LA PERTINENCIA DE AMLO
5 ago 2010
Proyectos y consejos
ORLANDO DELGADO SELLEY
Con apenas tres días de distancia se hicieron públicos dos pronunciamientos relacionados con los tiempos por venir. El primero ocurrió en el Zócalo capitalino, donde se expusieron las líneas básicas del proyecto de gobierno que postularía López Obrador para 2012. El segundo fue la instalación del consejo gubernamental para la estabilidad financiera, formado sólo por funcionarios de la actual administración. En uno se sostiene la urgente necesidad de modificar aspectos sustanciales: cambiar el rumbo del país. En otro, se crea una instancia que propondrá cosas que no se harán y que supuestamente permitirá que la inestabilidad financiera nos golpee.
El proyecto de nación, adelantado para generar un debate fundamental, contiene elementos que llevan tiempo en el orden del día nacional. La política económica es, por supuesto, decisiva: el planteo es que el gobierno federal tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que la economía nacional aumente su capacidad potencial de crecimiento y que los agentes económicos cuenten con los espacios adecuados para desarrollarse. La inversión pública tiene en esta tarea un papel importante que jugar, asociado con responsabilidades sociales impostergables cuyo cumplimiento, al mismo tiempo, tenga impactos multiplicadores interesantes.
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero informará anualmente a comisiones parlamentarias sobre la estabilidad financiera del país y permitirá tomar decisiones oportunas. Sus integrantes son precisamente los que han estado al frente de las finanzas públicas nacionales en los últimos tiempos y que fueron incapaces de instrumentar medidas eficientes que amortiguaran los impactos recesivos de la crisis financiera que provenían principalmente de Estados Unidos. La severa contracción experimentada en 2009 da cuenta de ello. De modo que en su nueva fachada parece improbable que sirvan de algo.
El planteamiento de una nueva economía incorpora la necesidad de modificar la manera de reconocer el crecimiento. Lo que importa no es sólo que crezca la producción, sino que mejore la calidad de vida de la gente. Se trata de una idea que la crisis actual ha hecho relevante. Desde mediados de 2009 muchas economías detuvieron la recesión y empezó una recuperación que se observa en indicadores como el PIB, la bolsa de valores, etcétera, pero que no existe en el empleo y en el consumo de las familias de la población asalariada. La recuperación, en consecuencia, no es tal.
Esto se ha reconocido a nivel mundial. Stiglitz encabezó una comisión, a petición de la Presidencia de Francia, encargada de proponer indicadores económicos que den cuenta de la situación de las personas y no sólo de las grandes empresas. Indicadores que reconozcan el impacto social de la actividad económica. La inestabilidad tiene su mayor sentido en relación con lo que provoca a los habitantes, con la manera en que afecta sus condiciones de vida.
Por eso importa la estabilidad. No es un fin en sí mismo. Es un requisito para que existan condiciones que permitan crear empleos decentes, esto es, empleos adecuadamente remunerados, que incorporen la participación de los asalariados en la marcha de la empresa, que permitan mejorar las condiciones de vida de los que trabajan y de sus familias. La estabilidad de las empresas financieras importa, pero importa también que cumplan con su cometido y que lo hagan en condiciones similares a las de los países en los que se ubican sus matrices. Que paguen una tasa de impuestos como en España, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, para que contribuyan al desarrollo nacional.
En este propósito el proyecto propuesto por López Obrador incorpora elementos novedosos. Ello es un reconocimiento de que las concepciones económicas dominantes han fallado, provocando millones de desempleados en el mundo entero. La propuesta avanza incorporando conceptos que son indispensables, como la ampliación de las responsabilidades del Banco de México. En cambio, el recién creado Consejo no será ni siquiera un parche. Será simplemente fútil.
Cannabis sativa, juanita
JORGE CARRILLO OLEA
El avestruz mexicano, ese que nos convoca a creer que la economía va bien, que la inflación es nada, que la gasolina no sube sino que se ajusta, que como la reserva monetaria es enorme, pues ya pronto no habrá pobreza, que el peso no se ha devaluado, sino que flota, que las elecciones fueros ejemplares, que el crimen es un problema de percepción y que será extinguido como si fuera viruela. No, por lo menos no. Decir no a la simulación en ciertos temas al menos. Hay que combatir ese daño tan lesivo para la nación. Decir no a la simulación es ya una necesidad vital, no podemos seguir engañándonos.
El uso medicinal de la cannabis es legal en un gran número de países, entre ellos Canadá, Alemania, Argentina, Austria, Holanda, España, Israel, Finlandia, Portugal y pronto lo será en Suiza. En Estados Unidos (EU), 14 estados han reconocido la mariguana medicinal: Alaska, California, Colorado, Hawai, Illinois, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. El condado de Oregon autorizó el 20 de julio la producción industrial sin límites con la consecuente comercialización. California realizará en noviembre un plebiscito para su total despenalización destinada ahora a fines recreativos. También es cierto que aun donde se simulan prohibiciones, la política de la permisividad es toda una realidad. ¿Por qué nosotros no podemos ser realistas y proceder de alguna manera hacia la actualización de criterios?
Lo anterior refleja que es un mito en el que hemos vivido y que las autoridades siguen alimentando. Dicho acto sumiso de México es nuestra respuesta ante el mandato estadunidense. Nosotros de manera solamente oficial, nunca consultada, antidemocrática e irracional, actuamos en contra de la producción, comercio y consumo de ella. La mariguana es mala, magister dixit, y por ello como al diablo habría que guardarle distancia. Además de los 14 estados ya mencionados, es oportuno señalar que entre Luisiana, Kentucky, California y Hawai, producen 50 por ciento del consumo total de ese país. No se contabilizan otros estados, la producción doméstica, ni la procedente de Canadá, donde se cultiva todo el año en invernaderos y resulta una planta con mucho más poder sicotrópico.
Esas cosechas son amplísimas –evidentemente se esparcen por todo el país–, lo que lleva a hacer inocultable la producción, comercio y consumo de la herbácea. No nos hagamos tontos, la mariguana se produce y consume cada día más y más y en más y en más ambientes. México produjo 15 mil 500 toneladas en 2006 y en 2008 llegó a 21 mil 500: o sea fue en dos años aumentó 36 por ciento (Datos del National Drug Intelligence Center (NDIC) del Departamento de Justicia estadunidense).
De manera ejemplificante se debe observar que en Portugal, después de diez años de despenalización de todas las drogas, no sólo de la mariguana, se registran resultados positivos. Han disminuido los casos de muertes por sobredosis, principalmente las de la calle. Los contagios del sida se han desplomado y por supuesto la violencia asociada ha caído de manera contundente. Costa Rica explora semejantes caminos, como prevención al horror a la violencia que en México se ha desatado.
La prestigiosa revista The Economist en su política editorial aboga de la misma manera. Tres ex presidentes latinoamericanos Gaviria, de Colombia; Cardoso, de Brasil y Zedillo, de México, han presentado un informe recomendando la despenalización. En el caso de Colombia vale destacar que al final de ocho años de gobierno de Uribe, se han registrado importantes logros en materia de seguridad pública. En cuanto a la droga, sea cocaína o mariguana no ha habido ningún avance.
Bajo estas condiciones y con base también en el vastísimo consumo nacional comentado, la tradición sobre sus usos curativos y una producción en gran escala surge la pregunta: ¿por qué seguir manteniendo la criminalización, sabiendo de manera indubitable que la supresión de esta política, o sea la despenalización, nos llevaría a terminar radicalmente con la parte de violencia que hasta hoy lleva consigo? El enfoque de salud está totalmente rebasado. Otra cosa es que nuestras autoridades no lo quieran aceptar. EU que sabe hacer y usar estadísticas dice: el tabaco produce 400 mil muertes anuales en ese país; el alcohol 100 mil; todas las drogas legales 20 mil y todas las drogas ilegales 15 mil. Advierten que no se atribuyó ni una muerte por sobredosis a la mariguana, no existen.
Terminada la criminalización, naturalmente desaparecería el mercado negro y los delitos consecuentes: cultivo, transporte, comercio o posesión. México ocupa el primer lugar mundial en producción y decomisos de mariguana, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2008, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ante estas circunstancias, conocidas casi por todo el mundo interesado y que recientemente, como nunca, está la evidencia de los terribles actos de criminalidad que provoca y que van al alza, ¿qué queremos o estamos decididos a soportar, como hoy, más inocentes muertos, niños inclusive? Esta ex guerra, según ahora el lexicón de Calderón, ya dejó casi 28 mil muertos. Se alega con desprecio que casi todos son criminales. Pues no señor, antes que todo son seres humanos, después mexicanos y para más, muchos de ellos son asesinados, pues se actúa fuera de la ley.
Hay que incorporar a nuestras reflexiones un hecho: existen delincuentes porque existe el delito. Sin delito no habría delincuentes. Sin leyes absurdas no habría el genéricamente llamado narcotráfico. Éste existe porque hay una legislación, que a una actividad imparable y creciente la define como delictiva. Otra vez, sin delito no habría delincuentes y sin ellos no habría violencia. La actual, llamada estrategia, no será capaz de contener la violencia: ni ésta ni ninguna otra
El consumo es una decisión personal a respetar; estamos en una de las revoluciones históricamente más intensas sobre el derecho a decidir en diversos campos: seamos congruentes. El hoy narco-delito es el creador de la violencia. Valga tanta reiteración, pero sobre todo, cuando el mundo va con toda sensatez en el sentido de la apertura, de la despenalización, ¿por qué seguir imitando al avestruz? ¿Será que el señor Calderón espera una luz verde formal de parte de EU?
Eso nunca sucederá. Por eso, por una vez siquiera seamos dueños de nuestras decisiones. EU mantiene la segunda enmienda constitucional con todo vigor, lo ha ratificado este julio la Suprema Corte. Cien millones de estadunidenses poseen un promedio de dos armas. Están en su derecho, es su vida interna. Pero y nosotros, ¿no tenemos acaso dimensión para manejar nuestro propio destino?
Reporteros sin protección
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- La falta de protección a periodistas mexicanos que cubren los distintos conflictos que ha vivido el país, y que van desde los armados y sociales en los años setenta, hasta los vinculados con el narcotráfico en las últimas fechas, lamentablemente no es nueva.
Ni los dueños o directivos de los medios, y mucho menos el Estado, se han preocupado por dar garantías a los reporteros que cubren hechos donde el riesgo a perder la vida es muy alto.
El secuestro de cuatro reporteros en Durango fue, tristemente, el motivo que originó la reacción de los directivos de medios con cobertura nacional –Televisa y Milenio– exigiendo protección para sus trabajadores, cuando esta situación de alto riesgo para los reporteros mexicanos lleva ya ocho años.
Desde 2002 a la fecha, según datos de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 69 periodistas mexicanos, mientras que 11 se encuentran desaparecidos. La mayoría son reporteros de medios locales y sus casos apenas han sido atendidos por medios nacionales de una manera ocasional y hasta marginal.
Sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, 38 comunicadores han muerto o desaparecido --10 de ellos en 2010--, de acuerdo con estadísticas de RSF.
Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos casos ha sido investigado a fondo y sus responsables han quedado protegidos por la impunidad, pese a que en la Procuraduría General de la República se creó una fiscalía especial, y una visitaduría especializada para reporteros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No obstante, la llamada narcoviolencia ya trascendió a los medios locales de información. Sus reporteros han sufrido por años amenazas de muerte para ellos y sus familias, así como levantones, secuestros, hostigamiento y presiones para publicar o dejar de publicar informaciones de algunos grupos del crimen organizado.
Ello se está resintiendo apenas en los medios informativos de cobertura nacional, que no se han preocupado por atender esta situación de peligro, dejando a la deriva a sus reporteros y enviándolos a cubrir hechos violentos sin contar con un protocolo de seguridad y mucho menos con seguros de vida.
Televisa trató con sumo cuidado y sigilo el caso de su reportero Héctor Gordoa hasta que fue puesto en libertad, bajo la condición de que se trasmitieran unos videos con un mensaje de los secuestradores, presuntamente del cártel de Sinaloa.
Denisse Mearker, conductora del programa “Punto de Partida”, para el cual trabaja el reportero, decidió suspender la transmisión como forma de protesta.
No sucedió los mismo con Milenio, pues además de pasar los videos, tomó un papel protagónico y hasta trasmitió en vivo, en su canal de televisión, la liberación de sus dos reporteros, elogiando el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido cuestionado por la increíble fuga de los captores y, además, está bajo la sospecha de que todo se debió a una negociación.
Ese medio de comunicación protestó de inmediato por el atentado contra sus trabajadores. Sin embargo, en días pasados un alto directivo del consorcio Multimedios declaró que los periodistas que en algún momento fueron atacados o asesinados, seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y que por ello no deberían tener un blindaje especial por el trabajo que realizaban. Hoy este directivo de Milenio ha guardado silencio.
La insensibilidad y hasta la mezquindad del gremio periodístico se ha mostrado de distintas formas en este caso. Ningún directivo o dueño de los medios instalados en el Distrito Federal fijó una posición y algunos otros publicaron el secuestro a pesar de que hubo una petición de no hacerlo mientras estaban en curso las negociaciones.
En el caso de Milenio, lo difundió de manera histriónica exigiendo la participación del Estado. Ahora sabemos que por lo menos el director editorial adjunto, Ciro Gómez, habló por teléfono con Felipe Calderón, quien por cierto no hizo un pronunciamiento particular sobre el secuestro de los periodistas.
El plagio de los cuatro reporteros mostró la división, el protagonismo, la competencia mal entendida, los intereses políticos y comerciales, y otras deficiencias que existen entre los medios de comunicación en México, muchas de ellas provenientes no sólo de los reporteros, sino principalmente de los dueños y directivos.
A raíz de este caso salió a relucir la forma en que los medios colombianos enfrentaron de manera unificada el narcotráfico, sólo que no se ha entendido que no fue por un afán de los reporteros como se llegó a acuerdos entre los medios más importantes de Colombia, sino a través de los dueños de la prensa.
Fue hasta que comenzaron a golpear, asesinar, secuestrar, extorsionar y amenazar a los dueños y directivos de la prensa colombiana como su actitud cambió.
Miembros de la clase política y gobernante de ese país, los empresarios de los medios vieron afectados sus intereses particulares, su seguridad y la de su familia, por eso tomaron una posición y establecieron políticas comunes de publicación, mientras que el gobierno colombiano creó un fondo económico para tomar casos urgentes de periodistas amenazados.
Antes de eso, el narcotráfico, especialmente el cártel de Pablo Escobar, ya había cobrado la vida de periodistas colombianos y no pasaba nada.
Una situación similar ocurre en México. Hasta ahora que se sintieron vulnerables, algunos directivos de los principales medios de comunicación han empezado a cambiar de actitud y de posición.
El próximo sábado 7, a las 12:00 horas, por primera vez en la historia del periodismo en el Distrito Federal, se realizará una manifestación silenciosa de reporteros, en protesta por las agresiones y asesinatos perpetrados recientemente contra el gremio en los últimos ocho años.
Sin embargo, esta protesta tendría que ser no sólo por los ataques a los periodistas, sino por las agresiones contra toda la sociedad, es decir, por los 900 menores de edad muertos en esta guerra errática, por los 28 mil ejecutados, por las viudas y huérfanos y, también, por los secuestros y extorsiones. En fin, por el terror y la inseguridad que se vive en el país.
ORLANDO DELGADO SELLEY
Con apenas tres días de distancia se hicieron públicos dos pronunciamientos relacionados con los tiempos por venir. El primero ocurrió en el Zócalo capitalino, donde se expusieron las líneas básicas del proyecto de gobierno que postularía López Obrador para 2012. El segundo fue la instalación del consejo gubernamental para la estabilidad financiera, formado sólo por funcionarios de la actual administración. En uno se sostiene la urgente necesidad de modificar aspectos sustanciales: cambiar el rumbo del país. En otro, se crea una instancia que propondrá cosas que no se harán y que supuestamente permitirá que la inestabilidad financiera nos golpee.
El proyecto de nación, adelantado para generar un debate fundamental, contiene elementos que llevan tiempo en el orden del día nacional. La política económica es, por supuesto, decisiva: el planteo es que el gobierno federal tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que la economía nacional aumente su capacidad potencial de crecimiento y que los agentes económicos cuenten con los espacios adecuados para desarrollarse. La inversión pública tiene en esta tarea un papel importante que jugar, asociado con responsabilidades sociales impostergables cuyo cumplimiento, al mismo tiempo, tenga impactos multiplicadores interesantes.
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero informará anualmente a comisiones parlamentarias sobre la estabilidad financiera del país y permitirá tomar decisiones oportunas. Sus integrantes son precisamente los que han estado al frente de las finanzas públicas nacionales en los últimos tiempos y que fueron incapaces de instrumentar medidas eficientes que amortiguaran los impactos recesivos de la crisis financiera que provenían principalmente de Estados Unidos. La severa contracción experimentada en 2009 da cuenta de ello. De modo que en su nueva fachada parece improbable que sirvan de algo.
El planteamiento de una nueva economía incorpora la necesidad de modificar la manera de reconocer el crecimiento. Lo que importa no es sólo que crezca la producción, sino que mejore la calidad de vida de la gente. Se trata de una idea que la crisis actual ha hecho relevante. Desde mediados de 2009 muchas economías detuvieron la recesión y empezó una recuperación que se observa en indicadores como el PIB, la bolsa de valores, etcétera, pero que no existe en el empleo y en el consumo de las familias de la población asalariada. La recuperación, en consecuencia, no es tal.
Esto se ha reconocido a nivel mundial. Stiglitz encabezó una comisión, a petición de la Presidencia de Francia, encargada de proponer indicadores económicos que den cuenta de la situación de las personas y no sólo de las grandes empresas. Indicadores que reconozcan el impacto social de la actividad económica. La inestabilidad tiene su mayor sentido en relación con lo que provoca a los habitantes, con la manera en que afecta sus condiciones de vida.
Por eso importa la estabilidad. No es un fin en sí mismo. Es un requisito para que existan condiciones que permitan crear empleos decentes, esto es, empleos adecuadamente remunerados, que incorporen la participación de los asalariados en la marcha de la empresa, que permitan mejorar las condiciones de vida de los que trabajan y de sus familias. La estabilidad de las empresas financieras importa, pero importa también que cumplan con su cometido y que lo hagan en condiciones similares a las de los países en los que se ubican sus matrices. Que paguen una tasa de impuestos como en España, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, para que contribuyan al desarrollo nacional.
En este propósito el proyecto propuesto por López Obrador incorpora elementos novedosos. Ello es un reconocimiento de que las concepciones económicas dominantes han fallado, provocando millones de desempleados en el mundo entero. La propuesta avanza incorporando conceptos que son indispensables, como la ampliación de las responsabilidades del Banco de México. En cambio, el recién creado Consejo no será ni siquiera un parche. Será simplemente fútil.
Cannabis sativa, juanita
JORGE CARRILLO OLEA
El avestruz mexicano, ese que nos convoca a creer que la economía va bien, que la inflación es nada, que la gasolina no sube sino que se ajusta, que como la reserva monetaria es enorme, pues ya pronto no habrá pobreza, que el peso no se ha devaluado, sino que flota, que las elecciones fueros ejemplares, que el crimen es un problema de percepción y que será extinguido como si fuera viruela. No, por lo menos no. Decir no a la simulación en ciertos temas al menos. Hay que combatir ese daño tan lesivo para la nación. Decir no a la simulación es ya una necesidad vital, no podemos seguir engañándonos.
El uso medicinal de la cannabis es legal en un gran número de países, entre ellos Canadá, Alemania, Argentina, Austria, Holanda, España, Israel, Finlandia, Portugal y pronto lo será en Suiza. En Estados Unidos (EU), 14 estados han reconocido la mariguana medicinal: Alaska, California, Colorado, Hawai, Illinois, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington. El condado de Oregon autorizó el 20 de julio la producción industrial sin límites con la consecuente comercialización. California realizará en noviembre un plebiscito para su total despenalización destinada ahora a fines recreativos. También es cierto que aun donde se simulan prohibiciones, la política de la permisividad es toda una realidad. ¿Por qué nosotros no podemos ser realistas y proceder de alguna manera hacia la actualización de criterios?
Lo anterior refleja que es un mito en el que hemos vivido y que las autoridades siguen alimentando. Dicho acto sumiso de México es nuestra respuesta ante el mandato estadunidense. Nosotros de manera solamente oficial, nunca consultada, antidemocrática e irracional, actuamos en contra de la producción, comercio y consumo de ella. La mariguana es mala, magister dixit, y por ello como al diablo habría que guardarle distancia. Además de los 14 estados ya mencionados, es oportuno señalar que entre Luisiana, Kentucky, California y Hawai, producen 50 por ciento del consumo total de ese país. No se contabilizan otros estados, la producción doméstica, ni la procedente de Canadá, donde se cultiva todo el año en invernaderos y resulta una planta con mucho más poder sicotrópico.
Esas cosechas son amplísimas –evidentemente se esparcen por todo el país–, lo que lleva a hacer inocultable la producción, comercio y consumo de la herbácea. No nos hagamos tontos, la mariguana se produce y consume cada día más y más y en más y en más ambientes. México produjo 15 mil 500 toneladas en 2006 y en 2008 llegó a 21 mil 500: o sea fue en dos años aumentó 36 por ciento (Datos del National Drug Intelligence Center (NDIC) del Departamento de Justicia estadunidense).
De manera ejemplificante se debe observar que en Portugal, después de diez años de despenalización de todas las drogas, no sólo de la mariguana, se registran resultados positivos. Han disminuido los casos de muertes por sobredosis, principalmente las de la calle. Los contagios del sida se han desplomado y por supuesto la violencia asociada ha caído de manera contundente. Costa Rica explora semejantes caminos, como prevención al horror a la violencia que en México se ha desatado.
La prestigiosa revista The Economist en su política editorial aboga de la misma manera. Tres ex presidentes latinoamericanos Gaviria, de Colombia; Cardoso, de Brasil y Zedillo, de México, han presentado un informe recomendando la despenalización. En el caso de Colombia vale destacar que al final de ocho años de gobierno de Uribe, se han registrado importantes logros en materia de seguridad pública. En cuanto a la droga, sea cocaína o mariguana no ha habido ningún avance.
Bajo estas condiciones y con base también en el vastísimo consumo nacional comentado, la tradición sobre sus usos curativos y una producción en gran escala surge la pregunta: ¿por qué seguir manteniendo la criminalización, sabiendo de manera indubitable que la supresión de esta política, o sea la despenalización, nos llevaría a terminar radicalmente con la parte de violencia que hasta hoy lleva consigo? El enfoque de salud está totalmente rebasado. Otra cosa es que nuestras autoridades no lo quieran aceptar. EU que sabe hacer y usar estadísticas dice: el tabaco produce 400 mil muertes anuales en ese país; el alcohol 100 mil; todas las drogas legales 20 mil y todas las drogas ilegales 15 mil. Advierten que no se atribuyó ni una muerte por sobredosis a la mariguana, no existen.
Terminada la criminalización, naturalmente desaparecería el mercado negro y los delitos consecuentes: cultivo, transporte, comercio o posesión. México ocupa el primer lugar mundial en producción y decomisos de mariguana, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2008, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ante estas circunstancias, conocidas casi por todo el mundo interesado y que recientemente, como nunca, está la evidencia de los terribles actos de criminalidad que provoca y que van al alza, ¿qué queremos o estamos decididos a soportar, como hoy, más inocentes muertos, niños inclusive? Esta ex guerra, según ahora el lexicón de Calderón, ya dejó casi 28 mil muertos. Se alega con desprecio que casi todos son criminales. Pues no señor, antes que todo son seres humanos, después mexicanos y para más, muchos de ellos son asesinados, pues se actúa fuera de la ley.
Hay que incorporar a nuestras reflexiones un hecho: existen delincuentes porque existe el delito. Sin delito no habría delincuentes. Sin leyes absurdas no habría el genéricamente llamado narcotráfico. Éste existe porque hay una legislación, que a una actividad imparable y creciente la define como delictiva. Otra vez, sin delito no habría delincuentes y sin ellos no habría violencia. La actual, llamada estrategia, no será capaz de contener la violencia: ni ésta ni ninguna otra
El consumo es una decisión personal a respetar; estamos en una de las revoluciones históricamente más intensas sobre el derecho a decidir en diversos campos: seamos congruentes. El hoy narco-delito es el creador de la violencia. Valga tanta reiteración, pero sobre todo, cuando el mundo va con toda sensatez en el sentido de la apertura, de la despenalización, ¿por qué seguir imitando al avestruz? ¿Será que el señor Calderón espera una luz verde formal de parte de EU?
Eso nunca sucederá. Por eso, por una vez siquiera seamos dueños de nuestras decisiones. EU mantiene la segunda enmienda constitucional con todo vigor, lo ha ratificado este julio la Suprema Corte. Cien millones de estadunidenses poseen un promedio de dos armas. Están en su derecho, es su vida interna. Pero y nosotros, ¿no tenemos acaso dimensión para manejar nuestro propio destino?
Reporteros sin protección
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- La falta de protección a periodistas mexicanos que cubren los distintos conflictos que ha vivido el país, y que van desde los armados y sociales en los años setenta, hasta los vinculados con el narcotráfico en las últimas fechas, lamentablemente no es nueva.
Ni los dueños o directivos de los medios, y mucho menos el Estado, se han preocupado por dar garantías a los reporteros que cubren hechos donde el riesgo a perder la vida es muy alto.
El secuestro de cuatro reporteros en Durango fue, tristemente, el motivo que originó la reacción de los directivos de medios con cobertura nacional –Televisa y Milenio– exigiendo protección para sus trabajadores, cuando esta situación de alto riesgo para los reporteros mexicanos lleva ya ocho años.
Desde 2002 a la fecha, según datos de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 69 periodistas mexicanos, mientras que 11 se encuentran desaparecidos. La mayoría son reporteros de medios locales y sus casos apenas han sido atendidos por medios nacionales de una manera ocasional y hasta marginal.
Sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, 38 comunicadores han muerto o desaparecido --10 de ellos en 2010--, de acuerdo con estadísticas de RSF.
Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos casos ha sido investigado a fondo y sus responsables han quedado protegidos por la impunidad, pese a que en la Procuraduría General de la República se creó una fiscalía especial, y una visitaduría especializada para reporteros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No obstante, la llamada narcoviolencia ya trascendió a los medios locales de información. Sus reporteros han sufrido por años amenazas de muerte para ellos y sus familias, así como levantones, secuestros, hostigamiento y presiones para publicar o dejar de publicar informaciones de algunos grupos del crimen organizado.
Ello se está resintiendo apenas en los medios informativos de cobertura nacional, que no se han preocupado por atender esta situación de peligro, dejando a la deriva a sus reporteros y enviándolos a cubrir hechos violentos sin contar con un protocolo de seguridad y mucho menos con seguros de vida.
Televisa trató con sumo cuidado y sigilo el caso de su reportero Héctor Gordoa hasta que fue puesto en libertad, bajo la condición de que se trasmitieran unos videos con un mensaje de los secuestradores, presuntamente del cártel de Sinaloa.
Denisse Mearker, conductora del programa “Punto de Partida”, para el cual trabaja el reportero, decidió suspender la transmisión como forma de protesta.
No sucedió los mismo con Milenio, pues además de pasar los videos, tomó un papel protagónico y hasta trasmitió en vivo, en su canal de televisión, la liberación de sus dos reporteros, elogiando el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido cuestionado por la increíble fuga de los captores y, además, está bajo la sospecha de que todo se debió a una negociación.
Ese medio de comunicación protestó de inmediato por el atentado contra sus trabajadores. Sin embargo, en días pasados un alto directivo del consorcio Multimedios declaró que los periodistas que en algún momento fueron atacados o asesinados, seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y que por ello no deberían tener un blindaje especial por el trabajo que realizaban. Hoy este directivo de Milenio ha guardado silencio.
La insensibilidad y hasta la mezquindad del gremio periodístico se ha mostrado de distintas formas en este caso. Ningún directivo o dueño de los medios instalados en el Distrito Federal fijó una posición y algunos otros publicaron el secuestro a pesar de que hubo una petición de no hacerlo mientras estaban en curso las negociaciones.
En el caso de Milenio, lo difundió de manera histriónica exigiendo la participación del Estado. Ahora sabemos que por lo menos el director editorial adjunto, Ciro Gómez, habló por teléfono con Felipe Calderón, quien por cierto no hizo un pronunciamiento particular sobre el secuestro de los periodistas.
El plagio de los cuatro reporteros mostró la división, el protagonismo, la competencia mal entendida, los intereses políticos y comerciales, y otras deficiencias que existen entre los medios de comunicación en México, muchas de ellas provenientes no sólo de los reporteros, sino principalmente de los dueños y directivos.
A raíz de este caso salió a relucir la forma en que los medios colombianos enfrentaron de manera unificada el narcotráfico, sólo que no se ha entendido que no fue por un afán de los reporteros como se llegó a acuerdos entre los medios más importantes de Colombia, sino a través de los dueños de la prensa.
Fue hasta que comenzaron a golpear, asesinar, secuestrar, extorsionar y amenazar a los dueños y directivos de la prensa colombiana como su actitud cambió.
Miembros de la clase política y gobernante de ese país, los empresarios de los medios vieron afectados sus intereses particulares, su seguridad y la de su familia, por eso tomaron una posición y establecieron políticas comunes de publicación, mientras que el gobierno colombiano creó un fondo económico para tomar casos urgentes de periodistas amenazados.
Antes de eso, el narcotráfico, especialmente el cártel de Pablo Escobar, ya había cobrado la vida de periodistas colombianos y no pasaba nada.
Una situación similar ocurre en México. Hasta ahora que se sintieron vulnerables, algunos directivos de los principales medios de comunicación han empezado a cambiar de actitud y de posición.
El próximo sábado 7, a las 12:00 horas, por primera vez en la historia del periodismo en el Distrito Federal, se realizará una manifestación silenciosa de reporteros, en protesta por las agresiones y asesinatos perpetrados recientemente contra el gremio en los últimos ocho años.
Sin embargo, esta protesta tendría que ser no sólo por los ataques a los periodistas, sino por las agresiones contra toda la sociedad, es decir, por los 900 menores de edad muertos en esta guerra errática, por los 28 mil ejecutados, por las viudas y huérfanos y, también, por los secuestros y extorsiones. En fin, por el terror y la inseguridad que se vive en el país.
