Y EL SATRAPA EN SU BERRINCHE

Emite CIDH medida cautelar para indígenas de Zimatlán
Juan Pablo Montes Jiménez
Corresponsal
Ante la inercia de las autoridades del Estado y Federación de no garantizar la seguridad a habitantes, mujeres niños y adultos mayores de Zimatlán, este jueves la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de ésta comunidad dentro del expediente MC-102-10-México.
Con este documento, la CIDH solicita al gobierno de México otorgar garantías a la vida e integridad física de los miembros de la comunidad Mixteca, la remoción de factores de riesgos ligados con la delimitación de las tierras entre Zimatlán y Nopalera para evitar más enfrentamientos.
El organismo internacional se pronunció a favor de presentar a los desaparecidos del 29 de mayo de 2010: Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández.

Las agresiones armadas que San Sebastián Nopalera realiza desde el 8 de marzo de 2010 en contra de habitantes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas han dejado un saldo de dos personas desaparecidas, dos heridos por armas de fuego, uno de ellos el señor Jaime Jiménez Cruz que convalece en el Hospital Civil de Oaxaca en espera de ser intervenido quirúrgicamente para salvar su vida.
Además, en la comunidad se ha registrado la quema de casas, abigeato, múltiples daños a los bienes, falta de alimentos y daños psicológicos provocados, principalmente, a mujeres y niños, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su comunidad para salvaguardar sus vidas en las ciudades de Tlaxiaco y Putla.

En entrevista con el número UNO, Bernardino García Hernández, agente municipal de Zimatlan, dijo "los hechos delictivos fueron oportunamente denunciados ante el representante social de Putla, el gobernador del estado, el secretario General de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, la procuradora General de Justicia del Estado y la propia Secretaría de Gobernación quienes han sido omisos con sus obligaciones constitucionales para mantener el orden público y la seguridad de los habitantes, situación que implica una violación grave a los derechos humanos ya que el Estado debe velar por la seguridad pública y por la protección del orden público, así lo apreció la CIDH al emitir las medidas cautelares".
El comunero acusó al gobierno del estado el cual de forma indolente trató de minimizar y, en algunos casos, ridiculizar la grave situación que prevalece en Oaxaca; el pronunciamiento de la CIDH resulta ser una esperanza para que se garantice sus vidas y sus bienes, además de evidenciar la nula actuación del Estado.
La emisión de la medida cautelar resultar ser una herramienta jurídica que debe ser retomada en situaciones semejantes para obligar al Gobierno de México a actuar conforme a sus atribuciones y no a intereses particulares.

Llevarán diputados a la SCJN recurso de inconstitucionalidad
Misael Sánchez
[03:54] Los diputados de oposición del Congreso del Estado presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que crea la Junta de Coordinación Política y desaparece la Gran Comisión para la próxima legislatura, informó ayer el abogado Mario Emilio Zárate Vásquez.
“Sin embargo a pesar de que la acción de inconstitucionalidad ya fue firmada por los diputados no se ha presentado porque las reformas no se han publicado en el Periódico Oficial del Estado”, señaló.
Asimismo, explicó que la acción que se enviará a la Suprema Corte está fundada en el artículo 105 de la Constitución Política y en ella solicitarán la invalidez de la norma general aprobada por el Congreso del Estado.
De acuerdo al abogado de los legisladores, las reformas al artículo 39, 40 y 41, entre otros, de la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento, contenidas en el decreto 1954 de fecha 15 de junio, violentan la Constitución.
Apenas el mes pasado, la mayoría priista aprobó en el Congreso del Estado reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su Reglamento Interno que entrarán en vigor el 13 de noviembre.
Así, la próxima Legislatura contará con una Junta de Coordinación Política presidida por el coordinador de la fracción parlamentaria del partido político que cuente con más diputados.
La fracción parlamentaria del PRI aprobó la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a su legislación para que también el presidente de la Junta de Coordinación Política designe al Oficial Mayor y al Tesorero.
Para la siguiente legislatura el PRI contará con 16 diputados; mientras que el PAN sólo tendrá 11; el PRD 9 y el Partido Convergencia 3, en tanto que el PT tendrá 2 legisladores y 1 el Partido Unidad Popular.
El diputado Antonio Amaro Cancino de la fracción parlamentaria priista apuntó que la desaparece la figura de la Gran Comisión, actual órgano de gobierno del Congreso.
El legislador priista también aseveró que la realidad que impuso el resultado de las elecciones del 4 de julio puso en evidencia que la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo fue diseñada bajo un espectro diferente de fracciones parlamentarias.
También señaló que las reformas a la ley propiciarán un mayor equilibrio político para el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales a cargo del órgano legislativo.

Ulises nos desdeña, afirma Francisco Álvarez Figueroa
Tiempo/Redacción
[03:54] Francisco Álvarez Figueroa, coordinador del Consejo Ciudadano de Vigilancia para la Transición Gubernamental, indicó que es lamentable el tono de desdén con que el gobernador Ulises Ruiz responde a nuestro derecho de petición, en referencia al documento difundido en medios estatales y nacionales firmado por el mandatario actual.
El economista indicó que el Consejo Ciudadano ya analiza el documento difundido por Ruiz Ortiz para dar respuesta muy respetuosa pero firme y bien fundamentada, para “no rebajar el tono al que nos quiere conducir el gobernante, desdeñando la participación ciudadana en los asuntos públicos.”
Asimismo, dejó clara su coincidencia con el gobernador electo, Gabino Cué, en que los tiempos que marca el Acuerdo establecido por el propio Ulises Ruiz no son suficientes para culminar con éxito un proceso ordenado de entrega-recepción.
Insistió en que las propuestas hechas por Cué Monteagudo, sumadas a las que el Consejo Ciudadano aportó en el oficio enviado el 29 de julio, no se apartan de los criterios firmados por el gobernante actual.
Por el contrario, asentó, contribuyen a darle transparencia y certeza al proceso, como espera la ciudadanía suceda en este caso.
Reiteró que dar largas al inicio de los trabajos obedece a la intención de ganar tiempo; cualquiera pudiera pensar que el hecho de no dar celeridad a la entrega-recepción es sinónimo de ocultamiento.
Cabe señalar que los integrantes del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Transición Gubernamental hicieron a principios de mes un respetuoso llamado Ulises Ruiz para que contribuya a no retardar dicho proceso.
Asimismo, solicitaron a los equipos de enlace del gobierno en turno y entrante a instalar a la brevedad posible una mesa de trabajo para estos fines.
Advirtieron que “de no darse las condiciones de celeridad adecuadas, el presupuesto para el ejercicio 2011 no contará con el sustento que fundamente una planeación ordenada, que posibilite la satisfacción de las necesidades y demandas del pueblo de Oaxaca”.

Daños irreversibles por Diamante Verde
Juan Carlos Medrano
[03:55] Severos daños al medio ambiente y sobre todo a la ecología de la capital que tiene en San Felipe del Agua la única zona que le abastece de agua potable y aire, provocará la construcción de la zona residencial “Diamante Verde”, advirtió el presidente del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), Nazario García Ramírez.
Anunció que exigirán a las autoridades municipales suspenda la autorización otorgada para edificar en esa zona, debido a que se dispararía la contaminación de los ríos y existiría gran carga vehicular, además de que derribarían el arbolado.
Asimismo, demandó a las autoridades municipales den a conocer quien o quienes son los propietarios de la zona residencial para que se les demande la suspensión de los trabajos y no se dañe al medio ambiente.
Insistió que la construcción de la zona residencial “Diamante verde” ubicado en San Felipe del Agua, podría desencadenar problemas graves a uno de los pulmones de la capital oaxaqueña.
Puntualizó, “no sabemos porque el gobierno y el municipio se han enfocado en llevar el desarrollo a la zona norte de la capital oaxaqueña, afectando las reservas ecológicas”.
Indicó que hasta el momento el nombre del responsable o dueño de esta construcción no se ha podido conocer por lo que el próximo miércoles se manifestarán en sesión de Cabildo del ayuntamiento citadino.
De acuerdo con el ambientalista, el rechazo al proyecto tiene mucho que ver con el temor de que su reapertura lleve implícito el cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas en la zona.
Expresó que durante varios años no sólo los ecologistas sino también organizaciones vinculadas a la cultura, han demandado que se respete el lugar porque por decreto se declaró zona de reserva ecológica.
Consideró innecesario revivir un proyecto que en su momento demostró que sólo causaría daños a uno de los más importantes pulmones y proveedores de servicios ambientales para los capitalinos.
“Al contrario, los tres niveles de gobierno deben coadyuvar para preservar el bosque y evitar que se sigan construyendo residencias”, indicó.
El también integrante del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca dijo que un tramo de cuando menos cuatro kilómetros del Libramiento han sido utilizados para la circulación de vehículos y que en la zona de La Chigulera la mancha urbana avanzó de manera incontenible.
“Así como nos opusimos al saqueo de madera de San Felipe también nos vamos a oponer a cualquier proyecto que ponga en riesgo el ecosistema de la zona norte de la capital”, añadió.
También manifestó que aunque se diga que el proyecto se reduciría a la carretera lo cierto es que los terrenos ubicados en la parte alta del Libramiento Norte despiertan la ambición de quienes quieren construir residencias alejadas de la ciudad.

Protege Dirección Jurídica del Congreso a edil de Santa Lucía
FLOR HERNÁNDEZ
Congelan iniciativa ciudadana de entrega-recepción de gobierno y aprueba elecciones extraordinarias en San José Estancia Grande Jamiltepec.
El presidente municipal de extracción priísta de Santa Lucía del Camino, Alejandro Díaz Hernández, libró ayer en el Congreso del Estado la batalla contra la suspensión de su mandato.
Apoyado por un centenar de personas, quienes agredieron verbal y físicamente al diputado perredista Wilfredo Vásquez López, el munícipe ingresó al salón de plenos para escuchar del presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, Javier Mendoza Aroche, las argucias legales que impedían proceder en su contra.
El legislador explicó que el dictamen había salido del orden del día -a pesar de existir un acuerdo previo-luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una suspensión para que la Cámara de Diputados estatal no iniciara el procedimiento, así como la licencia solicitada por el edil a su cargo, durante un lapso de ocho días.
CONGRESO ENCUBRIDOR
Ante ello, diputados de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron ante el pleno que, desde la Dirección Jurídica de ese órgano se informa y asesora a las autoridades municipales sujetas a dictámenes de revocación o suspensión de mandato, sobre las maneras de evitarlo.
Vásquez López, quien tuvo que ser escoltado por sus compañeras diputadas Eva Diego y Perla Woolrich para llegar al salón de sesiones, ante la amenaza de ser "encuerado en el camino", por los simpatizantes del edil de Santa Lucía, señaló que el dictamen que fue desechado de la agenda, reflejaba las violaciones a la ley cometidas por el presidente del ayuntamiento.
Por su parte la diputada panista Perla Woolrich, también se sumó a los reclamos por la asesoría que se brinda a las autoridades municipales que serán sometidas a revocación de mandato por la propia Dirección Jurídica del organismo.
Minutos después de haber organizado una serie de chiflidos al interior del recinto, el munícipe partió con la sonrisa en el rostro. Había ganado la batalla y no sería juzgado en la penúltima sesión ordinaria del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.
Sin embargo, en un comunicado inicial emitido la Cámara de Diputados, se anunció la suspensión del mandato al munícipe, lo que después fue corregido.
De la misma forma, el pleno aprobó facultar al Instituto Estatal Electoral (IEE) para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio de San José Estancia Grande, Jamiltepec.
La medida se tomó, por el empate registrado el pasado 4 de julio entre las coaliciones "Unidos por la paz y el progreso" y "Por la transformación de Oaxaca", ante lo que la elección deberá organizarse y desarrollarse en los términos que dispone el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (CIPPEO), de acuerdo con el punto de acuerdo.
Desde la mesa presidida por el diputado Jorge Octavio Guerrero Sánchez, se turnó a la comisión de Administración de Justicia la propuesta realizada por la Iniciativa ciudadana por la transición y la democratización del estado de Oaxaca, que tomó como suya la diputada perredista Guadalupe Rodríguez Ortiz, para legislar respecto a los procedimientos de la entrega-recepción.
La sesión de este jueves se caracterizó por las protestas que tuvieron lugar en el recinto de diálogo, a las que también acudieron integrantes del Comité de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) "25 de Noviembre", para demandar seriedad y responsabilidad en el "juicio político" que pretenden llevar a cabo los legisladores contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Un paraguas a un corrupto
Según el legislador priista Mendoza Aroche, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación fue quitado del orden del día, primeramente por que el 4 de agosto se recibió en el Congreso un acta de cabildo enviada por el secretario municipal del citado ayuntamiento, mediante la cual se autoriza la solicitud de licencia a Alejandro Díaz Hernández y Fortunato Manuel Mancera Martínez.
Este jueves fue remitido al Congreso el oficio 2414/2010 del 4 de agosto, donde el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdo de la SCJN transcribe un acuerdo del 3 de agosto, dictado en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 48/2010 promovido por el municipio de Santa Lucía en contra de la LX Legislatura.
En dicho incidente se concedió la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión provisional del mandato de presidente municipal, del síndico procurador y del regidor de Seguridad Pública, sin que exista impedimento para que el Congreso instruya el procedimiento a que se refiere el artículo 89 de la Ley Municipal. Es decir, la suspensión se concedió para que el Congreso se abstenga de aplicar la suspensión provisional a dichos concejales.
Dicha aclaración tuvo lugar luego de que el diputado Wilfredo Vásquez López, del PRD, cuestionara el por qué la Comisión Permanente de Gobernación no había presentado el dictamen de suspensión y revocación del mandato solicitada por José Santiago Velasco, concejal del citado ayuntamiento, el pasado 14 de julio.