OFENSIVA CONTRA LA EDUCACION POPULAR

10/08/2010

El asalto a las normales rurales
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
A Elba Esther Gordillo no le gusta el normalismo, mucho menos las normales rurales. Apenas el pasado 5 de agosto, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, volvió a la carga contra ellas. “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo.”
No hay en la historia profesional de Doña Perpetua razones de fondo para identificarse con el normalismo. A diferencia de la mayoría de los maestros de educación primaria pública del país, ella no estudió para ser profesora en una escuela Normal. En 1960 asistió a los cursos del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, una institución creada por el presidente Manuel Ávila Camacho para regularizar a maestros que impartían clases sin capacitación previa y sin título. Comenzó a trabajar en Ciudad Nezahualcóyotl sin haber conseguido el título, pero “sus protectores –cuentan Arturo Cano y Alberto Aguirre– pusieron como condición que terminara sus estudios”.
Afirmar, como hace Elba Esther, que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, es una barbaridad sin fundamento. De la misma manera en la que de las filas de esas escuelas han salido disidentes políticos y sociales, también han egresado maestros que se han convertido en importantes políticos priístas, caciques, líderes sindicales charros (Carlos Jonguitud es egresado de la Normal Rural de Ozuluama) y funcionarios del sector educativo. La lista es muy larga. Cito, tan sólo, dos ejemplos: Enrique Olivares Santana y Liberato Montenegro.
Enrique Olivares Santana fue una figura clave de la política mexicana. Su biografía es emblemática de la trayectoria pública de la vieja guardia priísta. Nacido en 1920, masón, fue líder sindical y dirigente campesino, llegó a ser secretario de Gobernación entre 1979 y 1982, gobernador de Aguascalientes, presidente del Senado, secretario general del PRI, diputado local y federal y el primer embajador de México en el Vaticano. Estudió en la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas.
Liberato Montenegro es un emblema del sindicalismo charro. Es el prototipo del cacique gremial. Aunque nació en Jalisco en 1938 es el hombre fuerte del magisterio nayarita, Diputado y senador tricolor, su imperio abarca de la más modesta escuela a parte de la clase política estatal. Él decide el destino de los maestros en su entidad. En los últimos 23 años ha impuesto al menos a 54 alcaldes electos y a 35 diputados locales, todos miembros del SNTE. Era casi un niño cuando ingresó al internado de la Escuela Normal Rural de Xalisco, en territorio nayarita, de donde fue dirigente de la Sociedad de Alumnos Emiliano Zapata. Se convirtió en presidente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Roberto Meza, antiguo dirigente de la disidencia magisterial de Hidalgo, ha explicado el proceso mediante el cual algunos normalistas rurales se vuelven dirigentes charros. “Los caciques –dice el maestro– por inercia social, mandaron a sus hijos a las normales rurales, donde estudiaban los hijos de quienes los cuestionaban en el campo. De allí salieron dirigentes sindicales con nexos familiares con los caciques. Otros como Manuel Sánchez Vite (ex dirigente del SNTE) y Onofre Hernández fueron más allá. Entraron de lleno a la estructura sindical y se convirtieron en caciques burocráticos.”
Las declaraciones de la maestra contra las normales rurales no son novedosas. Forman parte de una leyenda negra alimentada desde el poder desde que, en julio de 1940, una veintena de ellas se fue a la huelga exigiendo mejor alimentación, reconstrucción de sus edificios escolares y dotación de material de estudios. A partir de ese momento comenzaron a recibir acusaciones de ser semilleros de comunistas. En 1950 el gobierno de Miguel Alemán anunció el cierre de algunos planteles y la reducción de los años de estudio, argumentando que las escuelas se habían convertido en viveros de líderes y que muchos estudiantes se cambiaban a la UNAM para seguir sus estudios. La respuesta de los jóvenes frenó a la medida.
Sin embargo, es cierto que estas instituciones educativas han sido una incubadora de organizadores sociales. José Santos Valdés, uno de los grandes héroes pedagógicos del país –ahora casi olvidado y ninguneado–, decía que los maestros rurales debían ser líderes de su comunidad. Así ha sido. De sus aulas han salido dirigentes populares comprometidos con la transformación social. La lista es muy grande: Lucio Cabañas; los profesores Rafael Martínez Valdivia y Miguel Quiñones Pedroza (fallecidos en el ataque al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965); Misael Núñez Acosta (asesinado en 1981 por pistoleros a sueldo del SNTE); también organizadores campesinos como Ramón Danzós Palomino, Álvaro López, Emilio García y Vicente Estrada.
Pero considerar ese compromiso como muestra de que las escuelas son semilleros de guerrilleros es un despropósito destinado a justificar la represión contra los muchachos y cerrar las instalaciones escolares críticas con Gordillo. Los egresados de esos centros educativos tienen una indudable vocación de enseñanza. Miles de maestros salidos de ellas dan clase en condiciones muy difíciles.
Entrevistado por la revista Contralínea, el Comité Central de la FECSM rechazó denuncias parecidas. “Son semilleros de buenas personas: críticas, analíticas y reflexivas –respondió–. Estas escuelas abren la mente de la gente, le muestra la injusticia que hay. La misión de los profesores rurales es enseñar a la gente cuáles son sus derechos.”
La acusación de Gordillo contra las normales rurales es parte del asalto contra ellas en marcha. Un asalto que busca desaparecer una de las experiencias pedagógicas más interesantes y ricas que se han vivido en el país.
Odio al estilo nazi
Alejandro Maciel
Las medidas más controversiales de la Ley Arizona fueron eliminadas... pero el clima antiinmigrante se mantiene: ciudadanos comunes denuncian de manera anónima a indocumentados y sus empleadores; hostilizan y se mofan de los mexicanos en portales de medios de comunicación; respaldan iniciativas xenófobas y aportan dinero para defenderlas en los tribunales. De hecho, los ataques violentos en contra de los latinos aumentaron en los últimos años y existen cerca de mil grupos racistas –muchos de ellos armados– que realizan cacerías de indocumentados en supuesto “apoyo” de las autoridades federales.
SAN DIEGO, 9 de agosto (Proceso).- Aunque las partes más controversiales de la ley SB1070 de Arizona fueron vetadas el pasado 28 de julio por la juez Susan Bolton, la comunidad hispana está lejos de sentirse tranquila en Estados Unidos.
La decisión de la juez, tomada horas antes de que entrara en vigor la norma, provocó mayor radicalización entre grupos ultraconservadores, los mismos que han hecho del discurso antiinmigrante y antimexicano su bandera política y su razón de ser.
En medio de este clima cada vez más tenso, organizaciones antiinmigrantes han aprovechado el disgusto en amplios sectores de la sociedad estadunidense –los cuales consideran que el sistema migratorio del país no funciona– para promover leyes xenófobas y abiertamente racistas.
“Lo único que necesitaba la ley de Arizona era una etiqueta con dedicatoria a los mexicanos”, comenta a Proceso Enrique Morones, director del grupo Ángeles de la Frontera.
“Es el miedo como estrategia”, apunta Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros. Y afirma: “El objetivo es provocar que los indocumentados no se sientan bienvenidos en este país”.
Y ese objetivo se está logrando.
Ahora proliferan los grupos que buscan “ayudar” en la deportación de los indocumentados. Los inmigrantes que entran a Arizona por el desierto deben evadir no sólo a las milicias de voluntarios del sheriff de Maricopa, sino también a los Ready’s Rangers, organización de corte neonazi que dispone de muy buen armamento. Así lo reportó el 29 de julio pasado el Southern Poverty Law Center (SPLC), dedicado a la defensa de los derechos humanos que monitorea las actividades antiinmigrantes en todo el país.
El grupo neofascista encabezado por J. T. Ready, miembro del Movimiento Nacional Socialista, patrulla la frontera en busca de inmigrantes indocumentados y narcotraficantes. Junto con otras agrupaciones de índole similar, se atribuyen la detención de varios “ilegales”.
Entre las tareas del SPLC se encuentra el desarrollo de un “mapa del odio” en el que registran la actividad de las 932 organizaciones racistas que mostraron actividad entre 2009 y 2010.
Otras agrupaciones han convertido el odio antiinmigrante en una buena fuente de ingresos. Una de ellas es ReportIllegals.com, que ofrece a los usuarios una forma fácil y simple para denunciar anónimamente a los extranjeros indocumentados y a sus empleadores. Por cada reporte la empresa cobra 10 dólares.

“Estamos hartos de ustedes”
Durante los meses previos a la aplicación de la ley SB1070, cientos de familias abandonaron Arizona ante la inminente persecución policiaca.
Hace un mes, Carmen Reynoso les avisó a sus hijos que regresarían a California. “Ellos protestaron. Dijeron que todos sus amigos estaban en Phoenix, pero al final los convencí”, dice la mujer, quien se mudó de California a Phoenix, Arizona, durante la recesión de 1994, cuando el clima antiinmigrante se tornó asfixiante en California.
“Era el tiempo de la Proposición 187 y la Operación Guardián”, dice Reynoso, quien ahora vive en Fresno. “Aquí por lo menos no tenemos que vivir asustados”, apunta.
Sin embargo, la hostilidad contra los inmigrantes no es exclusiva de Arizona: ha permeado en todo el país y se manifiesta cada vez con mayor fuerza en los sondeos de opinión.
En mayo de este año, el Pew Research Center realizó una encuesta nacional para conocer el grado de apoyo de los estadunidenses a la ley SB1070. Los resultados fueron reveladores. El 73% dijo estar de acuerdo en que las autoridades tengan el derecho a interrogar a una persona acerca de su estatus migratorio; 59% aprobó todas las provisiones de la ley, incluso las que fueron bloqueadas por la juez Bolton. Además, en 20 estados de la Unión se discuten leyes similares a las de Arizona.
“Hay un extenso apoyo a la ley entre los anglosajones porque, a diferencia de nosotros, ellos no saben lo que es la persecución policiaca por cuestiones raciales”, dice Morones.
Las agresiones a la comunidad mexicana se multiplican en los foros de discusión que los principales periódicos de Estados Unidos tienen en línea. “Basta con que una nota mencione ‘México’ para que algunas personas expresen todo su odio a ese país”, dice Christian Ramírez, director del Comité de Amigos Americanos de San Diego.
Jim Braddock, de Houston, Texas, molesto por la decisión de la juez, escribió el 29 de julio último en el foro de discusión en línea del periódico Los Angeles Times: “Les digo a todos esos mexicanos que ya se les acabó el viaje gratis por Estados Unidos. Regresen a su país infestado de crimen, cómanse sus tacos. Ya no los queremos aquí. Vean lo que está pasando en este país. Estamos hartos de ustedes”.
El discurso de los grupos antiinmigrantes, aunque radicalizado, es visto con simpatía por amplios sectores de la población que han sufrido los estragos de la recesión y se quedaron sin empleo, dice Alvarado. Prueba de ello es que hasta junio la oficina de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, había recibido alrededor de 20 mil dólares en donaciones privadas a fin de ayudar al estado a formar un fondo para la defensa legal contra las demandas por la ley SB1070.
Casi 440 personas en 46 estados y el Distrito de Columbia contribuyeron al fondo. De acuerdo con una lista de donantes ofrecida al diario The Arizona Republic, la contribución más pequeña fue de un dólar y la mayor de 750 dólares.

“Se roban nuestros empleos”
La actitud de la población en contra de los inmigrantes se refuerza por las crecientes cifras de desempleo en todo el país. Según datos del Departamento del Trabajo difundidos el 28 de julio, entre mayo y junio la tasa de desempleo aumentó en 291 de las 374 principales zonas metropolitanas del país. Por ello el índice nacional de cesantía fue de 9.5%.
Entre las zonas más golpeadas por el desempleo a escala nacional se encuentran El Centro, California, y Yuma, Arizona, con una tasa de 27.6% y 26.4%, respectivamente.
La evidencia de que el desempleo no cede ha dado lugar a que se critique con dureza a la administración del presidente Barack Obama por su incapacidad para resolver la crisis. También ha ocasionado una creciente animadversión en contra de la población indocumentada, pues se le acusa, cada vez con más frecuencia, de “robar” los trabajos de los estadunidenses.
El presidente de los Minuteman en San Diego, Josh Shwalk, declara a Proceso que su organización está evaluando las acciones a seguir en todo el país. “Estamos cansados –arguye– de que los ilegales lleguen a quedarse con nuestros trabajos, saqueen nuestros recursos y todavía pidan leyes que los beneficien. No lo vamos a seguir tolerando”.
Las agresiones en contra de la población latina ya no son perpetradas sólo por organizaciones supremacistas; ahora los incidentes de violencia racial son protagonizados por ciudadanos comunes.
“En Staten Island, Nueva York, las golpizas a los latinos no son nada nuevo. En 2008 un auto fue estrellado contra varios establecimientos comerciales de mexicanos y ese mismo año fueron golpeados brutalmente dos latinos en la calle Main”, reportó el sitio Queenslatino.com.
Durante las últimas dos semanas, en esa misma zona han sido atacados más de 10 mexicanos; las autoridades investigan el motivo y si los ataques son planeados por una persona o un grupo de racistas.
En lo que va del año han ocurrido 21 ataques de este tipo en la misma localidad neoyorquina y 11 han sido en contra de latinos. “Hemos arrestado a ocho personas y tres casos han sido resueltos”, dijo Paul Browne, vocero del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. “El año pasado, durante este mismo periodo, hubo 10 ataques racistas y sólo dos en contra de latinos”, precisó.
Estos hechos han causado indignación en la comunidad, que ha sostenido reuniones para formar un frente común que ataque el problema del racismo en contra de los mexicanos.
“No podemos tolerar este tipo de ataques. El gobierno de México está dispuesto a colaborar con las autoridades de Nueva York para impedir que sigan sucediendo”, declaró Rubén Beltrán, cónsul mexicano en Nueva York. “La ley tiene que castigar a los culpables”, enfatizó.
“Ha sido tan intenso el bombardeo de mentiras y estigmas en contra de los mexicanos, que los agresores sienten que tienen luz verde para atacar a sus víctimas”, dice a este semanario Joel Magallán, de la Asociación Tepeyac, una organización mexicana que opera en Nueva York.
El clima de odio hacia la comunidad mexicana no surgió de la noche a la mañana. Se ha venido acumulando desde mucho tiempo atrás y se expresa de múltiples formas.
Una de esas manifestaciones es el Border Patrol Video Game, creado en 2006 por un grupo del sur de California y en el que se le indica al jugador que dispare en contra de los indocumentados que aparecen en la pantalla, niños y mujeres incluidos.
La antropóloga Jane Hill explica a Proceso que el uso “inocente” del español por parte de la población sajona con expresiones como no problema, el cheapo, watcho your backo, hasty banana y no way, Jose, entre otras, ayudan a fijar una imagen negativa de los mexicanos.
“A través de frecuentes campañas publicitarias se les ha tachado de flojos, con apetitos sexuales desmedidos, corruptos y hasta con incapacidades mentales. Es algo muy parecido a la forma en que los blancos se burlaron durante siglos de la forma de hablar de los afroestadunidenses”, abunda Hill.
Este nuevo lenguaje antimexicano, sostiene la especialista, tiene gran importancia, pues influye en la forma en que se percibe a millones de personas en este país. “Si la gente es vista como ‘ilegal’, entonces es más fácil crear leyes que los amenacen. Si los inmigrantes mexicanos, en el imaginario popular, son ‘peligrosos’, es más sencillo negarles los derechos humanos más elementales”, agrega.

Problema larvado
Para entender lo que ocurre en Arizona hay que remontarse a los años noventa en California. En esa década se enarboló un discurso que consideraba a la frontera sur como “fuera de control” y ubicaba a San Diego como la zona más problemática de la inmigración indocumentada, dijo a la agencia EFE el pasado 15 de julio Joseph Nevins, profesor de geografía del Vassar College en Nueva York y autor del libro Operación Guardián.
Explicó que el sentimiento antiinmigrante se cristalizó en 1994, cuando la administración Clinton implantó la Operación Guardián y los votantes de California aprobaron la controvertida Proposición 187 contra los inmigrantes, que al final fue derrotada en los tribunales.
“Como ahora, políticos y organizaciones oportunistas presentaron al inmigrante ‘ilegal’ no sólo como un violador de leyes, sino como una amenaza a la soberanía nacional y a la sociedad en su conjunto. Estas imágenes tienen una larga historia en el sentimiento antiinmigrante en California y Estados Unidos”, añadió.
El gobierno no se ha limitado a responder a la supuesta crisis de legalidad ocasionada por la inmigración indocumentada, dijo Nevins, sino que con sus acciones contribuye a reforzar la “ilegalidad” al construir más barreras físicas y aumentar el personal de la Patrulla Fronteriza.
Como consecuencia de la Operación Guardián, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego creció de 4 mil 200 en 1994 a 9 mil 212 en 2000, lo que ocasionó que los inmigrantes indocumentados concentraran sus intentos de cruce fronterizo en el desierto de Arizona.
De acuerdo con información proporcionada por la Patrulla Fronteriza, como consecuencia de la Operación Guardián las detenciones en San Diego disminuyeron de 450 mil 152 en 1994 a 118 mil 721 en 2009. Sin embargo, en el sector de Tucson, Arizona, se incrementaron de 139 mil 473 en 1994 a 241 mil 673 el año pasado.
Inexorable
PEDRO MIGUEL
No será fácil. Tarde o temprano, la autoridad tendrá que empezar por desconvencer a los ciudadanos de buena fe que compraron el cuento del propio gobierno: la prohibición de ciertas drogas es una medida eficaz para combatir las adicciones. Esa prohibición empezó siendo el camino fácil –y falso– para enfrentar la innata tendencia de una porción minoritaria de la sociedad a vivir y morir con la cabeza fuera de este mundo. Con respecto al objetivo declarado, la prohibición no sirvió de nada, pero permitió el florecimiento de mafias que conformaron, a su vez, un poderío político y militar capaz de corromper, enfrentar y derrotar a las instituciones públicas, y una actividad monetaria y financiera que es, hoy, uno de los sectores punta de la economía; la ley creó el delito. Las adicciones son anteriores al narcotráfico y persistirán, aunque disminuidas, cuando éste desaparezca, si es que un día desaparece. En ausencia de empresas que buscan ampliar sus mercados por todos los medios posibles, la drogadicción volverá a la marginalidad de la que nunca debió salir y podrá ser enfrentada con los instrumentos antes relegados: la investigación científica, las campañas educativas de prevención, los tratamientos de desintoxicación y las terapias personales y familiares que les permitan a los enganchados reconstruir su sentido del mundo y su lugar en él.
En forma paralela a esta vasta tarea de restauración del sentido común, el gobierno tendrá que tragarse el sapo de la negociación con los narcos, un tema que el calderonato ha convertido en un tabú hipócrita –pues negocia todos los días y a todas horas con delincuentes de todas las clases y especialidades, las fiscales y financieras en primer lugar– pero que resulta ineludible: como lo afirma el viejo principio, no siempre se negocia con los que a uno le caen bien, ni con los santos ni con los bonitos, sino con quienes ejercen poder real, y los empresarios de la droga podrán tener la vida corta, pero concentran un poder equiparable al de los banqueros, los televisos, los gobernadores de horca y cuchillo, los charros sindicales o varios ex presidentes de trayectoria criminal.
El Ejecutivo federal tiene muchas cosas de que hablar con los cárteles: de la conversión en capital de las actuales montañas de efectivo y de una nueva forma de inserción en la economía formal que no sea el lavado; del establecimiento de destinos de inversión; de amnistías e indultos que permitan cambiar unos cuantos años de adrenalina a tope y vida frenética por unas décadas de honorabilidad y existencia apacible; la localización, entrega y reclusión de asesinos patológicos... Algunos capos se rehusarán y otros dirán que sí a la propuesta oficial. Pero, con drogas despenalizadas y reducidas a precios compuestos por un mero valor de costo industrial, utilidad, más impuestos, los remisos tendrán la guerra –entonces sí– perdida.
Habrá que hacer frente, desde luego, a una negociación, acaso más espinosa que la anterior, con Washington: ante la despenalización total de las drogas en su vecino del sur, Estados Unidos no tiene más alternativas viables que colaborar con éste para salir con bien del desmadre temporal que sobrevenga, abatir violencias y delincuencias residuales y, sobre todo, enfrentar la inevitable crisis económica que ocurrirá en la economía mundial, cuando desaparezca en forma abrupta el flujo de cientos de miles de millones de dólares del narco a los centros financieros internacionales. La clase política gringa podrá hacer mucho cacareo pero no cerrará su frontera ni renunciará al TLC ni ordenará la invasión de México por una razón simple: no es tan tonta.
Por supuesto, nadie está proponiendo la venta de cocaína, metanfetaminas o heroína en las misceláneas ni en las cooperativas escolares, puestas en los mismos estantes que los Miguelitos y los Swinkles, ni que se permitan campañas publicitarias para tachas o mota de marcas rivales. La importación, cultivo, fabricación y distribución de drogas deben estar sujetas a controles, supervisión y pago de impuestos. Tal esquema se prestará a corrupción, claro, pero no a tanta como la que genera la actual pretensión de combatir al narco con la fuerza militar y policial.
Tarde o temprano la autoridad federal tendrá que marchar en esta dirección. En tanto los gobernantes no empiecen a hacerlo, habrá motivos para sospechar que, por intereses políticos, económicos, o por ambos, les conviene que el narcotráfico siga existiendo.