¿Y SEGUIRA VIOLANDO DERECHOS HUMANOS?

20/08/2010

El Ejército, en las calles hasta 2012: Calderón
FABIOLA MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 5
El presidente Felipe Calderón advirtió que las fuerzas armadas continuarán en el combate a la delincuencia organizada hasta el último día de su mandato, porque (el regreso a los cuarteles) sólo será oportuno cuando se refuercen y depuren las policías locales. En su opinión, la continuidad de los militares en las calles –a partir de diciembre de 2012– será decisión de los ciudadanos al elegir al próximo Presidente de la República.
Sin la presencia de PRI y PT en la sesión del Diálogo por la Seguridad (a la cual fueron convocados los coordinadores parlamentarios), Calderón llamó al Poder Legislativo a revisar los programas con menos rentabilidad social y eficiencia para que, con el fruto de los eventuales ajustes, se pueda canalizar más recursos al combate al crimen.
De no haber reasignación a fondo, alertó, el Estado tendría qué buscar nuevas fuentes de ingreso, lo cual constituiría una carga para los contribuyentes.
La solicitud del Presidente fue para ir juntos como poderes del Estado; dejar presiones, inercias e intereses legítimos partidistas y analizar con voluntad política el paquete económico para el año entrante, en especial para dar más recursos a estados para hacer frente a la inseguridad.
Desde el Congreso ustedes han contribuido y pueden contribuir aún más a darle un renovado ímpetu y mayor profundidad a la agenda de transformación de los sistemas de procuración de justicia y de seguridad, dijo Calderón ante los representantes de las bancadas del PAN en ambas cámaras, del Partido Verde, Nueva Alianza y Convergencia, así como el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, y del vicecoordinador de los diputados del sol azteca, Guadalupe Acosta.
Al anunciar que en breve enviará una iniciativa para combatir el lavado de dinero y para la creación de la policía con mando único estatal, pidió el apoyo de los legisladores en la eventual aprobación de iniciativas pendientes en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, les solicitó que a la hora de legislar el presupuesto se pongan en los zapatos de los policías y militares para no dejarlos a merced de la violencia y del espíritu destructor de los criminales que usan lanzamisiles.
El mandatario explicó a los legisladores las causas de la lucha encarnizada en diversas regiones del país, situación que, sostuvo, derivó en el despliegue medular del Ejército, la Marina y la Policía Federal; también admitió que la denuncia ciudadana va a la baja porque –expresó– la gente simple y sencillamente tiene miedo.
Estamos conscientes de esa situación –agregó– que ha llegado a este grado de barbarie, el asesinato del edil de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, gente amiga nuestra, de mi propio partido. Es una razón más para combatir con todo al crimen organizado.
Calderón dijo que, por ejemplo, en el noreste del país la lucha encarnizada es por la fractura medular entre los grupos Golfo-Zetas, por lo que combatirlos es una tarea de todos y no nos vamos a arredrar ni a claudicar.
La problemática de seguridad fue ampliamente delineada por el mandatario: impunidad crónica, policías y jueces expuestos a la venganza de los criminales, un sistema de contrainteligencia que requiere ser reforzado, baja en las denuncias de víctimas, problemas para definir qué nivel de gobierno persigue los delitos, crecimiento de las adicciones, los robos, la extorsión, el secuestro y jóvenes asaltados por otros jóvenes, entre otros.
Hoy siguen desprotegidas las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos, los policías y los jueces, dijo.
Ante ello, insistió en que los soldados no se retirarán en tanto los órganos municipales y estatales no alcancen la plenitud de sus capacidades, aunque se comprometió a que la lucha contra la delincuencia no se convertirá en una mera revancha sangrienta, como lo hacen los criminales, porque en ese momento el Estado perdería su superioridad moral.
No obstante, reconoció que dicha presencia de militares en las calles, en los operativos conjuntos, en los enfrentamientos directos, implica riesgos para los propios ciudadanos; admitió que han crecido los casos en donde han fallecido civiles inocentes, porque el fuego cruzado ocurre en zonas urbanas.
Quién iba a imaginar, a las dos de la mañana, en las propias calles de Monterrey, frente al Tecnológico, un enfrentamiento de esa naturaleza, como se dan en Reynosa, y digo más de un enfrentamiento diario. En fin, señaló.
Durante sus tres intervenciones el Ejecutivo defendió la estrategia utilizada por su gobierno en la procuración de justicia, como la figura del arraigo para presuntos delincuentes, pero también admitió los obstáculos a que se enfrentan.
Venta de armas a criminales, negocio para Estados Unidos
Criticó además que Estados Unidos no ha hecho un esfuerzo significativo en reducir las adicciones –por más buena voluntad que pueda tener el presidente Obama– y tampoco para controlar la venta de armamento, lo que provoca lo mismo un conflicto en un país pobre de África, que lucro con la situación que se vive en México, porque para ellos es negocio venderles armas a los criminales.
Policías municipales participaron en homicidio de alcalde
La Redacción
Monterrey, N.L., 20 de agosto (apro).- El procurador de Justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, presentó a ccinco policías y un agente de Tránsito de Santiago como responsables del secuestro y ejecución del alcalde de ese municipio, Edelmiro Cabazos.
Los responsables son los policías Homero López Silva, Mónica Martínez Téllez, Antonio Martínez Gallardo, Mauricio Roberto Mallorga y José Alberto Rodríguez Rodríguez, este último encargado de vigilar la casa del alcalde.
El agente de tránsito fue identificado con el nombre de José Javier García Martínez.
Esta información se dio a conocer en una rueda de prensa ofrecida esta mañana con la participación del gobernador Rodrigo Medina.
Aprueba la Cámara aumento de $690.6 millones en su gasto para el próximo año
ENRIQUE MÉNDEZ

Periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 16
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de gasto para el próximo año, que implica un incremento de 690.6 millones de pesos, de los cuales 120 millones se destinarán a cambiar el tablero de votación y 25 millones a la compra de 100 automóviles –250 mil por cada uno– para presidentes de comisiones; inclusive, PRI y PAN sostuvieron que con el aumento se quiere dotar a cada uno de los 500 legisladores de iPad en sus curules.
El documento votado señala que no se considera aumento para las dietas de los diputados ni a los salarios de los mandos medios y superiores, pero el capítulo 1000 –de servicios personales– contempla un ajuste de 221.5 millones de pesos, 9.55 por ciento más.
Ese presupuesto rompe con el acuerdo de austeridad que la propia Cámara asumió para su gasto de este año, cuando se propuso ahorrar 400 millones de pesos. Para 2010 se autorizó 4 mil 753 millones 516 mil pesos, pero para el próximo año quiere ejercer 5 mil 444 millones 124 mil, 14.53 por ciento más, cuando la inflación se calcula en 4.08 por ciento.
Así, sólo en los dos primeros años de la 61 Legislatura el costo total de la Cámara será de 10 mil 197 millones 640 mil pesos.
A pesar del voto en contra del vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, sus homólogos de PRI y PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín y Alberto Becerra Pocoroba, respectivamente, y los coordinadores de Convergencia, Pedro Jiménez León, y del PVEM, Juan José Guerra Abud, votaron el incremento. El coordinador del PRD, Alejandro Encinas, se abstuvo.
Es increíble que en un país en crisis, la Cámara, que aprueba el presupuesto del Ejecutivo, se despache con la cuchara grande. ¿Con qué cara vamos a pedir a las dependencias del Ejecutivo, a los estados y a los entes autónomos que se aprieten el cinturón y se ciñan a un gasto racional?, cuestionó Ibarra Pedroza en entrevista.
El documento, presentado por el presidente del Comité de Administración, Heliodoro Díaz (PRI), incluye un listado de necesidades prioritarias, como la compra de los autos, el cambio del sistema electrónico de votación y la ampliación de la red inalámbrica de Internet para asegurar las conexiones de los 500 diputados dentro del salón.
El proyecto denominado Sistema parlamentario de asistencia, votación y audio digital (SPAAVA) costará –sólo en la parte de informática– 85 millones de pesos, y la obra civil 35 millones, además del valor de las licencias y servicios respectivos.
La Cámara argumenta que el tablero de votación “fue instalado desde 1998 y ha rebasado su vida útil, estipulada de 10 años. Conforme el tiempo transcurre –señala–, se expone a mayor frecuencia de fallas técnicas en sus componentes y, eventualmente, al posible colapso de todo el sistema”.
Como parte de las prioridades definidas en San Lázaro está la compra de 100 automóviles nuevos, para entregarlos a presidentes de comisiones, pero especialmente a los de las 39 comisiones especiales creadas en esta legislatura, cuya operación costará 206 millones de pesos en tres años.
Analiza el Congreso exhorto para liberar a seis presas por abortar
VÍCTOR BALLINAS

Periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 43
La Comisión Permanente analiza un punto de acuerdo presentado por los senadores priístas Francisco Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, en el que solicitan que se exhorte al gobernador de Guanajuato a que deje en libertad cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón, mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que supone la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia.
Los senadores priístas resaltan que de acuerdo con información de diversas organizaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres, se conoce que en Guanajuato existen 160 mujeres enfrentadas a procesos judiciales desde el año 2000 a la fecha por haberse practicado abortos; sólo 14 de ellas fueron sentenciadas, y algunas han pasado ya cinco años en prisión, antes de ser liberadas mediante caución.
Los senadores del PRI subrayan que particularmente escandalosos resultan los casos de seis mujeres campesinas que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto, que sin embargo han sido tipificadas como homicidio en razón de parentesco, con lo cual las penas se incrementan significativamente.
Subrayan los legisladores que tal es la alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres, que el propio gobernador de Guanajuato ha dicho que en su entidad no hay mujeres presas por aborto, sino por infanticidio.
Destacan que este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; no se puede obviar que los sistemas judiciales en algunos estados están actuando no en función de lo que es justo sino de lo que es acorde con la moral de los gobernantes en turno.