubrió unos tres millones de pesos y, tras varios años de incumplimiento con los pagos comprometidos, Fonatur terminó donándole el predio
El único pago puntual que hizo el ayuntamiento fue el realizado a la firma del contrato, cuando desembolsó un millón 231 mil pesos
El segundo pago se estableció para el 30 de diciembre del 2005, por dos millones 462 mil 80 pesos; el tercer pago de 4 millones 308 mil 640 pesos el 30 de diciembre del 2006.
La deuda con Fonatur se debió saldar el 31 de octubre del 2007 con el pago de 4 millones 308 mil 640 pesos, aún dentro de la administración municipal pasada, pero no se realizó.
La compra del metro cuadrado de terreno salió a razón de 145 pesos, por lo que ambas partes (Fonatur y gobierno municipal) se comprometieron a que su venta a los necesitados de vivienda no superaría los 350 pesos.
No obstante, Cruz Ramos y su cabildo encargaron la notificación y venta de predios al representante de a la empresa Servicios Topográficos y Asesoría, Alfonso Mireles Ramírez, quien vendió el metro cuadrado de terreno hasta en mil 50 pesos.
Según cálculos conservadores, este negocio del grupo político que en Huatulco encabeza Ramírez Leyva le dejó ganancias por la venta de las 8.4 hectáreas del orden de los 30 millones de pesos, que conforme a los registros no ingresaron a la Tesorería municipal, sino a la cuenta bancaria de Mireles Ramírez, según prueban decenas de copias de fichas en poder de este medio.
LOS ENJUAGUES
En 2007, Cruz Ramos solicitó licencia para buscar la candidatura a la diputación local por el VIII distrito y maniobró para dejar como edil interino a su regidor de Hacienda Javier Cárdenas García, por ser quien le garantizaba un control de las decisiones del ayuntamiento.
Entonces, se convirtió en un secreto a voces que los concejales de esa administración recibieron pagos de entre 100 y 200 mil pesos cada uno a fin de que dieran su voto a favor de que Cárdenas García se quedara como presidente interino de Santa María Huatulco.
Ya en el cargo, Cárdenas García “autorizó” a Mireles Ramírez por escrito realizar trabajos en el denominado polígono 4 del sector H3, que no era del ayuntamiento, sino propiedad del Fonatur, que a su vez lo tenía catalogado como “área de reserva ecológica”.
Cuando el Fonatur se percató que de manera ilegal la empresa consentida de Cruz Ramos y Cárdenas García realizaba trabajos en esa zona, ordenó la suspensión de las obras de desmonte y movimiento de tierras.
FONATUR VUELVE A DONAR
El 7 de mayo de 2007 Fonatur entrega mediante contrato de donación y escritura pública 13214 al municipio de Santa María Huatulco otras 36.8 hectáreas conformada por tres polígonos de 10, 15 y 11.8 hectáreas de terrenos en breña, respectivamente, en el mismo sector H3
El contrato de donación suscrito por el Fonatur y la presidencia municipal de Huatulco, en manos de Cárdenas García, establecía claramente que estos tres polígonos debían ser licitados por la autoridad municipal para que desarrolladores inmobiliarios los urbanizaran y construyeran viviendas de interés social.
Misael Sánchez
[04:10] SANTA MARÍA HUATULCO.- Los delitos de peculado y fraude cometidos por ex autoridades municipales de este lugar siguen en la impunidad, a 137 días de que concluya aquí el trienio de gobierno, denunciaron colonos afectados con la venta de terrenos en el fraccionamiento sector H3 de este centro turístico.
Pese a que Miguel Ángel Olmedo Cárdenas —ahora edil priista con licencia y ex candidato perdedor de la diputación local por el VIII Distrito— prometió castigar a quienes desviaron recursos del ayuntamiento y engañaron a más de 800 familias con la venta fraudulenta de terrenos de interés social.
Sin embargo, a la fecha ninguno de los responsables de estos hechos está en la cárcel, ni se sabe que se haya resarcido el monto del dinero público que sirvió a ex autoridades y empresarios realizar jugosos negocios privados.
Desde 2007, más de 100 familias que pagaron el valor de estos terrenos siguen viviendo en los llamados módulos, que no son otra cosa que reducidos espacios de 25 metros cuadrados, dispuestos unos tras otros, a tal grado que en un reciente trabajo que el programa Punto de Partida, de Televisa, los calificó como “favelas oaxaqueñas”.
LAS PRUEBAS
Lo anterior puede corroborarse en documentos oficiales en donde destaca la participación del ex edil José Humberto Cruz Ramos, quien además es diputado local con licencia y responsable de la coordinación general de las Unidades Móviles del gobierno que encabeza Ulises Ruiz.
Además de él, figuran también el ex alcalde interino de Huatulco y actual delegado de gobierno en San Agustín Loxicha, Javier Cárdenas García; el delegado especial de gobierno en Huatulco, Norberto Aragón Ogarrio —cuñado de Cruz Ramos—, así como Alfonso Mireles Ramírez, representante legal de la empresa Servicios Topográficos y Asesoría.
Cabe señalar que Mireles Ramírez es señalado como el prestanombres de este grupo ––cuyo padrinazgo político se le atribuye al diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva––.
Todos los involucrados, desde el amparo de los cargos públicos que tuvieron y ostentan, se beneficiaron con ganancias millonarias con la compra y venta de terrenos de interés social en el llamado cinturón de miseria que representa el Sector H3, un asentamiento popular ubicado dentro de la zona turística de Huatulco.
El delito de peculado ocurrió cuando Cruz Ramos dispuso que los terrenos que había comprado el ayuntamiento huatulqueño y se lo entregaran a Mireles Ramírez, quien los comercializó para su beneficio pues las ganancias no llegaron a las arcas municipales.
BIENES PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS
El 20 de mayo de 2005, durante la gestión de Cruz Ramos como edil (2005-2007) se realizó la compra ante Fonatur de 8.4 hectáreas de terrenos en el fraccionamiento sector H3 mediante un contrato que ascendió a poco más de 12 millones de pesos, de los cuales el ayuntamiento huatulqueño sólo cubrió unos tres millones de pesos y, tras varios años de incumplimiento con los pagos comprometidos, Fonatur terminó donándole el predio
El único pago puntual que hizo el ayuntamiento fue el realizado a la firma del contrato, cuando desembolsó un millón 231 mil pesos
El segundo pago se estableció para el 30 de diciembre del 2005, por dos millones 462 mil 80 pesos; el tercer pago de 4 millones 308 mil 640 pesos el 30 de diciembre del 2006.
La deuda con Fonatur se debió saldar el 31 de octubre del 2007 con el pago de 4 millones 308 mil 640 pesos, aún dentro de la administración municipal pasada, pero no se realizó.
La compra del metro cuadrado de terreno salió a razón de 145 pesos, por lo que ambas partes (Fonatur y gobierno municipal) se comprometieron a que su venta a los necesitados de vivienda no superaría los 350 pesos.
No obstante, Cruz Ramos y su cabildo encargaron la notificación y venta de predios al representante de a la empresa Servicios Topográficos y Asesoría, Alfonso Mireles Ramírez, quien vendió el metro cuadrado de terreno hasta en mil 50 pesos.
Según cálculos conservadores, este negocio del grupo político que en Huatulco encabeza Ramírez Leyva le dejó ganancias por la venta de las 8.4 hectáreas del orden de los 30 millones de pesos, que conforme a los registros no ingresaron a la Tesorería municipal, sino a la cuenta bancaria de Mireles Ramírez, según prueban decenas de copias de fichas en poder de este medio.
LOS ENJUAGUES
En 2007, Cruz Ramos solicitó licencia para buscar la candidatura a la diputación local por el VIII distrito y maniobró para dejar como edil interino a su regidor de Hacienda Javier Cárdenas García, por ser quien le garantizaba un control de las decisiones del ayuntamiento.
Entonces, se convirtió en un secreto a voces que los concejales de esa administración recibieron pagos de entre 100 y 200 mil pesos cada uno a fin de que dieran su voto a favor de que Cárdenas García se quedara como presidente interino de Santa María Huatulco.
Ya en el cargo, Cárdenas García “autorizó” a Mireles Ramírez por escrito realizar trabajos en el denominado polígono 4 del sector H3, que no era del ayuntamiento, sino propiedad del Fonatur, que a su vez lo tenía catalogado como “área de reserva ecológica”.
Cuando el Fonatur se percató que de manera ilegal la empresa consentida de Cruz Ramos y Cárdenas García realizaba trabajos en esa zona, ordenó la suspensión de las obras de desmonte y movimiento de tierras.
FONATUR VUELVE A DONAR
El 7 de mayo de 2007 Fonatur entrega mediante contrato de donación y escritura pública 13214 al municipio de Santa María Huatulco otras 36.8 hectáreas conformada por tres polígonos de 10, 15 y 11.8 hectáreas de terrenos en breña, respectivamente, en el mismo sector H3
El contrato de donación suscrito por el Fonatur y la presidencia municipal de Huatulco, en manos de Cárdenas García, establecía claramente que estos tres polígonos debían ser licitados por la autoridad municipal para que desarrolladores inmobiliarios los urbanizaran y construyeran viviendas de interés social.
Contaminación por hongos Ropa de hospitales y morgues estarían vendiendo en Oaxaca
REYNALDO BRACAMONTES
En Oaxaca podría estarse comercializando ropa, corsetería y zapatos usados contaminados con bacterias y hongos que pueden causar sarna y otras infecciones en la piel, luego de que en la Ciudad de México, se han asegurado accidentalmente cargamentos con pacas de prendas procedentes de asilos, panteones, morgues y hospitales de los Estados Unidos.
Desafortunadamente, en México no existe una norma sanitaria para el uso de la ropa usada. Para las leyes mexicanas estos giros no tienen normatividad, reconoció José Francisco Zárate Carballido, Jefe de la Unidad de Salud Ambiental de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Por lo mismo, admitió, en Oaxaca no existe un censo de puntos de venta de ropa, corsetería y zapatos usados, ya sea de marcas mexicanas o americanas, además de que sería imposible llevar un control, porque la mayoría de esos productos se comercializa en tianguis por comerciantes semifijos.
La falta de una normatividad, nos limita a simplemente exhortar a la población para que no compre este tipo de productos, sin embargo, debemos admitir que estas prendas cada vez alcanzan más demanda en el mercado, porque constituyen una alternativa para miles de familias que no tienen los recursos para adquirirlas nuevas, agregó el servidor público.
El funcionario reconoció que la ropa contaminada con ácaros puede producir sarna y otras infecciones en la piel, y los niños constituyen uno de los grupos de mayor riesgo.
Recientemente, en una conferencia en la capital del país, Georgina Chávez, directora general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), informó que a México está entrando este tipo de ropa, cuya comercialización está prohibida en EU, al amparo de fracciones arancelarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que permite el ingreso de prendas ubicadas como "trapo mutilado o picado" o "trapos clasificados".
De acuerdo con reportes de esta cámara, en 2008 ingresaron a México 19 mil 350 toneladas de ropa de este tipo, sin contar la que se introdujo de contrabando en grandes pacas, que aseguran, muchas de las veces están contaminadas por insectos y chinches.
Los últimos reportes de la industria del vestido revelan que en enero del año 2009 hubo un incremento de 23.9% en el número de toneladas de ropa usada que ingresaron al país en comparación con 2008. En ese mes ingresaron mil 522 toneladas de ropa.
"La lógica nos indica que es la crisis financiera. La gente sigue consumiendo, pero busca otros canales de compra como los tianguis, sin importar que esta situación no sólo afecta a las empresas (al ocasionar pérdidas anuales de 90 millones de dólares), sino también se trata de un riesgo sanitario", añadió la titular de la CNIV, y precisó que el 40% de la ropa que se comercializa en este sector, dice, es para los niños.
FALTA LEGISLAR EN LA MATERIA
En su exposición, la directora de la CNIV, Georgina Chávez, dijo que no basta con recomendar a las personas que laven la ropa usada que compren en tianguis para solucionar este problema que impacta a la economía del país y representa un riesgo a la salud, sino que se requiere legislar, porque hasta el momento no hay una norma sanitaria sobre el uso de ropa usada.
Y complementó que las personas que compran esta ropa no tienen lavadora y a veces ni cloro para desinfectarla, y en los peores de los casos, se la pone sin lavarla.
Mucha de esta ropa la venden manchada de aceite y sangre, y lo más preocupante es que se compra porque asegura que con una lavada desaparece cualquier bacteria, lo que no es cierto, dice; en muchos casos se requiere de un tratamiento para desinfectarla, aseguró.
La ropa usada normalmente viene del extranjero y lleva mucho tiempo almacenada y esto origina que se creen hongos, ácaros o piojos.
Este tipo de microbios pueden provocar enfermedades de la piel como tiña superficial, sarna, y dermatitis que puede ir de leve a crónica. Pérez Santiago explica que la sarna es producida por los ácaros y la tiña por los hongos.
Existen personas, muy sensibles y alérgicas a los polvos de lana o de hongos, que lo mismo pueden tener una dermatitis de contacto, que puede ser momentánea, u otra que requiera de un tratamiento médico.
REYNALDO BRACAMONTES
En Oaxaca podría estarse comercializando ropa, corsetería y zapatos usados contaminados con bacterias y hongos que pueden causar sarna y otras infecciones en la piel, luego de que en la Ciudad de México, se han asegurado accidentalmente cargamentos con pacas de prendas procedentes de asilos, panteones, morgues y hospitales de los Estados Unidos.
Desafortunadamente, en México no existe una norma sanitaria para el uso de la ropa usada. Para las leyes mexicanas estos giros no tienen normatividad, reconoció José Francisco Zárate Carballido, Jefe de la Unidad de Salud Ambiental de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Por lo mismo, admitió, en Oaxaca no existe un censo de puntos de venta de ropa, corsetería y zapatos usados, ya sea de marcas mexicanas o americanas, además de que sería imposible llevar un control, porque la mayoría de esos productos se comercializa en tianguis por comerciantes semifijos.
La falta de una normatividad, nos limita a simplemente exhortar a la población para que no compre este tipo de productos, sin embargo, debemos admitir que estas prendas cada vez alcanzan más demanda en el mercado, porque constituyen una alternativa para miles de familias que no tienen los recursos para adquirirlas nuevas, agregó el servidor público.
El funcionario reconoció que la ropa contaminada con ácaros puede producir sarna y otras infecciones en la piel, y los niños constituyen uno de los grupos de mayor riesgo.
Recientemente, en una conferencia en la capital del país, Georgina Chávez, directora general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), informó que a México está entrando este tipo de ropa, cuya comercialización está prohibida en EU, al amparo de fracciones arancelarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que permite el ingreso de prendas ubicadas como "trapo mutilado o picado" o "trapos clasificados".
De acuerdo con reportes de esta cámara, en 2008 ingresaron a México 19 mil 350 toneladas de ropa de este tipo, sin contar la que se introdujo de contrabando en grandes pacas, que aseguran, muchas de las veces están contaminadas por insectos y chinches.
Los últimos reportes de la industria del vestido revelan que en enero del año 2009 hubo un incremento de 23.9% en el número de toneladas de ropa usada que ingresaron al país en comparación con 2008. En ese mes ingresaron mil 522 toneladas de ropa.
"La lógica nos indica que es la crisis financiera. La gente sigue consumiendo, pero busca otros canales de compra como los tianguis, sin importar que esta situación no sólo afecta a las empresas (al ocasionar pérdidas anuales de 90 millones de dólares), sino también se trata de un riesgo sanitario", añadió la titular de la CNIV, y precisó que el 40% de la ropa que se comercializa en este sector, dice, es para los niños.
FALTA LEGISLAR EN LA MATERIA
En su exposición, la directora de la CNIV, Georgina Chávez, dijo que no basta con recomendar a las personas que laven la ropa usada que compren en tianguis para solucionar este problema que impacta a la economía del país y representa un riesgo a la salud, sino que se requiere legislar, porque hasta el momento no hay una norma sanitaria sobre el uso de ropa usada.
Y complementó que las personas que compran esta ropa no tienen lavadora y a veces ni cloro para desinfectarla, y en los peores de los casos, se la pone sin lavarla.
Mucha de esta ropa la venden manchada de aceite y sangre, y lo más preocupante es que se compra porque asegura que con una lavada desaparece cualquier bacteria, lo que no es cierto, dice; en muchos casos se requiere de un tratamiento para desinfectarla, aseguró.
La ropa usada normalmente viene del extranjero y lleva mucho tiempo almacenada y esto origina que se creen hongos, ácaros o piojos.
Este tipo de microbios pueden provocar enfermedades de la piel como tiña superficial, sarna, y dermatitis que puede ir de leve a crónica. Pérez Santiago explica que la sarna es producida por los ácaros y la tiña por los hongos.
Existen personas, muy sensibles y alérgicas a los polvos de lana o de hongos, que lo mismo pueden tener una dermatitis de contacto, que puede ser momentánea, u otra que requiera de un tratamiento médico.
