CON IMPUNIDAD OFICIAL
6 sep 2010
Chedraui vuelve a las andadas
GUSTAVO ESTEVA
De noche, a escondidas, como delincuentes Chedraui volvió al lugar del crimen a continuar la destrucción.
A escondidas, en lo oscurito, sin enterar siquiera al cabildo de Oaxaca, las autoridades municipales otorgaron a la empresa certificado de impunidad y premiaron su delito con los permisos para llevarlo a término.
El 8 de julio de 2008, violando abiertamente las ordenanzas municipales y la ley, Chedraui destruyó un magnífico bosque urbano: 185 árboles, algunos de 100 y 200 años, fueron cortados esa madrugada; ardillas y otros animales fueron liquidados a palos. Una breve imagen del desastre puede verse en Youtube: nota ecocidio.
Ante la indignación ciudadana y la presión pública, el presidente municipal canceló el permiso condicionado que se había otorgado e impuso una multa de 10 millones de pesos, así como la obligación de reparar el daño ecológico mediante la siembra de árboles. Manifestó que intentaba un castigo ejemplar, para que ninguna otra empresa se atreviese a hacer algo semejante. Se comprometió a negar el permiso durante la actual administración, que termina a finales del presente año.
Mientras los ciudadanos, confiados ingenuamente en este compromiso público, preparaban planes para que la siguiente administración crease en el predio un espacio verde de convivencia y aprendizaje, el municipio no pudo, no supo o no quiso defender los intereses sociales. Cuando la empresa ganó un amparo contra la multa, las autoridades renunciaron a sus facultades y opciones legales, la redujeron a un monto insignificante, condonaron la reparación del delito ecológico y otorgaron a la empresa permiso para seguir cortando árboles, llevarse la riquísima tierra de humus centenario e instalar su tienda... en una zona residencial saturada ya de comercios.
En Oaxaca existe una tradición siniestra: los funcionarios gozan de impunidad por sus tropelías. El principio se extiende a las empresas. Lo ejemplar no fue el castigo sino el modelo: hace unos días otra empresa privada cortó olivos negros en peligro de extinción, de más de 100 años, en el centro de Juchitán.
La morosidad burocrática de las autoridades ante el recurso de revocación de los permisos presentado por los ciudadanos contrasta con su celeridad para atender intereses privados.
Los actuales reclamos ciudadanos estimularon una página de propaganda de Chedraui, en la cual muestra inaudita desfachatez, notable ignorancia de la realidad oaxaqueña y del significado de las palabras democracia y ecología y clara alianza con las autoridades, a las que felicita por su desempeño transparente e institucional. A semejanza de quienes hacen obscena su fealdad al cubrirla de cosméticos, Chedraui intenta esconder el crimen tapando con arquitectura verde su destrozo. Presume de los empleos y subempleos que creará, sin mencionar el número mucho mayor de los que destruirá. Se dispara así a su propio pie. Quizá podrá silenciar a algunos medios que viven de esas planas pagadas, pero ¿quién podrá todavía creer en su propaganda comercial? Su comportamiento niega brutalmente sus lemas. ¿Quién le compraría un auto usado a un ladrón? ¿Quién le confiaría sus hijos a Ulises Ruiz?
En todo caso, estos hechos tienen lugar en una sociedad alerta y decidida, que no está dispuesta a seguir tolerando semejantes atropellos. De la misma manera que el 4 de julio usó las urnas para deshacerse de la mafia política con la que ahora se alía Chedraui, sabrá impedir el desaguisado actual. La tienda no se instalará en el predio. Los ciudadanos no permitirán que se profundice el daño y sea sepultada en cemento y chatarra su esperanza democrática de contar con este espacio natural privilegiado para la convivencia.
Grupos conscientes y bien organizados están utilizando todos los recursos legales e institucionales que aún están abiertos. Algunos se muestran decididos a pasar a la acción directa, si las autoridades siguen haciéndose cómplices de este atropello irresponsable e insensato y quieren esconder, tras una actitud gentil y paciente, incompetencia, ignorancia, deshonestidad…o las tres cosas juntas, lo mismo que una grave carencia de dignidad.
Antonio Chedraui tendrá que reconsiderar la decisión caprichosa de instalar otra tienda de su cadena en el predio que tiene rentado. Adriana Sarmiento, la dueña del predio, padecerá la ignominia de atestiguar cómo los ciudadanos protegerán y regenerarán, contra ella, el sueño que forjó su padre con sabiduría y cariño. Ni las autoridades de Oaxaca ni los administradores de Chedraui parecen haberse dado cuenta de la realidad oaxaqueña actual: ya no pueden seguir engañando y corrompiendo a los ciudadanos y destruyendo la ciudad, aunque puedan conseguir algunos cómplices para lo que intentan. Los funcionarios necesitan votos; acaban de perderlos. Chedraui necesita clientes: los perderá. Y no sólo en Oaxaca. El atropello resonará en el país entero.
Suprema Corte verde olivo
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.
La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.
A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.
Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.
En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.
Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.
En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.
Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.
Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.
El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.
México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.
Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.
El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.
No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.
Cantaleta sin shalalá
CARLOS FAZIO.
Desde el comienzo de la administración calderonista denunciamos un larvado proceso de fascistización en México y el tránsito hacia un Estado de excepción como parte de una política gubernamental planificada. Según las propias cifras oficiales, el saldo en víctimas ejecutadas en lo que va del sexenio es de 28 mil 353. A lo que se suman 3 mil casos de desapariciones forzadas por razones políticas, trata de personas y levantones en el marco de la guerra entre los cárteles de una economía criminal que, con un pie en la clase política y otro en la clase empresarial, permea a toda la sociedad.
Además, una porción considerable de las 28 mil ejecuciones registradas podría estar relacionada con desapariciones, sobre todo aquellos casos en los que las víctimas aparecen desmembradas, descuartizadas o en fosas clandestinas (como la de Taxco con 77 cuerpos), sin que se investigue su identidad ni a los autores materiales o intelectuales del crimen.
En ese contexto, la presentación el 30 de agosto del Manual: ¿qué hacer en caso de desaparición forzada? guarda relación directa con el resurgimiento de ese tradicional mecanismo de represión del Estado mexicano. Históricamente, la dupla escuadrones de la muerte-desaparición forzada de personas es un componente esencial del modelo de la guerra contrainsurgente. Remite, invariablemente, a la práctica introducida por el ejército colonial francés en Argelia, utilizada después por Estados Unidos en Vietnam durante la Operación Fénix y exportada a América Latina por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mediante la Escuela de las Américas.
Junto con la tortura sistemática y la ejecución sumaria extrajudicial, la desaparición forzada formó parte de los instrumentos clave de las guerras sucias impulsadas por varios gobiernos latinoamericanos, México incluido, que practicaron el terrorismo de Estado. Sin embargo, la técnica de la desaparición forzada fue inaugurada por el Tercer Reich en diciembre de 1941, en el marco de la solución final destinada a eliminar judíos y miembros de otras razas malditas, como los gitanos, en los territorios de Europa ocupada por las tropas hitlerianas.
Esa directiva, conocida por el nombre eufemístico de Decreto Noche y Niebla (o Decreto NN), incluyó el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Los prisioneros eran transportados de manera oculta a campos de concentración, sin que se conservase testimonio o registro de los hechos. Según palabras de Hitler, “el efecto de disuasión de estas medidas […] radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino […]. Una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo. […] A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada”.
Según los ideólogos del nazismo, el decreto implicaba una innovación básica del Estado: la organización de un sistema de desapariciones forzadas. Una característica fundamental es que permitía la aplicación secreta de la pena sin dejar testimonio o pruebas sobre las circunstancias y término de la misma. De ahí el uso eufemístico de las palabras noche (nacht) y niebla (nebel), inspiradas de un canto de la ópera El oro del Rin, de Richard Wagner.
La desaparición forzada fue utilizada después por el ejército francés en la batalla de Argel (1957). Según reconoció el comandante Paul Aussaresses, uno de los cultores de la llamada Escuela Francesa, no era posible emprender una acción judicial para todos los detenidos (24 mil en los seis meses que duró la ofensiva antisubversiva). El saldo fue de 3 mil desaparecidos. Roger Trinquier, uno de los teóricos de la guerra moderna, desarrolló la idea de la contrainsurgencia planteando que cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden. Según Trinquier, en una situación de emergencia, los límites legales establecidos detienen la acción de las fuerzas militares regulares y la protección de la ley favorece al irregular. La ley es un obstáculo para la guerra total; la solución es apartar al prisionero del marco legal que pueda protegerlo.
En América Latina, la desaparición se utilizó en Guatemala en 1964, y luego en México y los países del Cono Sur contra el enemigo interno. Las víctimas entraron en el rubro de los daños colaterales. La secuencia secuestro-tortura-desaparición no representa una falla del sistema. Es un método ilegal utilizado por agentes del Estado o personas o grupos (paramilitares) con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competente, para frenar la acción colectiva, vía la instalación del miedo y el terror.
La razón por la que un Estado recurre a ese método de represión racionalizada se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad. El desconocimiento impide a los familiares realizar acciones legales; infunde terror en las víctimas y en la sociedad, y mantiene separados a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer. Es decir, una persona que puede ser asesinada impunemente.
¿Qué de todo eso está vigente en México hoy? Mucho, incluido el accionar de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. ¿Está Calderón aplicando una versión actualizada de la guerra sucia? En todo caso, la cifra de muertos y desaparecidos se acerca, en sólo cuatro años, a las de la dictadura de Videla y la Colombia de Álvaro Uribe.
GUSTAVO ESTEVA
De noche, a escondidas, como delincuentes Chedraui volvió al lugar del crimen a continuar la destrucción.
A escondidas, en lo oscurito, sin enterar siquiera al cabildo de Oaxaca, las autoridades municipales otorgaron a la empresa certificado de impunidad y premiaron su delito con los permisos para llevarlo a término.
El 8 de julio de 2008, violando abiertamente las ordenanzas municipales y la ley, Chedraui destruyó un magnífico bosque urbano: 185 árboles, algunos de 100 y 200 años, fueron cortados esa madrugada; ardillas y otros animales fueron liquidados a palos. Una breve imagen del desastre puede verse en Youtube: nota ecocidio.
Ante la indignación ciudadana y la presión pública, el presidente municipal canceló el permiso condicionado que se había otorgado e impuso una multa de 10 millones de pesos, así como la obligación de reparar el daño ecológico mediante la siembra de árboles. Manifestó que intentaba un castigo ejemplar, para que ninguna otra empresa se atreviese a hacer algo semejante. Se comprometió a negar el permiso durante la actual administración, que termina a finales del presente año.
Mientras los ciudadanos, confiados ingenuamente en este compromiso público, preparaban planes para que la siguiente administración crease en el predio un espacio verde de convivencia y aprendizaje, el municipio no pudo, no supo o no quiso defender los intereses sociales. Cuando la empresa ganó un amparo contra la multa, las autoridades renunciaron a sus facultades y opciones legales, la redujeron a un monto insignificante, condonaron la reparación del delito ecológico y otorgaron a la empresa permiso para seguir cortando árboles, llevarse la riquísima tierra de humus centenario e instalar su tienda... en una zona residencial saturada ya de comercios.
En Oaxaca existe una tradición siniestra: los funcionarios gozan de impunidad por sus tropelías. El principio se extiende a las empresas. Lo ejemplar no fue el castigo sino el modelo: hace unos días otra empresa privada cortó olivos negros en peligro de extinción, de más de 100 años, en el centro de Juchitán.
La morosidad burocrática de las autoridades ante el recurso de revocación de los permisos presentado por los ciudadanos contrasta con su celeridad para atender intereses privados.
Los actuales reclamos ciudadanos estimularon una página de propaganda de Chedraui, en la cual muestra inaudita desfachatez, notable ignorancia de la realidad oaxaqueña y del significado de las palabras democracia y ecología y clara alianza con las autoridades, a las que felicita por su desempeño transparente e institucional. A semejanza de quienes hacen obscena su fealdad al cubrirla de cosméticos, Chedraui intenta esconder el crimen tapando con arquitectura verde su destrozo. Presume de los empleos y subempleos que creará, sin mencionar el número mucho mayor de los que destruirá. Se dispara así a su propio pie. Quizá podrá silenciar a algunos medios que viven de esas planas pagadas, pero ¿quién podrá todavía creer en su propaganda comercial? Su comportamiento niega brutalmente sus lemas. ¿Quién le compraría un auto usado a un ladrón? ¿Quién le confiaría sus hijos a Ulises Ruiz?
En todo caso, estos hechos tienen lugar en una sociedad alerta y decidida, que no está dispuesta a seguir tolerando semejantes atropellos. De la misma manera que el 4 de julio usó las urnas para deshacerse de la mafia política con la que ahora se alía Chedraui, sabrá impedir el desaguisado actual. La tienda no se instalará en el predio. Los ciudadanos no permitirán que se profundice el daño y sea sepultada en cemento y chatarra su esperanza democrática de contar con este espacio natural privilegiado para la convivencia.
Grupos conscientes y bien organizados están utilizando todos los recursos legales e institucionales que aún están abiertos. Algunos se muestran decididos a pasar a la acción directa, si las autoridades siguen haciéndose cómplices de este atropello irresponsable e insensato y quieren esconder, tras una actitud gentil y paciente, incompetencia, ignorancia, deshonestidad…o las tres cosas juntas, lo mismo que una grave carencia de dignidad.
Antonio Chedraui tendrá que reconsiderar la decisión caprichosa de instalar otra tienda de su cadena en el predio que tiene rentado. Adriana Sarmiento, la dueña del predio, padecerá la ignominia de atestiguar cómo los ciudadanos protegerán y regenerarán, contra ella, el sueño que forjó su padre con sabiduría y cariño. Ni las autoridades de Oaxaca ni los administradores de Chedraui parecen haberse dado cuenta de la realidad oaxaqueña actual: ya no pueden seguir engañando y corrompiendo a los ciudadanos y destruyendo la ciudad, aunque puedan conseguir algunos cómplices para lo que intentan. Los funcionarios necesitan votos; acaban de perderlos. Chedraui necesita clientes: los perderá. Y no sólo en Oaxaca. El atropello resonará en el país entero.
Suprema Corte verde olivo
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.
La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.
A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.
Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.
En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.
Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.
En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.
Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.
Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.
El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.
México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.
Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.
El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.
No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.
Cantaleta sin shalalá
CARLOS FAZIO.
Desde el comienzo de la administración calderonista denunciamos un larvado proceso de fascistización en México y el tránsito hacia un Estado de excepción como parte de una política gubernamental planificada. Según las propias cifras oficiales, el saldo en víctimas ejecutadas en lo que va del sexenio es de 28 mil 353. A lo que se suman 3 mil casos de desapariciones forzadas por razones políticas, trata de personas y levantones en el marco de la guerra entre los cárteles de una economía criminal que, con un pie en la clase política y otro en la clase empresarial, permea a toda la sociedad.
Además, una porción considerable de las 28 mil ejecuciones registradas podría estar relacionada con desapariciones, sobre todo aquellos casos en los que las víctimas aparecen desmembradas, descuartizadas o en fosas clandestinas (como la de Taxco con 77 cuerpos), sin que se investigue su identidad ni a los autores materiales o intelectuales del crimen.
En ese contexto, la presentación el 30 de agosto del Manual: ¿qué hacer en caso de desaparición forzada? guarda relación directa con el resurgimiento de ese tradicional mecanismo de represión del Estado mexicano. Históricamente, la dupla escuadrones de la muerte-desaparición forzada de personas es un componente esencial del modelo de la guerra contrainsurgente. Remite, invariablemente, a la práctica introducida por el ejército colonial francés en Argelia, utilizada después por Estados Unidos en Vietnam durante la Operación Fénix y exportada a América Latina por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mediante la Escuela de las Américas.
Junto con la tortura sistemática y la ejecución sumaria extrajudicial, la desaparición forzada formó parte de los instrumentos clave de las guerras sucias impulsadas por varios gobiernos latinoamericanos, México incluido, que practicaron el terrorismo de Estado. Sin embargo, la técnica de la desaparición forzada fue inaugurada por el Tercer Reich en diciembre de 1941, en el marco de la solución final destinada a eliminar judíos y miembros de otras razas malditas, como los gitanos, en los territorios de Europa ocupada por las tropas hitlerianas.
Esa directiva, conocida por el nombre eufemístico de Decreto Noche y Niebla (o Decreto NN), incluyó el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Los prisioneros eran transportados de manera oculta a campos de concentración, sin que se conservase testimonio o registro de los hechos. Según palabras de Hitler, “el efecto de disuasión de estas medidas […] radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino […]. Una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo. […] A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada”.
Según los ideólogos del nazismo, el decreto implicaba una innovación básica del Estado: la organización de un sistema de desapariciones forzadas. Una característica fundamental es que permitía la aplicación secreta de la pena sin dejar testimonio o pruebas sobre las circunstancias y término de la misma. De ahí el uso eufemístico de las palabras noche (nacht) y niebla (nebel), inspiradas de un canto de la ópera El oro del Rin, de Richard Wagner.
La desaparición forzada fue utilizada después por el ejército francés en la batalla de Argel (1957). Según reconoció el comandante Paul Aussaresses, uno de los cultores de la llamada Escuela Francesa, no era posible emprender una acción judicial para todos los detenidos (24 mil en los seis meses que duró la ofensiva antisubversiva). El saldo fue de 3 mil desaparecidos. Roger Trinquier, uno de los teóricos de la guerra moderna, desarrolló la idea de la contrainsurgencia planteando que cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden. Según Trinquier, en una situación de emergencia, los límites legales establecidos detienen la acción de las fuerzas militares regulares y la protección de la ley favorece al irregular. La ley es un obstáculo para la guerra total; la solución es apartar al prisionero del marco legal que pueda protegerlo.
En América Latina, la desaparición se utilizó en Guatemala en 1964, y luego en México y los países del Cono Sur contra el enemigo interno. Las víctimas entraron en el rubro de los daños colaterales. La secuencia secuestro-tortura-desaparición no representa una falla del sistema. Es un método ilegal utilizado por agentes del Estado o personas o grupos (paramilitares) con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competente, para frenar la acción colectiva, vía la instalación del miedo y el terror.
La razón por la que un Estado recurre a ese método de represión racionalizada se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad. El desconocimiento impide a los familiares realizar acciones legales; infunde terror en las víctimas y en la sociedad, y mantiene separados a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer. Es decir, una persona que puede ser asesinada impunemente.
¿Qué de todo eso está vigente en México hoy? Mucho, incluido el accionar de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. ¿Está Calderón aplicando una versión actualizada de la guerra sucia? En todo caso, la cifra de muertos y desaparecidos se acerca, en sólo cuatro años, a las de la dictadura de Videla y la Colombia de Álvaro Uribe.
