LAS NORMALES, EN SU DEFINICION

Las normales rurales en el centenario de la Revolución
TANALÍS PADILLA*

Apartir de los años 60 del siglo pasado, desde los círculos oficiales, las normales rurales han sido calificadas una y otra vez como centros radicales. Nidos de comunistas, kínderes bolcheviques, semilleros de guerrilleros, son algunos de los epítetos con los que se ha forjado la leyenda negra en torno a estas instituciones. A partir de esta caracterización se han justificado continuos ataques a escuelas que en su inicios fueron el eje central de la política educativa revolucionaria. En este año, que con tanto fervor se pretende celebrar el centenario de la Revolución, haría bien recordar algunos de sus principios.
Las normales rurales provienen del proyecto cardenista, que en su seno contenía importantes reformas sociales. Para el campo, la principal fue el reparto agrario, pero muy vinculado a ella estaba el acceso a la educación, ya que presentaba una posibilidad de abandonar la eterna condición de pobreza del campesino. Más aún, hacer de la escuela un derecho y no un privilegio al que sólo tiene acceso el grupo adinerado, representó un marcado contraste con el régimen porfirista.
Los arquitectos de la educación rural enfatizaban el deber que tenían los maestros rurales de ser líderes en las comunidades. De allí debían promover valores cívicos y combatir el poder del hacendado y del clero. La política educativa oficial proponía un análisis de clase para entender la desigualdad. Desde este contexto, la injusticia no era un estado natural, ni la voluntad de Dios, sino resultado de la apropiación por unos cuantos de lo que debía de ser de todos. No sorprende que tanto los terratenientes como la Iglesia se hayan opuesto a la educación revolucionaria.
Desde esta lógica, la política educativa dio a alumnos y maestros herramientas para oponerse a la injusticia. No sólo su propia experiencia como hijos de campesinos hacía evidente la gran disparidad en la distribución de recursos, sino que llegar a una escuela y verse rodeados de compañeros que provenían de las mismas condiciones alentaba un proceso colectivo y una voluntad de oponerse a viejas –y nuevas– estructuras de explotación. De allí esa particular sensibilidad de los normalistas rurales hacia la injusticia.
Esta sensibilidad los ha llevado a lo largo de los años a participar en todo tipo de luchas sociales. Estudiantes y maestros de las normales rurales han sido indispensables defensores del patrimonio revolucionario. Asimismo, han participado en la defensa de sus propias escuelas, luchas sindicales independientes, invasiones de tierras y movilizaciones en contra del constante desmantelamiento de las conquistas sociales plasmadas en la Constitución de 1917. El que sus causas o métodos parezcan radicales es un indicio de la magnitud de la agresión que sufren. Como lo expresó en 1966 una proclama de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización que agrupa a los alumnos de las normales rurales: “Siempre los oímos [a los gobernantes] hablando en defensa del ‘régimen de derecho’, de la legalidad de los procedimientos, y siempre condenan a los que reclaman y ejercen un derecho” (AGN-DFS 100-5-1-66, L17 H 290-291).
En 1969, una carta que protestaba por el cierre de 15 de las 29 normales rurales existentes entonces, declaraba ante la Secretaría de Educación Pública, si ustedes mismos están siempre porque no haya analfabetas, que haya educación en México, ¡¿en qué forma?! si ahora quieren que desaparezca la única esperanza del campesino, que son las normales rurales (SEP-Archivo, C-101; E-1341).
Mientras que los dramáticos casos del asalto al cuartel Madera donde participaron maestros de normales rurales, y la lucha guerrillera de Lucio Cabañas, egresado de la normal rural de Ayotzinapa, parecieran confirmar la reputación de estas instituciones como centros subversivos, la realidad es mucho más compleja. Como en otras instancias, la opción por las armas en estos casos se dio sólo después de una larga trayectoria de lucha pacífica en donde la respuesta gubernamental fue la mano dura.
La radicalidad de las normales rurales proviene del derecho que tienen los pobres a una educación gratuita. Si analizamos su proceso histórico vemos que no son ellas sino la política educativa oficial, la que se alejó de los ideales de la educación pública. Habría entonces más bien que preguntarse no sólo ¿por qué son radicales?, sino ¿qué significa esa radicalidad en el actual contexto mexicano?
Los orígenes de las normales rurales, su dinámica interna, los vínculos que se crearon con las comunidades agrarias, y sobre todo, las oportunidades que dan a jóvenes del campo, constituyen una agrupación de los valores más elementales que pretendieron dar forma al Estado revolucionario. No deja de ser una lamentable ironía el que en el centenario de la Revolución Mexicana esos ideales no tengan eco en la política oficial, y, por el contrario, que se les demonice desde la cúpula del sindicato de maestros.
Estado de barbarie
JOHN M. ACKERMAN
Solamente el ciudadano más ingenuo podría creer que los 200 militares que cercaron la casa de Ignacio Coronel en su lujosa residencia de Zapopan, Jalisco, el pasado 29 de julio se vieron obligados a matar al capo debido a que éste se habría resistido al arresto. De acuerdo con todos los informes, el capo estaba acompañado únicamente por su jefe de escoltas y una masajista. ¿Acaso el escolta no se resistió también a su arresto? ¿Realmente no había otra forma para silenciar el arma del delincuente sin causarle la muerte?
Todo parece indicar que el operativo no fue para detener a Nacho Coronel, sino para matarlo. Ninguno de los reportes señala la presencia de agente del Ministerio Público o policía local o federal alguno. Únicamente se habla de los militares quienes cumplieron con su misión: matar al enemigo.
En esta ocasión las autoridades tuvieron un poco más cuidado con el cadáver del capo. No decoraron su cuerpo sangriento con billetes y joyas como en el caso de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, en diciembre pasado. Sin embargo, en el fondo el operativo en Zapopan tiene la misma naturaleza que el de Morelos: ambas fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado y motivadas por una sed de venganza.
Desde este punto de vista poco importa si Coronel fue eliminado por órdenes del Chapo Guzmán o por un auténtico deseo de debilitar al cártel de Sinaloa. En cualquier caso, el Estado abdica de su responsabilidad de impartir justicia e investigar delitos para llegar al nivel de la barbarie de los mismos delincuentes y matar a sus adversarios.
Parece que al Presidente de la República simplemente se le ha olvidado que el pasado 18 de junio de 2008 se publicó una reforma constitucional en materia de justicia penal que incluyó una nueva redacción del artículo 22 de la Carta Magna, que prohíbe de manera explícita la pena de muerte, así como una serie de otros castigos inhumanos. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie […] y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.” Así que aun si las autoridades hubieran detenido a Nacho Coronel y un juez federal lo hubiera encontrado culpable de delitos graves, el Estado de ninguna manera podría haber ordenado su muerte.
Para algunos ciudadanos y políticos esta situación constituye una gran debilidad del Estado y debe ser cambiada. Durante las campañas para renovar la Cámara de Diputados en 2009, el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, demandaba la instalación de la pena de muerte para los narcotraficantes y los secuestradores. En la discusión pública sobre estos temas nunca falta alguien que argumente que los delincuentes merecen morir cuando cometen crímenes graves.
Pero una de las características de un Estado moderno y civilizado es que en lugar de llegar al nivel de los delincuentes, se eleva por encima de ellos. En lugar de manejarse de acuerdo con la ley de la venganza y la sangre, impone la fuerza del estado de derecho. En este ámbito, por ejemplo, México una vez más se encuentra mucho más adelantado que el sistema jurídico de Estados Unidos, donde el asesinato autorizado de los delincuentes es una práctica común.
Por si fuera poco, la pena de muerte simplemente no funciona como mecanismo para reducir la criminalidad. Todos los estudios internacionales sobre el tema demuestran que a los delincuentes simplemente no les importa si morirán o si terminarán en la cárcel por su crimen. En todo caso, lo que realmente importa no es el tipo de pena, sino la efectividad de las instituciones de justicia para detener y enjuiciar a los culpables.
Incluso, para ciertos delincuentes, la muerte sería deseable a años encerrados en una cárcel. Ya lo decía el colega y amigo de Nacho Coronel, Ismael El Mayo Zambada, quien en entrevista con la revista Proceso hace unos meses declaraba que estaba literalmente aterrado de ser encarcelado y que al encontrarse a punto de ser capturado se suicidaría: me gustaría pensar que sí, que me mataría.
Desde este punto de vista, los militares le hicieron el favor a Nacho Coronel al matarlo en lugar de detenerlo. Aunque también queda la duda de si, en realidad, el capo haya cumplido con el deseo expresado por El Mayo y más bien quitado su propia vida al percatarse del operativo militar. En ese caso la supuesta eliminación del capo por las fuerzas del orden sería un simple teatro.
Tal y como ha expresado el maestro Sergio García Ramírez, ex magistrado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hablar sobre la pena de muerte: La muerte no muere de una vez, con un solo golpe; es preciso acosarla con perseverancia. El fallecimiento de Nacho Coronel no fue una victoria en una supuesta guerra contra el narcotráfico, sino un ejemplo más del triunfo de la muerte por encima de la vida en el marco de la fracasada lucha por la seguridad pública de Felipe Calderón.

El vaciamiento educativo y cultural
Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 6 de agosto.- A unas semanas de dar inicio a las celebraciones centenarias, se vive en el país un proceso de vacío educativo y cultural, en el espanto de las muertes por violencia, de los jóvenes sin futuro, de la descomposición política y social, y de la ineficacia de las políticas de Estado.
La crisis económica que, se asegura, será muy prolongada, va de la mano con el deterioro de la escuela y de las posibilidades de desarrollo social y cultural del país. La pretendida recuperación financiera y de los activos públicos al nivel de las grandes potencias aparece en los debates económicos como bastante insegura, y la vuelta a una nueva fase recesiva apunta, hacia el siguiente semestre del año, de forma bastante fuerte. Para los países dependientes, como México y el resto de América Latina, la recesión ha sido más breve y la crisis se ha podido sortear con mayores expectativas (Cepal, 2010), pero nadie puede asegurar que el impacto de una nueva fase de recesión mundial no alcance a frenar y deshilvanar las condiciones favorables que se alcanzaron en estos meses pasados.
En el fondo, lo que no ha podido superarse es la creciente desigualdad en los ingresos, la ampliación de la pobreza, la exclusión educativa y cultural. Y es esto lo que tendrán enfrente los festejos, que buscarán resaltar una pretendida identidad nacional. Los pobres resultados de la transmisión educativa y cultural dan cuenta, mucho más de lo que se cree, de una verdadera catástrofe que no podrá ocultarse en la parafernalia de los festejos y en el derroche criminal de los recursos, cuando deberían prevalecer la austeridad y el debate sobre el cambio y la creación de nuevas instituciones educativas y culturales para alcanzar una sociedad más justa.
El tema no es de ninguna manera irrelevante, pero se aniquila cualquier debate desde el discurso monotemático del enfrentamiento contra el crimen organizado, o se raya en la superficie de los grandes problemas con la sola aplicación de políticas cortoplacistas de fuerte orientación clientelar, ahora que se ha adelantado la sucesión presidencial de 2012, porque hay que acarrear votantes con becas, programas insustanciales de combate a la exclusión educativa y cultural, y promesas de mayores lugares educativos de baja calidad, cuando el abandono de la escuela es cada vez mayor, los logros educativos y docentes están por los suelos y las desigualdades educativas debidas a los ingresos que se reciben, al tipo de institución y a la ubicación geográfica, son reconocidas pero no atendidas.
En el sistema educativo y cultural mexicano se forman élites que ya son indiferentes a la historia nacional y a la identidad popular que se pregonará como incólume en los festejos centenarios, frente al declive de la autoridad gubernamental, del enorme deterioro de las condiciones de transmisión de aprendizajes de los docentes (que debería ser motivo de verdadera alarma) y de la crisis de las instituciones educativas y culturales a nivel nacional. En este vaciamiento general ya se están apuntando algunos políticos e intelectuales de la derecha para atacar a las pocas instituciones públicas que nos quedan, como las universidades, y muy en lo particular a la UNAM, para evidenciar esta crisis con aseveraciones mal formuladas y datos inconsistentes fuera de contexto y de lugar, con la sola intención de degradar.
Va a ser muy chocante presenciar la inauguración de obras de relumbrón, programas televisivos de ficción histórica, y la hora de los discursos elocuentes sobre la mexicanidad, en medio de la realidad estrujante de poblaciones enteras excluidas y marginadas, en zonas sin autoridad, de desintegración y de total falta de protección. Debería dar pena lo que está pasando y proponerse la hechura de, aunque fuera, algún remedio en serio.