CONFABULADOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL

La destrucción de Copala
HERMANN BELLINGHAUSEN
El municipio autónomo indígena de San Juan Copala, establecido hace tres años en el corazón histórico de la región triqui, sin derechos municipales hace más de 60 años, fue finalmente destruido a sangre y fuego por paramilitares, también triquis, que operaron con impunidad hasta el último minuto. La complicidad de los gobiernos estatal y federal ha sido absoluta. Y determinante desde hace 10 meses, cuando la comunidad fue sitiada por grupos armados que asesinaron e hirieron a muchas personas pacíficas. El desenlace se precipitó el 13 de septiembre, cuando los paramilitares tomaron Copala y dispararon contra la población, hasta que el día 23 los sobrevivientes huyeron, algunos en patrullas funerarias (lo único que acertó a mandar el gobierno, para levantar cadáveres).
Pudo ser peor. Los agresores anunciaban una masacre. De cualquier forma, es grande la cifra de asesinados en el desmantelamiento de la única autonomía indígena que se intenta hoy en Oaxaca, a 14 años de los Acuerdos de San Andrés. Más son los heridos, y los desplazados, familias enteras.
Las diarias y angustiosas denuncias no impidieron el desenlace, aunque el problema sigue. Cabe el consuelo de suponer que se impidió la masacre. El operativo contra el municipio autónomo fundado en 2007 corrió a cargo de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo priísta que como tal ya no existe en el área, pero que dirigido desde Juxtlahuaca y Oaxaca por Rufino Juárez y el propio gobierno estatal, se esmeró en la aniquilación. El gobernador Ulises Ruiz había dicho que no permitiría ninguna autonomía en el estado. La salió barato, ni siquiera tuvo que enviar a sus policías. Ahora niega que haya muertos (La Jornada, 26/09/10).
Ubisort posee una milicia mejor armada que la policía, y con adiestramiento militar. Es responsable de la emboscada en la que fallecieron la activista Beatriz Cariño y el internacionalista finlandés Jiri Jaakkola, meses atrás. También de muchas otras muertes, violaciones, heridos y exilados. Como se sabe, tanto los asesinos como sus jefes permanecen impunes y son, para fines prácticos, figuras institucionales.
De manera reiterada se denunció además la participación en la escalada paramilitar de miembros armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el municipio autónomo de Copala significa una escisión, como MULT Independiente. Desde las filas del MULT han salido versiones de que nadie suyo participó en la violencia, y se ha responsabilizado de los hechos al MULTI por insistir en una autonomía minoritaria. O sea, como de costumbre, los muertos indígenas son los culpables de estar muertos.
Sin embargo, Timoteo Alejandro (fundador del MULTI) y su mujer Cleriberta, así como Antonio Ramírez López, líder moral de los autónomos, cayeron en condiciones y locaciones que apuntan, no a Ubisort, sino al muy vertical MULT, que habría castigado su traición. Los asesinos de Ramírez López están plenamente identificados, en Yerbasanta, localidad de mayoría MULT, donde ocurrió la emboscada que le costó la vida.
Esta organización proviene de la ejemplar resistencia de los mejores espíritus triquis en los años 80 del siglo pasado, y que a lo largo de los años siguientes sufrió la pérdida de sus principales líderes, pensadores y maestros, como Paulino Martínez Delia, sacrificados por los caciques priístas. En la presente década, el MULT devino organización oficialista y electoral, liderada por su asesor jurídico Heriberto Pazos, y convertida en Partido Unidad Popular, con presencia en el congreso de Oaxaca y vínculos con Ulises Ruiz, quien en más de una ocasión ha expresado (según fuentes dignas de crédito), que el MULT es la única organización con la que se puede negociar. Mal que bien, en algo le debió su apretado triunfo electoral en 2004, cuando el PRI se impuso fraudulentamente.
Tampoco son desdeñables los agradecimientos por escrito de Ubisort al MULT en diversas ocasiones, por ejemplo cuando impidió llegar a Copala a una caravana de Atenco en 2009. El MULT se reivindica como parte de la APPO, el Congreso Nacional Indígena y, a pesar de su actividad electoral, de la otra campaña; espacios todos en lo que también se inserta el MULTI.
El conflicto triqui es añejo y complejo. Y sospechosa es la persecución a muerte contra la autonomía de Copala, en el centro tradicional de este pueblo históricamente difamado y negado. Por cierto, se han documentado importantes prospecciones de trasnacionales mineras en la región. Es hora de que el MULT, tan expedito para las acusaciones y descalificaciones, confronte su actuación en la violencia contra los autónomos. Ciertamente, existen contradicciones en su seno, mas no puede eludir sus responsabilidades de cara a la indispensable y urgente reconciliación de todos los triquis (incluida su inmensa diáspora) para defender juntos su viabilidad como el admirable pueblo indígena que siempre han sido.
El ciclo tragedia, justificaciones, promesas
IVÁN RESTREPO
Que se recuerde, es la ocasión en que las lluvias y los huracanes dejan de un golpe tantos damnificados en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Más de 600 mil. Agréguense los daños en ciudades, cosechas, negocios, vías de comunicación y obra pública en general. Del huracán Álex hemos escrito ya en detalle. Toca ahora referirnos a Karl, de categoría 3, que azotó especialmente a Veracruz y Tabasco la semana en que el gobierno federal gastaba millones de pesos en pirotecnia y fiestas que pronto se olvidaron. Karl dejó en esas dos entidades cerca de 500 mil damnificados y daños que todavía no se cuantifican en su totalidad. En Veracruz, llovió sobre mojado porque semanas antes sus dos grandes ríos, el Coatzacoalcos y el Papaloapan, inundaron extensas áreas ribereñas dejando decenas de miles de familias damnificadas y sembradíos perdidos. Karl agravó las cosas.
Ahora que se hace el recuento de daños y las autoridades prometen remediar la situación, nos damos cuenta que la dimensión de esta nueva tragedia pudo ser muchísimo menor si el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, fuera tarea efectiva de las autoridades y la ciudadanía. En el caso de Veracruz y Tabasco, hay que señalar que cuentan con el mayor número de ríos del país, algunos muy caudalosos, como el Grijalva, el San Pedro, el Coatzacoalcos y el Papaloapan. Por Veracruz corren 20 ríos importantes. Pero todas sus cuencas hidrográficas están deforestadas y el cauce de los ríos azolvados por la erosión de las partes altas debido a la falta de cubierta vegetal. Por eso cuando llueve los ríos de esas dos entidades, y también de otras partes del país, se salen de su cauce e inundan y arrasan las áreas ribereñas.
A esa falta de cuidado de las cuencas hidrográficas se agrega la enorme deforestación registrada en Veracruz y Tabasco, especialmente los últimos 60 años. El primero perdió ya la mitad de su cubierta forestal en aras de una ganadería extensiva antieconómica y una agricultura para nada eficiente. El segundo, un millón de hectáreas por igual motivo. No hay territorio en el mundo que pueda escapar a un cambio tan salvaje y radical en su medio ambiente sin pagar por ello. El agua se encarga de pasar la cuenta cada que llueve intenso con miles de familias que ven perder en pocas horas sus casas, haberes, cosechas y negocios; deslaves en las partes altas y en las carreteras, la destrucción de obra pública y privada, la pérdida de sembradíos.
No es todo. Si observamos la ubicación de los cientos de miles de damnificados dejados por Karl, y antes por Álex, la inmensa mayoría vive en asentamientos humanos construidos en las márgenes de los ríos o aguas debajo de las presas, en áreas frágiles y peligrosas de las poblaciones o en las zonas inundables de la franja costera. Como no existe desde hace décadas una política pública de desarrollo urbano, las ciudades y poblados crecen sin control, anárquicamente, y donde menos se debe. Por intereses electorales, por falta de combate efectivo a la pobreza, por corrupción de funcionarios, líderes y políticos, las autoridades permiten que las familias de menos recursos se instalen en sitios que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad.
De igual forma, buena parte de la obra pública está mal hecha, es negocio de funcionarios, sus familiares y amigos, y por eso mismo cuando llueve se viene abajo. Lo mismo escuelas, centros de salud, que carreteras, puentes, sistemas de agua potable.
Diversas dependencias relacionadas con el manejo adecuado de los recursos naturales y responsables de prevenir los desastres, cuentan con muchísimos estudios donde los especialistas del sector público y los centros de investigación advierten sobre los peligros que corre el país, su población, por no contar con una política de manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, las áreas costeras y el desarrollo urbano. De la urgencia de modernizar los sistemas de prevención de desastres. Pero ignoran esos estudios. Luego vienen las tragedias, y en seguida las justificaciones y promesas de los funcionarios diciendo que no se repetirán, que ahora sí se tomarán medidas adecuadas para evitarlas. Hasta la próxima tragedia.
Caso Godoy, muestra de ineptitud e incongruencia
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 24 de septiembre (apro).- El jueves pasado, la ineptitud, incongruencia y falta de solidez del gobierno de Felipe Calderón, así como de todas sus policías, fue exhibida públicamente por un hombre, El Godoy, como llama la Procuraduría General de la República (PGR) a Julio César Godoy Toscano, el diputado número 500 que después de un año rindió protesta como el representante de los ciudadanos del distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Pero más grave que eso --el posible montaje de la Policía Federal (PF) a las afueras del Congreso de la Unión o las pugnas al interior del PAN-gobierno--, resulta el cinismo y abuso con que las autoridades federales utilizan las figuras del “arraigo”, “testigo protegido” o las “denuncias anónimas” que fueron concedidas por los propios legisladores, precisamente como herramientas para enfrentar el crimen organizado, y hoy, paradójicamente, se echa mano de ellas con fines electoreros o publicitarios.
La reaparición de Godoy Toscano en la vida pública sintetiza el fracaso del conocido michoacanazo, aquel operativo de limpia que el gobierno de Calderón Hinojosa emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de La Familia michoacana.
Un año y medio después, 11 presidentes municipales están libres, así como 23 funcionarios, por falta de pruebas. De todos los inculpados por la PGR, el único que se encontraba prófugo era Godoy Toscano, medio hermano del actual gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
La reaparición de El Godoy resulta emblemática porque detrás del hecho hay un ir y venir de su expediente.
Cabe destacar que para respaldar sus acusaciones, la PGR --la de ayer de Eduardo Medina Mora y la de hoy de Arturo Chávez Chávez-- se basó primero en una acusación “de oídas”; luego, en que su nombre apareció en una “narcolista” extraída de una USB de computadora y, finalmente, la dependencia federal echó mano de una “denuncia anónima”.
Así las cosas, la PGR recurrió primero a una orden de aprehensión del juez primero de distrito con sede en Tepic, Nayarit, quien la otorgó el 14 de julio de 2009; luego Godoy Toscano interpuso la suspensión provisional ante el juez segundo de distrito de Morelia, el 3 de septiembre de 2009, la cual se le concedió en definitiva el 22 de marzo pasado.
Para revertir la decisión del juez de Morelia, la PGR presentó el 16 de abril un recurso de revisión, y por ello acudió al XX Tribunal Colegiado de Zacatecas, instancia que por unanimidad le dio la razón a Godoy Toscano.
Por esa razón quedó sin efecto la orden de aprehensión y las tres acusaciones que sobre él pesaban: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.
Irritada por la virtual exoneración de Godoy Toscano, la PGR solicitó una nueva orden de aprehensión el 28 de agosto pasado, pero ahora ante el juez primero de distrito de Tamaulipas quien, dos días después, es decir, el 30 de agosto, negó la petición de la dependencia federal por considerar insuficientes las pruebas en contra del hoy diputado federal.
El 1 de septiembre, ante el mismo juzgado, la PGR solicitó una nueva orden de captura, la cual se le negó por segunda ocasión, ya que las pruebas del Ministerio Público federal eran insuficientes.
Días después, el 6 de ese mismo mes, y en cumplimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, el juez primero de distrito de Moreloa, Michoacán, ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) que restituyera la totalidad de los derechos civiles y políticos de Godoy Toscano, por lo que el 7 de septiembre el entonces diputado electo figuró nuevamente en el padrón federal electoral.
Al día siguiente, para sorpresa de las propias autoridades federales, éstas recibieron una notificación, pero no de un juez, sino de la PGR, de que existe otra orden de aprehensión que fue liberada por el juzgado noveno de distrito de Guadalajara, Jalisco.
Efectivamente, luego de que el juez de Tamaulipas negó a la PGR en dos ocasiones la nueva orden de aprehensión, las autoridades federales recurrieron al juez de Jalisco, quien aceptó girar la orden de captura.
Y en esta ocasión la PGR ya no argumentó tres delitos contra Godoy, sino sólo dos: delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aunque por este segundo delito el mismo juez de Jalisco le negó a la dependencia federal la orden de aprehensión, pero aceptó otra por delincuencia organizada.
Lo grave del caso es que la prueba que presentó el MP federal fue sólo “la constancia de una denuncia anónima”.
Llama la atención que luego de ser absuelto por el Tribunal Colegiado el 25 de agosto, dos días después la PGR recibió una “denuncia anónima” contra Godoy Toscano.
Para contrarrestar la nueva denuncia en su contra, el ahora diputado federal recurrió a la solicitud de un amparo, ahora ante el juez primero de distrito de Michoacán.
El amparo definitivo se le concedió a Godoy el 20 de septiembre y fue únicamente para salvaguardar sus derechos civiles y políticos, y es por esta razón que pudo rendir protesta como legislador, pues el resolutivo fue notificado a la Cámara de Diputados el día siguiente.
Sin embargo, las figuras a las que recurrió el gobierno federal --“arraigo”, “testigos protegidos” y “denuncia anónima”-- es lo que resulta criticable en este caso. Aquí no se está defendiendo a Godoy Toscano.
Si tiene vínculos o no con la delincuencia organizada, no le corresponde a los medios de información determinarlo, pero sí hacer hincapié en los yerros en los que incurre la autoridad, pero sobre todo su inconsistencia al fundamentar sus señalamientos.
En un país en donde cualquier ciudadano puede ser acusado por una “denuncia anónima” sólo evidencia que, cuando ese recurso se utiliza de manera equívoca, el autoritarismo asoma de manera temeraria.
Ahora se anuncia que se solicitará el desafuero para que Godoy enfrente a la autoridad por el único delito que hoy se le atribuye: delincuencia organizada, pues los demás ya “se le cayeron” a la PGR.
Si a todo esto se suma la exoneración que recibió más de 75% de los inculpados en el michoacanazo, y luego de ver la forma en que fueron exhibidos cuando se les trasladó la penal de Tepic, Nayarit, sólo queda la incredulidad ante las acciones del gobierno federal, sobre todo cuando se tiene conocimiento de que una hermana de Felipe Calderón quiere ser gobernadora de Michoacán, entidad que por cierto celebrará elecciones el próximo año.
Entonces uno se pregunta si este gobierno utiliza las herramientas que el Congreso le dio para enfrentar al crimen organizado o sólo pretende obtener triunfos electorales. La realidad parece apuntar a lo último, algo de por sí grave cuando en el país existen 6 millones de jóvenes que no estudian ni tienen trabajo y cuando 60 millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza.
Este gobierno de Calderón, que centra su actuar contra unos cuantos en lugar de poner un alto a la violencia que se da en la mayor parte del país, o en casos tan evidentes y graves como el de San Juan Copala, Oaxaca, es también lo que preocupa, pues abre la puerta para que la gente empiece a tomar la justicia por su propia mano, como ahora mismo ocurre en el municipio de Ascensión, Chihuahua, en donde los pobladores, cansados de padecer tres secuestros por semana y luego de haber linchado a dos presuntos delincuentes, presionó al presidente municipal para que suprimiera a la policía local.
Estos mexicanos decidieron tomar la justicia por propia mano; la ayuda federal no les ha llegado para hacer frente al crimen y determinaron formar una red de vigilancia vecinal. Y este cuerpo de seguridad que ellos mismos formarán, ya lo anunciaron, actuará con una clara consigna: cualquier delincuente será linchado por la multitud.
Si el gobierno de Calderón sigue errando el rumbo, no nos sorprendamos cuando otras poblaciones del país decidan seguir el ejemplo de los ciudadanos de Ascensión, Chihuahua.