LA SIMULACION

La laicidad simulada en México
BERNARDO BARRANCO V.

En el marco de la reforma electoral de 1987, el Diario Oficial consigna el nuevo Cofipe, cuyo artículo 343 era para la Iglesia sancionador en extremo, pues imponía multas de 500 a mil días de salario y prisión de cuatro a siete años a los ministros de culto religioso que indujeran al electorado en favor o en contra de algún candidato o partido. Era la administración de Miguel de la Madrid. La medida buscaba neutralizar la creciente participación del clero en los procesos electorales en el norte y occidente del país, cuyas simpatías se inclinaban por el PAN. Sin duda, el caso más polémico y emblemático fue el de Chihuahua (1985). Ahí el clero denunció fraude y amenazó con el cierre de templos. El episcopado mexicano reacciona y protesta contra la severa medida e incluso llega a provocar al entonces gobernante y todopoderoso PRI. Genaro Alamilla, obispo de Papantla y vocero del episcopado, declara contundente: ¿El 343? Que me lo apliquen. Yo no tengo miedo, al contrario, ¡ellos tienen miedo de aplicármelo! Ésos fueron los titulares de muchos periódicos de aquel lejano 20 de octubre de 1987. Nadie le tomó la palabra, ni con toda la soberbia del viejo sistema, y en diciembre de ese año los legisladores suavizan el 343. La Iglesia se anota un triunfo histórico que, en el contexto de hace 24 años, fue una conquista de la democracia, pues la Iglesia era uno de los pocos espacios no controlados por el gobierno, que se venía debilitado sobre todo a partir de los sismos de 1985: y al mismo tiempo se perfilaban las reformas de 1992, que ponían fin a un largo periodo de ambigüedades en las relaciones Estado-Iglesia, o simulación equívoca, como expresó Soledad Loaeza en aquellos años.
Pese a las reformas, prevalecen simulaciones y ambigüedades que cíclicamente emergen cada vez con mayor tensión. Claramente los artículos 130 y 24 de la Constitución, el actual Cofipe y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público acotan de manera inobjetable a los ministros de culto a inducir y participar en procesos electorales, así como cuestionar leyes e instituciones del Estado mexicano. Carlos Aguiar ha reconocido que las reformas de 1991 han garantizado la libertad de cultos, pero la Iglesia demanda un paso más: la libertad religiosa. Esto es, que el clero y los ministros de culto puedan ejercer libertades de expresión como la Constitución plantea a cualquier ciudadano. La cuestión parece simple; sin embargo, es en alto grado compleja. Cada debate en torno al aborto, la píldora del día siguiente y ahora los matrimonios gays termina en altercados políticos y jurídicos que plantean la siguiente interrogante: ¿cuáles son los límites del clero para actuar y hacerse sentir en el espacio de las políticas públicas? Cuando las autoridades y actores políticos los limitan, en nombre de los mandatos constitucionales y la normatividad social, el clero reacciona demandando ampliar su espacio jurídico y, en extremo, Hugo Valdemar, como ya nos tiene acostumbrados, se proclama perseguido y nuevo mártir de la fe. Cuando los obispos incidieron y maniobraron con los congresos locales de 18 estados para repenalizar el aborto, guardaron silencio; simplemente ejercieron sus libertades y privilegios.
La repolitización de las instituciones religiosas es un fenómeno que en este primer decenio del siglo XXI se ha venido expandiendo en diferentes países como Estados Unidos, España, Turquía, India y Tailandia, donde se abren debates políticos y culturales sobre la interacción entre laicidad y religión; dicho de otra manera, lo religioso se revela e insubordina a ser practicado desde la intimidad del individuo y lo religioso demanda protagonismo en el espacio público. En la mayoría de las democracias occidentales los ministros de culto tienen plenas libertades políticas y no pasa nada. Sin embargo, pocos países, como el nuestro, han tenido guerras fratricidas, como la Guerra de Reforma, en el siglo XIX, y la guerra cristera, en el siglo XX, en las que la jerarquía católica ha mostrado una desmedida ambición política arrastrando y manipulando a su feligresía. En ambas guerras la causa de Dios terminó no sólo derrotada militarmente, sino perdió también en la interpretación histórica de los intereses y la justificación de las ambiciones de la Iglesia. Actualmente hay claras tensiones entre diferentes esferas de la vida social: la esfera de los valores como detonador principal de conflicto, la esfera religiosa y la esfera política jurídica. Se requiere repensar los fundamentos éticos comunes, ahí la Iglesia se siente poseedora de la verdad absoluta; que regulen los conflictos normativos y debates que se generan en torno moralidad de algunas iniciativas legislativas y ciudadanas. Éste es un desafío imperante a la laicidad de la democracia y del Estado.
Difícilmente veo una acción punitiva contra la calumnia del cardenal Sandoval o, a pesar suyo, saldrá librado el propio Valdemar. Más allá de un amago de apercibimiento nadie, ni en los tiempos del PRI, ninguna autoridad se ha atrevido a tocar al clero en el México contemporáneo. El gobierno de Felipe Calderón, tan debilitado y cuestionado, no se aventurará a abrir nuevos frentes de conflicto. Sin embargo, ahí están las normas constitucionales y leyes, prohibitivas sí, que no son respetadas ni por los actores religiosos ni por las propias autoridades. Ni siquiera es una espada de Damocles, como señalaron los clásicos del tema en el decenio de 1980: vivimos un disimulo hipócrita de la clase política que se enaltece como secular.
En esta transición, pareciera que la Iglesia mexicana no está preparada para debatir con altura los cambios culturales que vive la sociedad. Utiliza el recurso de politizar y mediatizar el debate normativo; a lo sumo enfrenta el derecho natural contra el orden social y jurídico existente. Pero tampoco existe una clara intención de la clase política de poner orden en la cancha; no aplica las leyes, pero tampoco las cambia. Prevalece un terreno pantanoso. En realidad, pocos deducen en términos de visión de Estado de que la democracia será laica o no será.
Guerrero: sin futuro
LUIS LINARES ZAPATA

Para salvar cara, la dirigencia partidaria de la izquierda elige a la que, piensa, es su única opción ganadora. Va por el puesto haiga sido como haiga sido. El proyecto transformador de esa agrupación progresista, de tener éxito la tontería armada por su burocracia central, quedará arrumbado y las posibilidades de ganar en 2012 se verán, sin duda, afectadas. La pequeñez de miras queda, así, estampada en sus maniobras, ofensivas para la sólida base militante guerrerense.
El personaje escogido para la tarea de rescatista de un conjunto de cabecillas sin destino, resultó ser un priísta irredento de conocida estofa. Todos los reflejos del señor Aguirre (Ángel Heladio se llama el susodicho), sus concepciones (si las tiene), sus modos de trabajo, el equipo que elegirá, el presente y también el pasado que lo condiciona, serán idénticos a los que empleará en su futura tarea en caso de triunfar. Aquellos que esperen posturas distintas o acciones diversas, enfocadas a tratar de solucionar algunos cuantos problemas ancestrales de los guerrerenses, se toparán con hechos decepcionantes. Tanto, o más graves, que aquellos dejados a lo largo de sus pasados años como titular interino en ese estrujante rincón del sur.
Al igual que el actual gobernante de Guerrero (Zeferino Torreblanca) el señor Aguirre, si triunfa, tendrá que plegarse a los dictados de la administración federal. No porque los obliguen a modelar sus trajes al estilo del sastre mayor, sino porque coincidirán con sus programas, modos, trafiques, valores y sus muchas urgencias, que en el caso de guerrero son cotidianas y salvajes. El señor Aguirre será, en todo caso, una redición del actual en el mejor de los deseos. Es decir, un subproducto del sistema establecido. Podrán alegar honestidad, buenas intensiones y hasta habilidades empresariales, como las que trató de lucir Torreblanca, pero sus resultados apuntarán a más de lo mismo. La postración de los guerrerenses seguirá por la ruta de las frustraciones crecientes.
Sería inútil repartir culpas. Sólo se atisba una realidad opaca y densa que se cierne sobre la izquierda local. Desde el trampeado año de 88 cardenista se manifestó el deseo masivo por romper ataduras con lo establecido. Desde ese contrariado tiempo poco se ha trabajado para crear y pulir figuras de dirigentes atractivos al pueblo. 2006 les presentó una oportunidad adicional que fue desaprovechada. Torreblanca no ha sabido –tal vez no quiso– sembrar y cuidar la factible cosecha de prospectos con arraigo. Por el contrario, abrió la puerta para la derrota y las divisiones. Sus ensayos fueron de poca monta, conflictivos o habilidosos sin la consistencia debida. Nadie que destacara por sus ímpetus de grandeza o arrestos de equidad. De esa clase de dirigentes que pudieran conducir sus anhelos de construcción, justicia y renacimiento. Se quedaron, ahora se sabe con toda certeza, en la medianía, en ensayos, en hombres o mujeres incapaces de levantar polvaredas de esperanza y cambio. Los que surgieron como posibilidades se atascaron (o fueron muertos) en la ruta a su consolidación. Al final, quedaron unos cuantos suspirantes que se plegaron a las consignas de los burócratas que los aleccionan. Ninguna rebeldía que resaltar.
A la militancia de izquierda, que en Guerrero es numerosa, fiel, consistente, el apoyo que se le impone para respaldar al señor Aguirre será un calvario. Algunos recurrirán a toda su disciplina y le darán su voto. Pero muchos optarán por caminos diversos: la abstención o el castigo. Pocos, muy pocos, se convencerán de la corta maniobra diseñada por los burócratas partidistas, ahora en su papel de habilidosos estrategas: derrotar al PRI, vencer a los caciques. Al margen quedarán entonces los afanes de encontrar, de diseñar los puntos de apoyo para nutrir un cambio prudente. Ese cambio que nace desde abajo, que se alimenta del renacer de las conciencias, organiza su trabajo político y logra el concurso masivo para acercar la efectiva transformación del estado de cosas reinante. De esos llamados no se oirán en Tierra Caliente ni en las dos costas, por más artilugios que difundan los propagandistas del señor Aguirre.
El costo de haber optado por semejante ruta que asegura un despeñadero anímico, conceptual e ideológico puede desembocar en un desbarajuste político. Ya sea en la derrota o el éxito en la conquista del puesto ansiado, tal y como se ha visto en los demás experimentos, los recientes y los pasados resultados serán negativos. ¿Qué ganará la izquierda o la población con Malova, en Sinaloa, o con Moreno Valle, en Puebla? A juzgar por recientes encuestas, una propensión de voto es bastante menor a las 10 unidades. ¿Qué se obtuvo con los señores Chavarría y Sabines, además del Torreblanca ya mencionado? Habría que volver los pasos y recalar en el caso del Distrito Federal, como señero ejemplo, o en Michoacán a pesar de los titubeos habidos y, si se quiere, en Baja California Sur, para aquilatar lo que la izquierda puede hacer por los demás o la manera en que puede prolongarse con dignidad.
Guerrero es, en verdad, un triste ensayo. Una serie de ineptitudes y descuidos que han traicionado las ambiciones del pueblo. Los desplantes de actores sin fondo legítimo, las tareas reivindicatorias pendientes de los elegidos para aliviarlas, los ensayos frustrados de dirigentes en ciernes o los intereses sin recato y el manipuleo de los mandones de ocasión son la constante. Su viejo partido, al señor Aguirre, le dio más, mucho más de lo que merecen sus cortas aptitudes. No le asiste razón alguna para decirse traicionado. La cultura que lo envuelve es la priísta y así seguirá hasta su retiro político en caso de derrota. El triunfo no le limpiará el estigma que lleva dentro. En todo caso, le ahondará remordimientos, le recrudecerán sus rencores y le quebrará las promesas que hubiera hecho. Ojalá y sea ésta sólo una predicción salida de los deseos más recónditos por ver un Guerrero pujante y no, como será, otro momento perdido entre esas centurias de oscuridad que se ensañan con un estado al borde de ser, uno más, de los territorios liberados del crimen organizado.
Televisa contra Carpinteyro y los cableros
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 31 de agosto (apro).- Acostumbrados a debatir a través de inserciones pagadas en prensa y no en sus propios canales de televisión –siempre cerrados al debate crítico que los implique--, los ejecutivos de Televisa ordenaron el lunes 30 de agosto la publicación de desplegados en contra de la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, pero también contra un sector de empresarios de televisión por cable que están descontentos con las crecientes prácticas monopólicas del consorcio.
El origen de este desplegado es el artículo que publicó Carpinteyro el jueves 26 de agosto en el periódico Reforma. Bajo el título “Ni veo ni oigo”, la exsubsecretaria de la SCT aporta un dato fundamental: Televisa no sólo es propietaria de tres grandes empresas de televisión por cable –Cablevisión, TVI y Cablemás--, sino que también ha logrado amarrar un control sobre la empresa Productora y Comercializadora de Televisión, mejor conocida como PCTV.
Carpinteyro señala que PCTV, cuyo origen fue agrupar a los pequeños concesionarios de televisión por cable para negociar conjuntamente con Televisa y otros proveedores los contenidos de los programas de televisión restringida, ha sido engullido por la empresa de Emilio Azcárraga Jean, ya que su subsidiaria Cablemás tiene una posición accionaria y de control en PCTV.
Con la compra de Cablemás, apunta Carpinteyro en su artículo, “Televisa también adquirió la capacidad de fijar precios unilateralmente para la distribución y comercialización de 85% de los paquetes de canales comercializables a nivel nacional y, por lo tanto, de restringir sustancialmente el abasto de contenidos sin que los cableros puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder”.
“Es cierto que se condicionó la compra de Cablemás y TVI al cumplimiento de diversas obligaciones entre las que se encuentra la de vender las acciones de PCTV, propiedad de Cablemás antes de diciembre de 2009, pero con la venia de la Comisión Federal de Competencia, esto no sucedió”, sentencia Carpinteyro en uno de los párrafos que originó la airada reacción de Televisa.
El desplegado del 30 de agosto, firmado por Manuel Compeán, vocero de Televisa, pretende negar la grave acusación de práctica monopólica, pero no aporta documentación ni compromiso alguno por parte del consorcio.
Según Compeán, el periódico Reforma “intentó censurar” y decidió “no publicar” su réplica al artículo de Carpinteyro, y por eso decidieron pagar inserciones en medios impresos. Su primera réplica es una insidia absurda: Televisa argumenta que sí existe competencia en televisión restringida, ya que la empresa DISH México, formada por MVS-Echostar y apoyada por Telmex, “logró en poco tiempo sumar poco más de un millón de suscriptores. MVS también ha declarado que espera llegar al cierre de este año a más de 2 millones de clientes, con el apoyo y financiamiento de Telmex.
“Telmex está promocionando abiertamente en medios del país paquetes de triple play… Sólo con estos datos se puede concluir de manera evidente que existe competencia en el mercado de televisión de paga en México y que Telmex-Dish están teniendo un crecimiento sostenido”.
En este punto, Televisa evade el debate fundamental: no se trata de discutir si existen otras empresas exitosas de televisión de paga, sino de las prácticas monopólicas que está aplicando para forzar a las pequeñas empresas de televisión por cable (DISH México no es una cablera, sino una competencia para la señal satelital conocida como Sky, filial de Televisa) a realizar “compras amarradas” de los contenidos de sus canales.
Es decir, Televisa estaría violando las reglas del must carry y del must offer que le impuso la Comisión Federal de Competencia para que pudiera adquirir Cablemás y TVI.
El segundo punto de la réplica señala que “PCTV es una compañía fundada, hace años, por cientos de empresas de cable del país. Tiene un consejero integrado por múltiples compañías (Megacable, Grupo Hevi, Cablecom, Cablemás, entre otros), quienes toman en apego a sus estatutos las decisiones en forma colegiada.
“Televisa no tiene –ni directa ni indirectamente-- el control de PCTV como erróneamente lo expone la señora Carpinteyro. Ningún grupo en lo individual ha tenido –ni tiene-- el control”.
Televisa cree que el control de una empresa o de una sociedad de empresas como PCTV sólo se da a través de la adquisición de acciones e ignora convenientemente que el control se da también cuando se imponen precios de forma unilateral –como sucedió con la retransmisión de los partidos del reciente Mundial de Futbol de Sudáfrica-- y con la amenaza, velada o no, de suspender el suministro de sus canales de televisión abierta y gratuita a las empresas que no asuman sus designios.
Y este es el punto fundamental de las irregularidades que se están generando, con un silencio preocupante por parte de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Dice Televisa que la multa que le impuso Cofeco por 48 millones de pesos, en noviembre de 2009, por realizar prácticas monopólicas, “se refiere a hechos anteriores a la existencia de las condiciones establecidas por la autoridad y es materia de diversos procesos judiciales que se encuentran en curso”. Carpinteyro “omite mencionar que la Cofeco redujo la propia multa sustancialmente con motivo de los argumentos expresados en el recurso de reconsideración correspondiente. Las condiciones impuestas por Cofeco se han cumplido al pie de la letra”.
¿Realmente se han cumplido al pie de la letra? ¿Sólo porque Televisa lo dice hay que creerles? ¿Qué dicen las pequeñas empresas de televisión por cable que tienen la bota encima de Televisa que ya controla no sólo a las cuatro cableras más grandes del país (Megacable es su socio en YOO y en la fibra óptica de la CFE; Cablemás, Cablevisión y TVI son sus subsidiarias), sino también a la cámara del sector (la Canitec) que siempre sale a defender los intereses del monopolio televisivo?
El remate del desplegado es prueba del método insidioso de los ejecutivos de Televisa. “¿Quién se beneficia con la publicación de información incorrecta o tendenciosa incluida en los artículos de la señora Carpinteyro?”, se pregunta Compeán. Acusan a la exsubsecretaria de evitar que se llevara a cabo la consolidación de las áreas de servicio local (ASL’s) “con lo que millones de mexicanos continúan pagando tarifas de larga distancia, en lugar de tarifas locales; situación que ha beneficiado al operador dominante”. En otras palabras, Televisa acusa a Carpinteyro de beneficiar a Telmex.
Televisa evade el debate real sobre el mercado de contenidos en la televisión por cable. Eso sí, manda un mensaje típico de los cárteles monopólicos: quien se atreva a cuestionarlos será merecedor de sus desplegados. Y todavía tienen la gracia de acusar a un periódico de “censura”. ¡El burro hablando de orejas!