VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
27 ago 2010
En seis meses han secuestrado a 10 mil indocumentados: CNDH
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseveró ayer que el secuestro de migrantes en el país crece: en el primer semestre de este año se reportaron 10 mil casos, es decir, un ligero aumento respecto de igual periodo del año pasado, cuando hubo 9 mil 758. Esta es una práctica sistemática en algunas regiones del país que amerita atención urgente.
Entrevistado al término de la firma del Convenio para la Implementación de la Red Nacional de Atención Integral a Jóvenes, el ombudsman manifestó que las autoridades no han dado respuesta a la CNDH en relación con el informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, presentado el 15 de junio de 2009 por la comisión, en el cual se resalta que en seis meses fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes.
Ya desde entonces era práctica cotidiana que secuestraran a migrantes, a los que exigían cantidades de mil 500 hasta 5 mil dólares, pero había casos de secuestros por seis pesos.
Plascencia recordó que desde aquel tiempo, además de bandas organizadas, estaban implicadas en los secuestros autoridades de los tres niveles de gobierno. La CNDH documentó que se mantenía a los migrantes en cautiverio y que durante el tiempo en que permanecían plagiados recibían trato cruel, inhumano y degradante; que había participación y colusión de autoridades, y que la mayoría de los casos, aun cuando las autoridades tenían conocimiento del ilícito, quedaban impunes.
El 15 de junio de 2009, la CNDH puntualizó que en seis meses registró el secuestro de 9 mil 758 migrantes, plagiados por bandas organizadas, autoridades y delincuentes. Consideró que por esos secuestros se habían obtenido 25 millones de dólares. En promedio, ocurrieron mil 600 casos al mes.
Ahora la situación no es muy distinta. Hay un ligero repunte, y en el primer semestre de 2010 los secuestros de migrantes rebasaron los 10 mil casos, a lo cual se suman las ejecuciones, como las de los 72 migrantes que fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas.
Plascencia Villanueva insistió en que desde el año pasado que se presentó el informe sobre secuestros de migrantes no ha habido respuesta clara de la autoridad en cuanto a las medidas que se deben reforzar. Estamos preparando un nuevo informe y lo que puedo adelantar es que el fenómeno continúa y es práctica sistemática.
El titular de la CNDH manifestó que ya están en contacto con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y autoridades estatales, con el propósito de poder identificar a cada uno de los migrantes ejecutados e iniciar las investigaciones que conduzcan a la detención de los responsables.
Plascencia condenó el crimen y dijo que representa un escalamiento del fenómeno de la violencia, que ahora nos muestra una exacerbada agresión contra migrantes y no tiene explicación alguna, pero que compromete a la autoridad a dar resultados para localizar a los responsables. Esta acción amerita una investigación pronta, completa, objetiva e imparcial para detener a los culpables y evitar la repetición de actos de estas características.
Insistió que en breve se presentará otro informe sobre secuestro de migrantes. Aseveró que en el primer semestre del año ya rebasan los 10 mil, y en algunas regiones es práctica sistemática. Tenemos información de que se intentan 600 mil cruces de personas que se internan a México para llegar a Estados Unidos, y al menos 10 mil de ellos son secuestrados.
Inicia juicio contra México por tortura de militares a ecologistas
Gloria Leticia Diaz
SAN JOSÉ, Costa Rica, 26 de agosto (apro).- Con voz cortada para evitar el llanto, Rodolfo Montiel clamó ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh): “¿Por qué tanto rigor para quienes defendemos a los árboles? ¿Qué delito hicieron los árboles para que los tiren? ¿Por qué tanta dureza en contra de nuestros bosques y campesinos? ¿Qué no saben los que están en las oficinas que los campesinos son los que les dan de comer?”
Han pasado once años desde que fuera Rodolfo Montiel detenido y torturado, junto con Teodoro Cabrera García, por efectivos militares del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, Guerrero; hoy, frente a la Coidh, narró con detalle la persecusión militar que padeció junto con su compañero, auspiciada por caciques regionales. Su delito: la defensa de los bosques desde la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP).
La declaración del líder ecologista se dio en el marco de la sesión pública de la Coidh para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la captura y posterior tortura de Montiel y Cabrera.
Ambos dirigentes fueron sometido a “tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraban detenidos y bajo custodia del Ejército Mexicano”, además de que no fueron presentados de inmediato, como lo exige la ley, “ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención”, según establece la denuncia.
Detenidos el 2 de mayo de 1999, Montiel y Cabrera, conocidos como los “campesinos ecologistas”, fueron acusados por delitos contra la salud y portación ilegal de armas; condenados a seis y diez años de prisión, respectivamente, y puestos en libertad por orden del presidente Vicente Fox el 7 de noviembre de 2001, por “razones humanitarias”, sin declararlos inocentes.
El caso fue llevado ante la Coidh por una demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de junio de 2009, luego de que el gobierno de Felipe Calderón, en representación del Estado mexicano, no acató recomendaciones hechas con anterioridad sobre una investigación para sancionar a los responsables de la tortura y que ésta se llevara a cabo en instancias civiles y no militares.
La representación de las víctimas estuvo encabezada por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandra Nuñó, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil); mientras que por la CIDH, Rodrigo Escobar Gil. el Estado mexicano estuvo representado por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín.
Rodolfo llegó a Costa Rica procedente de Estados Unidos, donde vive en calidad de asilado desde hace cinco años –debido la persecución de la que ha sido víctima-- y se reunió con su mujer, Ubalda Cortés, a quien no veía desde que salió de México.
Fundador de la OCESP, Montiel Flores narró que desde 1995 los campesinos de la sierra de Guerrero empezaron a organizarse ante la tala inmoderada que lleva a cabo la empresa estadunidense Boise Cascade; recordó que desde 1997 estaba en la mira de militares “al servicio de caciques” que intentaron detenerlo.
A nombre suyo y de su compañero, Montiel negó las acusaciones que hizo el gobierno mexicano para encarcelarlo. “Nunca hemos tenido armas, porque nosotros luchamos a favor de la vida”, dijo Montiel ante la pregunta del juez nombrado por el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Ferrer MacGregor.
A petición del mismo juez –quien fue el único que lo interrogó—Montiel describió las secuelas físicas de la tortura, así como el dolor de haber sido obligado a no ver a su familia los últimos cinco años.
El campesino guerrerense pidió a los jueces de la Coidh que ordene al Estado una investigación de las torturas que sufrieron él y su compañero; además, que se abra otra indagatoria contra los “magistrados, jueces y ministerios públicos corruptos” que avalaron las violaciones a derechos humanos contra ellos. También demandó atención médica y psicológica para él y su familia, y garantías de seguridad para sus abogados.
Los representantes de las víctimas --el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como la CIDH--, en la audiencia presentaron los testimonios del perito en materia legal y asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Francisco Coronado Franco, y el médico Christian Tramsen, integrante de la Asociación Médicos por los Derecho Humanos de Dinamarca.
El primero constató que de forma sistemática las confesiones arrancadas con tortura son aceptadas como prueba por los jueces y que, por lo general, los defensores de oficio no ejercen una debida defensa de los inculpados, en tanto que el segundo ratificó el dictamen médico que en julio de 2001 firmó junto con su colega Morris Tidball—Binz, en el que certificaron las lesiones causadas por la tortura a Rodolfo y Teodoro.
La representación del Estado mexicano aportó el peritaje de la médico legista adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), Juana María del Carmen Gutiérrez Hernández.
Gutiérrez Hernández avaló los dictámenes médicos de las procuradurías General de la República, de Justicia de Guerrero, de Justicia Militar y del Centro de Readaptación Social de Iguala, que rechazan que los campesinos ecologistas hayan sido torturados.
Este viernes los representantes de las víctimas, de la CIDH y del Estado, presentarán sus alegatos finales.
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseveró ayer que el secuestro de migrantes en el país crece: en el primer semestre de este año se reportaron 10 mil casos, es decir, un ligero aumento respecto de igual periodo del año pasado, cuando hubo 9 mil 758. Esta es una práctica sistemática en algunas regiones del país que amerita atención urgente.
Entrevistado al término de la firma del Convenio para la Implementación de la Red Nacional de Atención Integral a Jóvenes, el ombudsman manifestó que las autoridades no han dado respuesta a la CNDH en relación con el informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, presentado el 15 de junio de 2009 por la comisión, en el cual se resalta que en seis meses fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes.
Ya desde entonces era práctica cotidiana que secuestraran a migrantes, a los que exigían cantidades de mil 500 hasta 5 mil dólares, pero había casos de secuestros por seis pesos.
Plascencia recordó que desde aquel tiempo, además de bandas organizadas, estaban implicadas en los secuestros autoridades de los tres niveles de gobierno. La CNDH documentó que se mantenía a los migrantes en cautiverio y que durante el tiempo en que permanecían plagiados recibían trato cruel, inhumano y degradante; que había participación y colusión de autoridades, y que la mayoría de los casos, aun cuando las autoridades tenían conocimiento del ilícito, quedaban impunes.
El 15 de junio de 2009, la CNDH puntualizó que en seis meses registró el secuestro de 9 mil 758 migrantes, plagiados por bandas organizadas, autoridades y delincuentes. Consideró que por esos secuestros se habían obtenido 25 millones de dólares. En promedio, ocurrieron mil 600 casos al mes.
Ahora la situación no es muy distinta. Hay un ligero repunte, y en el primer semestre de 2010 los secuestros de migrantes rebasaron los 10 mil casos, a lo cual se suman las ejecuciones, como las de los 72 migrantes que fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas.
Plascencia Villanueva insistió en que desde el año pasado que se presentó el informe sobre secuestros de migrantes no ha habido respuesta clara de la autoridad en cuanto a las medidas que se deben reforzar. Estamos preparando un nuevo informe y lo que puedo adelantar es que el fenómeno continúa y es práctica sistemática.
El titular de la CNDH manifestó que ya están en contacto con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y autoridades estatales, con el propósito de poder identificar a cada uno de los migrantes ejecutados e iniciar las investigaciones que conduzcan a la detención de los responsables.
Plascencia condenó el crimen y dijo que representa un escalamiento del fenómeno de la violencia, que ahora nos muestra una exacerbada agresión contra migrantes y no tiene explicación alguna, pero que compromete a la autoridad a dar resultados para localizar a los responsables. Esta acción amerita una investigación pronta, completa, objetiva e imparcial para detener a los culpables y evitar la repetición de actos de estas características.
Insistió que en breve se presentará otro informe sobre secuestro de migrantes. Aseveró que en el primer semestre del año ya rebasan los 10 mil, y en algunas regiones es práctica sistemática. Tenemos información de que se intentan 600 mil cruces de personas que se internan a México para llegar a Estados Unidos, y al menos 10 mil de ellos son secuestrados.
Inicia juicio contra México por tortura de militares a ecologistas
Gloria Leticia Diaz
SAN JOSÉ, Costa Rica, 26 de agosto (apro).- Con voz cortada para evitar el llanto, Rodolfo Montiel clamó ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh): “¿Por qué tanto rigor para quienes defendemos a los árboles? ¿Qué delito hicieron los árboles para que los tiren? ¿Por qué tanta dureza en contra de nuestros bosques y campesinos? ¿Qué no saben los que están en las oficinas que los campesinos son los que les dan de comer?”
Han pasado once años desde que fuera Rodolfo Montiel detenido y torturado, junto con Teodoro Cabrera García, por efectivos militares del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, Guerrero; hoy, frente a la Coidh, narró con detalle la persecusión militar que padeció junto con su compañero, auspiciada por caciques regionales. Su delito: la defensa de los bosques desde la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP).
La declaración del líder ecologista se dio en el marco de la sesión pública de la Coidh para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la captura y posterior tortura de Montiel y Cabrera.
Ambos dirigentes fueron sometido a “tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraban detenidos y bajo custodia del Ejército Mexicano”, además de que no fueron presentados de inmediato, como lo exige la ley, “ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención”, según establece la denuncia.
Detenidos el 2 de mayo de 1999, Montiel y Cabrera, conocidos como los “campesinos ecologistas”, fueron acusados por delitos contra la salud y portación ilegal de armas; condenados a seis y diez años de prisión, respectivamente, y puestos en libertad por orden del presidente Vicente Fox el 7 de noviembre de 2001, por “razones humanitarias”, sin declararlos inocentes.
El caso fue llevado ante la Coidh por una demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de junio de 2009, luego de que el gobierno de Felipe Calderón, en representación del Estado mexicano, no acató recomendaciones hechas con anterioridad sobre una investigación para sancionar a los responsables de la tortura y que ésta se llevara a cabo en instancias civiles y no militares.
La representación de las víctimas estuvo encabezada por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandra Nuñó, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil); mientras que por la CIDH, Rodrigo Escobar Gil. el Estado mexicano estuvo representado por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín.
Rodolfo llegó a Costa Rica procedente de Estados Unidos, donde vive en calidad de asilado desde hace cinco años –debido la persecución de la que ha sido víctima-- y se reunió con su mujer, Ubalda Cortés, a quien no veía desde que salió de México.
Fundador de la OCESP, Montiel Flores narró que desde 1995 los campesinos de la sierra de Guerrero empezaron a organizarse ante la tala inmoderada que lleva a cabo la empresa estadunidense Boise Cascade; recordó que desde 1997 estaba en la mira de militares “al servicio de caciques” que intentaron detenerlo.
A nombre suyo y de su compañero, Montiel negó las acusaciones que hizo el gobierno mexicano para encarcelarlo. “Nunca hemos tenido armas, porque nosotros luchamos a favor de la vida”, dijo Montiel ante la pregunta del juez nombrado por el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Ferrer MacGregor.
A petición del mismo juez –quien fue el único que lo interrogó—Montiel describió las secuelas físicas de la tortura, así como el dolor de haber sido obligado a no ver a su familia los últimos cinco años.
El campesino guerrerense pidió a los jueces de la Coidh que ordene al Estado una investigación de las torturas que sufrieron él y su compañero; además, que se abra otra indagatoria contra los “magistrados, jueces y ministerios públicos corruptos” que avalaron las violaciones a derechos humanos contra ellos. También demandó atención médica y psicológica para él y su familia, y garantías de seguridad para sus abogados.
Los representantes de las víctimas --el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como la CIDH--, en la audiencia presentaron los testimonios del perito en materia legal y asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Francisco Coronado Franco, y el médico Christian Tramsen, integrante de la Asociación Médicos por los Derecho Humanos de Dinamarca.
El primero constató que de forma sistemática las confesiones arrancadas con tortura son aceptadas como prueba por los jueces y que, por lo general, los defensores de oficio no ejercen una debida defensa de los inculpados, en tanto que el segundo ratificó el dictamen médico que en julio de 2001 firmó junto con su colega Morris Tidball—Binz, en el que certificaron las lesiones causadas por la tortura a Rodolfo y Teodoro.
La representación del Estado mexicano aportó el peritaje de la médico legista adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), Juana María del Carmen Gutiérrez Hernández.
Gutiérrez Hernández avaló los dictámenes médicos de las procuradurías General de la República, de Justicia de Guerrero, de Justicia Militar y del Centro de Readaptación Social de Iguala, que rechazan que los campesinos ecologistas hayan sido torturados.
Este viernes los representantes de las víctimas, de la CIDH y del Estado, presentarán sus alegatos finales.
Buscan más cadáveres en San Fernando; matan al MP que indagaba el caso
Se presume que también fue ejecutado por Los Zetas
La CNDH exige a la SSP proteger al sobreviviente
JESÚS ARANDA, CON INFORMACIÓN DE GUSTAVO CASTILLO Y VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Elementos de la Armada de México iniciaron la búsqueda de narcofosas en las inmediaciones del ejido El Huizachal –ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, donde el martes pasado fueron hallados 72 migrantes asesinados, confirmaron fuentes oficiales. Explicaron que los marinos peinarán el área para asegurarse de que no hay más cadáveres en la zona.
Trascendió que el agente del Ministerio Público que inicialmente tomó conocimiento de la matanza amaneció decapitado ayer en los alrededores de San Fernando; se presume que fue emboscado por sus agresores cuando regresaba de realizar las primeras pesquisas en el lugar de los hechos. Funcionarios federales confirmaron lo anterior, aunque no se dio a conocer el nombre de la víctima.
Ayer ni autoridades federales ni locales informaron sobre el desarrollo de las investigaciones.
Las fuentes comentaron que se presume que el funcionario estatal fue asesinado por el mismo grupo criminal que ejecutó a los migrantes, es decir, Los Zetas.
En la misma zona se encontró el cuerpo de un comandante de la policía local –también decapitado–, pero ni las autoridades locales ni la Procuraduría General de la República (PGR) han establecido algún vínculo entre este agente y la matanza.
Por otra parte, este jueves arribaron al lugar de la masacre representantes diplomáticos de Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, con el propósito de colaborar con las autoridades mexicanas en la identificación de los cadáveres, porque, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente –un joven ecuatoriano–, la mayoría de los 58 hombres y las 14 mujeres (una de ellas embarazada) asesinados eran originarios de esos países.
Mientras, en Ciudad Victoria, capital del estado, las autoridades enfrentan el problema de que la morgue es insuficiente para realizar las autopsias a las víctimas y para efectuar los estudios periciales y de criminología necesarios para identificar los cuerpos, lo que ha retrasado los trabajos.
El personal de la PGR sólo apoya a las autoridades locales, ya que éstas son las encargadas de realizar las necropsias y la entrega de cadáveres.
Fuentes oficiales apuntaron que el único sobreviviente –un joven ecuatoriano de 17 años, cuyo nombre se omite por razones obvias–, fue trasladado al hospital del sector naval en Matamoros para bridarle seguridad.
En círculos oficiales federales fue evidente la molestia porque algunos medios de comunicación publicaron el nombre del joven ecuatoriano, cuyo testimonio fue clave para dar a conocer uno de los hechos más sangrientos en la historia del país. Además de que de manera irresponsable pusieron en riesgo su seguridad y la de su familia.
Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que aplique medidas cautelares para el joven sobreviviente de la matanza de los 72 migrantes.
Mediante un comunicado, la CNDH manifestó a la SSP que se debe garantizar la integridad y el respeto a las garantías del ciudadano ecuatoriano, testigo de los hechos en que fueron ejecutados 72 migrantes. También solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas medidas cautelares con la finalidad de preservar las pruebas y los datos que permitan la identificación de las víctimas.
En otro orden, ante el temor de que la banda de secuestradores tome represalias y con el propósito de intensificar la búsqueda de los responsables de la masacre, elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en la zona norte de Tamaulipas, según reportó Reuters.
La agencia aseguró que soldados fuertemente armados transitaban en la zona fronteriza con Texas, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos. Señaló que las víctimas fueron maniatadas y vendadas de los ojos al momento de su ejecución en una bodega del ejido El Huizachal.
Se presume que también fue ejecutado por Los Zetas
La CNDH exige a la SSP proteger al sobreviviente
JESÚS ARANDA, CON INFORMACIÓN DE GUSTAVO CASTILLO Y VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Elementos de la Armada de México iniciaron la búsqueda de narcofosas en las inmediaciones del ejido El Huizachal –ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, donde el martes pasado fueron hallados 72 migrantes asesinados, confirmaron fuentes oficiales. Explicaron que los marinos peinarán el área para asegurarse de que no hay más cadáveres en la zona.
Trascendió que el agente del Ministerio Público que inicialmente tomó conocimiento de la matanza amaneció decapitado ayer en los alrededores de San Fernando; se presume que fue emboscado por sus agresores cuando regresaba de realizar las primeras pesquisas en el lugar de los hechos. Funcionarios federales confirmaron lo anterior, aunque no se dio a conocer el nombre de la víctima.
Ayer ni autoridades federales ni locales informaron sobre el desarrollo de las investigaciones.
Las fuentes comentaron que se presume que el funcionario estatal fue asesinado por el mismo grupo criminal que ejecutó a los migrantes, es decir, Los Zetas.
En la misma zona se encontró el cuerpo de un comandante de la policía local –también decapitado–, pero ni las autoridades locales ni la Procuraduría General de la República (PGR) han establecido algún vínculo entre este agente y la matanza.
Por otra parte, este jueves arribaron al lugar de la masacre representantes diplomáticos de Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, con el propósito de colaborar con las autoridades mexicanas en la identificación de los cadáveres, porque, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente –un joven ecuatoriano–, la mayoría de los 58 hombres y las 14 mujeres (una de ellas embarazada) asesinados eran originarios de esos países.
Mientras, en Ciudad Victoria, capital del estado, las autoridades enfrentan el problema de que la morgue es insuficiente para realizar las autopsias a las víctimas y para efectuar los estudios periciales y de criminología necesarios para identificar los cuerpos, lo que ha retrasado los trabajos.
El personal de la PGR sólo apoya a las autoridades locales, ya que éstas son las encargadas de realizar las necropsias y la entrega de cadáveres.
Fuentes oficiales apuntaron que el único sobreviviente –un joven ecuatoriano de 17 años, cuyo nombre se omite por razones obvias–, fue trasladado al hospital del sector naval en Matamoros para bridarle seguridad.
En círculos oficiales federales fue evidente la molestia porque algunos medios de comunicación publicaron el nombre del joven ecuatoriano, cuyo testimonio fue clave para dar a conocer uno de los hechos más sangrientos en la historia del país. Además de que de manera irresponsable pusieron en riesgo su seguridad y la de su familia.
Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que aplique medidas cautelares para el joven sobreviviente de la matanza de los 72 migrantes.
Mediante un comunicado, la CNDH manifestó a la SSP que se debe garantizar la integridad y el respeto a las garantías del ciudadano ecuatoriano, testigo de los hechos en que fueron ejecutados 72 migrantes. También solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas medidas cautelares con la finalidad de preservar las pruebas y los datos que permitan la identificación de las víctimas.
En otro orden, ante el temor de que la banda de secuestradores tome represalias y con el propósito de intensificar la búsqueda de los responsables de la masacre, elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en la zona norte de Tamaulipas, según reportó Reuters.
La agencia aseguró que soldados fuertemente armados transitaban en la zona fronteriza con Texas, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos. Señaló que las víctimas fueron maniatadas y vendadas de los ojos al momento de su ejecución en una bodega del ejido El Huizachal.
Masacre en Tamaulipas, síntoma del fracaso de Calderón: Amnistía Internacional
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.
Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.
Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.
10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condena de organizaciones internacionales
En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.
“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.
Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.
Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.
“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.
Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.
Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)
Renuncia al PRI Aguirre Rivero; será candidato de la izquierda en Guerrero
Ezequiel Flores Contreras
MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Ángel Aguirre Rivero puso hoy punto final a su relación con el PRI, luego de una militancia de tres décadas.
Su dimisión ocurre un día después de que los partidos agrupados a Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) le abrieron la puerta para contender por la gubernatura en el estado de Guerrero.
En declaraciones a los medios de su entidad natal, el exgobernador interino explicó que su renuncia al PRI se debió a la imposición, por parte de los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, de Manuel Añorve Baños como candidato de esa fuerza política al gobierno de Guerrero.
Con esta renuncia, dijo, no hay ni traición ni deslealtad, más bien, agregó, se suma a un nuevo proyecto en beneficio de su estado y para impedir que unos cuantos dirijan el destino de la entidad.
Ayer, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, formalizó la postulación del priista como candidato de la izquierda a la gubernatura de Guerrero.
En conferencia de prensa, Ortega manifestó que los partidos que conforman el DIA decidieron que Aguirre Rivero fuera su candidato en virtud de que tiene la fuerza para derrotar al aspirante del PRI, Manuel Añorve, quien –agregó– representa al cacicazgo que tanto daño ha hecho a la entidad.
“Ustedes saben cómo fue el proceso de imposición de Añorve, quiénes fueron los actores que participaron en ese proceso. Y entonces la disyuntiva de Guerrero está entre un gobierno progresista, apoyado con tres fuerzas de izquierda, o el figueroísmo, el regreso de los cacicazgos más nefastos a la entidad”, añadió.
No obstante, en una época Aguirre Rivero fue calificado por panistas y perredistas como “cacique mayor”. En su edición 1011, de marzo de 1996, la revista Proceso publicó una nota en la que se señala que el ahora candidato de la izquierda contaba con pistoleros a su servicio, como Luis Justo, de Azoyú, o Rufino Añorve, de Xochistlahuaca.
En junio pasado, de visita en Tlapa de Comonfort, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería fatal, terrible y un retroceso para el pueblo de Guerrero un eventual triunfo del PRI en las urnas.
El llamado “presidente legítimo” de México llamó a la unidad a los aspirantes de las fuerzas progresistas y de izquierda y se manifestó por la postulación de un candidato único, bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia.
En entrevista, López Obrador expresó: “Ojalá y se unan los tres partidos del Frente Amplio Progresista y que haya un solo candidato, porque sería terrible que retornara el PRI a gobernar Guerrero.
Y a los precandidatos les recordó que el posible regreso del priismo al gobierno local sería fatal y un retroceso, y lo comparó al retorno del dictador Antonio López de Santa Anna, quien ocupó 11 veces la presidencia de la República.
También convocó al pueblo de Guerrero a no equivocarse y a no emitir ni un solo voto a favor de las fórmulas priistas ni panistas.
Al preguntarle, ese día, si apoyaría la campaña del candidato de la izquierda, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal aclaró que lo haría "si hay unidad. Desde luego que ayudo en todo".
Pero precisó que si el PRD, PT y Convergencia establecen una alianza electoral con el PAN, "con todo respeto no vendría a realizar campaña" por el abanderado de las fuerzas progresistas.
Luego afirmó que tanto el PRI como el PAN son lo mismo y representan los intereses de la mafia de la política. Ambas fuerzas son propiedad de los grandes caciques, añadió.
Y ahora el candidato de la izquierda es un priista recién salido de esas filas.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.
Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.
Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.
10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condena de organizaciones internacionales
En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.
“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.
Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.
Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.
“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.
Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.
Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)
Renuncia al PRI Aguirre Rivero; será candidato de la izquierda en Guerrero
Ezequiel Flores Contreras
MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Ángel Aguirre Rivero puso hoy punto final a su relación con el PRI, luego de una militancia de tres décadas.
Su dimisión ocurre un día después de que los partidos agrupados a Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) le abrieron la puerta para contender por la gubernatura en el estado de Guerrero.
En declaraciones a los medios de su entidad natal, el exgobernador interino explicó que su renuncia al PRI se debió a la imposición, por parte de los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, de Manuel Añorve Baños como candidato de esa fuerza política al gobierno de Guerrero.
Con esta renuncia, dijo, no hay ni traición ni deslealtad, más bien, agregó, se suma a un nuevo proyecto en beneficio de su estado y para impedir que unos cuantos dirijan el destino de la entidad.
Ayer, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, formalizó la postulación del priista como candidato de la izquierda a la gubernatura de Guerrero.
En conferencia de prensa, Ortega manifestó que los partidos que conforman el DIA decidieron que Aguirre Rivero fuera su candidato en virtud de que tiene la fuerza para derrotar al aspirante del PRI, Manuel Añorve, quien –agregó– representa al cacicazgo que tanto daño ha hecho a la entidad.
“Ustedes saben cómo fue el proceso de imposición de Añorve, quiénes fueron los actores que participaron en ese proceso. Y entonces la disyuntiva de Guerrero está entre un gobierno progresista, apoyado con tres fuerzas de izquierda, o el figueroísmo, el regreso de los cacicazgos más nefastos a la entidad”, añadió.
No obstante, en una época Aguirre Rivero fue calificado por panistas y perredistas como “cacique mayor”. En su edición 1011, de marzo de 1996, la revista Proceso publicó una nota en la que se señala que el ahora candidato de la izquierda contaba con pistoleros a su servicio, como Luis Justo, de Azoyú, o Rufino Añorve, de Xochistlahuaca.
En junio pasado, de visita en Tlapa de Comonfort, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería fatal, terrible y un retroceso para el pueblo de Guerrero un eventual triunfo del PRI en las urnas.
El llamado “presidente legítimo” de México llamó a la unidad a los aspirantes de las fuerzas progresistas y de izquierda y se manifestó por la postulación de un candidato único, bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia.
En entrevista, López Obrador expresó: “Ojalá y se unan los tres partidos del Frente Amplio Progresista y que haya un solo candidato, porque sería terrible que retornara el PRI a gobernar Guerrero.
Y a los precandidatos les recordó que el posible regreso del priismo al gobierno local sería fatal y un retroceso, y lo comparó al retorno del dictador Antonio López de Santa Anna, quien ocupó 11 veces la presidencia de la República.
También convocó al pueblo de Guerrero a no equivocarse y a no emitir ni un solo voto a favor de las fórmulas priistas ni panistas.
Al preguntarle, ese día, si apoyaría la campaña del candidato de la izquierda, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal aclaró que lo haría "si hay unidad. Desde luego que ayudo en todo".
Pero precisó que si el PRD, PT y Convergencia establecen una alianza electoral con el PAN, "con todo respeto no vendría a realizar campaña" por el abanderado de las fuerzas progresistas.
Luego afirmó que tanto el PRI como el PAN son lo mismo y representan los intereses de la mafia de la política. Ambas fuerzas son propiedad de los grandes caciques, añadió.
Y ahora el candidato de la izquierda es un priista recién salido de esas filas.
