POLICIAS CONFRONTADAS
20 ago 2010
Y ahora, ¿Quién podrá defendernos?
VÍCTOR M. QUINTANA S.
Luego de que dejó la víbora chillando por una decisión apresurada, Felipe Calderón convoca al diálogo para lidiar colectivamente con los efectos de lo impuesto autocráticamente. Y mientras diferentes actores políticos y sociales se reúnen en el Diálogo por la seguridad, en Chihuahua se enfrentan entre sí y con otras fuerzas del orden los elementos policiacos y militares de lo que primero fue el “Operativo conjunto Chihuahua”; luego, la Operación coordinada Chihuahua, y ahora debería denominarse Operación confrontada Chihuahua.
La sublevación de los policías federales contra cuatro de sus comandantes el sábado 7 en Ciudad Juárez es el indicador más visible, si bien no el único, del mal estado de la fuerza gubernamental en esta guerra. De por sí, la Policía Federal se ha ganado a pulso su mala fama por los numerosos robos, extorsiones y otros atropellos a los derechos humanos, además de su ineficacia en sofocar la oleada de pánico que recorre Ciudad Juárez. Por eso a la población no le extrañó que 200 agentes se rebelaran contra dos de sus jefes, acusándolos de proteger cargamentos de droga y de sembrar armas y narcóticos entre ellos. Lo que sí ha sorprendido es que no se hayan atendido las acusaciones de los sublevados, que se haya destituido a 60 de ellos y que a los oficiales señalados los protejan los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Si ésta es la encargada de diseñar y aplicar los exámenes de confianza a todas las policías del país, nuestra confianza está en malas manos.
La policía estatal (Cipol, por sus siglas) no se queda atrás. Una y otra vez agentes de la misma han sido señalados como cómplices o jefes de bandas de robacoches. Y ahora pende sobre ella una acusación más grave: el haber levantado la madrugada del 25 de julio a la joven de 23 años Pamela Portillo Hernández y a su amigo, el teniente del Ejército Mexicano Juan Alberto Bautista.
A la madre y a la familia de Pamela ni la procuraduría estatal ni la Cipol ni el Ejército les han podido revelar el paradero de su hija, otra más de la larga lista de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Peor aún, con motivo de la desaparición del militar que acompañaba a Pamela, elementos del Ejército detuvieron a varios agentes de la Cipol y, según denuncian los familiares de éstos, fueron torturados en las mismas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.
No sólo entre sí se siguen peleando las policías y el Ejército. Éste prosigue su labor intimidatoria contra activistas sociales. El más reciente hecho es el hostigamiento contra la derechohumanista Emilia González Tercero. Activista de muchos años, fundadora y copresidenta de la Comisión Estatal para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Emilia ha desempeñado un papel muy importante en la denuncia de los atropellos cometidos por las fuerzas del gobierno y en la búsqueda de alternativas con paz y justicia. En junio de 2009 un grupo de militares intentó allanar su domicilio particular con el pretexto de buscar armas, hecho que de inmediato fue denunciado por la prensa.
Hace algunas semanas, se volvió a presentar a la casa de Emilia un piquete de 10 soldados, fuertemente armados, sin portar insignias de ningún tipo, para entregarle un citatorio a comparecer ante el Ministerio Público Militar para desahogar una investigación pendiente. Se le citaba al interior del propio campo militar.
Emilia no firmó de recibido el documento y de inmediato se lanzó una campaña de denuncia. Con el apoyo de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos se le hizo saber a las autoridades militares que no comparecería en una instalación castrense. El pasado lunes, Emilia acudió a rendir su declaración al edificio de la Fevimtra en Ciudad Juárez, acompañada por un buen número de activistas sociales, como muestra de rechazo a las prácticas de amedrentamiento de soldados y policías. Sin embargo, no se le permitió a ninguna persona el ingreso al local de Fevimtra, y el Ejército, como ya es una práctica común en él, negó que el año pasado hubiera efectuado el operativo en el domicilio de Emilia.
Policías federales contra ellos mismos; soldados contra policías estatales; ministeriales contra estatales. Todos ellos contra luchadoras y luchadores sociales. Esa es la novedad en el frente norteño. La fuerza policiaco-militar, la elevada por Calderón a principal instrumento de su guerra y de su estrategia para la restauración del estado de derecho, muestra un grave nivel de deterioro y corrosión interna, opacidad y arrogancia. Nada mejor, entonces, para expresar el estupor de mucha gente que el llamado de la cultura popular: Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
In memoriam Rubén Reyes, comprometido con las causas de su pueblo, arteramente asesinado
VÍCTOR M. QUINTANA S.
Luego de que dejó la víbora chillando por una decisión apresurada, Felipe Calderón convoca al diálogo para lidiar colectivamente con los efectos de lo impuesto autocráticamente. Y mientras diferentes actores políticos y sociales se reúnen en el Diálogo por la seguridad, en Chihuahua se enfrentan entre sí y con otras fuerzas del orden los elementos policiacos y militares de lo que primero fue el “Operativo conjunto Chihuahua”; luego, la Operación coordinada Chihuahua, y ahora debería denominarse Operación confrontada Chihuahua.
La sublevación de los policías federales contra cuatro de sus comandantes el sábado 7 en Ciudad Juárez es el indicador más visible, si bien no el único, del mal estado de la fuerza gubernamental en esta guerra. De por sí, la Policía Federal se ha ganado a pulso su mala fama por los numerosos robos, extorsiones y otros atropellos a los derechos humanos, además de su ineficacia en sofocar la oleada de pánico que recorre Ciudad Juárez. Por eso a la población no le extrañó que 200 agentes se rebelaran contra dos de sus jefes, acusándolos de proteger cargamentos de droga y de sembrar armas y narcóticos entre ellos. Lo que sí ha sorprendido es que no se hayan atendido las acusaciones de los sublevados, que se haya destituido a 60 de ellos y que a los oficiales señalados los protejan los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Si ésta es la encargada de diseñar y aplicar los exámenes de confianza a todas las policías del país, nuestra confianza está en malas manos.
La policía estatal (Cipol, por sus siglas) no se queda atrás. Una y otra vez agentes de la misma han sido señalados como cómplices o jefes de bandas de robacoches. Y ahora pende sobre ella una acusación más grave: el haber levantado la madrugada del 25 de julio a la joven de 23 años Pamela Portillo Hernández y a su amigo, el teniente del Ejército Mexicano Juan Alberto Bautista.
A la madre y a la familia de Pamela ni la procuraduría estatal ni la Cipol ni el Ejército les han podido revelar el paradero de su hija, otra más de la larga lista de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Peor aún, con motivo de la desaparición del militar que acompañaba a Pamela, elementos del Ejército detuvieron a varios agentes de la Cipol y, según denuncian los familiares de éstos, fueron torturados en las mismas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.
No sólo entre sí se siguen peleando las policías y el Ejército. Éste prosigue su labor intimidatoria contra activistas sociales. El más reciente hecho es el hostigamiento contra la derechohumanista Emilia González Tercero. Activista de muchos años, fundadora y copresidenta de la Comisión Estatal para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Emilia ha desempeñado un papel muy importante en la denuncia de los atropellos cometidos por las fuerzas del gobierno y en la búsqueda de alternativas con paz y justicia. En junio de 2009 un grupo de militares intentó allanar su domicilio particular con el pretexto de buscar armas, hecho que de inmediato fue denunciado por la prensa.
Hace algunas semanas, se volvió a presentar a la casa de Emilia un piquete de 10 soldados, fuertemente armados, sin portar insignias de ningún tipo, para entregarle un citatorio a comparecer ante el Ministerio Público Militar para desahogar una investigación pendiente. Se le citaba al interior del propio campo militar.
Emilia no firmó de recibido el documento y de inmediato se lanzó una campaña de denuncia. Con el apoyo de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos se le hizo saber a las autoridades militares que no comparecería en una instalación castrense. El pasado lunes, Emilia acudió a rendir su declaración al edificio de la Fevimtra en Ciudad Juárez, acompañada por un buen número de activistas sociales, como muestra de rechazo a las prácticas de amedrentamiento de soldados y policías. Sin embargo, no se le permitió a ninguna persona el ingreso al local de Fevimtra, y el Ejército, como ya es una práctica común en él, negó que el año pasado hubiera efectuado el operativo en el domicilio de Emilia.
Policías federales contra ellos mismos; soldados contra policías estatales; ministeriales contra estatales. Todos ellos contra luchadoras y luchadores sociales. Esa es la novedad en el frente norteño. La fuerza policiaco-militar, la elevada por Calderón a principal instrumento de su guerra y de su estrategia para la restauración del estado de derecho, muestra un grave nivel de deterioro y corrosión interna, opacidad y arrogancia. Nada mejor, entonces, para expresar el estupor de mucha gente que el llamado de la cultura popular: Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
In memoriam Rubén Reyes, comprometido con las causas de su pueblo, arteramente asesinado
El avispero
JORGE CAMIL
El 10 de agosto pasado La Jornada publicó un cartón de Hernández en el que aparece Felipe Calderón con indumentaria de quienes se dedican a la apicultura: sombrero con red protectora y guantes que cubren manos y brazos. Calderón acaba de propinarle un garrotazo al panal que cuelga de un árbol, y una nube de abejas persigue encarnizadamente a un pobre remendado que se da a la fuga. Esta también es tu guerra, le grita Calderón, a la vez que le pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Mi guerra?, se preguntan cada día más sectores de la sociedad civil frente al cambio de estrategia presidencial con miras electorales (ya no es guerra, sino lucha; dejó de ser contra el narcotráfico, y se convirtió en un esfuerzo para recuperar la seguridad de las familias mexicanas).
Primero con sorpresa, y después con indignación, la sociedad contesta con el tono de quien recibe una acusación inmerecida e increpa al interlocutor: ¿ahora resulta que la guerra contra el crimen organizado es mi guerra? Porque eso es precisamente lo que el mandatario insinuó en los Diálogos por la seguridad. Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada, acusó de mala gana el Presidente. Según Proceso (no. 1762), manoteó en la mesa y exigió con impaciencia información confidencial, secreta (no olvidemos que el sitio estaba lleno de religiosos, obligados a llevar el secreto de confesión a la tumba). Después, martillando el inicio de cada pregunta con la frase a mí sí me interesa saber, exigió que la sociedad civil le informe quiénes son los que cobran las cuotas, dónde se reúnen, cómo actúan, quiénes los cobijan y se coluden con ellos. Pidió además los nombres de ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes y gobernadores involucrados con el crimen organizado.
“Sí me interesa saber –concluyó insistente Calderón– y la sociedad sé que lo sabe…” ¡Menuda tarea nos deja! Porque hoy, además de temblar frente a la inseguridad y de estar a merced de la violencia, además de recoger cada día más cadáveres de militares, daños colaterales y sicarios, junto con pedazos del territorio nacional; además de vivir en estados y municipios que han dejado de ser parte de la República Mexicana, el mandatario nos exige convertirnos en espías y delatores del vecino.
Héroes también –¿por qué no?– dispuestos a morir para proporcionarle los nombres de quienes cobran cuotas e impuestos en nombre de los cárteles. No tendremos un segundo de respiro ni un minuto de sueño. Debemos convertirnos en el Estado policía que imaginó George Orwell: “Big brother is watching”.
Graves acusaciones las de Felipe Calderón. Asume que gobierna un país de cómplices, en el que detrás de cada puerta hay alguien coludido con el crimen organizado. Insinúa, además, que somos un país corrupto hasta la médula. Una sociedad que pide, recibe y condona el soborno.
El Presidente exigió lo que sería para algunos el sacrificio supremo: dar la vida, violar los votos religiosos, comprometer la paz familiar y la viabilidad de empresas y negocios para ayudarlo a combatir al crimen organizado. Se presentó como héroe incomprendido que lleva a cuestas el peso de la República, mientras los demás, quitados de la pena, compramos y vendemos en efectivo joyas, automóviles, casas y terrenos para contribuir al lavado de dinero; contribuimos sumisos con las cuotas impuestas por el crimen organizado. Insinuó que nos hacemos de la vista gorda frente a la comisión del delito: “la sociedad sé que lo sabe…”
¿Cómo van a cumplir los sacerdotes con la exigencia presidencial? ¿Obtendrán de sus obispos dispensas para denunciar a quienes en forma inverosímil confiesen crímenes y laven pecados con donaciones multimillonarias? (por lo pronto Onésimo Cepeda, obispo político de Ecatepec, acusado él mismo de lavado de dinero, se ofreció obsecuente a excomulgar en forma indiscriminada a capos y sicarios). ¿Es realista esperar que secretarias, actuarios y amanuenses en juzgados y notarías se conviertan de la noche a la mañana en delatores de sus patrones?
El momento de la convocatoria presidencial, y el aparente cambio de marcha, son igualmente preocupantes: ¿debemos atribuirlos a la próxima elección presidencial, o constituyen un verdadero SOS al final del sexenio? (antaño se recomendaba a los radiotelegrafistas recordar las siglas de esta conocida llamada de auxilio como acrónimo de “save our ship” (salven nuestro barco). ¿Acaso reconoce Calderón que se está hundiendo la nave de la República? ¿En un momento así deberíamos hablar del bicentenario?
Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, se preguntó sorprendido (El Universal, 10/08/10: ¿“ahora (…) después de 28 mil muertos (…) se convoca a la sociedad para que aporte ideas y se haga corresponsable de una decisión que se tomó a solas?” Para Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar (El narco, la guerra fallida) esa decisión fue siempre política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en plantíos, calles y carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.
JORGE CAMIL
El 10 de agosto pasado La Jornada publicó un cartón de Hernández en el que aparece Felipe Calderón con indumentaria de quienes se dedican a la apicultura: sombrero con red protectora y guantes que cubren manos y brazos. Calderón acaba de propinarle un garrotazo al panal que cuelga de un árbol, y una nube de abejas persigue encarnizadamente a un pobre remendado que se da a la fuga. Esta también es tu guerra, le grita Calderón, a la vez que le pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Mi guerra?, se preguntan cada día más sectores de la sociedad civil frente al cambio de estrategia presidencial con miras electorales (ya no es guerra, sino lucha; dejó de ser contra el narcotráfico, y se convirtió en un esfuerzo para recuperar la seguridad de las familias mexicanas).
Primero con sorpresa, y después con indignación, la sociedad contesta con el tono de quien recibe una acusación inmerecida e increpa al interlocutor: ¿ahora resulta que la guerra contra el crimen organizado es mi guerra? Porque eso es precisamente lo que el mandatario insinuó en los Diálogos por la seguridad. Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada, acusó de mala gana el Presidente. Según Proceso (no. 1762), manoteó en la mesa y exigió con impaciencia información confidencial, secreta (no olvidemos que el sitio estaba lleno de religiosos, obligados a llevar el secreto de confesión a la tumba). Después, martillando el inicio de cada pregunta con la frase a mí sí me interesa saber, exigió que la sociedad civil le informe quiénes son los que cobran las cuotas, dónde se reúnen, cómo actúan, quiénes los cobijan y se coluden con ellos. Pidió además los nombres de ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes y gobernadores involucrados con el crimen organizado.
“Sí me interesa saber –concluyó insistente Calderón– y la sociedad sé que lo sabe…” ¡Menuda tarea nos deja! Porque hoy, además de temblar frente a la inseguridad y de estar a merced de la violencia, además de recoger cada día más cadáveres de militares, daños colaterales y sicarios, junto con pedazos del territorio nacional; además de vivir en estados y municipios que han dejado de ser parte de la República Mexicana, el mandatario nos exige convertirnos en espías y delatores del vecino.
Héroes también –¿por qué no?– dispuestos a morir para proporcionarle los nombres de quienes cobran cuotas e impuestos en nombre de los cárteles. No tendremos un segundo de respiro ni un minuto de sueño. Debemos convertirnos en el Estado policía que imaginó George Orwell: “Big brother is watching”.
Graves acusaciones las de Felipe Calderón. Asume que gobierna un país de cómplices, en el que detrás de cada puerta hay alguien coludido con el crimen organizado. Insinúa, además, que somos un país corrupto hasta la médula. Una sociedad que pide, recibe y condona el soborno.
El Presidente exigió lo que sería para algunos el sacrificio supremo: dar la vida, violar los votos religiosos, comprometer la paz familiar y la viabilidad de empresas y negocios para ayudarlo a combatir al crimen organizado. Se presentó como héroe incomprendido que lleva a cuestas el peso de la República, mientras los demás, quitados de la pena, compramos y vendemos en efectivo joyas, automóviles, casas y terrenos para contribuir al lavado de dinero; contribuimos sumisos con las cuotas impuestas por el crimen organizado. Insinuó que nos hacemos de la vista gorda frente a la comisión del delito: “la sociedad sé que lo sabe…”
¿Cómo van a cumplir los sacerdotes con la exigencia presidencial? ¿Obtendrán de sus obispos dispensas para denunciar a quienes en forma inverosímil confiesen crímenes y laven pecados con donaciones multimillonarias? (por lo pronto Onésimo Cepeda, obispo político de Ecatepec, acusado él mismo de lavado de dinero, se ofreció obsecuente a excomulgar en forma indiscriminada a capos y sicarios). ¿Es realista esperar que secretarias, actuarios y amanuenses en juzgados y notarías se conviertan de la noche a la mañana en delatores de sus patrones?
El momento de la convocatoria presidencial, y el aparente cambio de marcha, son igualmente preocupantes: ¿debemos atribuirlos a la próxima elección presidencial, o constituyen un verdadero SOS al final del sexenio? (antaño se recomendaba a los radiotelegrafistas recordar las siglas de esta conocida llamada de auxilio como acrónimo de “save our ship” (salven nuestro barco). ¿Acaso reconoce Calderón que se está hundiendo la nave de la República? ¿En un momento así deberíamos hablar del bicentenario?
Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas, se preguntó sorprendido (El Universal, 10/08/10: ¿“ahora (…) después de 28 mil muertos (…) se convoca a la sociedad para que aporte ideas y se haga corresponsable de una decisión que se tomó a solas?” Para Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar (El narco, la guerra fallida) esa decisión fue siempre política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en plantíos, calles y carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.
La poda del presidente
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.
El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.
El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.
Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.
Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.
En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.
No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.
Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.
El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.
Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.
El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.
El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.
Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.
Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.
En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.
No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.
Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.
El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.
Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.
