PEOR QUE ARIZONA
10 ago 2010
Asesinan a 3 migrantes en Tabasco
RENÉ ALBERTO LÓPEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de agosto de 2010, p. 38
Villahermosa, Tab., 9 de agosto. Tres migrantes de origen hondureño fueron asesinados a garrotazos en la comunidad de Buena Vista Apasco, municipio de Macuspana, a 70 kilómetros de la capital, cuando esperaban el tren que los llevaría hacia el norte del país.
El homicidio múltiple ocurrió cerca de la medianoche del domingo, narró el hondureño Aquín Donaldo Padilla, quien sobrevivió al ataque. El migrante informó que uno de los ahora finados era una mujer de aproximadamente 28 años de edad, a quien sus asesinos intentaron violar antes de darle muerte.
Donaldo Padilla dijo que cuando se encontraba con sus paisanos a un lado de la vía ferroviaria, en espera del tren que pasa por la zona rural de Macuspana, tres personas, aparentemente también de origen centroamericano los atacaron para quitarles sus pertenencias, pero él logró escapar cuando sus agresores forcejeaban con sus compañeros y aunque recibió algunos golpes logró ocultarse en unos matorrales.
Agregó que cuando regresó al lugar, sólo encontró los cuerpos de sus compañeros, con golpes contusos en varias partes del cuerpo.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, cerca del lugar del triple homicidio fue hallada la credencial de una persona de nacionalidad hondureña, quien al pa- recer participó en los homicidios de los indocumentados. También trascendió que el testigo Aquín Donaldo quedó en calidad de detenido, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
RENÉ ALBERTO LÓPEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de agosto de 2010, p. 38
Villahermosa, Tab., 9 de agosto. Tres migrantes de origen hondureño fueron asesinados a garrotazos en la comunidad de Buena Vista Apasco, municipio de Macuspana, a 70 kilómetros de la capital, cuando esperaban el tren que los llevaría hacia el norte del país.
El homicidio múltiple ocurrió cerca de la medianoche del domingo, narró el hondureño Aquín Donaldo Padilla, quien sobrevivió al ataque. El migrante informó que uno de los ahora finados era una mujer de aproximadamente 28 años de edad, a quien sus asesinos intentaron violar antes de darle muerte.
Donaldo Padilla dijo que cuando se encontraba con sus paisanos a un lado de la vía ferroviaria, en espera del tren que pasa por la zona rural de Macuspana, tres personas, aparentemente también de origen centroamericano los atacaron para quitarles sus pertenencias, pero él logró escapar cuando sus agresores forcejeaban con sus compañeros y aunque recibió algunos golpes logró ocultarse en unos matorrales.
Agregó que cuando regresó al lugar, sólo encontró los cuerpos de sus compañeros, con golpes contusos en varias partes del cuerpo.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, cerca del lugar del triple homicidio fue hallada la credencial de una persona de nacionalidad hondureña, quien al pa- recer participó en los homicidios de los indocumentados. También trascendió que el testigo Aquín Donaldo quedó en calidad de detenido, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Ni estudian ni trabajan 8 millones de jóvenes mexicanos
Juan Carlos Cruz Vargas
MÉXICO, DF, 9 de agosto (apro).- En México existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (‘ninis’), además de que una gran parte de la población en esa edad está en la informalidad o recurre a la delincuencia, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo en su informe semanal que se está dejando solos a millones de adolescentes ante un presente sumamente difícil y un escenario futuro de incertidumbre y desesperanza.
Gutiérrez Candiani señaló que “hoy México tiene más jóvenes que nunca, más de 34 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad. Estamos en el pico del llamado bono demográfico, que en breve empezará a decrecer, hasta que nos convirtamos en una nación de adultos y adultos mayores”, recalcó a tres días de conmemorarse el Día Internacional de la Juventud.
Agregó que para el grueso de la generación de mexicanos nacidos desde principios de los años ochenta, la movilidad social es inaccesible. Aproximadamente 55% de nuestros jóvenes padece condiciones de pobreza y más de 50% no estudia.
Candiani destacó que la delincuencia es la única puerta abierta ante la falta de oportunidades para los jóvenes. “Ante el fenómeno de la inseguridad pública, la falta de empleo y oportunidades, jóvenes de todas las capas sociales, muchos, desafortunadamente, recurren a la salida falsa de la delincuencia”.
Juan Carlos Cruz Vargas
MÉXICO, DF, 9 de agosto (apro).- En México existen 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (‘ninis’), además de que una gran parte de la población en esa edad está en la informalidad o recurre a la delincuencia, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo en su informe semanal que se está dejando solos a millones de adolescentes ante un presente sumamente difícil y un escenario futuro de incertidumbre y desesperanza.
Gutiérrez Candiani señaló que “hoy México tiene más jóvenes que nunca, más de 34 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad. Estamos en el pico del llamado bono demográfico, que en breve empezará a decrecer, hasta que nos convirtamos en una nación de adultos y adultos mayores”, recalcó a tres días de conmemorarse el Día Internacional de la Juventud.
Agregó que para el grueso de la generación de mexicanos nacidos desde principios de los años ochenta, la movilidad social es inaccesible. Aproximadamente 55% de nuestros jóvenes padece condiciones de pobreza y más de 50% no estudia.
Candiani destacó que la delincuencia es la única puerta abierta ante la falta de oportunidades para los jóvenes. “Ante el fenómeno de la inseguridad pública, la falta de empleo y oportunidades, jóvenes de todas las capas sociales, muchos, desafortunadamente, recurren a la salida falsa de la delincuencia”.
Rarámuris denuncian ante la ONU proyecto en las Barrancas del Cobre
Se realizan trabajos sin siquiera haber consultado a las comunidades afectadas, aseguran
Señalan acoso, amenazas e intentos de desalojo
Se tiene previsto construir teleférico, campo de golf, cabañas, hotel y aeropuerto
Alertan sobre escasez de agua y generación de residuos
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de agosto de 2010, p. 28
Urique, Chih., 8 de agosto. Rarámuris de las comunidades de Bacajípare, Huetosachi, Mogotavo y Repechike presentaron una queja ante la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, en contra del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que incluye la construcción de un teleférico en Divisadero y un aeropuerto en el municipio de Creel, por considerar que viola garantías fundamentales y el derecho de los indígenas sobre sus territorios ancestrales.
Los gobernadores tradicionales de las cuatro comunidades entregaron la queja en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y expusieron que los proyectos turísticos impulsados por los gobiernos federal y estatal, con inversión de empresas extranjeras y nacionales, han trastornado la vida de mil 421 indígenas.
Las 203 familias, que tienen varios centros ceremoniales en la zona, de más de 16 mil hectáreas, aseguran que han sido víctimas de acoso, amenazas e intentos de desalojo, resultado de la especulación inmobiliaria.
Respaldados por las organizaciones Asesoría Técnica Comunitaria y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, relataron que por años han acudido a tribunales agrarios, civiles y penales para denunciar los constantes atropellos a sus derechos, sin que las autoridades los atiendan.
Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones.
Agregaron que empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre.
Explicaron que el senador panista Ramón Galindo Noriega enfrenta demandas por invadir tierras en la barranca. Se trata de un predio que compró al ejido San Alonso, a pesar de que ya había sido entregado a otra persona, por lo que existe un litigio para saber quién es el legítimo dueño.
También acusaron al dueño de la inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, Federico Elías Madero, de intentar desalojar a 16 familias indígenas del predio El Madroño, donde proyecta construir un hotel, cabañas y un campo de golf.
Monarca Lázaro y Cruz Romero afirmaron que empleados de Elías Madero les han impedido construir sus viviendas, recolectar leña y usar la cáscara de los árboles de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.
Insistieron en que este proyecto viola sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de sus autoridades tradicionales, a ser consultados antes de emprender obras, a que se respeten sus usos y costumbres, y a recibir justicia expedita en tribunales agrarios, civiles y penales.
La inversión pública, añadieron, está dirigida a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico, sin tomar en cuenta lo que necesitan las comunidades rarámuris.
Tampoco les han informado qué hará el gobierno para abastecer de agua a la zona y manejar los residuos que generará el aumento del turismo.
Pidieron al alto comisionado de la ONU solicitar al gobierno mexicano una investigación sobre las violaciones a los derechos indígenas y reclamaron que se respete su derecho a conocer información sobre el proyecto turístico, que les ha sido negada.
Se realizan trabajos sin siquiera haber consultado a las comunidades afectadas, aseguran
Señalan acoso, amenazas e intentos de desalojo
Se tiene previsto construir teleférico, campo de golf, cabañas, hotel y aeropuerto
Alertan sobre escasez de agua y generación de residuos
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de agosto de 2010, p. 28
Urique, Chih., 8 de agosto. Rarámuris de las comunidades de Bacajípare, Huetosachi, Mogotavo y Repechike presentaron una queja ante la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, en contra del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que incluye la construcción de un teleférico en Divisadero y un aeropuerto en el municipio de Creel, por considerar que viola garantías fundamentales y el derecho de los indígenas sobre sus territorios ancestrales.
Los gobernadores tradicionales de las cuatro comunidades entregaron la queja en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y expusieron que los proyectos turísticos impulsados por los gobiernos federal y estatal, con inversión de empresas extranjeras y nacionales, han trastornado la vida de mil 421 indígenas.
Las 203 familias, que tienen varios centros ceremoniales en la zona, de más de 16 mil hectáreas, aseguran que han sido víctimas de acoso, amenazas e intentos de desalojo, resultado de la especulación inmobiliaria.
Respaldados por las organizaciones Asesoría Técnica Comunitaria y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, relataron que por años han acudido a tribunales agrarios, civiles y penales para denunciar los constantes atropellos a sus derechos, sin que las autoridades los atiendan.
Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones.
Agregaron que empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre.
Explicaron que el senador panista Ramón Galindo Noriega enfrenta demandas por invadir tierras en la barranca. Se trata de un predio que compró al ejido San Alonso, a pesar de que ya había sido entregado a otra persona, por lo que existe un litigio para saber quién es el legítimo dueño.
También acusaron al dueño de la inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, Federico Elías Madero, de intentar desalojar a 16 familias indígenas del predio El Madroño, donde proyecta construir un hotel, cabañas y un campo de golf.
Monarca Lázaro y Cruz Romero afirmaron que empleados de Elías Madero les han impedido construir sus viviendas, recolectar leña y usar la cáscara de los árboles de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.
Insistieron en que este proyecto viola sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de sus autoridades tradicionales, a ser consultados antes de emprender obras, a que se respeten sus usos y costumbres, y a recibir justicia expedita en tribunales agrarios, civiles y penales.
La inversión pública, añadieron, está dirigida a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico, sin tomar en cuenta lo que necesitan las comunidades rarámuris.
Tampoco les han informado qué hará el gobierno para abastecer de agua a la zona y manejar los residuos que generará el aumento del turismo.
Pidieron al alto comisionado de la ONU solicitar al gobierno mexicano una investigación sobre las violaciones a los derechos indígenas y reclamaron que se respete su derecho a conocer información sobre el proyecto turístico, que les ha sido negada.
Acusan a directora de penal de aplicar descargas eléctricas a presos
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 9 de agosto (apro).- Internos del penal de El Llano ubicado en el estado de Aguascalientes, acusaron a la directora María del Socorro Gaspar Rivera de torturarlos al aplicarles descargas eléctricas con un aparato.
De acuerdo con una queja enviada por los internos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), Gaspar Rivera ingresa a las celdas “enfundada en un disfraz negro y con pasamontañas” para torturar a los reos “con un aparato que emite descargas eléctricas”. Estas acciones, agregaron, las realiza con el apoyo de varios custodios entre las 3:00 y las 5:00 horas. “Elige algunos al azar para torturarlos”, denunciaron.
Según los quejosos, dichas prácticas comenzaron en marzo pasado, justo cuando el gobernador, el panista Armando reynoso Femat designó a Gaspar Rivera como responsable del penal.
Una de las víctimas es Manuel Tiberio Bravo, quien el 21 de julio fue golpeado por custodios y la directora en diferentes partes del cuerpo. Además, narran Jaime Roma Saavedra Vélez y John Alexander Rodríguez, ambos de nacionalidad colombiana, intentaron asfixiarlo con una bolsa de plástico y recibió descargas eléctricas en los testículos; después fue castigado con aislamiento y privación de alimentos; además de que fue amenazado de muerte si se atrevía denunciar los hechos.
Los compañeros de celda de Tiberio Bravo también han sido amenazados y hostigados, de acuerdo con la carta enviada a la CEDHA que hoy fue divulgada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Los presos aseguraron en su carta que Gaspar Rivera hizo cambios al reglamento interior del penal, el cual viola sus garantías.
En su queja, acusaron a la directora de someterlos a tortura psicológica y física; y de suspenderles el derecho a comunicarse con sus familiares o con sus abogados.
Asimismo, la acusaron de limitarles la visita de familiares, de modificarles los horarios de la visita conyugal, y de reducirles los alimentos.
Según los reclusos, las condiciones del penal se han endurecido a tal grado que “se eliminaron las áreas verdes al interior del penal; se cancelaron las clases de idiomas y se redujeron las mesas y sillas para el área de visitas familiares”.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 9 de agosto (apro).- Internos del penal de El Llano ubicado en el estado de Aguascalientes, acusaron a la directora María del Socorro Gaspar Rivera de torturarlos al aplicarles descargas eléctricas con un aparato.
De acuerdo con una queja enviada por los internos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), Gaspar Rivera ingresa a las celdas “enfundada en un disfraz negro y con pasamontañas” para torturar a los reos “con un aparato que emite descargas eléctricas”. Estas acciones, agregaron, las realiza con el apoyo de varios custodios entre las 3:00 y las 5:00 horas. “Elige algunos al azar para torturarlos”, denunciaron.
Según los quejosos, dichas prácticas comenzaron en marzo pasado, justo cuando el gobernador, el panista Armando reynoso Femat designó a Gaspar Rivera como responsable del penal.
Una de las víctimas es Manuel Tiberio Bravo, quien el 21 de julio fue golpeado por custodios y la directora en diferentes partes del cuerpo. Además, narran Jaime Roma Saavedra Vélez y John Alexander Rodríguez, ambos de nacionalidad colombiana, intentaron asfixiarlo con una bolsa de plástico y recibió descargas eléctricas en los testículos; después fue castigado con aislamiento y privación de alimentos; además de que fue amenazado de muerte si se atrevía denunciar los hechos.
Los compañeros de celda de Tiberio Bravo también han sido amenazados y hostigados, de acuerdo con la carta enviada a la CEDHA que hoy fue divulgada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Los presos aseguraron en su carta que Gaspar Rivera hizo cambios al reglamento interior del penal, el cual viola sus garantías.
En su queja, acusaron a la directora de someterlos a tortura psicológica y física; y de suspenderles el derecho a comunicarse con sus familiares o con sus abogados.
Asimismo, la acusaron de limitarles la visita de familiares, de modificarles los horarios de la visita conyugal, y de reducirles los alimentos.
Según los reclusos, las condiciones del penal se han endurecido a tal grado que “se eliminaron las áreas verdes al interior del penal; se cancelaron las clases de idiomas y se redujeron las mesas y sillas para el área de visitas familiares”.
