EL PRESIDENCIABLE.
7 sep 2010
Peña Nieto, candidato de la corrupción
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.
No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.
El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.
Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.
Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.
Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.
Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.
Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.
Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.
Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.
Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.
Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.
Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.
La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…
Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…
El Estado laico no necesita el perdón de Dios
FERNANDO DEL PASO/ I
I. LA DIFERENCIA ENTRE EL PECADO Y EL DELITO
Las religiones pueden definir qué clase de conducta son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado como delito.
Es a la Iglesia, o poder espiritual, a la que corresponde castigar o perdonar el pecado, y al Estado, o poder temporal, al que corresponder juzgar y castigar el delito y considerar los atenuantes o agravantes de su comisión. Pero no le corresponde perdonarlo.
La Iglesia, si quiere, puede perdonar el o los pecados de un asesino, un narcotraficante o un pederasta. El Estado no obliga a la Iglesia ni a condenar, ni a castigar esta clase de transgresiones. Sí le exige, en cambio, que entregue a la justicia civil a todo aquel ciudadano cuyo pecado constituya un delito, para que se le juzgue con todo el peso –y la bondad– de la Ley.
Cuando la Iglesia se niega a hacerlo con la excusa del secreto de confesión, y de hecho siempre lo hace, el sacerdote y con él la Iglesia entera se transforman en encubridores, en cómplices del delito.
II
El laicismo y la libertad
La diferencia entre pecado y delito es una de las tres principales características del laicismo, tal como las plantea el brillante filósofo español Fernando Savater en su libro La vida eterna. Las otras son:
La segunda: “En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie”.
Esto quiere decir que, en un régimen laico, como el nuestro, el Estado se erige en protector de todas las religiones, concede a todos sus ciudadanos la libertad ejercer cualquiera de ellas y, al mismo tiempo, no puede imponer ninguna religión sobre las demás. De esta libertad goza incluso el presidente de la República, que puede ser católico, protestante, judío o ateo. Sólo se le pide, en caso de ser religioso, que practique su fe con discreción. Y así, con una sola y lamentable excepción, lo han hecho, desde hace más de medio siglo, los presidentes mexicanos que han sabido respetar al laicismo como una de las conquistas del estado democrático...
La tercera. Dice Savater:
“En la escuela pública, sólo puede resultar aceptable como enseñanza lo verificable –es decir, aquello que recibe el apoyo de la realidad científicamente contrastada en el momento actual– y lo civilmente establecido como válido para todos: los derechos fundamentales de la persona constitucionalmente protegidos”.
En otras palabras, el Estado se reserva el derecho a impartir una educación no religiosa sobre bases científicas. La responsabilidad de la Iglesia es la de impartir la enseñanza religiosa, así ésta se base en milagros y dogmas. Tiene toda la libertad de hacerlo.
El Estado laico mexicano no le prohíbe a la Iglesia católica la enseñanza de la religión. No le prohíbe, a ningún padre de familia, que le enseñe a sus hijos a ser católicos. México siempre ha permitido la enseñanza religiosa en las escuelas privadas.
Y, si se alega que sólo los niños de padres en buenas condiciones económicas pueden asistir a las escuelas privadas, la Iglesia católica tiene en México la absoluta libertad –como la tienen todas las otras iglesias– de proporcionar enseñanza religiosa a los niños de familias con escasos recursos pecuniarios en los días y horarios que no interfieran con los de las escuelas públicas, y en los locales que disponga.
Aunque si éste fuera el caso, y la Iglesia asumiera en pleno la misión y la responsabilidad de instruir a esos niños en los principios religiosos y asegurar así su incorporación al rebaño del Señor, uno no podría dejar de preguntarse: ¿cuántos padres de familia dejarían ir solos a sus hijos a las clases de catecismo impartidas por un sacerdote célibe?
III
Contra la naturaleza
La revista católica mexicana Semanario expresó la semana pasada que la adopción de niños por parejas del mismo sexo es un atentado contra la naturaleza, la familia y los niños.
No es así. La adopción de un niño o una niña huérfanos por una pareja homosexual no atenta contra la naturaleza. No existe en la naturaleza ninguna ley que impida o condene la protección que un ser humano desee otorgar a otro ser humano.
Tampoco atenta contra la familia: tiene, por lo contrario, la intención de dar una familia al adoptado.
Por último, no atenta, tampoco, contra ningún niño: tiene el objetivo de cobijarlo contra la orfandad, el abandono, la prostitución, la miseria. Y, si esa pareja está formada por dos católicos o dos católicas, el propósito, también, de educarlo en la religión y que aprenda, así, a amar a Dios.
Lo que sí va contra la naturaleza es el celibato sacerdotal. Cada vez que un hombre descarga su esperma, éste vuelve a acumularse y, en pocos días, su naturaleza exige una nueva expulsión. No son muchas las formas en que un sacerdote adulto puede satisfacer esta exigencia: 1) mediante la masturbación, que para la Iglesia es un pecado, pero que no es un delito para el poder civil: b) mediante la relación sexual con consenso mutuo con una mujer adulta, que también para la Iglesia es un pecado –violación del celibato–, y que tampoco para el poder civil es un delito c); mediante la relación sexual con consentimiento mutuo con otro hombre adulto –por ejemplo, otro sacerdote–, que, una vez más, es considerada por la Iglesia como un pecado, pero que no está catalogada como un delito por el poder civil.
Y d) mediante la pederastia, que es considerada como un pecado por la Iglesia y, por el poder civil, como un delito grave.
El celibato sacerdotal va, también, contra la Ley Divina. Las órdenes del Señor, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, son muy claras: Creced y multiplicaos. Estas órdenes, dirigidas a todos los futuros seres humanos sin excepción, han sido desobedecidas durante siglos por la Iglesia católica desde que inventó, en el siglo XI –o sea más de mil años después del nacimiento de Cristo– un celibato que Dios Padre nunca predicó ni ordenó: de haberlo hecho, la humanidad no hubiera existido. Otra cosa fue el enredo inventado por la Iglesia, que identificó el primer acto destinado a cumplir esa orden: la primera relación sexual entre Adán y Eva, con el pecado original. Las mentes puritanas nunca han sido capaces de concebir que Dios le otorgue al ser humano un placer sin que vaya aparejado, en calidad de cobro, el castigo correspondiente.
Si el celibato desapareciera, los sacerdotes no homosexuales –que presumo son la mayoría– podrían forma parejas heterosexuales capaces de salvar de la indigencia y la derelicción a numerosas criaturas, y llenarlos de amor y bendiciones. Y, para cumplir con la orden del Señor, los sacerdotes casados podrían además engendrar a sus propios hijos. Debe haber millones y millones de niños que duermen, en espera de nacer, en el vientre de la Eternidad. Que los traigan, pues, al mundo, en el seno de una pareja heterosexual aquellos que más abogan por el bienestar y la felicidad de la infancia.
El Estado laico no necesita el perdón de Dios, porque no atenta ni contra Dios ni contra la Iglesia. No atenta contra los fieles: protege su libertad. Protege su libre elección O, en otras palabras, protege el libre albedrío, cuya existencia fue confirmada por Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologica.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.
No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.
El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.
Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.
Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.
Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.
Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.
Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.
Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.
Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.
Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.
Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.
Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.
La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…
Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…
El Estado laico no necesita el perdón de Dios
FERNANDO DEL PASO/ I
I. LA DIFERENCIA ENTRE EL PECADO Y EL DELITO
Las religiones pueden definir qué clase de conducta son pecado, pero no están facultadas para establecer qué debe o no ser considerado como delito.
Es a la Iglesia, o poder espiritual, a la que corresponde castigar o perdonar el pecado, y al Estado, o poder temporal, al que corresponder juzgar y castigar el delito y considerar los atenuantes o agravantes de su comisión. Pero no le corresponde perdonarlo.
La Iglesia, si quiere, puede perdonar el o los pecados de un asesino, un narcotraficante o un pederasta. El Estado no obliga a la Iglesia ni a condenar, ni a castigar esta clase de transgresiones. Sí le exige, en cambio, que entregue a la justicia civil a todo aquel ciudadano cuyo pecado constituya un delito, para que se le juzgue con todo el peso –y la bondad– de la Ley.
Cuando la Iglesia se niega a hacerlo con la excusa del secreto de confesión, y de hecho siempre lo hace, el sacerdote y con él la Iglesia entera se transforman en encubridores, en cómplices del delito.
II
El laicismo y la libertad
La diferencia entre pecado y delito es una de las tres principales características del laicismo, tal como las plantea el brillante filósofo español Fernando Savater en su libro La vida eterna. Las otras son:
La segunda: “En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie”.
Esto quiere decir que, en un régimen laico, como el nuestro, el Estado se erige en protector de todas las religiones, concede a todos sus ciudadanos la libertad ejercer cualquiera de ellas y, al mismo tiempo, no puede imponer ninguna religión sobre las demás. De esta libertad goza incluso el presidente de la República, que puede ser católico, protestante, judío o ateo. Sólo se le pide, en caso de ser religioso, que practique su fe con discreción. Y así, con una sola y lamentable excepción, lo han hecho, desde hace más de medio siglo, los presidentes mexicanos que han sabido respetar al laicismo como una de las conquistas del estado democrático...
La tercera. Dice Savater:
“En la escuela pública, sólo puede resultar aceptable como enseñanza lo verificable –es decir, aquello que recibe el apoyo de la realidad científicamente contrastada en el momento actual– y lo civilmente establecido como válido para todos: los derechos fundamentales de la persona constitucionalmente protegidos”.
En otras palabras, el Estado se reserva el derecho a impartir una educación no religiosa sobre bases científicas. La responsabilidad de la Iglesia es la de impartir la enseñanza religiosa, así ésta se base en milagros y dogmas. Tiene toda la libertad de hacerlo.
El Estado laico mexicano no le prohíbe a la Iglesia católica la enseñanza de la religión. No le prohíbe, a ningún padre de familia, que le enseñe a sus hijos a ser católicos. México siempre ha permitido la enseñanza religiosa en las escuelas privadas.
Y, si se alega que sólo los niños de padres en buenas condiciones económicas pueden asistir a las escuelas privadas, la Iglesia católica tiene en México la absoluta libertad –como la tienen todas las otras iglesias– de proporcionar enseñanza religiosa a los niños de familias con escasos recursos pecuniarios en los días y horarios que no interfieran con los de las escuelas públicas, y en los locales que disponga.
Aunque si éste fuera el caso, y la Iglesia asumiera en pleno la misión y la responsabilidad de instruir a esos niños en los principios religiosos y asegurar así su incorporación al rebaño del Señor, uno no podría dejar de preguntarse: ¿cuántos padres de familia dejarían ir solos a sus hijos a las clases de catecismo impartidas por un sacerdote célibe?
III
Contra la naturaleza
La revista católica mexicana Semanario expresó la semana pasada que la adopción de niños por parejas del mismo sexo es un atentado contra la naturaleza, la familia y los niños.
No es así. La adopción de un niño o una niña huérfanos por una pareja homosexual no atenta contra la naturaleza. No existe en la naturaleza ninguna ley que impida o condene la protección que un ser humano desee otorgar a otro ser humano.
Tampoco atenta contra la familia: tiene, por lo contrario, la intención de dar una familia al adoptado.
Por último, no atenta, tampoco, contra ningún niño: tiene el objetivo de cobijarlo contra la orfandad, el abandono, la prostitución, la miseria. Y, si esa pareja está formada por dos católicos o dos católicas, el propósito, también, de educarlo en la religión y que aprenda, así, a amar a Dios.
Lo que sí va contra la naturaleza es el celibato sacerdotal. Cada vez que un hombre descarga su esperma, éste vuelve a acumularse y, en pocos días, su naturaleza exige una nueva expulsión. No son muchas las formas en que un sacerdote adulto puede satisfacer esta exigencia: 1) mediante la masturbación, que para la Iglesia es un pecado, pero que no es un delito para el poder civil: b) mediante la relación sexual con consenso mutuo con una mujer adulta, que también para la Iglesia es un pecado –violación del celibato–, y que tampoco para el poder civil es un delito c); mediante la relación sexual con consentimiento mutuo con otro hombre adulto –por ejemplo, otro sacerdote–, que, una vez más, es considerada por la Iglesia como un pecado, pero que no está catalogada como un delito por el poder civil.
Y d) mediante la pederastia, que es considerada como un pecado por la Iglesia y, por el poder civil, como un delito grave.
El celibato sacerdotal va, también, contra la Ley Divina. Las órdenes del Señor, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, son muy claras: Creced y multiplicaos. Estas órdenes, dirigidas a todos los futuros seres humanos sin excepción, han sido desobedecidas durante siglos por la Iglesia católica desde que inventó, en el siglo XI –o sea más de mil años después del nacimiento de Cristo– un celibato que Dios Padre nunca predicó ni ordenó: de haberlo hecho, la humanidad no hubiera existido. Otra cosa fue el enredo inventado por la Iglesia, que identificó el primer acto destinado a cumplir esa orden: la primera relación sexual entre Adán y Eva, con el pecado original. Las mentes puritanas nunca han sido capaces de concebir que Dios le otorgue al ser humano un placer sin que vaya aparejado, en calidad de cobro, el castigo correspondiente.
Si el celibato desapareciera, los sacerdotes no homosexuales –que presumo son la mayoría– podrían forma parejas heterosexuales capaces de salvar de la indigencia y la derelicción a numerosas criaturas, y llenarlos de amor y bendiciones. Y, para cumplir con la orden del Señor, los sacerdotes casados podrían además engendrar a sus propios hijos. Debe haber millones y millones de niños que duermen, en espera de nacer, en el vientre de la Eternidad. Que los traigan, pues, al mundo, en el seno de una pareja heterosexual aquellos que más abogan por el bienestar y la felicidad de la infancia.
El Estado laico no necesita el perdón de Dios, porque no atenta ni contra Dios ni contra la Iglesia. No atenta contra los fieles: protege su libertad. Protege su libre elección O, en otras palabras, protege el libre albedrío, cuya existencia fue confirmada por Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologica.
Corrupto y asesino
PEDRO MIGUEL
O sea que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino. Ése es el problema, según dice la voz de la Arquidiócesis de México: Desafortunadamente nos damos cuenta de que somos un país que grita mucho para exigir que nuestros hermanos mexicanos sean respetados en Estados Unidos, pero poco o nada hacemos para respetar y cuidar a quienes transitan en iguales o peores condiciones a lo largo de nuestro país. Como si en México no existieran la solidaridad, la movilización, la rabia ni la denuncia, y no hubiera organizaciones –religiosas, en muchos casos, católicas, algunas de ellas– dedicadas a aliviar, en la medida de lo escasamente posible, los sufrimientos de migrantes centro y sudamericanos, campesinos reprimidos y cercados, mujeres perseguidas por ejercer sus derechos, obreros despedidos a la mala y evangelizados a toletazos de la Policía Federal, deudos de niños y jóvenes asesinados por la codicia de exponentes oligárquicos o por afanes inocultables de limpieza social, niños abusados por empresarios, curas o gobernadores adictos a la carne infantil.
El retrato del pueblo corrupto y asesino es la versión arzobispal del repetido dicho de Calderón: la sociedad en su conjunto es responsable por la situación de violencia que padece el país. Como si hubiera sido la sociedad la que cometió la magna estupidez (en su acepción de superlativo de crimen, y también en la otra) de declarar la guerra a la delincuencia sin haber realizado previamente un trabajo de inteligencia, depurado corporaciones policiales corrompidas y al servicio de las mafias, echado un ojo a las condiciones sociales que crean el caldo de cultivo para la proliferación delictiva y, sobre todo y ante todo, sin disponer de la mínima legitimidad política que diera sustento ciudadano a esa cruzada sangrienta.
Pues fíjense, señores del arzobispado, que no: el pueblo de México, en su gran mayoría, no es ni corrupto ni asesino. Por el contrario, es trabajador hasta el exceso, noble hasta la tolerancia al abuso, solidario y amoroso, cívico y civilizado.
No va a negarse que en años recientes han proliferado en sus filas los asesinos y los corruptos; no se desconocerá, tampoco, que el sicariato, el narco, el tráfico de personas y el secuestro conforman ya, gracias a la extinción del Estado promovida por el ciclo neoliberal Salinas-Calderón, grandes sectores de la economía. Pero esos fenómenos indeseables y acuciantes han sido impulsados desde el mismo poder público que les gestiona a ustedes controversias constitucionales, que garantiza la impunidad para sus pederastas, que los libra de todo mal ante tribunales, que se hace de la vista gorda cada vez que ustedes delinquen, que les regala cientos de millones de pesos del dinero público –dinero laico, así revienten– para edificar monumentos cristeros, que les encubre y hasta les apapacha sus insolencias; en suma, que los incluye y que tiene nombre histórico: la Reacción.
El pueblo mexicano, en su gran mayoría, es víctima, no cómplice, de los asesinos, de los corruptos y de ustedes, panoplia de poderes fácticos que van de Televisa al Arzobispado, que mangonea al país por medio de uno de sus feligreses explícitos, ése que ahora pretende socializar su responsabilidad por la violencia reinante. Muy agradecido debe estarles por esa ayudadota para disolver su mea culpa en un pecado colectivo tan nefasto como inventado, y digno del castigo bíblico de Sodoma y Gomorra: esto nos pasa por ser un pueblo corrupto y asesino, con el agravante de haber edificado la jalada de un Estado laico. Por eso se abaten sobre nosotros las tropas de los cárteles, por eso en los retenes militares se acribilla a familias enteras –ayer, en Nuevo León: dos muertos–, por eso mueren calcinados los bebés en una guardería a cargo del gobierno, por eso se pierden millones de puestos de trabajo, por eso la inflación, por eso la miseria: porque somos corruptos y asesinos.
Pues fíjense que no: si este país no se ha disuelto en la barbarie es porque su pueblo no ha sucumbido a la mentira, la corrupción y la violencia; porque se gana el pan en la forma que puede y, mientras sea posible, legal; porque, a pesar de todo, celebra la vida y el amor; porque se enorgullece de sus gestas históricas de liberación contra los poderes coloniales, oligárquicos y clericales; porque se organiza contra el creciente autoritarismo antidemocrático del momento actual; porque practica una ética social sin necesidad de la prédica injuriosa de ustedes; porque su espiritualidad es más profunda y extensa que un librito de catecismo, y porque les ha perdonado éstas y otras ofensas. No se confundan.
PEDRO MIGUEL
O sea que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino. Ése es el problema, según dice la voz de la Arquidiócesis de México: Desafortunadamente nos damos cuenta de que somos un país que grita mucho para exigir que nuestros hermanos mexicanos sean respetados en Estados Unidos, pero poco o nada hacemos para respetar y cuidar a quienes transitan en iguales o peores condiciones a lo largo de nuestro país. Como si en México no existieran la solidaridad, la movilización, la rabia ni la denuncia, y no hubiera organizaciones –religiosas, en muchos casos, católicas, algunas de ellas– dedicadas a aliviar, en la medida de lo escasamente posible, los sufrimientos de migrantes centro y sudamericanos, campesinos reprimidos y cercados, mujeres perseguidas por ejercer sus derechos, obreros despedidos a la mala y evangelizados a toletazos de la Policía Federal, deudos de niños y jóvenes asesinados por la codicia de exponentes oligárquicos o por afanes inocultables de limpieza social, niños abusados por empresarios, curas o gobernadores adictos a la carne infantil.
El retrato del pueblo corrupto y asesino es la versión arzobispal del repetido dicho de Calderón: la sociedad en su conjunto es responsable por la situación de violencia que padece el país. Como si hubiera sido la sociedad la que cometió la magna estupidez (en su acepción de superlativo de crimen, y también en la otra) de declarar la guerra a la delincuencia sin haber realizado previamente un trabajo de inteligencia, depurado corporaciones policiales corrompidas y al servicio de las mafias, echado un ojo a las condiciones sociales que crean el caldo de cultivo para la proliferación delictiva y, sobre todo y ante todo, sin disponer de la mínima legitimidad política que diera sustento ciudadano a esa cruzada sangrienta.
Pues fíjense, señores del arzobispado, que no: el pueblo de México, en su gran mayoría, no es ni corrupto ni asesino. Por el contrario, es trabajador hasta el exceso, noble hasta la tolerancia al abuso, solidario y amoroso, cívico y civilizado.
No va a negarse que en años recientes han proliferado en sus filas los asesinos y los corruptos; no se desconocerá, tampoco, que el sicariato, el narco, el tráfico de personas y el secuestro conforman ya, gracias a la extinción del Estado promovida por el ciclo neoliberal Salinas-Calderón, grandes sectores de la economía. Pero esos fenómenos indeseables y acuciantes han sido impulsados desde el mismo poder público que les gestiona a ustedes controversias constitucionales, que garantiza la impunidad para sus pederastas, que los libra de todo mal ante tribunales, que se hace de la vista gorda cada vez que ustedes delinquen, que les regala cientos de millones de pesos del dinero público –dinero laico, así revienten– para edificar monumentos cristeros, que les encubre y hasta les apapacha sus insolencias; en suma, que los incluye y que tiene nombre histórico: la Reacción.
El pueblo mexicano, en su gran mayoría, es víctima, no cómplice, de los asesinos, de los corruptos y de ustedes, panoplia de poderes fácticos que van de Televisa al Arzobispado, que mangonea al país por medio de uno de sus feligreses explícitos, ése que ahora pretende socializar su responsabilidad por la violencia reinante. Muy agradecido debe estarles por esa ayudadota para disolver su mea culpa en un pecado colectivo tan nefasto como inventado, y digno del castigo bíblico de Sodoma y Gomorra: esto nos pasa por ser un pueblo corrupto y asesino, con el agravante de haber edificado la jalada de un Estado laico. Por eso se abaten sobre nosotros las tropas de los cárteles, por eso en los retenes militares se acribilla a familias enteras –ayer, en Nuevo León: dos muertos–, por eso mueren calcinados los bebés en una guardería a cargo del gobierno, por eso se pierden millones de puestos de trabajo, por eso la inflación, por eso la miseria: porque somos corruptos y asesinos.
Pues fíjense que no: si este país no se ha disuelto en la barbarie es porque su pueblo no ha sucumbido a la mentira, la corrupción y la violencia; porque se gana el pan en la forma que puede y, mientras sea posible, legal; porque, a pesar de todo, celebra la vida y el amor; porque se enorgullece de sus gestas históricas de liberación contra los poderes coloniales, oligárquicos y clericales; porque se organiza contra el creciente autoritarismo antidemocrático del momento actual; porque practica una ética social sin necesidad de la prédica injuriosa de ustedes; porque su espiritualidad es más profunda y extensa que un librito de catecismo, y porque les ha perdonado éstas y otras ofensas. No se confundan.
