EL GRAN DERROCHE DEL AUTORITARIO
13 sep 2010
Peña Nieto: Le sobran (o le faltan) 10 mil millones
Jenaro Villamil
A tono con el derroche que ha caracterizado a su administración, acentuado con tintes faraónicos en los gastos que hizo para inflar su imagen con motivo de su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto es un mago del presupuesto público: entre el gasto aprobado para el Estado de México y lo ejercido este año en la entidad hay una diferencia de alrededor de 10 mil millones de pesos. Hay secretarías estatales que han ejercido cantidades hasta 10 veces mayores que las autorizadas para todo el año. Otras, por el contrario, tienen previsto gastar mucho menos de lo que les autorizó el Congreso local…
Más de 10 mil millones de pesos de diferencia existen entre el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio de 2010 en el Estado de México por su Congreso y el gasto autorizado para las distintas dependencias mexiquenses, de acuerdo con información de las páginas de Transparencia del gobierno estatal.
Un análisis de seguimiento efectuado a cada secretaría del sector central y de los organismos auxiliares al que tuvo acceso este semanario revela que las cuentas de la administración de Enrique Peña Nieto no sólo no cuadran, sino que hay diferencias de hasta 729% entre lo aprobado por el Congreso local y lo que aparece en los sitios de internet del “gobierno que cumple”.
Así ocurre en la Secretaría de Finanzas. Su presupuesto de ley fue de mil 686 millones 772 pesos, pero aparecen 22 mil 874 millones 83 pesos como “presupuesto autorizado” para este año. La diferencia es de 729.4%. Hasta junio de 2010 llevaba ejercidos 12 mil 303 millones de pesos.
En otros casos la diferencia revela que le fueron quitados recursos a algunas dependencias, sobre todo del sector social, para transferirlas de manera irregular a otras. Por ejemplo, la Secretaría de Agua y Obra Pública tuvo un presupuesto de ley de 3 mil 522 millones de pesos, pero en la página de Transparencia aparece con sólo 153 millones 720 mil, de los cuales había ejercido 75 millones 278 hasta junio de 2010.
Otra entidad que disminuyó sensiblemente su presupuesto fue la Secretaría de Desarrollo Social. El Congreso le aprobó para este año 2 mil 133 millones de pesos, pero en junio aparece con un presupuesto autorizado de sólo 231 millones 981 mil; es decir, una diferencia de mil 901 millones 337 mil pesos.
Estas diferencias, sólo en el sector central, entre el presupuesto aprobado por el Congreso y el que el gobierno, en sus páginas de internet, dice que ejerce, ascienden a 10 mil 42 millones 576 mil pesos, más de 5% del gasto del Estado de México, que es de 116 mil 325 millones 548 pesos, el más alto de todo el país.
Jenaro Villamil
A tono con el derroche que ha caracterizado a su administración, acentuado con tintes faraónicos en los gastos que hizo para inflar su imagen con motivo de su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto es un mago del presupuesto público: entre el gasto aprobado para el Estado de México y lo ejercido este año en la entidad hay una diferencia de alrededor de 10 mil millones de pesos. Hay secretarías estatales que han ejercido cantidades hasta 10 veces mayores que las autorizadas para todo el año. Otras, por el contrario, tienen previsto gastar mucho menos de lo que les autorizó el Congreso local…
Más de 10 mil millones de pesos de diferencia existen entre el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio de 2010 en el Estado de México por su Congreso y el gasto autorizado para las distintas dependencias mexiquenses, de acuerdo con información de las páginas de Transparencia del gobierno estatal.
Un análisis de seguimiento efectuado a cada secretaría del sector central y de los organismos auxiliares al que tuvo acceso este semanario revela que las cuentas de la administración de Enrique Peña Nieto no sólo no cuadran, sino que hay diferencias de hasta 729% entre lo aprobado por el Congreso local y lo que aparece en los sitios de internet del “gobierno que cumple”.
Así ocurre en la Secretaría de Finanzas. Su presupuesto de ley fue de mil 686 millones 772 pesos, pero aparecen 22 mil 874 millones 83 pesos como “presupuesto autorizado” para este año. La diferencia es de 729.4%. Hasta junio de 2010 llevaba ejercidos 12 mil 303 millones de pesos.
En otros casos la diferencia revela que le fueron quitados recursos a algunas dependencias, sobre todo del sector social, para transferirlas de manera irregular a otras. Por ejemplo, la Secretaría de Agua y Obra Pública tuvo un presupuesto de ley de 3 mil 522 millones de pesos, pero en la página de Transparencia aparece con sólo 153 millones 720 mil, de los cuales había ejercido 75 millones 278 hasta junio de 2010.
Otra entidad que disminuyó sensiblemente su presupuesto fue la Secretaría de Desarrollo Social. El Congreso le aprobó para este año 2 mil 133 millones de pesos, pero en junio aparece con un presupuesto autorizado de sólo 231 millones 981 mil; es decir, una diferencia de mil 901 millones 337 mil pesos.
Estas diferencias, sólo en el sector central, entre el presupuesto aprobado por el Congreso y el que el gobierno, en sus páginas de internet, dice que ejerce, ascienden a 10 mil 42 millones 576 mil pesos, más de 5% del gasto del Estado de México, que es de 116 mil 325 millones 548 pesos, el más alto de todo el país.
Para celebrar la Independencia
BERNARDO BÁTIZ V.
La Independencia debería celebrarse, en primer lugar, siendo independientes, pero ya no lo somos, ni el gobierno actual parece interesado en el tema. Por el contrario, está sometido y no pierde ocasión de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos; en México, los recursos estratégicos con que contaba el Estado se han privatizado y buena parte de la economía del país está en manos de extranjeros. El petróleo, gracias a la movilización popular, parcialmente se ha salvado.
La deuda pública crece y se vuelve impagable y la contraída con los bancos privados por el rescate bancario es una sangría constante de dineros públicos en favor de banqueros, casi en su totalidad extranjeros, que nunca se termina; por esa entelequia que se llama Iniciativa Mérida, un gobierno extranjero tiene injerencia desmedida sobre cuestiones que debieran sólo interesarnos a nosotros.
Esta dependencia lamentable y humillante, sin embargo, no es inevitable ni fatal; es una realidad coyuntural debida a los malos gobiernos, a las complicidades de la alta burocracia y al complejo de inferioridad de las clases altas, que no ven otra salida a los problemas del país, que no sea la que viene del exterior. La verdad es que el pueblo organizado en su momento se sacudirá estas cargas y reasumirá su soberanía. El viejo luchador y político Castro Ruz algo sabe, algo barrunta y así lo profetizó.
Por lo pronto, en la conmemoración del Grito de Dolores tenemos que repasar nuestra historia, no las anécdotas frívolas sobre las ocurrencias de La Güera Rodríguez o si los caudillos tuvieron o no aventuras amorosas; hay que elevar la mira. En la guerra de Independencia hubo de todo y, si bien se resintió la economía del país y las víctimas fueron numerosas, se descubrió entonces la identidad nacional y los mexicanos en esa época aprendieron que eran algo más que súbditos de la corona española y que podían gobernarse solos, sin la tutela de ultramar. Como dice Maritain, avanza el bien y paralelamente avanza el mal.
Para que México se independizara de España, desde la madrugada del 16 de septiembre de 1810 a la entrada del Ejército Trigarante a la capital, el 27 de septiembre de 1821, pasaron más de 10 años; se derramó mucha sangre y hubo encono y odio, pero también se delineó lo que seríamos al rescatar la libertad y la independencia. Eso es lo que tenemos que rememorar y tener presente en este tiempo, cuando el pueblo salve al pueblo.
Para ello, hay tres documentos de esa álgida etapa de nuestra historia, que deberían de darse a conocer con amplitud porque son para el presente ejemplo y guía para sacudirnos al mal gobierno.
Uno es La representación del ayuntamiento de México al virrey Iturrigaray, leída por su síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el 19 de julio de 1808, proponiendo la independencia de la Nueva España, en razón de la abdicación de los reyes españoles en favor de Napoleón; el hecho, según las razones de la representación, dejó a nuestro país en libertad y al pueblo en aptitud de reasumir su soberanía.
Costó a los miembros del ayuntamiento la cárcel y a Primo de Verdad y a fray Melchor de Talamantes la vida, pero fue una sacudida política, que inquietó e hizo pensar a muchos en la emancipación; fue un documento precursor y una muestra de dignidad y valor civil.
El segundo documento fue el decreto de la liberación de los esclavos y la supresión de los tributos a los indios y a las castas que expidió Miguel Hidalgo en Guadalajara, ya en plena guerra de Independencia, en un bando fechado el 6 de diciembre de 1810.
El tercero es el más rico por su contenido y por el alto valor moral de los ideales que expresa; es el conocido como Los sentimientos de la Nación y consta de 23 puntos, que José María Morelos presentó al Congreso Constituyente de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813.
Esta propuesta de Morelos abandona ya la opinión de una guerra de independencia en favor de los reyes depuestos por Napoleón y propone con toda claridad que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación o monarquía y, no menos importante, afirma solemnemente que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
Estamos hoy a 200 años del inicio de la guerra de Independencia, vivimos un proceso de desgaste y degradación de nuestra sociedad nacional; requerimos urgentemente rescatar ideales y valores que nos den fuerza para salvar a México de la actual opresión y la creciente dependencia externa. Traer a nuestra memoria estos documentos que nos hablan de dignidad ciudadana, de libertad y de soberanía, es algo indispensable para que la esperanza de un cambio se mantenga y fortalezca.
BERNARDO BÁTIZ V.
La Independencia debería celebrarse, en primer lugar, siendo independientes, pero ya no lo somos, ni el gobierno actual parece interesado en el tema. Por el contrario, está sometido y no pierde ocasión de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos; en México, los recursos estratégicos con que contaba el Estado se han privatizado y buena parte de la economía del país está en manos de extranjeros. El petróleo, gracias a la movilización popular, parcialmente se ha salvado.
La deuda pública crece y se vuelve impagable y la contraída con los bancos privados por el rescate bancario es una sangría constante de dineros públicos en favor de banqueros, casi en su totalidad extranjeros, que nunca se termina; por esa entelequia que se llama Iniciativa Mérida, un gobierno extranjero tiene injerencia desmedida sobre cuestiones que debieran sólo interesarnos a nosotros.
Esta dependencia lamentable y humillante, sin embargo, no es inevitable ni fatal; es una realidad coyuntural debida a los malos gobiernos, a las complicidades de la alta burocracia y al complejo de inferioridad de las clases altas, que no ven otra salida a los problemas del país, que no sea la que viene del exterior. La verdad es que el pueblo organizado en su momento se sacudirá estas cargas y reasumirá su soberanía. El viejo luchador y político Castro Ruz algo sabe, algo barrunta y así lo profetizó.
Por lo pronto, en la conmemoración del Grito de Dolores tenemos que repasar nuestra historia, no las anécdotas frívolas sobre las ocurrencias de La Güera Rodríguez o si los caudillos tuvieron o no aventuras amorosas; hay que elevar la mira. En la guerra de Independencia hubo de todo y, si bien se resintió la economía del país y las víctimas fueron numerosas, se descubrió entonces la identidad nacional y los mexicanos en esa época aprendieron que eran algo más que súbditos de la corona española y que podían gobernarse solos, sin la tutela de ultramar. Como dice Maritain, avanza el bien y paralelamente avanza el mal.
Para que México se independizara de España, desde la madrugada del 16 de septiembre de 1810 a la entrada del Ejército Trigarante a la capital, el 27 de septiembre de 1821, pasaron más de 10 años; se derramó mucha sangre y hubo encono y odio, pero también se delineó lo que seríamos al rescatar la libertad y la independencia. Eso es lo que tenemos que rememorar y tener presente en este tiempo, cuando el pueblo salve al pueblo.
Para ello, hay tres documentos de esa álgida etapa de nuestra historia, que deberían de darse a conocer con amplitud porque son para el presente ejemplo y guía para sacudirnos al mal gobierno.
Uno es La representación del ayuntamiento de México al virrey Iturrigaray, leída por su síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el 19 de julio de 1808, proponiendo la independencia de la Nueva España, en razón de la abdicación de los reyes españoles en favor de Napoleón; el hecho, según las razones de la representación, dejó a nuestro país en libertad y al pueblo en aptitud de reasumir su soberanía.
Costó a los miembros del ayuntamiento la cárcel y a Primo de Verdad y a fray Melchor de Talamantes la vida, pero fue una sacudida política, que inquietó e hizo pensar a muchos en la emancipación; fue un documento precursor y una muestra de dignidad y valor civil.
El segundo documento fue el decreto de la liberación de los esclavos y la supresión de los tributos a los indios y a las castas que expidió Miguel Hidalgo en Guadalajara, ya en plena guerra de Independencia, en un bando fechado el 6 de diciembre de 1810.
El tercero es el más rico por su contenido y por el alto valor moral de los ideales que expresa; es el conocido como Los sentimientos de la Nación y consta de 23 puntos, que José María Morelos presentó al Congreso Constituyente de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813.
Esta propuesta de Morelos abandona ya la opinión de una guerra de independencia en favor de los reyes depuestos por Napoleón y propone con toda claridad que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación o monarquía y, no menos importante, afirma solemnemente que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
Estamos hoy a 200 años del inicio de la guerra de Independencia, vivimos un proceso de desgaste y degradación de nuestra sociedad nacional; requerimos urgentemente rescatar ideales y valores que nos den fuerza para salvar a México de la actual opresión y la creciente dependencia externa. Traer a nuestra memoria estos documentos que nos hablan de dignidad ciudadana, de libertad y de soberanía, es algo indispensable para que la esperanza de un cambio se mantenga y fortalezca.
Bicentenario de un Estado fallido
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 10 de septiembre (apro).- La convicción es generalizada: no hay nada que celebrar.
Los 200 años del surgimiento de México como nación nos alcanzaron en medio de una severa crisis del Estado mexicano.
Los mexicanos lo padecemos y el mundo es testigo.
Pobreza endémica, violencia inusitada, corrupción atávica y una desigualdad que avasalla en cualquier lugar del territorio, son expresiones de la debilidad en que se encuentra el Estado mexicano del siglo XXI.
De las guerras intestinas del siglo XIX que costaron la mitad del territorio a la dictadura porfirista y del régimen autoritario del PRI que predominó en el siglo XX a la alternancia pactada de ese partido con el PAN, el Estado que se gestó hace dos siglos ha sido incapaz de generar uno de sus componentes básicos: la ciudadanía.
México tiene casi 110 millones de habitantes, pero más del 60 por ciento es una masa que apenas sobrevive. Y muchos millones de los que satisfacen con creces sus necesidades básicas constituyen otra masa más preocupada en diferenciarse de la otra.
La falta de ciudadanía permite y explica a una elite política y económica que en dos siglos ha dispuesto de los recursos de la nación sin someterse a un control real y efectivo.
Su voracidad y trapacerías explican en buena medida la impunidad histórica de México.
La clase media que el autoritarismo priista tuvo como válvula de escape ha sido avasallada en los tiempos de la alternancia, al tiempo que los poderes formales del Estado son cada vez más ricos. Es el costo de la democracia, dicen.
La creciente disposición de recursos por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no ha significado tampoco el desarrollo de ciudadanía, sino de una masa burocrática, cuyas elites se procuran jugosos beneficios sin más méritos que su capacidad de apropiarse lo que por derecho no es suyo.
Sindicatos, partidos políticos y aparatos locales de poder son parte de ese esquema.
El abandono del modelo solidario de desarrollo y la entrega de los recursos y bienes nacionales a privados nacionales y extranjeros, ha atentado también contra la formación de ciudadanos.
En tales condiciones, el bicentenario Estado mexicano generó su propio veneno: los poderes fácticos, representados por el narcotráfico y la televisión.
A manos del narcotráfico, el Estado mexicano ha dejado de tener presencia en crecientes zonas territoriales en todo el país. Además de territorio, otro de los componentes que explican a un Estado, el de México ha perdido a miles de personas que viven en torno a la ilegalidad y la violencia.
Ante la televisión, los Poderes del Estado han perdido autoridad. Están sometidos a la dictadura de la pantalla.
Beligerante, la televisión desafía y hace sentir su fuerza cuando se trata de que prevalezcan sus intereses, a costa de los de la nación. Forma y deforma, también en detrimento de la ciudadanía.
El Estado tampoco se explica sin la condición primordial de su surgimiento: el de garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Es su obligación de seguridad pública. Pero los 28 mil muertos que van en la "guerra al narcotráfico" del gobierno de Felipe Calderón hablan de un problema mayor: el de su incapacidad para garantizar la seguridad nacional.
La llamada estrategia contra las drogas, además, ha sido costosa para la dignidad de las personas. Otra función primordial del Estado es garantizar el respeto a los derechos humanos y en eso tampoco se ha consolidado en México en sus dos siglos de existencia.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 10 de septiembre (apro).- La convicción es generalizada: no hay nada que celebrar.
Los 200 años del surgimiento de México como nación nos alcanzaron en medio de una severa crisis del Estado mexicano.
Los mexicanos lo padecemos y el mundo es testigo.
Pobreza endémica, violencia inusitada, corrupción atávica y una desigualdad que avasalla en cualquier lugar del territorio, son expresiones de la debilidad en que se encuentra el Estado mexicano del siglo XXI.
De las guerras intestinas del siglo XIX que costaron la mitad del territorio a la dictadura porfirista y del régimen autoritario del PRI que predominó en el siglo XX a la alternancia pactada de ese partido con el PAN, el Estado que se gestó hace dos siglos ha sido incapaz de generar uno de sus componentes básicos: la ciudadanía.
México tiene casi 110 millones de habitantes, pero más del 60 por ciento es una masa que apenas sobrevive. Y muchos millones de los que satisfacen con creces sus necesidades básicas constituyen otra masa más preocupada en diferenciarse de la otra.
La falta de ciudadanía permite y explica a una elite política y económica que en dos siglos ha dispuesto de los recursos de la nación sin someterse a un control real y efectivo.
Su voracidad y trapacerías explican en buena medida la impunidad histórica de México.
La clase media que el autoritarismo priista tuvo como válvula de escape ha sido avasallada en los tiempos de la alternancia, al tiempo que los poderes formales del Estado son cada vez más ricos. Es el costo de la democracia, dicen.
La creciente disposición de recursos por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no ha significado tampoco el desarrollo de ciudadanía, sino de una masa burocrática, cuyas elites se procuran jugosos beneficios sin más méritos que su capacidad de apropiarse lo que por derecho no es suyo.
Sindicatos, partidos políticos y aparatos locales de poder son parte de ese esquema.
El abandono del modelo solidario de desarrollo y la entrega de los recursos y bienes nacionales a privados nacionales y extranjeros, ha atentado también contra la formación de ciudadanos.
En tales condiciones, el bicentenario Estado mexicano generó su propio veneno: los poderes fácticos, representados por el narcotráfico y la televisión.
A manos del narcotráfico, el Estado mexicano ha dejado de tener presencia en crecientes zonas territoriales en todo el país. Además de territorio, otro de los componentes que explican a un Estado, el de México ha perdido a miles de personas que viven en torno a la ilegalidad y la violencia.
Ante la televisión, los Poderes del Estado han perdido autoridad. Están sometidos a la dictadura de la pantalla.
Beligerante, la televisión desafía y hace sentir su fuerza cuando se trata de que prevalezcan sus intereses, a costa de los de la nación. Forma y deforma, también en detrimento de la ciudadanía.
El Estado tampoco se explica sin la condición primordial de su surgimiento: el de garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Es su obligación de seguridad pública. Pero los 28 mil muertos que van en la "guerra al narcotráfico" del gobierno de Felipe Calderón hablan de un problema mayor: el de su incapacidad para garantizar la seguridad nacional.
La llamada estrategia contra las drogas, además, ha sido costosa para la dignidad de las personas. Otra función primordial del Estado es garantizar el respeto a los derechos humanos y en eso tampoco se ha consolidado en México en sus dos siglos de existencia.
